- Una juez afirma que concedió la explotación a una empresa que no cumplia ni un requisito
- Ordena a la Policía que interrogue a una alto cargo como responsable directa
- El equipo técnico -puntuado con la mayor nota- presenta 'evidentes carencias'
Mas de lo mismo = la Andalucía del "Régimen", con hechos...
Tribunales
La Junta andaluza
adjudicó Aznalcóllar burlando la ley
- Una juez afirma que concedió la explotación a una empresa que no cumplia ni un requisito
- Ordena a la Policía que interrogue a una alto cargo como responsable directa
- El equipo técnico -puntuado con la mayor nota- presenta 'evidentes carencias'
El
Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un
procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y «sin observar el
más mínimo rigor». Y todo para dejar el yacimiento en manos de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia
Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años
y que fichó a un ex alto cargo socialista.
Lo
hizo en plena precampaña de las autonómicas y como una de las promesas estrella
de Díaz: la reapertura de la mina cerrada tras el vertido de 1998 y
la consiguiente creación de cientos de puestos de trabajo.
Las
irregularidades (y el entrecomillado) son parte de las conclusiones a las que
ha llegado la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga el posible
amaño del concurso convocado a bombo y platillo por la Administración
autonómica.
En un auto dictado el pasado día 7, al
que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada Patricia Fernández pone de
manifiesto que el consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no
cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento. Y, a pesar de eso, la Junta le otorgó el 16 de marzo los
derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años.
La juez destaca que de la información
recabada hasta ahora por parte de la Unidad contra la Delincuencia Económica y
Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se desprenden abundantes indicios que vendrían
a confirmar las irregularidades denunciadas por la otra empresa que aspiraba a
explotar la mina, Emerita Resources.
Tanto es así que la juez cree que
Minorbis-Grupo México ni siquiera debería haber superado la primera fase del
concurso.
«No se observa -dice literalmente el auto-
el más mínimo rigor en la
actuación de la Administración», un
reproche que es aún más grave si se tiene en cuenta, como destaca la juez
Fernández, que se
trata de la misma explotación minera que protagonizó en abril de 1998 el que
fue considerado el mayor desastre medioambiental ocurrido en España. Entre los requisitos que incumple la
adjudicataria de la mina están incluidos los medioambientales.
También investiga la juez si hubo tráfico
de influencias, lo que podría
explicar una concesión que, como deja constancia la magistrada en su auto, no
debió haberse producido. Cohecho, prevaricación y negociación ilegal son otros de
los posibles delitos que incluyen las diligencias judiciales.
Las
pesquisas que lleva a cabo la Udef bajo la dirección de la magistrada apuntan a
la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, a
la que considera «responsable» de las decisiones adoptadas en el proceso de
adjudicación, incluida la resolución, que ella firmó.
Por ello, la magistrada ordena a la
Policía que interrogue a esta alto cargo del Gobierno de Susana Díaz, así como
a los técnicos que intervinieron en el concurso.
Todos ellos tendrán que explicar por qué se otorgó la concesión minera de
Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México y también cómo es posible que superara
incluso la primera fase del procedimiento sin reunir los requisitos exigidos.
La juez
enumera estos requisitos, entre
los que destaca que ni siquiera acreditó la capacidad de Grupo México a través
del preceptivo informe de la Oficina Consular.
También le llama la atención a la
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que las dos empresas
asociadas no detallasen en su propuesta las inversiones comprometidas y
califica de «cuestionable» el acuerdo por el que se asocian. No lo hacen
mediante un contrato al uso, sino a través de lo que llaman una «declaración
conjunta de compromiso» que, en palabras de la juez, no excede de «una
declaración de buenas intenciones».
No acaban
ahí los incumplimientos, puesto
que la filial de Magtel y su supuesto socio mexicano no presentaron el
obligatorio seguro por importe mínimo de 1,5 millones. Tampoco Minorbis
presentaba las cuentas en el Registro Mercantil, y el deber de acreditar el
capital social lo solventaron con «simples capturas de pantalla de las web».
'Evidentes' carencias
En cuanto al equipo técnico -que la
Junta puntuó con la máxima nota-, presenta «evidentes» carencias y
deficiencias, mientras que en lo que respecta a la maquinaria tampoco se
observan los requisitos, hasta el punto de que ni siquiera está en España, sino
en América.
La juez incluye en el auto la orden a
la Policía Nacional de que investigue una reunión celebrada el 11 de abril de 2014
en la que el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a la sede de
Emerita Resources. Según denunció esta última, López Magdaleno les propuso
asociarse porque el concurso estaba adjudicado de antemano y no tenían
posibilidades. Como prueba de su
influencia en la Junta, el directivo de Magtel anunció la llamada, nada más
salir él, de un alto cargo autonómico. Efectivamente, cinco minutos después de irse, el
secretario general de Industria llamó para interesarse por la reunión.
De
la relación privilegiada entre el PSOE y Magtel no sólo dan fe los 15 millones
en subvenciones de la Junta y los contactos directos en la cúpula del Gobierno
andaluz. Además, el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero le concedió 9,3 millones de euros cuando el PP ya
había ganado las elecciones y el equipo del PSOE se encontraba en funciones.
El destino de estas ayudas
es también objeto de investigación judicial.
Pero la filial de Magtel -creada pocos días antes de presentar la oferta- no es la única que ha provocado
recelos. Su socio mexicano está en cuestión en
su país de origen y las autoridades mexicanas le investigan tras provocar el
mayor desastre medioambiental en la historia del país, un vertido tóxico en el
río Sonora que, por cierto, recuerda mucho al ocurrido en Aznalcóllar hace 17
años y que contaminó gravemente el río Guadiamar
La
oferta que 'nunca' debió ganar
•Inversión y empleo. El
consorcio formado por Minorbis y Grupo México prometió una inversión de 304,6
millones y la creación de 476 empleos directos y otros 700 indirectos. La otra
aspirante, Emerita, iba a invertir 642 millones y prometió 892 puestos de
trabajo directos.
•Lo que 'gana' la
Junta. Según los términos del concurso,
la empresa ganadora debe pagar un canon de 200.000 euros más un porcentaje
sobre las ventas.
•Las cifras de negocio. Minorbis-Grupo México preveía una cifra global de
negocio de 1.620 millones, frente a los 6.800 millones que reflejó en su
propuesta Emerita Resources.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...