- Lo dice la resolución judicial: la Junta asignó el contrato a un consorcio hispano-mexicano que no reunía las condiciones ni siquiera para superar la primera fase del procedimiento
- El PP, Podemos y Ciudadanos deben suspender automáticamente cualquier contacto con el PSOE dirigido a facilitar la investidura de Díaz hasta que ésta ofrezca explicaciones satisfactorias y se comprometa a poner en marcha una Comisión de Investigación.
La piedra de toque
para que Susana Díaz demuestre si merece ser presidenta
Cuando estas líneas vean la luz, Susana Díaz ya no podrá defender nunca más que la
corrupción en Andalucía es un pesado lastre del pasado, una herencia indeseada
y repudiable de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La candidata a presidenta de la Junta tiene ahora su propio
escándalo, del que tendrá que responder
inmediatamente, con toda la contundencia y sin delegar en ningún actor
secundario porque
la adjudicación amañada, según los indicios que
observa una juez, de la mina de Aznalcóllar para los próximos 30 años se produjo con ella al frente
del Ejecutivo: este 20 de febrero, en plena precampaña, apenas un mes
antes de los comicios que encumbraron a Díaz con 47 escaños, de momento
insuficientes. La reactivación de la explotación a través de un concurso
internacional, como acicate para impulsar la deprimidísma economía de la zona y
la creación de empleo, fue una de las principales promesas electorales del
PSOE, que de hecho disparó sus expectativas y obtuvo en ese municipio, cuyo
alcalde es de Izquierda Unida, un 60% de los votos.
Lo que dice la resolución
judicial es que la Junta asignó el contrato a un consorcio
hispano-mexicano que no reunía las condiciones ni siquiera para superar la
primera fase del procedimiento, saltándose la ley y
«sin observar el más mínimo rigor». Es
especialmente irresponsable
el incumplimiento de los requisitos medioambientales, ya que se trata de explotar la mina que protagonizó en 1998
el mayor desastre ecológico de la historia de España, cuando se vertieron seis
millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que arruinaron los
alrededores de las marismas del Guadalquivir y del parque de Doñana. Para que
el caso tenga todos los elementos que caracterizan
la
corrupción arraigada en las instituciones andaluzas, la sociedad beneficiaria está
tan vinculada al poder autonómico que recibió 15 millones en subvenciones en
cuatro años y ha fichado recientemente como asesor a un ex alto cargo
socialista.
El PP, Podemos y Ciudadanos deben suspender automáticamente
cualquier contacto con el PSOE dirigido
a facilitar la investidura de Díaz hasta que ésta ofrezca explicaciones satisfactorias y se
comprometa a poner en marcha una Comisión de Investigación. La exigencia de pulcritud tiene
que ser la máxima. Quien insista en
negociar en estas circunstancias perderá toda la credibilidad. La candidata a
presidir la Junta pronunció en el Parlamento andaluz un discurso contra la corrupción
que resultó increíble porque nadie la ve recorriendo el trecho que va de las palabras a
los hechos. Hoy tiene, si quiere, una oportunidad. De ella depende.
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