- No se destinó ni un solo euro de la ayuda al fin para el que se concedió
- El fiscal solicita la imputación de un total de 21 personas, entre altos cargos y empresarios
- Les imputa falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos públicos
- Sólo se jutificaron 4,2 millones, mediante una certificación que el fiscal cree que es falsa
¿Esto es un "Régimen"?
TRIBUNALES. Subvención a la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir
La Fiscalía pide imputar a 6 ex altos cargos por el desvío de 40 millones
- No se destinó ni un solo euro de la ayuda al fin para el que se concedió
- El fiscal solicita la imputación de un total de 21 personas, entre altos cargos y empresarios
- Les imputa falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos públicos
- Sólo se jutificaron 4,2 millones, mediante una certificación que el fiscal cree que es falsa
La Fiscalía de Sevilla ha pedido la imputación de un total
de 21 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, en
la causa abierta por el desvío de una subvención de 40 millones de euros de la
Junta a la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir.
Entre las personas
que la Fiscalía ha pedido que sean imputadas por el juzgado de Instrucción 16,
que investiga el caso, se encuentran Francisco
Ruiz Ortas, director general de
Regadíos de la Consejería de Agricultura de la Junta en los años 2004 y 2005, Carlos
Javier Rodríguez Pérez, jefe de
Infraestructuras de la misma consejería en la misma fecha, y Manuel Antonio
Cruz-Guzmán López, que era jefe de
Infraestructuras de la delegación provincial de Agricultura de Sevilla.
El fiscal también pide la imputación de los responsables de las dos UTE
que resultaron adjudicatarias de las obras que, según el escrito presentado por el Ministerio Público,
no se hicieron. Una de las UTE la integraban las empresas Tecomsa, Elecnor,
Meci y Tegner, y la otra estaba formada por Befesa y Alpi.
La Fiscalía les
imputa los delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público (para los ex altos cargos), prevaricación y malversación de caudales públicos. Según el escrito presentado ante el juzgado, el 13
de octubre de 2004 la Junta de Andalucía, a través del antiguo IARA (Instituto Andaluz de
Reforma Agraria), aprobó la concesión de la ayuda solicitada por la Comunidad
de Regantes Marismas del Guadalquivir
para acometer obras de modernización de los regadíos. El presupuesto total de
la obra ascendía a 66,6 millones de euros. La subvención concedida, por el 40%
del importe de las obras, era de 40 millones de euros.
Según entiende el
fiscal, ni un solo euro de la subvención se ha destinado al fin para el que
fue concedida. Del total de la ayuda,
sólo se han justificado 4,2 millones, mediante una certificación que la
Fiscalía afirma que es falsa
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