- Fue en el Consorcio de San Fernando a través de la Faffe
- Los recibos no permiten «comprobar ni siquiera mínimamente» el gasto
La Andalucía inadmisible:
¿Otra vez la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), esa integrada en el SAE, por la Ley de Reordenación del Sector público y razones de eficiencia y eficacia?
La Junta de Andalucía hizo facturas irregulares para autojustificarse una subvención de 1.251.050 euros destinada a los cursos impartidos en uno de sus consorcios que ahora está investigando bajo secreto de sumario la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco del presunto fraude de la formación.
Las facturas anómalas se hicieron para justificar cursos impartidos en el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales del municipio gaditano de San Fernando, uno de los tres que fue disuelto por la Junta en enero de 2014 ante las sospechas de fraude, como viene informando este diario.
Un documento de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en poder de EL MUNDO, censura al citado consorcio, es decir, que la Junta se reprocha a sí misma, que las facturas emitidas para justificar las ayudas «no permiten comprobar, ni siquiera mínimamente, la correspondencia de los gastos justificados con las acciones» formativas.
la entidad subcontratista que emite las facturas irregulares es la propia Junta, a través de su Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),
la entidad subcontratista que emite las facturas irregulares es la propia Junta, a través de su Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),
La Faffe, cuyo personal se integró en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con motivo de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz de 2011, está también el punto de mira de la juez Alaya por el agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar que detectó la Cámara de Cuentas de Andalucía.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/02/23/54ea23b4e2704e26368b456b.html
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Junta hizo facturas irregulares para justificar cursos de formación
- Fue en el Consorcio de San Fernando a través de la Faffe
- Los recibos no permiten «comprobar ni siquiera mínimamente» el gasto
La Junta de Andalucía hizo facturas irregulares para autojustificarse una subvención de 1.251.050 euros destinada a los cursos impartidos en uno de sus consorcios que ahora está investigando bajo secreto de sumario la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco del presunto fraude de la formación.
Las facturas anómalas se hicieron para justificar cursos impartidos en el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales del municipio gaditano de San Fernando, uno de los tres que fue disuelto por la Junta en enero de 2014 ante las sospechas de fraude, como viene informando este diario.
Un documento de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en poder de EL MUNDO, censura al citado consorcio, es decir, que la Junta se reprocha a sí misma, que las facturas emitidas para justificar las ayudas «no permiten comprobar, ni siquiera mínimamente, la correspondencia de los gastos justificados con las acciones» formativas.
El escrito del departamento que dirige el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, expone que, al haberse subcontratado la realización de la actividad subvencionada, las «facturas emitidas por el subcontratista han de contener el desglose suficiente para identificar todas las actividades por las que se imputan gastos».
Ninguno de estos requisitos se cumplió el caso del Consorcio de San Fernando. Se trata de un incumplimiento del reglamento de la Comisión Europea relativo a la «pista de auditoría», detalla la resolución de reintegro a la que tuvo acceso este diario, en la que la Junta exige la devolución íntegra de los 1,2 millones de subvención concedidos al Consorcio de San Fernando. O lo que es lo mismo, la Junta se reclama a sí misma la devolución de una ayuda. Y lo que enreda más la cosa es que se la está exigiendo a un ente que ya no existe.
Otro aspecto más llamativo aún es que la entidad subcontratista que emite las facturas irregulares es la propia Junta, a través de su Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), puesto que esta entidad pública era la que gestionaba íntegramente el Consorcio de San Fernando desde el año 2003 hasta que fue liquidado en enero de 2014.
Este dato esencial se oculta en la resolución de procedimiento de reintegro, en la que se acuerda exigir al Consorcio de San Fernandola devolución íntegra de la subvención, es decir, los 1,2 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, que elevan la cuantía a 1.563.093,16 euros.
El único motivo que esgrime la Junta para exigir la devolución de las ayudas es la existencia de las facturas irregulares, que «no permiten comprobar, ni siquiera mínimamente, la correspondencia de los gastos justificados con las acciones». Unos recibos que confeccionó la Faffe, como entidad subcontratista del Consorcio de San Fernando.
La Faffe, cuyo personal se integró en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con motivo de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz de 2011, está también el punto de mira de la juez Alaya por el agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar que detectó la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La resolución de reintegro del Consorcio de San Fernando está firmada el 17 de septiembre de 2014 por el entonces director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, un testigo clave que reveló ante la Guardia Civil el presunto fraude masivo con fondos de la Unión Europea y destapó el uso fraudulento que la Junta hizo durante años de las exoneraciones masivas y opacas, en virtud de las cuales eximió de justificar ayudas millonarias a miles de entidades como requisito previo para seguir adjudicándole más. Este alto cargo fue relevado el pasado noviembre.
La Junta concedió a su consorcio la subvención que ahora está reclamando el 28 de noviembre de 2008. El plazo de ejecución inicial del proyecto formativo y de inversiones comprendía desde el 1 de octubre de 2009 y hasta el 30 de septiembre de 2009, si bien con posterioridad se amplió el plazo hasta el 30 de enero de 2010.
Los consorcios se nutrían de subvenciones anuales. En 2007, la escuela de San Fernando recibió 1.243.212 euros, concedidos por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo; y en 2009, se embolsó otros 1.190.000 euros. En la convocatoria de 2010, que se resolvió en 2011, el importe concedido se elevó a 1.138.593 euros; y en 2011, la subvención fue de 900.854 euros. En total, 5.723.709 euros repartidos en cinco convocatorias, entre 2007 y 2011.
La presencia de la Faffe como entidad subcontratista del Consorcio de San Fernando durante nada menos que una década arroja un sinfín de dudas sobre la correcta justificación de las subvenciones millonarias concedidas por la Junta con fondos europeos. El reproche que hace la propia Administración andaluza sobre las facturas irregulares confeccionadas para justificar la ayuda de 1,2 millones de 2008, ¿se podría extender a todo el periodo gestionado por la Faffe? Si en cinco años hubo 5,7 millones de euros en ayudas, ¿qué estaría bajo sospecha por los diez años gestionados por la Fundación de Empleo? ¿En torno a 10 millones de euros justificados con facturas irregulares? ¿Y qué conceptos se habrían colado en semejante suma?
Ojeda, vinculado al consorcio bajo sospecha
El ex consejero del Gobierno andaluz Ángel Ojeda, imputado por la juez Alaya en el fraude de la formación por presuntos delitos de malversación y prevaricación, tras obtener más de 33,3 millones en subvenciones excepcionales merced a «sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos», también está vinculado al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales de San Fernando.
Ojeda firmó un convenio el 8 de febrero de 2010 con el Consorcio de San Fernando y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), encargada de la gestión de esta escuela controlada por la Junta, para el alquiler de unas instalaciones situadas en un polígono industrial del municipio gaditano, que se iban a destinar a impartir los cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi.
El documento fue suscrito por la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), las tres controladas por Ojeda.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha fijado en este convenio y ha requerido copia «con todos sus anexos» al Consorcio de San Fernando. «En caso de que no figurase el detalle en el convenio, deberá aportarse declaración acerca de las condiciones de mobiliario, equipamiento e instalaciones con que contaban los locales al ser arrendados a las indicadas entidades», recoge el escrito.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto expedientes sancionadores por más de 8,8 millones de euros a nueve empresas -entre ellas cinco del ex consejero Ojeda- que recibieron ayudas de la Junta para la formación y contratación de los ex trabajadores de Delphi, al constatar la «simulación de relaciones laborales» para que los antiguos operarios pudieron obtener prestaciones de la Seguridad Social. El procedimiento administrativo está suspendido al estar en marcha la investigación e Alaya.
Ojeda, vinculado al consorcio bajo sospecha
El ex consejero del Gobierno andaluz Ángel Ojeda, imputado por la juez Alaya en el fraude de la formación por presuntos delitos de malversación y prevaricación, tras obtener más de 33,3 millones en subvenciones excepcionales merced a «sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos», también está vinculado al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales de San Fernando.
Ojeda firmó un convenio el 8 de febrero de 2010 con el Consorcio de San Fernando y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), encargada de la gestión de esta escuela controlada por la Junta, para el alquiler de unas instalaciones situadas en un polígono industrial del municipio gaditano, que se iban a destinar a impartir los cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi.
El documento fue suscrito por la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), las tres controladas por Ojeda.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha fijado en este convenio y ha requerido copia «con todos sus anexos» al Consorcio de San Fernando. «En caso de que no figurase el detalle en el convenio, deberá aportarse declaración acerca de las condiciones de mobiliario, equipamiento e instalaciones con que contaban los locales al ser arrendados a las indicadas entidades», recoge el escrito.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto expedientes sancionadores por más de 8,8 millones de euros a nueve empresas -entre ellas cinco del ex consejero Ojeda- que recibieron ayudas de la Junta para la formación y contratación de los ex trabajadores de Delphi, al constatar la «simulación de relaciones laborales» para que los antiguos operarios pudieron obtener prestaciones de la Seguridad Social. El procedimiento administrativo está suspendido al estar en marcha la investigación e Alaya.
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