- La Junta «ocultó» información a Europa sobre ayudas de los ERE
- Los interventores se ratifican ante Alaya en que el Consejo de Gobierno conocía el fraude
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Ver artículo "La Tuerca" por Luis Escribano en el siguiente enlace:
viernes, 27 de febrero de 2015
La Junta «ocultó» información a Europa sobre ayudas de los ERE = ¿Así actúa la Andalucía del Régimen Andaluz? Ver mas enlace Editorial "La Tuerca" del demócrata liberal, por Luis Escribano
Ver artículo "La Tuerca" por Luis Escribano en el siguiente enlace:
La Junta
«ocultó» información a Europa sobre ayudas de los ERE
·
Los
interventores se ratifican ante Alaya en que el Consejo de Gobierno conocía el
fraude
Los peritos de la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) declararon el jueves ante la juez
que instruye el caso ERE que la Junta «ocultó» información a la Comisión
Europea sobre las subvenciones millonarias a la empresa A Novo Comlink, con
sede en Málaga, para evitar su devolución.
El equipo de cuatro interventores
que elaboró el informe pericial que la magistrada Mercedes Alaya considera
«clave» completó ayer su segundo día de declaración. Terminaron de responder
las preguntas de la instructora y del fiscal y empezaron a contestar las de las
defensas, que continuarán durante la jornada de hoy y probablemente el próximo
lunes tratando de hacer ver contradicciones del trabajo.
A preguntas formuladas por la
juez al principio de la comparecencia, los interventores respondieron que la Administración autonómica aportó a las
autoridades comunitarias una información sobre las ayudas a la firma A Novo
Comlink «incompleta y sesgada», dijeron fuentes presentes
en la declaración.
La Junta concedió a la filial
española de la multinacional francesa con sede en el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) al menos 35.952.537,26 euros, de los que 32.116.280,23 euros
correspondían al pago de las indemnizaciones por suspensión de los contratos de
trabajo y jubilaciones parciales de 224 trabajadores. En ninguna de las
dos respuestas que dio a la Comisión Europea detalló el montante total de las
ayudas que asumió.
La IGAE defiende que, en
realidad, se trataba de subvenciones a la empresa y no a los trabajadores por
cuanto la obligación de pago correspondía a la compañía al derivar de
compromisos contraídos durante el proceso de suspensión de la relación laboral
de la plantilla. De esta forma, la
Junta asumió el coste que le correspondía a la empresa.
Directrices
Las directrices comunitarias no
consideran ayudas estatales las prestaciones por desempleo pagadas por el INEM durante
los dos años de suspensión ni las pensiones por jubilación parcial a partir de
los 60 años abonadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero, como detalla la Intervención en el informe
entregado al juzgado en diciembre de 2013, los complementos percibidos por los trabajadores de A Novo durante las
fases de desempleo y jubilación parcial abonados por la Junta no son
«aplicables en general y sin limitaciones sectoriales a todos los trabajadores»
de España, por lo que se tratarían de ayudas estatales.
Es
por ello por lo que la Junta habría evitado detallar información a la Comisión
Europea en un intento de hacer ver que las ayudas concedidas eran de carácter
individual para cada trabajador cuando en realidad la beneficiada era la
empresa, a fin de evitar tener que devolverlas.
De otro lado, los interventores
ratificaron ayer ante Alaya que otras consejerías de la Junta -como la
de Innovación a través del programa presupuestario 32H- dotaron de fondos a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el pago de ayudas de los ERE.
Esas transferencias de financiación al ente instrumental se producían cuando la
Consejería de Empleo había agotado sus créditos.
Por otra parte, tras aportar ayer la Junta los expedientes originales de
las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de
control financiero permanente de las empresas públicas correspondientes a 2005,
2006 y 2007 y darle traslado la juez a los peritos, éstos concluyeron que la Intervención
General de la Junta, los altos cargos de la Consejería de Hacienda, la Comisión
General de Viceconsejeros y el Consejo de Gobierno «tuvieron conocimiento del
irregular uso» de las transferencias de financiación y del «ilegal» sistema de
concesión de ayudas sociolaborales.
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