¿"El todopodoroso Gaspar Zarrías"?= ¿El que todo lo sabía"
¿Y no era el único?
- 7 imputados asistieron al 'consejillo' en el que se deliberó por primera vez sobre una norma.
- Zarrías dijo hace un año no recordar si el asunto se debatió en las sesiones que él presidió.
- El borrador se analizó por primera vez siete meses antes de crearse el 'fondo de reptiles'.
CASO
ERE. Zarrías presidió las tres reuniones que desecharon regular los ERE.
- 7 imputados asistieron al 'consejillo' en el que se
deliberó por primera vez sobre una norma
- Zarrías dijo hace un año no
recordar si el asunto se debatió en las sesiones que él presidió
- El borrador se analizó por primera vez siete meses antes de crearse el 'fondo de reptiles'
Siete de los 16
asistentes a la reunión de viceconsejeros de la Junta en la que se deliberó por
primera vez acerca de un borrador de norma para regular la concesión de ayudas
a prejubilaciones, y que nunca se aprobó, están hoy imputados por la juez
Mercedes Alaya por su presunta responsabilidad en el fraude millonario de los
ERE.
La discusión de un borrador de decreto en la Comisión
General de Viceconsejeros -los conocidos consejillos, sesiones semanales en las
que se analizan los asuntos que posteriormente se elevaban a Consejo de
Gobierno para su aprobación- es uno de los indicios que esgrime la instructora
para argumentar el conocimiento que «las más altas jerarquías
de la Administración autonómica» tenían acerca del uso ilícito de las
transferencias de financiación y sus consecuencias, como expuso en la exposición razonada enviada el mes pasado
al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La primera vez que se debatió el
asunto en la reunión semanal de los viceconsejeros fue el 13 de diciembre de
2000. En concreto, a
iniciativa de la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se
incluyó como punto noveno en el orden la discusión sobre un «proyecto de
decreto por el que se establece el procedimiento para la concesión de ayudas
sociales a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o
reestructuración en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza».
Así se detalla en el acta de la citada
reunión, requerida por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a la
Junta y que consta ya en las actuaciones. Alaya reclamó el pasado 27 de enero
todas las actas de las reuniones semanales de viceconsejeros celebradas en 2000
para «concretar la imputación de determinadas personas en la presente causa
prestando cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Supremo».
En su condición de
consejero de Presidencia, esa sesión estuvo presidida por Gaspar Zarrías, uno de los cinco aforados contra los que
ha abierto causa el Supremo. Las fuentes consultadas no tienen dudas de que la juez ampliará ahora los
indicios contra el diputado socialista informando al alto tribunal de su
asistencia a las reuniones en las que se deliberó acerca de un proyecto de
norma para regular las ayudas a los ERE y que nunca vio la luz.
A aquella reunión también
asistieron los números dos
de Relaciones Institucionales (Juan Carlos Soriano), Economía y Hacienda (José Salgueiro), Justicia y Administración Pública (Jesús María Rodríguez
Román), Empleo y Desarrollo Tecnológico (Antonio Fernández),
Agricultura y Pesca (Juan Paniagua)
y el entonces jefe del gabinete jurídico de la
Junta, Francisco
del Río. Los seis están hoy imputados en el caso ERE.
Según se precisa en el acta, en aquella
sesión no se adoptó ningún acuerdo sobre el borrador presentado por Antonio
Fernández, acordándose incluir el proyecto en el orden del día de la siguiente
sesión.
El asunto formó parte de la reunión semanal que los
viceconsejeros celebraron el 17 de enero de 2001, incluido
esta vez como punto cuarto. El acta de aquella sesión detalla que se acordó aplazar
su discusión otra semana tras realizarse observaciones a varios artículos.
Concretamente, como viene informando EL MUNDO de Andalucía,
los asistentes consideraron la conveniencia de matizar la referencia a
«pérdidas importantes» de salarios por parte del trabajador -uno de los dos supuestos en los que estaría justificada la
concesión de ayudas, recogido en el artículo 2.b- y que se limitara tanto el
ámbito de actuación como la vigencia de las medidas (6.1 y 6.7).
Como se había previsto, el borrador de decreto se incluyó en
el orden del día de la sesión celebrada justo una semana después (24 de enero
de 2001), en esta ocasión como punto
sexto. Antonio Fernández presentó el nuevo texto tras las observaciones formuladas siete días
antes y se acordó nuevamente posponerlo a «una nueva sesión».
Estas dos reuniones, al
igual que la de diciembre de 2000, fueron presididas por el entonces consejero
de Presidencia, Gaspar Zarrías.
«No me acuerdo si se discutió o no, no tengo la más mínima idea. Han pasado 14
años. Si no se aprobó sería porque le faltaría algún requisito. ¿Cuál? Ni
idea», afirmó Zarrías cuando hace un año le preguntó este periódico si el
proyecto llegó a formar parte del orden del día de alguna de las reuniones de
viceconsejeros presididas por él.
La Intervención General de la
Junta llegó a informar tanto
del proyecto de decreto sobre el que se deliberó en diciembre de 2000 como el
borrador de orden de 2004, fijando las «líneas generales del marco jurídico y
presupuestario» por el que debía regirse un programa de subvenciones como el
proyectado para garantizar que los fondos se gestionaran con eficiencia y
respeto a la ley. En palabras del ex interventor Manuel Gómez Martínez, la aprobación de ese
procedimiento habría dificultado «extraordinariamente» el fraude que la
instrucción judicial está revelando.
El rastro a la tramitación de un
borrador de procedimiento regulador de las ayudas en las reuniones de
viceconsejeros se pierde el 24 de enero de 2001. El 17 de julio de 2001, el entonces consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, José Antonio Viera, y su viceconsejero y presidente del extinto
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, firmaron el
convenio que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles.
Este
'procedimiento específico' con el que la Junta repartió de manera discrecional
cerca de mil millones en ayudas para pagar prejubilaciones y a empresas en
crisis es para Alaya el origen del fraude.
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