El fiscal ve posible malversación en los 57 millones a entes de Empleo = así es la Junta , Utedlt formada por 95 directores con contratos de dirección fichados a dedo y de nuevo el SAE, el eficiente ente instrumental y juntero, que reparte el dinero...¿¿???

CORRUPCIÓN POLÍTICA Nuevas revelaciones 

• Analiza si el aforado y ex consejero Ávila prevaricó por repartir 5,8 millones para despidos.
• Manda el caso a las 8 fiscalías provinciales para que profundicen en la investigación
• Ávila concedió indemnizaciones a la plantilla sin cobertura legal alguna

 La Fiscalía Superior de Andalucía ha apreciado indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos en el reparto «sin control» que hizo el Gobierno andaluz de 57 millones de euros al centenar de Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), que están ahora bajo sospecha tras su liquidación.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/19/5493da9be2704e9a438b456e.html

CORRUPCIÓN POLÍTICA Nuevas revelaciones

El fiscal ve posible malversación en los 57 millones a entes de Empleo

• Analiza si el aforado y ex consejero Ávila prevaricó por repartir 5,8 millones para despidos
• Manda el caso a las 8 fiscalías provinciales para que profundicen en la investigación
• Ávila concedió indemnizaciones a la plantilla sin cobertura legal alguna

La Fiscalía Superior de Andalucía ha apreciado indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos en el reparto «sin control» que hizo el Gobierno andaluz de 57 millones de euros al centenar de Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), que están ahora bajo sospecha tras su liquidación.

Se trata del último frente abierto sobre la gestión en la antigua Consejería de Empleo de la Junta -la misma del caso ERE y del presunto fraude de la formación-, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Superior por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) el pasado marzo, a raíz del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los consorcios Utedlt.

Fuentes de solvencia dijeron a EL MUNDO de Andalucía que la Fiscalía Superior, que dirige Jesús García Calderón, acaba de dictar un decreto en el que aprecia indicios de malversación en la gestión de los consorcios Utedlt y, a la vez, acuerda derivar las pesquisas tramitadas hasta ahora a las ocho fiscalías provinciales para que profundicen en una investigación de «evidente complejidad». El objetivo es conocer qué actividad desplegó cada uno de estos 95 entes de Empleo y qué funciones tenían los directores de los mismos, que llegaron a tener a sus órdenes a casi un millar de trabajadores en toda Andalucía.

La Fiscalía Superior andaluza ha apreciado indicios de delito, en sintonía con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que también alertó hace unos meses de que los hechos recogidos en el informe de la Cámara de Cuentas sobre las Utedlt podrían desprender «indicios generadores de responsabilidad penal», por malversación, «al no existir constancia de la realización de la actividad de los consorcios»

Para la Fiscalía Superior, este asunto exige «un trabajo de investigación policial extenso y centrado en cada uno de los 95 consorcios distribuidos en las ocho provincias andaluzas». Serán, por tanto, las fiscalías provinciales andaluzas las encargadas de hacerlo a partir de ahora.

El informe de la Cámara de Cuentas que ha puesto al descubierto lasirregularidades en estos entes de Empleo precisa que los 57 millones que la Junta repartió «sin control» sirvieron para pagar los «costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos» de la plantilla de las 95 Utedlt, formada por 95 directores con contratos de alta dirección fichados a dedo -algunos sin ningún subordinado a sus órdenes-, y los 697 técnicos o agentes locales de promoción y empleo (alpes).

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ahora depende del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, repartió los 57 millones de euros a los 95 entes de Empleo durante tres ejercicios, entre 2010 y 2012, cuando los consejeros de Empleo eran los socialistas Manuel Recio y Antonio Ávila, ambos ahora diputados en el Parlamento.

Por otra parte, la Fiscalía Superior se ha quedado con la investigación referida al ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que es aforado por ser diputado en la Cámara andaluza. Las pesquisas sobre Ávila tratan de aclarar si éste prevaricó, al firmar en diciembre de 2012 una resolución en la que concede 94 «subvenciones excepcionales» por un valor de 5.846.298 euros para cubrir los gastos derivados de las indemnizaciones por la extinción de los contratos laborales del personal de los 94 Utedlt.

Las ayudas de casi seis millones de euros se concedieron invocando razones de «interés público y social», pero no existían «bases reguladoras específicas a las que acogerse, ya que no existe norma alguna que regule subvenciones o ayudas en esta materia», subraya un escrito de la Fiscalía Superior. Dicha resolución, de fecha 11 de diciembre de 2012, se firma en Sevilla por el entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Antonio Ávila Cano, que ocupó el cargo desde el 7 de mayo de 2012 hasta el 9 de septiembre de 2013.

La Fiscalía analiza si Ávila, al dictar esta resolución sin norma que lo amparase, pudo incurrir en un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que castiga a la «autoridad que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». La pena prevista es de «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años». Si la Fiscalía llega a la conclusión de que, efectivamente, el ex consejero Ávila pudo prevaricar, deberá remitir las pesquisas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que el ex consejero está aforado y el órgano competente para investigarlo es el TSJA.

Ávila está también preimputado en el caso ERE junto a los ex consejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio. Los aforados Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Mar Moreno y Gaspar Zarrías también están preimputados en el caso ERE, pero gozan de fuero en el TribunalSupremo.