Anunció que el trabajo lo realizarían expertos independientes y la Consejería de Hacienda lo encarga a "altos" funcionarios de la Junta
¿Chequeo por personal de confianza, elegido a dedo y que ocupan Puestos de libre designación? = ¿Colaboradores necesarios del Régimen andaluz?
"No están estos tiempos, amigo Sancho, para pesimistas y añorantes. Así que mira al frente, espolea y cabalga"
Nos preguntamos ¿Que trabajo realiza el personal laboral "digital" de la Administración instrumental y paralela? ¿No estarán usurpando potestades y funciones públicas?
Conclusión:
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Díaz incumple su promesa sobre el
chequeo al sector público de la Junta
Día 06/10/2014 - 07.56h
Anunció que el trabajo lo realizarían expertos independientes y la Consejería de Hacienda lo encarga a funcionarios de la Junta
El compromiso asumido por la presidenta andaluza, Susana Díaz, en su discurso de investidura sobre el estudio de la administración paralela por parte de un grupo de expertos independientes ha perdido muchos enteros. El trabajo, que deberá estar concluido antes de final de año, lo realizarán altos funcionarios de la Junta, según han informado a ABC en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al frente de la cual está María Jesús Montero. De esta forma, la mandataria socialista incumple, aunque sea a medias, la promesa que hizo antes de tomar posesión del despacho presidencial del Palacio de San Telmo. Y aunque no se pone en duda la valía de los empleados públicos, no eran ellos, en principio, los encargados de hacer el chequeo.
La denominada «Administración paralela» de la Junta es un conglomerado de 93 entes instrumentales del sector público andaluz, integrado por 28 sociedades mercantiles, 25 consorcios, 19 fundaciones, 18 agencias públicas empresariales y tres agencias de régimen especial. Dan trabajo a casi 27.000 personas y cuentan con70 altos cargos. Anualmente disponen de un presupuesto aproximado de 3.000 millones de euros.
El chequeo, en cualquier caso, tiene todas las trazas de que se va a hacer por duplicado. La anterior consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, encargó en mayo del pasado año a la empresa Deloitte un «servicio de diseño de una metodología de análisis de costes en la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales», trabajo por el que este periódico se interesó. Los resultados, de momento, no se han dado a conocer.
Que el sector público instrumental sea «más eficiente y coherente con sus objetivos» es lo que la presidenta de la Junta pretende. Al menos así lo aseguró el 4 de septiembre del pasado año, en su discurso de investidura, momento en el que anunció la convocatoria de unacomisión de expertos independientes para que elabore un informe del sector público instrumental, que debería estar concluido antes de que finalice 2014.
Pues bien, a tres meses de que concluya el año, el estudio no se sabe si ha comenzado, dado el hermetismo de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, responsable de coordinar su elaboración. Lo único que ha admitido este departamento es que el trabajo no lo llevará a cabo la comisión de expertos independientes sino un grupo de «altos funcionarios».
Pero hay más. Recientemente el PP expresó su protesta por lainexistencia de los planes de ajuste para las empresas públicas, que obligatoriamente tenían que llevarse a cabo según se recoge en el artículo 10 de la Ley de Presupuestos para 2014.
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