LA ESQUINA Administración gorda e ineficaz... R.I.P. Sentido Común. ERES formacion: ¿no habría sido lo normal que los funcionarios de plantilla hubieran analizado los expedientes en su momento en vez de tener que contratar a otros porque no se revisaron en su día?

La Andalucia juntera e imparable...

.A ver. El Gobierno andaluz reclama 17 millones de euros por 587 expedientes cuyos beneficiarios no han justificado las subvenciones recibidas para impartir cursos de formación entre 2007 y 2013. Es una cifra importante, sobre todo teniendo en cuenta que se han examinado sólo la mitad de los expedientes transferidos de la Consejería de Empleo a la de Educación que los que los están examinando son 64 interinos sacados expresamente de la bolsa de empleo de la Junta. El titular de Educación, Luciano Alonso, ha declarado que la revisión acabará dentro de un año, en septiembre de 2015. 

 Y ahí reside el escándalo. En que la Junta de Andalucía dispone de casi 260.000 empleados a su servicio (funcionario y contratados del propio gobierno y de las empresas paralelas).Vale, la mayoría son sanitarios y educadores, pero ;¿no hay dentro del resto ningún colectivo capaz de revisar los expedientes sin necesidad de echar mano de la bolsa de trabajo público?¿no habría sido lo normal que los funcionarios de plantilla hubieran analizado los expedientes en su momento en vez de tener que contratar a otros porque no se revisaron en su día?

¿Porque no se revisaron? = ¿Porque y para que se creó la Administración instrumental y paralela????

http://www.malagahoy.es/article/opinion/1855595/administracion/gorda/e/ineficaz.html

LA ESQUINA 

Administración gorda e ineficaz...

ANDALUCÍA puede servir de ejemplo, aunque no sea el más sangrante de la España democrática. Ejemplo de que economía en auge más gobiernos prolongados del mismo partido más desarme de la sociedad civil igual a corrupción inevitable. Es de cajón. 

Se discute si el caso de los ERE, que va ya por los 227 imputados, es más escandaloso o menos que el caso de los fondos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, cuya instrucción está dando aún sus primeros pasos, pero ya apunta buenas maneras por la cuantía de las irregularidades y la personalidad de quienes las cometieron y quienes las aprovecharon. Se admiten apuestas. Sobre la gravedad de los hechos respectivos, sobre su relevancia política y sobre el desenlace penal de los mismos. 

En la vertiente política ha habido una depuración solamente parcial de las responsabilidades. Se han adoptado medidas de control para prevenir que no se repita el mangoneo y, en el caso de la formación, se está procediendo a revisar uno por uno los expedientes sospechosos, que son aproximadamente todos. Pero esta misma revisión ha desvelado otro elemento escandaloso de enorme trascendencia. 

A ver. El Gobierno andaluz reclama 17 millones de euros por 587 expedientes cuyos beneficiarios no han justificado las subvenciones recibidas para impartir cursos de formación entre 2007 y 2013. Es una cifra importante, sobre todo teniendo en cuenta que se han examinado sólo la mitad de los expedientes transferidos de la Consejería de Empleo a la de Educación y que los que los están examinando son 64 interinos sacados expresamente de la bolsa de empleo de la Junta. El titular de Educación, Luciano Alonso, ha declarado que la revisión acabará dentro de un año, en septiembre de 2015. 

Y ahí reside el escándalo. En que la Junta de Andalucía dispone de casi 260.000 empleados a su servicio (funcionarios y contratados del propio gobierno y de las empresas paralelas). Vale, la mayoría son sanitarios y educadores, pero ¿no hay dentro del resto ningún colectivo capaz de revisar los expedientes sin necesidad de echar mano de la bolsa de trabajo público? Más aún, ¿no habría sido lo normal que los funcionarios de plantilla hubieran analizado los expedientes en su momento en vez de tener que contratar a otros porque no se revisaron en su día?