En contra del discurso oficial mantenido por la presidenta Susana Díaz:
- El Gobierno da la cara por Antonio Valverde, director general de IDEA desde 2009. ¿¿¿¿?????
- Ninguna acusación pide medidas cautelares para el ex consejero Martín Soler
Antonio Valverde, este martes, acompañado de su abogado tras comparecer ante Alaya. CONCHITINA
¿Quien pagará la defensa de Antonio Valverde, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de greves delitos (en concreto, los de malversación y prevaricación) en relación con el presunto saqueo de los ERE fraudulentos y para quien solicita una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones de euros para garantizar el eventual reintegro del dinero público defraudado.....????
¿La Junta de Andalucía? = Los ciudadanos con dinero público y nuestros impuestos
Una decisión política que pudiera permitir pensar que se puede estar protegiendo a quien posee una información comprometedora en evitación de males mayores para los altos niveles de decisión de la Junta.
CASO ERE En contra del discurso oficial mantenido por la presidenta Susana Díaz
La Junta mantendrá a un alto cargo al que Anticorrupción pide 3,6 millones de fianza.
El Gobierno da la cara por Antonio Valverde, director general de IDEA desde 2009
Ninguna acusación pide medidas cautelares para el ex consejero Martín Soler
Antonio Valverde, este martes, acompañado de su abogado tras comparecer ante Alaya. CONCHITINA
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo mantendrá al frente de la dirección general de la Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA) a Antonio Valverde, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide una fianza civil de 3,6 millones a fin de asegurar el reintegro de fondos en caso de que resultara condenado en un futuro por su supuesta responsabilidad en el fraude de los ERE.
La continuidad de Valverde choca con el discurso que, desde que accedió a la Presidencia de la Junta, mantiene Susana Díaz. Ésta invoca la «lucha contra la corrupción» como estandarte de su gestión, pero mantiene en puestos de responsabilidad a imputados en la macrocausa que dirige la juez Mercedes Alaya.
Casi un año después de ser encausado, Valverde compareció ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que le imputa la comisión de los delitos de malversación y prevaricación. El ex alto cargo, como la mayoría de los últimos encausados que habían sido citados por la magistrada, se acogió a su derecho a no declarar.
Fuentes del caso informaron de que, en la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó una fianza de responsabilidad civil para Valverde de 3,6 millones, a lo que se adhirió Manos Limpias. La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía no interesó la adopción de medida alguna.
José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y responsable político de la Agencia IDEA, no tiene intención por el momento de prescindir de Antonio Valverde pese a la petición de fianza del fiscal.
«Antonio Valverde viene desempeñando con absoluta normalidad su responsabilidad como director general de la Agencia IDEA y se respetan las decisiones judiciales», dijeron fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a preguntas de este periódico. Las fuentes esperan que la instrucción del caso «concluya rápido».
«Valverde desempeña con absoluta normalidad su cargo», responde la Junta
Valverde no es el único imputado en la causa de los ERE que presta servicios en organismos dependientes de la Consejería que dirige Sánchez Maldonado y que se mantienen. Es el caso también del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, descabalgado como consejero delegado de Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa) pero que continúa desempeñando funciones -no precisadas- en esta empresa pública.
Antonio Valverde fue imputado por Alaya el 28 de junio de 2013 junto a otros 19 altos o ex altos cargos de la Junta, caso de la ex consejera Magdalena Álvarez. La instructora le acusa de autorizar pagos de ayudas concedidas previamente por la Consejería de Empleo objeto de la presente investigación judicial.
También compareció ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre el 24 de abril de 2009 y el 23 de marzo de 2010 y responsable político de la Agencia IDEA durante esos once meses. También se acogió a su derecho a no declarar.
A diferencia de Valverde, ni el fiscal ni ninguna de las acusaciones solicitaron la adopción de medidas de responsabilidad civil para Martín Soler, que abandonó el juzgado visiblemente contento junto a su abogado.
Alaya imputa al ex consejero delitos de malversación y prevaricación a raíz de que IDEA siguiera abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo a pesar de que el informe definitivo de cumplimiento correspondiente al ejercico 2008 que realizó la Intervención General de la Junta ponía de manifiesto que el procedimiento administrativo que se estaba utilizando para el pago de las ayudas -las transferencias de financiación- «no se consideraba adecuado». Según Alaya, el ex consejero fue «receptor» de dicho informe el 4 de noviembre de 2009.
La defensa de Martín Soler presentó en el juzgado un escrito el pasado lunes en el que pedía a la juez la «remoción» de la imputación invocando la inocencia de su cliente, que -según expone- actuó durante su etapa como responsable político «con entero acomodo a la legalidad».
El fiscal pide una caución de 4,42 millones a un antiguo alto cargo del IFA
En el escrito, el abogado del ex consejero reitera que éste sólo tuvo conocimiento del informe de la Intervención aludido por Alaya en el auto de imputación cuando preparó su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz a finales de agosto de 2012. «Ni el Sr. Soler Márquez tuvo ni ningún consejero tiene entre sus funciones y cometidos la lectura y revisión de los informes de naturaleza técnica que emite la Intervención General de la Junta de Andalucía», expone en el escrito.
La defensa recuerda que el citado informe ya se hacía eco de las medidas que se adoptaron para sustituir la transferencia de financiación (por la encomienda de gestión) y que las conclusiones del interventor arrojaban «una completa normalidad y situación de cumplimiento adecuado de la legislación relativa a la administración y control de fondos públicos en la Agencia IDEA». Ello, en su opinión, explica que el funcionario no elevara el informe al consejero.
El letrado sostiene que Martín Soler «no participó ni directa ni indirectamente en ninguna de las distintas materializaciones de los pagos» con cargo al fondo de reptiles y lamenta las «devastadoras consecuencias personales, familiares y profesionales» que la imputación ha causado a su cliente.
Anticorrupción sí pidió fianza de 4,42 millones para Antonio Lara Revilla, ex alto cargo del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, después IDEA). El abogado se opuso alegando que su cliente «no tenía competencias para adoptar acuerdo de ningún tipo ni firmó ningún convenio».
También compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el ex viceconsejero de Economía Gonzalo Suárez, para el que ninguna acusación pidió medida de responsabilidad civil, y el administrador de Gestifesa, José Ángel Martín Moreno. Anticorrupción solicitó para éste una caución de 117.700 euros
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