CC.OO. denuncia que la Junta ha cometido «fraude de ley» por contratar a este personal con cargo a inversiones
Gestión Juntera en materia de personal = desorden público.....
Las cosas pasan por que se permiten....
Lo que todos ya llamemos pues ocurre desde hace más de veinte años........se contrata en fraude de ley = a dedo con cargo al Capitulo VI inversiones, ..... ademas de otros casos contratos específicos, laborales privados dedocráticos, cesión ilegal de trabajadores para hacer trabajos de funcionarios.......etc, y después van a los tribunales de lo laboral y ganan las sentencias.....otra sistema generalizado de entrar en la Administración Pública, ni concuros, ni oposición pública, sino designación dedocrática mantenida durante años.......
Los que han permitido, consentido y propiciado el fraude, se van de rositas cuando tendrían que ser sancionados por ello y condenados a que paguen las indemnizaciones, los juicios........ a fin de evitar el grave quebranto de las arcas públicas....dinero de todos....
No es posible entrar en la Administración a dedo, un fraude de ley donde se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso del sistema de contratación del personal público, esta sancionado en derecho administrativo, rama distinta del Derecho laboral, con nulidad absoluta de pleno derecho, no son contrataciones irregulares........Así que este personal y los laborales subrogados, dedocraticos de las agencias, específicos y demás.......ni son ni pueden ser nunca empleados públicos......cuando se aplica criterios políticos, u de otra índole para interpretar la ley.....llegamos al sin sentido, y quiebra el sistema de normas, esto es lo que ha pasado hasta la fecha, con las sentencias dictadas hasta ahora por el TS sobre la Reordenación......
A la Administración por oposición....
RECORTES EN LA ADMINISTRACIÓN
Fomento prevé despedir unos cuarenta trabajadores tras 15 años en la Consejería
CC.OO. denuncia que la Junta ha cometido «fraude de ley» por contratar a este personal con cargo a inversiones
El sector autonómico de la FSC CCOO-A se opone al «probable despido» de 38 personas pertenecientes a los servicios de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular es Elena Cortés (IU), que la Consejería de Hacienda y Administración Pública«podría despedir a fecha 31 de diciembre, después de más de 15 años trabajando de forma continuada en la Junta de Andalucía».
En una nota, CCOO considera que la Junta de Andalucía «ha cometidofraude de ley en la contratación de este personal, a cargo del capítulo VI del presupuesto -inversiones-, por lo que procede su consideración como personal indefinido como fijo, por lo que solicita una prórroga de los contratos de este personal hasta que se negocie una solución definitiva».
El sindicato considera que los despidos «traerían como consecuenciauna avalancha de sentencias judiciales contrarias a la Junta de Andalucía por fraude de ley y acarrearía para esta administración la obligación de abonar una importante cantidad en indemnizaciones, debido a que algunas de estas personas llevan trabajando de manera ininterrumpida hasta veinticinco años».
Ha precisado que la mayor parte de este personal «son mujeres y la media de edad es superior a 50 años, lo que agravaría la inserción profesional del colectivo». Los puestos de este personal «no figuran en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la administración autonómica andaluza, a pesar de que prestan sus servicios como personal laboral del VI convenio durante muchos años».
CCOO considera que el despido de este colectivo «traería consigo la imposibilidad de la prestación del servicio público en materia de vivienda de manera adecuada», por lo que solicita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que «prorrogue para 2014 los contratos de este personal y se inicie con los representantes de trabajadores una negociación sobre el futuro de los puestos de trabajo y las personas que lo ocupan».
La Consejería que preside Elena Cortés ya despidió, al poco de tomar posesión su titular, a una treintena de altos cargos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), al considerar que la estructura directiva estaba «sobredimensionada».
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