Articulo de opinión. Max Estrella de lectura imprescindible.

Los aforados y sus defensores.

.......Entonces, ¿a qué viene el recurso de la fiscalía? ¿Acaso pretende que no se le otorguen a Chaves y a Griñán dichas garantías procesales —que, por cierto, este último votó siendo diputado, sin saber, al parecer, lo que votaba—? ¿O acaso, de lo que verdaderamente se trata es de entorpecer y deslegitimar la acción escrupulosa de la única juez que en Andalucía se ha atrevido a perseguir a los corruptos?


Más bien creo que se trata de eso. Porque hay ciertas líneas invisibles que no deben traspasarse. Permítame el lector, aunque esté feo, ilustrar esta afirmación con mi experiencia.....

Esa es la fiscalía andaluza en el régimen andaluz. ...... en palabras de Juvenal, perdona a los cuervos pero humilla a las palomas.

Pasará como el caso del Faísan......¿¿????

Hoy, por fin, y después de pasar por manos de tres jueces de instrucción durante más de siete años, se iniciará el juicio contra los presuntos autores de la delación.......En el banquillo se sentará el que fuera jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, destinado en aquellas fechas en Vitoria, la lucha contra el terrorismo islamista.

Pero ¿Quien dió la orden....?

Seguimos con el Mundo al Revés....

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Los aforados y sus defensores

Cuando esta modesta reflexión vea la luz, es probable que el eco del último auto de la divina Alaya todavía no se haya disipado. Es más, puede que incluso esté en el candelero gracias a la acción de la fiscalía y a la reacción de los dos principales implicados. La fiscalía anticorrupción —que es el mejor abogado defensor de los poderosos en Andalucía— ya intentó a las primeras de cambio quitar de en medio a la juez Alaya. A partir de ahí, para mí, todo lo que haga en este asunto estará bajo la sombra de la sospecha. Y, para colmo, el hombre que mató a Liberty Valance da muestras, de nuevo, de no enterarse de nada. Cada vez me resulta más parecido a ese fiscal del que Tolstói dice: “Era tonto por naturaleza, pero además había tenido la desgracia de haber acabado el bachillerato con medalla de oro y de haber obtenido un premio en la Universidad por su tesis acerca de la esclavitud en el derecho Romano”.
Pero vamos a ver, don Eduardo, si el auto de Alaya no consiste en otra cosa que en otorgar las garantías procesales (más bien, más privilegios) del artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal a los aforados que en el futuro puedan eventualmente resultar inculpados, conforme se explica y justifica de modo meridianamente claro en la exposición de motivos de la ley:
“Con frecuencia se advierte que los Senadores y Diputados no tienen conocimiento previo de procedimientos que les afectan…porque no se les ha dado copia de la denuncia o querella, no se les ha permitido tomar conocimiento de las actuaciones, declarar ante el Juez, proponer pruebas y ejercer los demás derechos comunes de cualquier imputado… Las situaciones indicadas hacen de peor condición a los Senadores y Diputados en el ejercicio de los derechos y garantías de defensa…Los anteriores inconvenientes podrían remediarse estableciendo expresamente la aplicación de lo establecido en el artículo 118, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal…La anterior propuesta no vulnera lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Constitución española, puesto que la atribución del estatuto de «imputado» no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para «inculpar» o «procesar», pero no para imputar. La propuesta tiene un antecedente parcial en la práctica seguida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogados y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las Cámaras”.

Entonces, ¿a qué viene el recurso de la fiscalía? ¿Acaso pretende que no se le otorguen a Chaves y a Griñán dichas garantías procesales —que, por cierto, este último votó siendo diputado, sin saber, al parecer, lo que votaba—? ¿O acaso, de lo que verdaderamente se trata es de entorpecer y deslegitimar la acción escrupulosa de la única juez que en Andalucía se ha atrevido a perseguir a los corruptos?


Más bien creo que se trata de eso. Porque hay ciertas líneas invisibles que no deben traspasarse. Permítame el lector, aunque esté feo, ilustrar esta afirmación con mi experiencia. Hace aproximadamente 25 años, en un periódico de Sevilla (no recuerdo si Diario 16 o ABC) se publicó la noticia de que un destacado militante socialista había sido nombrado funcionario más o menos por la cara. El texto de la noticia iba acompañado de un facsímile de su título de funcionario (es decir, vulgarmente, para que se entienda, como el carnet profesional), en el que figuraba mi firma, como director general de la Función Pública. La fiscalía se hizo eco del asunto y un juzgado abrió diligencias. Fui llamado a declarar ante el juez y el fiscal durante cuatro horas. Cuando les hice comprender —cosa que me costó trabajo, todo hay que decirlo— que mi actuación se limitaba a dar fe de un acto realizado por otro; es decir, cuando comprendieron que quien había nombrado al funcionario no era yo, sino un relevante Consejero, la investigación acabó ahí. Nadie más fue ya llamado a declarar, ni incordiado o molestado en lo más mínimo. Los indicios de delito se habían desvanecido por arte de magia, cuando juez y fiscal comprobaron que el presunto autor no era un donnadie (como yo), sino un importante consejero —que, por cierto, sigue ocupando hoy, 25 años después, un lugar aún más elevado en la política andaluza. Esa es la fiscalía andaluza en el régimen andaluz. Sabe hacer leña del árbol caído; en palabras de Juvenal, perdona a los cuervos pero humilla a las palomas.


En cuanto a las reacciones de Giñan y Chaves coinciden en su acrimonia y desmesura. Se diferencian, sin embargo, en que en uno son fruto de su natural estolidez y en el otro de su enorme arrogancia. Chaves desconoce el derecho, tal vez porque es profesor de derecho del Trabajo, y ya se sabe que eso, aquí, es el refugio estético de los mandamases socialistas, incapaces de procurarse una ocupación aparente por sus propios méritos. Tal vez ahora, con la transparente Susana, podamos hurgar en los archivos y desvelar el misterio de cómo Pepote y Manolo consiguieron sus cátedras. En cuanto a Griñan, el Sencillo, lo pierde su inmensa soberbia. Griñán es como Coriolano, pero sin huevos. Es un gallo “cagao”, que en cuanto ha visto la sombra del gavilán dibujada en el suelo del gallinero a huido presto a sentar el culo en el aseladero senatorial. A Griñán, como al fiscal, lo define también Tolstói: tiene cierta capacidad intelectual —el numerador—, pero la opinión que tiene de sí mismo —el denominador— es inconmensurable, y hace mucho que ha sobrepasado a la primera. De manera, que el resultado, su valor real, siempre comienza por cero. Así se explican todas las cosas que dice. Por ejemplo, eso de que el puesto de senador se le debe por sus méritos. Como si en su currículum —llamémosle así— hubiese algo que se debiera al mérito; o aun, a la elección. El dedo es su mayor mérito. El dedo ajeno, quiero decir; ese ha sido su mentor y su mérito.


En todo caso, se saldrán con la suya. Que abandonen toda esperanza los ingenuos (entre los que no esperaba yo encontrar a Francisco Rosell, hombre sensato y esclarecido; que, sin embargo, a raíz de este auto, ha considerado liquidado el régimen andaluz). No habrá justicia para los poderosos. Siempre ha sido así, y no cambiará. Ya lo cantó, hace casi tres siglos un personaje de John Gay, que cita Charles Dickens en La pequeña Dorrit:


"Dado que las leyes se han creado sin excepción
para que seamos castigados sin distinción,
¡qué raro no encontrar compañías más selectas
en el árbol de Tyburn!"


Los presuntos autores del chivatazo del "Faisán", se sientan hoy en el banquillo


Aquel 4 de mayo de 2006, alguien alertó a la organización terrorista ETA de que se ultimaba una gran redada franco-española contra el entramado de extorsión etarra. Y ese alguien alertó por teléfono al dueño del bar Faisán, en Irún, Joseba Elosua, uno de los principales responsables de este entramado.
Hoy, por fin, y después de pasar por manos de tres jueces de instrucción durante más de siete años, se iniciará el juicio contra los presuntos autores de la delación. La existencia de un chivatazo policial a ETA fue desvelada por EL MUNDO. En el banquillo se sentará el que fuera jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, destinado en aquellas fechas en Vitoria, la lucha contra el terrorismo islamista.
¿Quién dio la orden?
A Ballesteros le filmaron las cámaras policiales entrando y saliendo del bar Faisán en la franja horaria en que se presume que se cometió el chivatazo. En esa franja horaria, el seguimiento telefónico entre Pamies y Ballesteros es otra de las pruebas de cargo contra ellos.
Pero la gran duda que queda por resolver es quién dio la orden. Dos policías no llevan a cabo una actuación de este calibre si no es siguiendo instrucciones de altos mandos. Así lo sostiene cualquier policía. La responsabilidad política está por esclarecer y en el juicio que hoy se inicia en la Audiencia Nacional es poco probable que se arrojen luces.
En el momento en que se produjo el chivatazo, al frente del Ministerio del Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba y su mano derecha eraAntonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad. Junto a ellos,Víctor García Hidalgo, director general de la Policía y mando directo de Pamies. García Hidalgo estuvo en el punto de mira de las pesquisas judiciales, pero su acusación no se concretó.
El chivatazo se produjo en el momento en que el presidente del Gobierno socialista de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía abierto el mal llamado proceso de paz con ETA, cuando estaba sentado en la mesa con los terroristas. Y se produjo el mismo día en que iba a recibir al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien tenía intención de darle un espaldarazo a su política antiterrorista de hablar y pactar con los etarras. En la operación contra el entramado de extorsión etarra que trató de evitar el chivatazo, estaba previsto detener a un dirigente del PNV (ya fallecido) por su presunta implicación en la trama.
Ahora, más de siete años después se juzgará una causa, un sumario que ha tenido un proceloso camino judicial. Ha pasado por manos de tres jueces instructores que imprimieron diferente ritmo a las pesquisas. Fue Fernando Grande Marlaska quien puso en marcha las pesquisas para tratar de esclarecer la delación, porque era él quien estaba a punto de actuar contra la trama de extorsión etarra. Este magistrado había cogido velocidad de crucero e impulso y ganas por resolverlo, incluso el plano político.
Después, el caso fue a manos de Garzón, quien acumuló datos e información pero no dio pasos. Además, desgajó asuntos importantes de las pesquisas en piezas separadas del sumario que acabaron casi en el olvido. Su condena provocó que el caso llegara a manos del juez Ruz quien, pese a los intentos de torpedear sus pesquisas del juez Gómez Bermúdez, logró llevar a puerto el sumario y procesar y sentar en el banquillo a los ahora acusados. Pero la vía judicial no ha logrado llegar al puerto final ni resolver la gran duda: ¿quién dio la orden?