UGT "pedía" a las empresas facturas falseadas para hacerlas "subvencionables"

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UGT "pedía" a las empresas facturas falseadas para hacerlas "subvencionables"

UGT "pedía" falsificar facturas. Exigió a una empresa modificar un recibo para cargarlo a los fondos para desempleados. La federación andaluza de la UGT exigía a sus proveedores que falsificaran las facturas de los servicios que les prestaban para poder cargarlas a los programas de formación de desempleados que financiaba la Junta de Andalucía con fondos de la Unión Europea. EL MUNDO ha tenido acceso a una factura de la empresa Sicma Consultoría y Formación SL que fue modificada a petición de la UGT para cargar el «diseño y rotulación del bus de la huelga» general de 2010 a un programa de formación de monitores de educación ambiental sufragado por el Fondo Social Europeo.

 

Se trata de la prueba más palmaria del desvío de dinero público por parte de la organización que encabeza Cándido Méndez. Con fecha 15 de septiembre de 2010, la empresa Sicma, una firma de la localidad sevillana de Espartinas, remite a la UGT andaluza la factura número 50/2010 por un total de 5.428 euros. El concepto por el que se factura esta cantidad es el «diseño y rotulación del bus de la huelga», en referencia a un vehículo que semanas antes de la paro general del 29 de septiembre de 2010 recorrió diversas localidades andaluzas en días de mercadillo con eslóganes animando a los trabajadores a secundarlo contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

Días después de recibir la factura, el 27 de septiembre, la Vicesecretaría General de Administración y Recursos Humanos, a través del departamento de compras de UGT Andalucía, envía un e-mail a Sicma en el que pide que se «cambie el concepto de la misma». «El concepto que tiene que aparecer en la factura es Publicidad de los Programas de Desarrollo de Acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a personas desempleadas», según se explica en el correo electrónico. «Sólo tiene que aparecer este concepto, no hagan mención a ninguna otra cosa, por favor», se insiste en el e-mail.

 

Inmediatamente, Sicma modifica la factura e incorpora los conceptos exigidos por UGT, según demuestran los documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO y que se reproducen en esta página. Sin embargo, se produce un error y en la factura continúa apareciendo el concepto «bus de la huelga», junto al de «publicidad» y al de «acciones formativas».

 

Esta equivocación no impidió que la factura fuera finalmente endosada a los gastos de un curso para la formación de monitores de educación ambiental financiado por la Junta andaluza con fondos europeos. Así consta en el documento remitido a ambas administraciones por el entonces vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de la UGT andaluza, Federico Fresneda, en octubre de 2011. Fresneda certifica con su firma que «el coste total consignado en este impreso es el derivado de la acción formativa reseñada».

 

La dirección de la federación andaluza de la UGT, que lidera Francisco Fernández Ledesma, ha intentado en varios comunicados restar credibilidad a las informaciones de EL MUNDO subrayando que, antes de su remisión a las administraciones, las facturas han sido fiscalizadas externamente por una «empresa auditora de entre las que se encuentran en el mercado». El sindicato se refiere a Gabinete Interaudit, una sociedad limitada que suele trabajar para UGT y que cobró 240.000 euros por una auditoría que no detectó ni siquiera esta factura irregular. Fuentes sindicales consultadas por este diario aseguran que Interaudit es considerada en esos ámbitos como «la auditoría» de la UGT,entre otras razones porque los propietarios y administradores de la firma mantendrían una relación cercana con la cúpula del sindicato, especialmente con Fernández Ledesma y el propio Fresneda.

 

Puestos en contacto con la empresa auditora para saber cómo pudo ser que no reparara en ninguna de las irregularidades que se acumulan en el expediente 98/20009/J/217 de la Junta de Andalucía que EL MUNDO ha ido desgranando en los últimos días, un responsable aseguró que Interaudit se limita a elaborar informes y que a ellos se remite, y no quiso continuar la conversación.

 

UGT insiste en la legalidad de su actuación porque los cursos de formación financiados con fondos de la UE «están auditados por una triple vía»: tras Interaudit, son fiscalizados por la Junta de Andalucía y por los verificadores del Fondo Social Europeo. Sin embargo, la Junta ha anunciado que pone «en estudio» el expediente en cuestión.