jueves, 6 de junio de 2013

Los 30.000 enchufados de la Junta. Editorial recomendada.


TRIBUNA ABIERTA



LEANDRO GARCIA CASANOVA . Funcionario de la Junta

Como el gobierno social-comunista vive instalado en sus privilegios y derroches, cuando no haya dinero en la caja para pagar a la “Administración paralela”, ¿a quién le va a recortar la paga?
HACE poco, un cargo de la Junta de Andalucia dijo que iban a recortar la paga extraordinaria de junio y diciembre a los empleados públicos, para no despedir a los 30.000 externos de las empresas públicas. No dice nada nuevo, pues el pasado año, el presidente, José Antonio Griñán, argumentaba la misma cantinela “Se trata de una medida dura y que supone un enorme sacrificio, pero lo que no queremos es proceder al despido de 30.000 empleados públicos”.
Estos enchufados son afines al PSOE y a los sindicatos UGT y CC.OO., están colocados en los grupos superiores les quitan el trabajo a los funcionarios, que están parados. A pesar de que fueron contratados a dedo, los han integrado como empleados públicos con la “Ley de Ordenación”, que es contraria a la Constitución.
Si nos recortan las extras para no despedir a la “Cofradía de los Colocados”(antiguos cargos, exalcaldes, exconcejales, sindicalistas de pro), ¿por qué los parlamentarios andaluces se subieron las dietas, aunque a última hora lo han anulado? ¿Por qué no se bajan ellos también el sueldo y son solidarios?
Sinceramante, esperábamos algo más del PP. Y sin embargo, a los enchulados, que cobran 2.000 euros o más -el director de Invercaria tiene bachiller superior-, resulta queno les descuentan nada de la paga extra. ¿Por qué la Junta concede subvenciones para una playa en El Salvador, para encauzar un rio en Marruecos, o 34 millones de euros para 150 linces y sobresueldos bajo cuerda a los directivos de la RTVA? El pasado año, la Junta repartió generosamente 223 millones en subvenciones a Cooperación Internacional, y 241 millones a CC.O0. y UGT, que se han convertido en los guardianes del régimen.
Mienten como bellacos, como cuando recortaron el dinero a los dependientes y le echaban la culpa al Gobiemo de Rajoy, hasta que el Defensor Chamizo les descubrió el juego y fue entonces cuando decidieron cesarlo. Que seamos los únicos funcionarios año, se debe al “castigo” por las manifestaciones que hicimos el pasado año contra Griñán. Este basa toda su estrategia y discurso en hacer oposición al Gobierno de Rajoy, pero ha olvidado que es el primer socialista que perdió las elecciones andaluzas. Andalucia es la comunidad autónoma con mayor fracaso escolar, con más paro y la más empobrecida, pero de esto no parece darse cuenta el Gobierno social- comunista. Como vive instalado en sus privilegios y en el derrochecuando no haya dinero en la caja para pagar a la “Administración Paralela”, ¿a quién le van a recortar la paga?
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucia calificó en varias sentencias de“desprecio al Estado de Derecho”, la integración del personal externo en las nueve agencias por la “Ley del Enchufismo”Sin embargo, el Tribunal Supremo lo ha corregido y en una sentencia de abril, sobre la Agencia de Instituciones Culturales, afirmó que el personal ya tenía la condición de empleado público,antes de que se integrara en la Agencia. En la sentencia se da la contradicción e incongruencia de que son empleados públicos los que han sido contratados a dedo y no han superado ningún proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Somos muchos los que nos preguntamos: ¿cómo es posible que el TS no se dé cuenta de que se vulneran los artículos 14, 23 y 103.3 de la Constitución española? ¿0 es que tenemos unos jueces “politizados”, queno son capaces de anular una ley autonómica todas luces ilegal e injusta, porque avala de hecho una “verdadera invasión y ocupación de la Administración andaluza”, igual que cuando el ejército de Napoleón invadió y ocupó España.
Si los jueces tuvieran el problema de que miles de contratados les quitaran el trabajo y encima cobraran más, hace tiempo que lo habrían solventado. Lo mismo ocurre con la ocupación de las fincas y el asalto violento al Mercadona por el SAT. Han mirado para otro lado y no han sido capaces de sancionar a Sánchez Gordillo. ¡Qué distinto hubiera sido si cualquiera de nosotros hubiera cometido la tropelia! Los ERE son el mayor robo de la democracia, quitaron 1.217 millones de euros a los parados para repartirlos entre las redes clientelares del PSOE andaluz. Esto ha ocurrido en las empresas públicas, con los contratados (si se negaban, podían echarlos), y han sido precisamente los funcionarios quienes han denunciado los ERE debido a su independencia. En la Junta piensan que con recortes nos castigan, pero pinchan en hueso: ellos se irán y los veremos avergonzados en los juzgados, y nosotros seguiremos. Nunca un Gobierno democrático ha tratado peor a su Administración y a los parados.
Finalmente, hacemos una llamada a los sindicatos SAFJA, CSIF y otros para que olviden sus diferencias y se unan en defensa de los intereses de los funcionarios.


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