Sin desperdicio
- Un mal camino: no se renuncia ni a violencia ni a la expropiación
- Pastrana ocultó que UGT-Andalucía participó en el cobro de los ERE a través de su Fundación Socio Laboral
- La Consejera Cortés debe 467 millones a los bancos a los que quiere expropiar viviendas
- La firma de la consejera Aguayo aparece en una ayuda a un imputado en los ERE
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Un mal camino: no se renuncia ni a violencia ni a la expropiación
- Jueves, 11 de Abril de 2013 06:41
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España lleva un mal camino que recuerda a otro ya recorrido en su historia. Cuando creíamos que se habían superado las dos Españas y que la democracia nos civilizaría, salta de nuevo a la calle el instinto totalitario de una izquierda que sigue sin comprender que sin libertad jamás habrá justicia y que la convivencia exige tolerancia, respeto y acatamiento del orden constitucional y no violencia, ni acosos, ni aterrorizar al adversario. Por ello hacemos nuestro el editorial de hoy de Libertad Digital: "La demagogia, la justificación de la violencia y el colectivismo son rasgos característicos de todo totalitarismo, muy especialmente del llamado socialismo real. El PSOE, lejos de contener esas pulsiones, está volviendo a darles rienda suelta, esta vez con ocasión de los desahucios de viviendas. Con la excepción de Felipe González, que lo ha hecho con la boca pequeña, no hay un solo dirigente socialista que haya condenado los acosos e intimidaciones que están sufriendo, un día sí y otro también, los políticos del PP y sus familiares por parte de esos terroristas callejeros que dicen oponerse a los desahucios. Además, la dirección nacional del PSOE, lejos de desmarcarse, acaba de respaldar al Gobierno socialcomunista que preside José Antonio Griñan en Andalucía por presentar un decreto que permitirá la expropiación "temporal" de los pisos de bancos e inmobiliarias en procesos de desahucio.
La consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés –miembro del Comité Central del Partido Comunista andaluz–, es la misma que afirmó que participaría en escraches si no ostentara cargo público; la misma –por cierto– que ha aprobado desde mayo de 2012 más de un centenar de desahucios.
En cualquier caso, y al margen de la hipocresía del PSOE y de la llamada Plataforma Antideshacucios, que no elevaron protesta alguna contra los que se produjeron en tiempos de Zapatero, las expropiaciones que propone la Junta son un acto de demagogia y un atentado contra la propiedad privada que, lejos de remediar el problema, sumirían a España en la inseguridad jurídica y disuadirían la concesión de créditos hipotecarios, y hasta podrían dinamitar el mercado del alquiler.
Aunque, dada su radical inconstitucionalidad, no tenga visos de prosperar, el Gobierno no debe perder un minuto, para que no entre en vigor en Andalucía. Y, sobre todo, debe poner fin a la impunidad de la que gozan los que incitan y practican el acoso contra los miembros del Partido Popular. La solución no puede reducirse a poner cordones policiales en las viviendas de los políticos, sino que se ha de castigar este comportamiento delictivo, que nada tiene que ver con el derecho a la manifestación.
En cuanto al PSOE, no hace falta que su vicesecretaria General, Elena Valenciano, diga: "Si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea". Ciertamente, la hay, y de un tipo que no existe en el resto de Europa. Una izquierda que parece añorar a la que imperaba al otro lado del Muro de Berlín."
Pastrana ocultó que UGT-Andalucía participó en el cobro de los ERE a través de su Fundación Socio Laboral
- Jueves, 11 de Abril de 2013 08:12
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El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, afirmó en su blog textualmente lo siguiente: "UGT Andalucía no ha recibido ni un céntimo que tenga que ver con los EREs. Ni legal ni ilegalmente. Ni directa ni indirectamente. Y eso es una realidad que yo, como Secretario General de UGT Andalucía, no me cansaré de repetir." De hecho, Pastrana trató de desviar la atención de las gestiones de los ERE hacia UGT España y las Federaciones nacionales. Recuérdese que UGT está en un proceso congresual y que tal afirmación debilitaba la posición de Cándido Méndez. Sin embargo, Pastrana ha ocultado el papel de la Fundación Socio Laboral de Andalucía, que engloba los servicios jurídicos de UGT Andalucía, que sí ha intervenido en los ERE y cobrado por ello.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1150/2012 de 29 de marzo se dice textualmente que "UGT-Andalucía, constituyó la Fundación Socio Laboral de Andalucía para una mejor prestación de ese Servicio (asesorara jurídicamente a sus afiliados); esta entidad integró a parte del personal jurídico que antes realizaba esa misma labor en UGT, efectúa su actividad en los mismos locales que antes; la Fundación siguió la tramitación de asuntos pendientes judiciales o administrativos existentes y mantuvo su relación con clientes anteriores; su Patronato directivo está formado por los Secretarios Generales Sectoriales Regionales de Andalucía."
Dicho de otro modo, la Fundación es un organismo de la UGT de Andalucía y en su patronato están todos los dirigentes de la UGT Andalucía, incluído el propio Pastrana.
Aunque la Fundación dice no tener ánimo de lucro, cobra los servicios que presta. Lo dice textualmente: "Las afiliadas y afiliados a UGT acceden a los servicios de la Fundación con bonificaciones en las tarifas publicadas. Los servicios pueden llegar a ser gratuitos dependiendo de la antigüedad en la afiliación al Sindicato. Las bonificaciones pueden estar entre el 20 % para una antigüedad superior a un año, hasta el 100 % para antigüedad superior a 8 años. Las personas no afiliadas al Sindicato también pueden solicitar los servicios de la Fundación con aplicación de las tarifas vigentes en cada momento."
Los ERE andaluces y la Fundación Socio Laboral de Andalucía
Que la Fundación interviene en los ERE que se producen en Andalucía es un hecho demostrable que aparece reflejado en los documentos de UGT Andalucía. En el acta del VI Comité Ordinario de Metal, Construcción y Afines, Federación de Industria, de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, se dice textualmente: "“El VI Comité de MCA-UGT Andalucía ha valorado la gestión de la Fundación Socio Laboral de Andalucía en este año por los buenos resultados obtenidos en la negociación de EREs de afiliados y trabajadores de nuestros sectores. No obstante, se pide un pequeño esfuerzo para mantener la calidad de los servicios hacia el usuario con una mayor sensibilidad, si abe, hacia su caso personal."
La Consejera Cortés debe 467 millones a los bancos a los que quiere expropiar viviendas
- Jueves, 11 de Abril de 2013 06:55
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La Empresa de Suelo de Andalucía (EPSA), que deoende de la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés, debe 467 millones de euros a las entidades financieras a las que puede expropiar las viviendas vacías según el Decreto que acaba de publicarse. El dato está recogido del último Informe Anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial de la Junta andaluza, correspondiente al ejercicio 2011,, que destaca La Razón. Los entes públicos dependientes de la Junta, a corto y largo plazo, deben a los bancos y cajas 1.148 millones de euros en 2011.
Según ese documento, EPSA formalizó durante ese año «3 pólizas de crédito y 22 préstamos hipotecarios en virtud de la autorización presupuestaria». Recoge el informe que el importe formalizado durante ese ejercicio fue de 188,07 millones de euros. A la finalización de 2011, «EPSA mantenía 212 operaciones vigentes, de las cuales 11 de ellas eran pólizas de crédito con un saldo vivo de 200,40 millones de euros y el resto, 201 préstamos hipotecarios registraban un saldo vivo de 267,37 millones para un total de 467,77 millones de euros». El dinero estaba destinado a actividades de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Aunque es más que discutible la costumbre de endeudar a EPSA para financiar actividades propias de la Consejería de Fomento y Vivienda, IU la ha mantenido a su llegada al gobierno andaluz. Por ello, puede darse el caso de que el bipartito andaluz trate de formalizar un crédito con un banco que le podría servir para pagar las «expropiaciones del uso» de aquellas viviendas que queden reguladas en el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda aprobado el martes y que entra en vigor mañana.
Además, hay que señalar que la misma Junta de Andalucía fue la suspendió las ayudas de viviendas en 2011 y que tuvo que reconocer el fracaso del último Plan Concertado de Vivienda 2008-2012. Que la Junta tiene poca credibilidad en política de vivienda lo evidencian los compromisos incumplidos de la Ley del Derecho a la Vivienda, el impago de las ayudas de alquiler a más de 12.000 inquilinos o la supresión de la ayudas de 6.000 euros a propietarios para que pusieran sus viviendas en alquiler. Por si fuera poco, el discurso "antibancos" del Decreto de Expropiación aprobado contrasta con la realidad de que “la mayor partida de la empresa de vivienda de la Junta en 2013 será los 35 millones de euros que pagará a los bancos”, como ha recordado el portavoz del PP en el parlamento andaluz, Carlos Rojas.
90.000 viviendas públicas en stock
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz y portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, reclamó el pasado 18 de marzo a la consejera de Fomento, Elena Cortés, la puesta en marcha de un Fondo Autonómico de Viviendas Sociales en Andalucía –similar al que está desarrollando el Gobierno de la Nación- para gestionar el stock de viviendas sin habitar de promotores públicos; así como la modificación de la legislación autonómica para facilitar el acceso a la vivienda a través de nuevas fórmulas como el alquiler compartido o las viviendas tuteladas. El objetivo es hacer “realmente accesible” la vivienda en esta situación de crisis a través de una “respuesta social”.
La vicesecretaria del PP andaluz dijo que este fondo de viviendas debe basarse en un acuerdo con el Tercer Sector y las entidades bancarias. Calificó de “fracaso” la “foto” que retrató el compromiso de financiación de 9.550 millones de euros para un Plan de Vivienda que firmaron Chaves y Griñán con los bancos, y que finalmente ha quedado reducido a 700 millones.
Alicia Martínez explicó que en Andalucía hay un stock de vivienda de segunda mano así como de nueva construcción sin habitar, que en el caso de los promotores públicos (Empresa Pública de Suelo, Ayuntamientos y Diputaciones) cifró en 90.000, y cuya compra no llega a adjudicarse por las dificultades de los demandantes para acceder a una hipoteca.
Por ello, reclamó a la consejera que modifique la ley de vivienda protegida y la ley de derecho a la vivienda para que sea “realmente accesible”. Así, propuso flexibilizar las condiciones de acceso o modificar su régimen hacia otras fórmulas como el alquiler; el alquiler con opción a compra, alquileres compartidos para jóvenes, o viviendas tuteladas para mayores; así como para realojo de familias desahuciadas o víctimas de de situaciones de emergencia como inundaciones.
Los impagos de la Junta, agravan los problemas
Desde que estamos en crisis han cerrado unas 500.000 empresas en todo el país. Una tercera parte lo hizo por el problema de la morosidad. Si el negocio agroalimentario y el clínico son los que mejor cobran, la construcción es el sector en el que más tarde se documentan los cobros. Andalucía, junto a Madrid, son las comunidades que peor pagan, con una media de 119 y 120 días de retraso, respectivamente, en el sector privado, con indicadores muy similares en las administraciones. Son datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Andalucía presente un alto índice de morosidad, «algo bastante tradicional» y sólo hay una comunidad en la que se esté cumpliendo la ley de pagos de forma estricta: Navarra.
La patronal de la construcción andaluza, Gaesco, denuncia que en Andalucía «la Ley de Morosidad ha tenido el efecto contrario» y en vez de aflorar las deudas de la obra ejecutada «ha dado lugar a una presión sobre los técnicos para que no documenten las obras que están realmente hechas y de esa forma no se consoliden como deuda para el futuro. Los empresarios siempre hemos reclamado los planes de pago que en los municipios han funcionado, pero en el de la comunidad autónoma andaluza siempre está habiendo sectores que quedan fuera, especialmente castigado es el de la construcción».
«Aquí la voracidad de la Junta de Andalucía respecto a los recursos del sector es inaudita. Hemos encontrado casos en la asociación en los que el ministerio tenía que abonar al promotor una determinada subvención. Se la ha remitido a la Junta para que se la entregue y ésta la retiene" se ha denunciado por Gaesco.
«Lo que pasa en Andalucía no pasa en ningún otro sitio. Que la Junta no te pague las subvenciones que se compromete a otorgar a través de un plan de vivienda y que sin pagar las subvenciones el promotor no pueda vender la vivienda y encima sancione al promotor por no poder pagar la vivienda. No creo que esto ocurra en ningún sitio de Europa», se añadió.
El nuevo Decreto es un engaño
Para el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, el decreto que verá hoy la luz es «la culminación de una política errática y engañosa de la Junta en materia de vivienda», que «ayer mismo nos jaleaba para construir VPO».
De igual forma, para Rus se trata de buscar «titulares fáciles sin contenido legal» porque «en Gaesco hay promotores que llevan uno y dos años con compradores que tienen la entrada dada y lo que no hay es financiación. Las viviendas vacías están en la costa. Expropiar es ridículo y lo que falta es una política de vivienda real».
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La firma de la consejera Aguayo aparece en una ayuda a un imputado en los ERE
- Miércoles, 10 de Abril de 2013 09:07
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El imputado en cuestión es nada menos que Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, hermano de quien fue presidente de la Junta, "Pepote" Rodríguez de la Borbolla. Y la firma de Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administración Pública, y mano derecha de Griñán desde sus tiempos de Consejero de Hacienda, aparece en una orden en la que se acordaba la enajenación directa al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de una parcela que finalmente obtuvo "gratis" Rodríguez de la Borbolla para montar un negocioque nunca existió. A continuación, Francisco Javier Guerrero le concedió la subvención justa para comprar la parcela al precio que fijó la Junta..
Según Juan Bueno, presidente del PP de Sevilla que es quien ha presentado la denuncia pública, el 21 de abril de 2004, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas suscribió un convenio con tres empresas de Rodríguez de la Borbolla –Electron Service Line, Uprasa Inversiones y Enoworld– para asegurar unos terrenos. El Consistorio pondría a disposición el emplazamiento para la planta de corcho a coste cero. La operación se financió con cargo a la ya famosa partida 31L. Según los datos aportados por Bueno, el 18 de mayo de 2005, Martínez Aguayo firmó una orden en la que se acordaba la enajenación directa al ayuntamiento de una parcela – terrenos de El Carbonal, propiedad del Gobierno andaluz y adscritos a la Dirección General de Patrimonio – al Ayuntamiento por la cantidad de 222.256 euros y ese mismo día el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, concedió una ayuda por la misma cantidad. El objetivo: la implantación del «mayor ionizador de España» en una zona con «alta tasa de desempleo».
«Si quedaba alguna duda sobre el conocimiento por parte del Gobierno andaluz y el uso de forma fraudulenta de los fondos, ellos mismos nos la aclaran»: en 2007, Guerrero firmó un convenio con la agencia IDEA en el que confirma que toda esta operación estaba «consensuada», sentenció Bueno.
Según el presidente sevillano del PP, esta operación "redonda" permitió a Rodríguez de la Borbolla obtener «gratis» los terrenos de la Junta. Y como colofón, este «regalo» de los terrenos a Rodríguez de la Borbolla «no se habría llevado a cabo sin la ayuda del 'fondo de reptiles' que organizaba Guerrero y sin la firma del consejero Griñán o, en su caso, la viceconsejera», que es como fue el caso.
La consejera Aguayo anunció que demandaría al dirigente popular, pero ha mostrado la documentación que «deja clara la vinculación con el entramado de la entonces viceconsejera». Y además se preguntó cómo era posible que la misma Consejera que señala con el dedo a dos ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía como responsables del escándalo y el fraude de los ERE y las ayudas ilegales, no se vea a sí misma como responsable.
La Junta impulsó la imputación de Rodriguez de la Borbolla
En marzo de 2012, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un "entramado" de empresas "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud"9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
En el auto la juez Mercedes Alaya imputaba también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, quienes "a través de un entramado de empresas" ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla "y valiéndose de sus contactos personales con la Junta" obtuvieron de la Consejería de Empleo ayudas por valor de 29.074.760,26 euros.
Peor fue la propia Junta de Andalucía pidió a la juez el pasado mes de octubre –solicitud que fue reiterada en enero– que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, a alguna de las cuales la Junta incluye en una "presunta trama de empresas vinculadas", que ascenderían a 18 empresas, y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros, según informó en su día la consejera de Presidencia, Mar Moreno.
El País calificó como "giro de timón" esta actitud de la Junta de Andalucía todavía inexplicable que pareció recordar viejas luchas intestinas porque era la primera vez que la Junta solicitaba la imputación de los empresarios beneficiados por el fondo para empresas en crisis que contó con 647 millones. La participación de la Consejera Aguayo en la operación añade más perplejidad al caso.
El caso de Ángel Rodríguez de la Borbolla
Fue denunciado por el entonces secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en octubre de 2011. Libertad Digital, un año antes, en su Tela de Araña publicó "Ángel Rodríguez de la Borbolla y el enigma de las subvenciones desaparecidas, VII". Según el PP andaluz, José Antonio Viera orquestó una operación de ingeniería financiera que otorgó ayudas de 9,3 millones del fondo de reptiles que se repartieron entre cuatro empresas.
Dos de ellas pertenecían al ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán. La operación consistió en la permuta de terrenos vendidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, gobernado por el PSOE, que fueron a parar al ex alcalde de la Borbolla. Según el PP, se trataba de nuevo de ayudas falsas, que se repartieron sin control a empresas que supuestamente debían crear empleo y que luego desaparecieron.
Se trataba de dos empresas relacionadas con la industria del corcho, Corchos de Cazalla y Corchos y Tapones de Andalucía (CORTANSA), que se fusionaron tras recibir 1,2 millones de euros cada una en julio de 2001, sólo unos días después de que se creara el conocido como 'fondo de reptiles'. Posteriormente, en febrero de 2004, estas mismas empresas recibieron dos subvenciones de 600.000 euros cada una. Estas últimas aparecen un acta del Consejo Rector del IFA firmada por el propio Viera. Además, Cortansa recibió en febrero de 2006 una nueva ayuda por valor de 1,2 millones de euros.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas adquirió parte de unos terrenos de una Antigua Fábrica Cementera que el Estado cedió a la Junta en 1991. Curiosamente, esos terrenos del Ayuntamiento fueron adquiridos por dos empresas propiedad del exalcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla, a quien la compra le salió gratis, ya que el dinero, 250.000 euros, le fue devuelto en forma de subvención por el Consistorio quien a su vez fue "compensado" por la Junta con otra subvención por el mismo importe procedente del 'fondo de reptiles'.
Las empresas propiedad de Rodríguez de la Borbolla son Enoworld y Eserline SL. Enorworld recibió 1,2 millones de euros en octubre de 2005 a través de un convenio con la Dirección General de Trabajo; Eserline, por su parte, recibió una ayuda económica a fondo perdido de 2.764.821 euros y 600.000 euros a través de IDEA para un proyecto de ionización del corcho que finalmente nunca llegó a ver la luz.
Parte de los terrenos que estas empresas adquirieron del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas se cedieron en febrero de 2006 a Cortansa. Para Sanz, se trataba de un "monumental escándalo de operaciones de ingeniería financiera" con la colaboración del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que es la que otorgaba las ayudas con la firma de Viera. "Golfería política sin precedentes" apostilló finalmente Sanz que se mostró dispuesto a "darle toda la información a Alfonso Guerra", cabeza de lista por Sevilla, quien conminó a que se devolviera todo el dinero robado a las administraciones.
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