El déficit le cuesta a los andaluces 6,3 millones diariamente, según los populares.
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El interés de la deuda se duplica desde 2008 y asfixia a las arcas públicas
El déficit le cuesta a los andaluces 6,3 millones diariamente, según los populares
La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ayer en Sevilla
6 Septiembre 12 - - Juan Diego Márquez
Sevilla- «No nos sale gratis la estrategia de confrontación que desde el Gobierno andaluz se está llevando a cabo con el Gobierno central». Así de tajante se mostró ayer la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, a la hora de reclamar «responsabilidad, transparencia y rigor» a la Junta en relación a sus cuentas públicas. Y tal aseveración la apoyó con un dato revelador: el mantenimiento de la deuda de la comunidad autónoma le cuesta diariamente a los andaluces 6,3 millones de euros en concepto de pagos de amortización e intereses, cantidad «a la que habría que sumar los intereses de demora». Una cifra que supone el doble de la registrada en 2008.
Corredera subrayó que «con maquillaje y declaraciones contradictorias no se arregla la situación», en referencia a las últimas valoraciones realizadas por el vicepresidente, Diego Valderas, y la consejera de Presidencia, Susana Díaz. Por tal motivo, la dirigente popular exigió que «se asuman responsabilidades» dentro del Ejecutivo de José Antonio Griñán y la elaboración de un «plan de ajuste serio» para evitar tal «irresponsabilidad».
Ante este panorama, Corredera instó al Gobierno andaluz a explicar «la verdad» sobre las cuentas públicas y su «agujero» financiero, así como las medidas que se deberán tomar «a corto, medio y largo plazo» para sanear la economía de la Administración autonómica. Y enmarcó tales aclaraciones en un escenario concreto: el debate que tendrá lugar el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, donde se analizará el plan de ajuste económico-financiero.
A su juicio, la situación financiera de la Junta se ha convertido en un «espectáculo por fascículos». El primero de esos capítulos fue cuando Griñán aseguró en la Cámara autonómica que el déficit de la región no superaría el 1,4 por ciento «y 48 horas después la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo lo negó y triplicó la cifra». Otro episodio fue cuando Andalucía se acogió al Plan de Pago a Proveedores, del que recibió un total de 2.700 millones de euros. A esta cantidad se sumaron otros 600, provenientes del Fondo ICO. Según Corredera, «para tratarse de un gobierno enemigo lleva desde noviembre salvándole los muebles a Andalucía», aseveró.
El «serial», tal y como apuntó, continuó este verano, cuando Valderas y Díaz aseguraron el pasado mes de julio que Andalucía no iba a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En concreto, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz defendió que la comunidad autónoma tenía «un diferencial amplio de solvencia» respecto a otras regiones del país. De su lado, la consejera de Presidencia dijo que el fondo, cifrado en 18.000 millones de euros, era un instrumento que no compartían.
Ante estas declaraciones, «¿por qué no contaron que habían pedido un anticipo al Gobierno?», se preguntó Corredera. En este punto, recordó que desde el propio Ministerio de Economía se desmintió recientemente haber negado ningún anticipo solicitado por la Junta, tal y como denunció públicamente Griñán.
Corredera subrayó que «con maquillaje y declaraciones contradictorias no se arregla la situación», en referencia a las últimas valoraciones realizadas por el vicepresidente, Diego Valderas, y la consejera de Presidencia, Susana Díaz. Por tal motivo, la dirigente popular exigió que «se asuman responsabilidades» dentro del Ejecutivo de José Antonio Griñán y la elaboración de un «plan de ajuste serio» para evitar tal «irresponsabilidad».
Ante este panorama, Corredera instó al Gobierno andaluz a explicar «la verdad» sobre las cuentas públicas y su «agujero» financiero, así como las medidas que se deberán tomar «a corto, medio y largo plazo» para sanear la economía de la Administración autonómica. Y enmarcó tales aclaraciones en un escenario concreto: el debate que tendrá lugar el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, donde se analizará el plan de ajuste económico-financiero.
A su juicio, la situación financiera de la Junta se ha convertido en un «espectáculo por fascículos». El primero de esos capítulos fue cuando Griñán aseguró en la Cámara autonómica que el déficit de la región no superaría el 1,4 por ciento «y 48 horas después la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo lo negó y triplicó la cifra». Otro episodio fue cuando Andalucía se acogió al Plan de Pago a Proveedores, del que recibió un total de 2.700 millones de euros. A esta cantidad se sumaron otros 600, provenientes del Fondo ICO. Según Corredera, «para tratarse de un gobierno enemigo lleva desde noviembre salvándole los muebles a Andalucía», aseveró.
El «serial», tal y como apuntó, continuó este verano, cuando Valderas y Díaz aseguraron el pasado mes de julio que Andalucía no iba a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En concreto, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz defendió que la comunidad autónoma tenía «un diferencial amplio de solvencia» respecto a otras regiones del país. De su lado, la consejera de Presidencia dijo que el fondo, cifrado en 18.000 millones de euros, era un instrumento que no compartían.
Ante estas declaraciones, «¿por qué no contaron que habían pedido un anticipo al Gobierno?», se preguntó Corredera. En este punto, recordó que desde el propio Ministerio de Economía se desmintió recientemente haber negado ningún anticipo solicitado por la Junta, tal y como denunció públicamente Griñán.
Anticipo
«¿Mentían antes o lo hacen ahora?», insistió, al tiempo que criticó las contradicciones en torno al anticipo solicitado, ya que, de un lado, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Álvarez de la Chica, aseguró que no sabía el destino de la cantidad y Valderas remarcó que «iría para los ayuntamientos y las ONG».
Sobre la posibilidad de alguna contrapartida política a la hora de acogerse al fondo de liquidez, Corredera defendió que el Gobierno central «ha habilitado este mecanismo para las comunidades autónomas con problemas económicos», por lo que descartó cualquier compensación entre las condiciones fijadas. No obstante, apuntó que «lo único que obliga» es el cumplimiento del déficit.
Sobre la posibilidad de alguna contrapartida política a la hora de acogerse al fondo de liquidez, Corredera defendió que el Gobierno central «ha habilitado este mecanismo para las comunidades autónomas con problemas económicos», por lo que descartó cualquier compensación entre las condiciones fijadas. No obstante, apuntó que «lo único que obliga» es el cumplimiento del déficit.
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