Otro palo a la Junta por las agencias
Gracias Espa y compañeros...
ABC. El TSJA ve ilegal que una agencia de la Junta dé subvenciones.
EL PAIS: El TSJA sostiene que una agencia pública no puede dar subvenciones
EL MUNDO PDF: EL MUNDO 13-5-2011.pdf
- El TSJA falla contra la Junta por delegar en una empresa pública el reparto de ayudas.
- Avalancha de recursos contra las Agencias.
- La Fiscalia anticorrupción tramita la denuncia de técnicos municipañes contra la Alcaldesa de Jeres. Acusan a Pilar Sánchez de prevaricación por el retraso en el pago de nominas.
El TSJA ve ilegal que una agencia de la Junta dé subvenciones
Nuevo fallo del alto tribunal contra estos entes por ejercer competencias exclusivas de los funcionarios
j. morillo / sevilla
Día 13/05/2011 - 01.36h
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a anular una orden de la Junta en la que trataba de externalizar hacia sus agencias competencias que sólo pueden desarrollar los funcionarios. En concreto, la sentencia anula, por considerarla ilegal, una orden de la Consejería de Cultura, recurrida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) que delegaba la competencia de otorgar subvenciones a la antigua Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc) y actual Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. El fallo se une al dictado por el alto tribunal el pasado marzo, que anulaba los estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía por razones similares, las mismas que los sindicatos de funcionarios blandieron en contra la reordenación del sector público, también conocido como del decreto del «enchufismo».
La sentencia anula la orden de 16 de marzo de 2010 de la Consejería de Cultura que delegaba la competencia de otorgar subvenciones a la actual Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, al estimar que una agencia no puede realizar esta función por conllevar potestades públicas que deben ser ejercidas, según marca la Ley, por funcionarios y no por el personal del ente instrumental.
El TSJA argumenta también que el personal de este ente «no es personal funcionario según sus estatutos y se rige por el derecho laboral, incluido el director gerente». Sin embargo, añade «la orden impugnada atribuye a este personal laboral la tramitación y resolución de los procedimientos de subvenciones regulados por el derecho administrativo, que requieren el ejercicio de potestades públicas».
Desde el Safja se valora que el fallo, que es anterior a la reordenación del sector público, da la razón a los funcionarios en su protesta contra el decreto del «enchufismo», al afirmar que una agencia pública empresarial no puede realizar funciones que están reservadas en exclusiva a funcionarios. De hecho, este sindicato señala que el TSJA «nombra a la empresa pública como agencia» en su fallo y «hace un análisis por adelantado de la vulneración legislativa que supone la Ley 1/2011 y que incumple, señala el Safja, la Ley 9/2007, «incluso en el contenido de las propias agencias» y un numeroso articulado de las leyes que rigen la función pública.
Este fallo es el segundo revés que sufren las agencias de la Junta, ya que, también a instancia de un recurso del Safja, el TSJA anuló los estatutos de la Agencia Tributaria Andaluza, por, entre otras razones, la «contratación de directivos directamente de la calle con contratos laborales de alta dirección para realizar funciones que por Ley están reservadas a los funcionarios». Estas dos razones del alto tribunal son, entre otras muchas, las que llevaron a los funcionarios a oponerse al decreto del «enchufismo», mediante el cual la Junta ha hecho fijos en la administración a 20.000 trabajadores de empresas públicas y fundaciones.
En ese sentido, Safja recuerda que las agencias «suponen la entrada por la puerta de atrás a la administración de miles de enchufados». Por ello, Safja ha recurrido los protocolos de integración de las agencias y su suspensión cautelar, así como los estatutos de las agencias.
La sentencia anula la orden de 16 de marzo de 2010 de la Consejería de Cultura que delegaba la competencia de otorgar subvenciones a la actual Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, al estimar que una agencia no puede realizar esta función por conllevar potestades públicas que deben ser ejercidas, según marca la Ley, por funcionarios y no por el personal del ente instrumental.
En contra de los estatutos
Como señala el fallo, el ejercicio de otorgar subvenciones «requiere de potestades administrativas para tramitar y resolver el procedimiento y, en su caso, imponer sanciones y obtener el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas». Además, añade que «es innegable la competencia de la Consejería para otorgar subvenciones, pero esta no podía ser delegada en la Epgpc mediante una orden» que delega esa función «sin motivación y en contra de los estatutos que no contemplan que una Agencia tenga atribuida la función de conceder subvenciones ni ejercer potestades administrativas». Por ello, el alto tribunal concluye declarando «la nulidad de la orden».El TSJA argumenta también que el personal de este ente «no es personal funcionario según sus estatutos y se rige por el derecho laboral, incluido el director gerente». Sin embargo, añade «la orden impugnada atribuye a este personal laboral la tramitación y resolución de los procedimientos de subvenciones regulados por el derecho administrativo, que requieren el ejercicio de potestades públicas».
Desde el Safja se valora que el fallo, que es anterior a la reordenación del sector público, da la razón a los funcionarios en su protesta contra el decreto del «enchufismo», al afirmar que una agencia pública empresarial no puede realizar funciones que están reservadas en exclusiva a funcionarios. De hecho, este sindicato señala que el TSJA «nombra a la empresa pública como agencia» en su fallo y «hace un análisis por adelantado de la vulneración legislativa que supone la Ley 1/2011 y que incumple, señala el Safja, la Ley 9/2007, «incluso en el contenido de las propias agencias» y un numeroso articulado de las leyes que rigen la función pública.
Este fallo es el segundo revés que sufren las agencias de la Junta, ya que, también a instancia de un recurso del Safja, el TSJA anuló los estatutos de la Agencia Tributaria Andaluza, por, entre otras razones, la «contratación de directivos directamente de la calle con contratos laborales de alta dirección para realizar funciones que por Ley están reservadas a los funcionarios». Estas dos razones del alto tribunal son, entre otras muchas, las que llevaron a los funcionarios a oponerse al decreto del «enchufismo», mediante el cual la Junta ha hecho fijos en la administración a 20.000 trabajadores de empresas públicas y fundaciones.
En ese sentido, Safja recuerda que las agencias «suponen la entrada por la puerta de atrás a la administración de miles de enchufados». Por ello, Safja ha recurrido los protocolos de integración de las agencias y su suspensión cautelar, así como los estatutos de las agencias.
EL PAIS.
El TSJA sostiene que una agencia pública no puede dar subvenciones
JUAN MÉNDEZ - Sevilla - 13/05/2011
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El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) sigue cosechando sentencias favorables en contra de la reforma del sector público. Ayer, el Safja hizo pública una nueva sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Sevilla en la que se revoca una orden de la Consejería de Cultura que delegaba en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (actual Agencia Andaluza de Instituciones Culturales) la competencia para otorgar subvenciones.
El TSJA afirma que la empresa pública es "una agencia pública empresarial" que "no contempla" en sus estatutos "que pueda otorgar subvenciones", ni tampoco "la atribución de potestades administrativas". El fallo del TSJA, que no es firme, afirma que el personal y el gerente de la citada empresa "no es funcionario" y la orden recurrida le atribuye potestades que solo pueden ser desempeñadas por estos.
El Safja, en cambio, entiende que estos argumentos refuerzan sus recursos contra la polémica ley y los estatutos de las ocho nuevas agencias públicas. Asimismo, presentó el pasado miércoles otros ocho recursos contra los protocolos de integración del personal funcionario en las agencias, al tiempo que pidió la suspensión cautelar de los mismos.
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