Andalucía: calma chicha entre enchufados, chiringuitos y chorizos
- La situación política en Andalucía está en un compás de espera ante los posibles pactos en Madrid y la incidencia que podrían tener en la Junta.
- Los primeros informes estarán listos en la primera mitad del próximo año.
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Andalucía: calma chicha entre
enchufados, chiringuitos y chorizos
- La situación política en Andalucía está en un compás de espera ante los posibles pactos en Madrid y la incidencia que podrían tener en la Junta.
Es evidente que la pata
de Ciudadanos en la mesa del gobierno
andaluz "del cambio" ha quedado coja tras el batacazo electoral, pero, como ha sido
compensada por el crecimiento de Vox y PP, la calma, por ahora, es chicha. Pero
es sabido también que, después de toda calma, llega una tempestad. De momento,
el mapa de isobaras señala turbulencias en el PSOE de Susana Díaz, que no
cesan.
Juan Marín, cabeza visible de
Ciudadanos en Andalucía, ha descartado totalmente la propuesta de su compañero
de partido en Castilla León, Francisco Igea, de entregar los gobiernos
de Castilla León y Andalucía al PSOE a cambio de que Pedro Sánchez renuncie a un gobierno de
coalición con Podemos. Eso sí, insinuó que el PP debería meditar sobre una
abstención en caso necesario.
O sea, que el temporal
sigue en el PSOE. Políticamente, Susana Díaz no deja totalmente aclarado su apoyo al
gobierno de coalición, que
ella rechazó en 2016, y
el PSOE andaluz dice no tener dudas de que Pedro Sánchez recabará el apoyo de
los partidos constitucionalistas. Pero, ¿cabe ese apoyo para un gobierno ya
precipitadamente cohechado con Podemos y negociado con separatistas de todo
pelaje?
El
escándalo de la Faffe
Cuando aún se tienen que
determinar las nuevas comparecencias en la Comisión de Investigación de la
Faffe, si es que decide recibir las citaciones, de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz y María Jesús Montero,
entre otros, los datos sobre el enchufismo
en la Faffe son más que escandalosos, sencillamente vergonzosos.
Se ha sabido gracias
a El Mundo que el exalcalde de Lebrija, prohombre
socialista desde hace más de 30 años y uno de los 200 enchufados comprobados por la
Guardia Civil, Antonio Torres García no sólo cobró más de
medio millón de euros de la Faffe sin ir siquiera a trabajar ni tener mesa de
trabajo. Además, la fundación le pagó más de 1.000 euros como ayuda para que se
matriculara en un Máster de Experto Universitario en Comunicación Institucional
y Márketing Político. Y, por si fuera poco, se ha sabido que ha habido años,
por ejemplo 2010, en que cobró más dinero (72.000 euros) que el propio
presidente de la Junta. Nadie duda de que la Comisión de Investigación va a ser
una feria.
Torres García recibió el
dinero desde 2003, año inicial de la Faffe y tras dejar de ser alcalde de
Lebrija, hasta la disolución del Ente, y luego pasó con todos los empleados a ser empleado público de
la Junta de Andalucía, gracias a la reordenación organizada por el ex
presidente Griñán.
Un
chiringuito entre muchos
La Faffe era uno de los muchos chiringuitos que el PSOE erigió en la
Junta de Andalucía y donde llegaron
a trabajar más de 30.000 personas. Ayer, Juan Marín, vicepresidente de la
Junta, describió la tela de araña tejida
paralelamente desde los gobiernos socialistas.
Fíjense cómo ha sido
descrito el entramado: 278 chiringuitos
institucionales cada cual con su plantilla de personal que
nadie sabe cómo entró; sistemas de gestión bien diferentes en recursos humanos
(31); en asuntos económicos-financieros (38 sistemas distintos), salarios
desiguales para iguales puestos; 4.000
empleados contratados temporales en fraude de ley e incluso seguros de vida
y sanitarios privados incluidos en convenios que no tienen reconocidos los
funcionarios reglados de la Junta. Todo ello cuesta 1.200 millones de euros al año con más de 30 conflictos
laborales en los juzgados.
Juan Marín ha concluido
que hay que eliminar más de 40% de todo este
tinglado en
2020, al menos, dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades
mercantiles. Veremos.
La
Junta escondió pruebas
Por si fuera poco, sale a
la luz gracias a ABC que una de las pruebas claves que implicaba
a Gaspar Zarrías en el juicio de los ERE nunca llegó al tribunal porque la Junta gobernada
por Susana Díaz se cuidó muy mucho de que el documento no llegara a manos de
los magistrados encabezados por Juan
Antonio Calle que tienen que dictar la
sentencia.
El documento que nunca
llegó a facilitar la Junta es el convenio firmado el 2 de diciembre de 1999 por
Zarrías, que ni siquiera era el consejero de Empleo, convenio que anticipaba a la empresa Campocarne Andalucía
S.A., filial regional de Campofrío, una
subvención de 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas) para crear
empleo y reflotar Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), (Cárnicas Molina) la
fábrica de chorizos de Jaén donde tuvo su origen el caso ERE.
Días después, el
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego agencia IDEA, formalizó ante un
notario la concesión de un préstamo a Campocarne por importe de 5,83 millones
de euros (970 millones de pesetas) para comprar la fábrica de procesado de carne
Hamsa, operación autorizada por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel
Chaves.
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Las auditorías de
los entes paralelos de la Junta de Andalucía se dividen en 16 lotes
- Los primeros informes estarán listos en la primera mitad del próximo año.
«Proponíamos
un cambio y Andalucía quiere cambio y va a tener cambio», proclamó la noche del
2 de diciembre Juanma Moreno, pletórico porque las cuentas le salían para gobernar con
Ciudadanos y el apoyo de Vox. Está
a punto de cumplirse un año desde las autonómicas que acabaron con casi 37 años
de monopolio del PSOE y ahora le toca demostrar que, en efecto, el cambio ha
llegado a «esa máquina de enchufismo», como el candidato del PP-A llamó en la
campaña electoral a la «administración paralela» de la Junta.
Tras un
primer análisis a través de la Intervención General, el Gobierno andaluz está a
punto de aprobar en el Consejo de Gobierno el proceso de contratación de
consultoras privadas para realizar una auditoría que abarque la totalidad del sector público instrumental, que emplea a 25.930 personas.
Fuentes
del Ejecutivo avanzaron a ABC que las entidades que se van a analizar se han
agrupado en 16 lotes atendiendo a la actividad que realizan: servicios
sociales, comunicación, medio ambiente, educación, innovación o turismo. La intención es que las
auditorías, que se van a licitar en breve, se lleven a cabo a lo largo de 2020,
de
tal modo que los primeros análisis estén terminados en el primer semestre del
próximo año, al objeto de agilizar la toma de decisiones.
Doce
agencias públicas
A
finales de abril, la Junta desveló el resultado de doce agencias públicas
empresariales encomendadas a la Intervención General, un primer paso dado con
más precipitación que efectividad para cubrir el expediente de una promesa
electoral. El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos aborda ahora
una auditoría del conjunto de agencias, sociedades
mercantiles, fundaciones y consorcios públicos, cuya gestión ha estado rodeada
de opacidad. Su fiscalización constituye una de las principales condiciones que
ha puesto el grupo de Vox en el acuerdo firmado para desbloquear los
prespuestos de la Junta para 2020.
El
objetivo es simplificar la administración, adelgazar su estructura y eliminar
duplicidades. Los plazos de entrega de los informes de fiscalización serán
variables y dependerán del tamaño de cada ente instrumental, de tal manera que
el bipartito recibirá primero los de las entidades más pequeñas y
progresivamente el resto.
Tres
millones de euros
El
proceso de contratación de firmas privadas se realiza bajo la supervisión y
control de la Intervención General de la Junta y
se analizarán aspectos como su eficacia y economía, conforme a las normas de
auditoría del sector público. El presupuesto de la licitación supera
ligeramente los 3 millones de euros, incluyendo el IVA.
Desde
el Gobierno andaluz destacan que la Junta de Andalucía es la primera
administración pública española que realiza una radiografía tan profunda de
todo su sector instrumental. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde
conviven 3.467 empleados de variada procedencia y regulados con 14 convenios
colectivos diferentes, constituirá un único lote. También compondrán un solo
paquete la Agencia IDEA, epicentro de los distintos escándalos de corrupción de
los últimos años (caso ERE, Invercaria o
Avales), junto a la empresa pública Verificaciones Industriales
de Andalucía (Veiasa), que gestiona el servicio de inspección técnica de
todos los vehículos (ITV) en la comunidad autónoma.
De
los 16 lotes, una sola empresa se puede encargar de hasta cuatro. Por tanto, habrá
un mínimo de cuatro adjudicatarias y un máximo de 16.
Sus
resultados serán evaluados por un grupo de trabajo dependiente de la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en manos del
vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), que deberá tomar las decisiones a
partir de las recomendaciones recogidas en los informes.
La
primera auditoría de la Intervención General de la Junta, circunscrita a doce
agencias empresariales, se limitó a repetir los vicios administrativos que ha
puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en sus informes. Su
principal aportación fue cuantificar sus empleados: son 9.461, de los cuales sólo 498 son
funcionarios. De éstos, el 94%
trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Esta primera
fotografía del sector público desveló que no están bien delimitadas las
competencias que desarrollan las agencias y las consejerías a las que están
adscritas, lo que propicia duplicidades innecesarias.
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