La Junta archiva el expediente disciplinario al testigo protegido del fraude de los cursos + La destitución del secretario general de Igualdad en Málaga se produjo por sus «intereses partidistas» = Los procesos de acosos, que muchos conocemos por haberlos sufrido, cuentan con la figura de los "colaboradores necesarios", son personas que sirven de instrumento colateral, para hacerlo posible, cuando la victima se enfrenta al acosador, necesitan de terceros. La técnica utilizada en el caso de Teodoro Montes las conocemos todos los que hemos padecido los acosos. Atajar y evitar que se repitan estos comportamientos, no pasa ni por dar carpetazo a un expediente por jubilación a Teodoro Montes ni por destituir a al secretario general de Igualdad de Málaga, esto supone "la impunidad de los acosadores"; o lo que es lo mismo, se mira hacia otro lado sin proteger "de forma efectiva" a las víctimas, funcionarios neutrales al Servicio del interés general que son profesionales cuyo único objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y la legalidad de la actuación pública. Los hechos hablan y lo que es se ve: ¿Por que se permitió por la Junta y por los servicios jurídicos de la misma así como por los tribunales, el caso Matsa, con Paula Chaves; que el Sr. Chaves diera en el Consejo ayudas a la empresa donde está .trabajaba, aquí no opera las causa de abstención para la concesión de la subvención ...? ¿Y que pasa con la Sra. Bolaños y su cuñada en la Agencia IDEA, por que no interviene el Poder General del Poder judicial, tampoco está tiene la obligación de abstenerse del conocimiento del asunto.....? En Andalucía todo depende y ¿de que depende..? Que es lo que hay que hacer ¿cumplir la legalidad e impedir la impunidad o politizar los asuntos judiciales?. Conclusión: Historia enciclopédica del mundo al revés; ¿quienes denuncian las ilegalidades o protegen el interés público son perseguidos; mientras los políticos se van de rositas....?

Ante el acoso laboral, no  se puede mirar  hacia otro lado: basta de impunidad.

CORRUPCIÓN. La Junta archiva el expediente disciplinario al testigo protegido del fraude de los cursos

• Empleo da carpetazo al caso porque el funcionario ya se ha jubilado, pero el afectado exige una resolución que declare que no cometió irregularidad alguna

Formación. El testigo protegido del fraude de los cursos pide "amparo y justicia" al nuevoGobierno andaluz.

Tribunales. La Junta amenaza con seis años de suspensión al testigo protegido que denunció el fraudede los cursos

En un duro escrito de nueve páginas al que tuvo acceso este diario, el testigo protegido arremete contra la «defectuosa, parcial, sesgada e interesada instrucción» del expediente disciplinario abierto hace un año que ahora pretenden cerrar en un ejercicio que califica de «filibusterismo administrativo».

.....Por eso, el funcionario expone su «fortísimo interés» en que la Junta «entre en el fondo» del asunto y no le dé carpetazo porque se haya jubilado, algo «completamente denigrante y mancillador de mi carrera profesional». Confiesa sentirse «vejado por la Administración a la que dediqué más de 30 años, no sólo de mi carrera profesional, sino de mi espera personal» y «no puedo más que sentirme avergonzado ante tanta incompetencia y ausencia de ética y moralidad».

Mientras, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió a la Junta que se depuren responsabilidades por la incoación del expediente disciplinario a al testigo protegido en la causa sobre el presunto fraude de la formación.

Para el sindicato, el expediente se inició como parte del «acoso sistemático» sufrido durante años por este funcionario en la Junta. Años atrás, fue casi emparedado en la oficina de Empleo en la que trabajaba en Sevilla, donde le construyeron un tabique para aislarlo del resto. El TSJA condenó al Gobierno andaluz por acoso en 2012 por estos hechos.

JUNTA DE ANDALUCÍA. La destitución del secretario general de Igualdad en Málaga se produjo por sus «intereses partidistas»

• La consejera de Igualdad confirma que la situación con este cargo de libre designación era «gravísima»

La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, defendió este jueves en Málaga la destitución del secretario general provincial de Igualdad y Políticas Sociales, como adelantó este jueves ABC. Ruiz asegura que la situación en el área era «gravísima» y que se han encontrado «obstaculizaciones y bloqueos en las gestiones de los usuarios por intereses partidistas». La titular de Igualdad aseguró que existe varias denuncias de sindicatos que se han valorado.

Rocío Ruiz aseguró que, «después tantos años en un puesto de libre designación se obedece a intereses partidistas y sectarios». «Han patrimonializado ese puesto y no cumplían la función de servicio público con las transparencia e imparcialidad necesaria», aseguró la consejera.

Estas declaraciones van en consonancia con la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que denunció el 2 de abril que «durante 36 años de gobierno socialista, algunos funcionarios en puestos de libre designación, como parece que es el caso, han adquirido un sentido patrimonialista y sectario de la administración, obviando los deberes de todo funcionario público».

Más contundente era la denuncia formulada por CSIF el 4 de abril, cuando registró una carta en la que relataba «una situación hostigamiento a trabajadores y funcionarios tendente a su denigración laboral». Este sindicato alertaba de «violencia psicológica, como son críticas hirientes, la creación de rumores, críticas permanentes en el marco laboral o comentarios despectivos que causan estados de ansiedad». «Es un hostigamiento de años», remarcó CSIF en su denuncia, que veía «una clara intención de humillar».

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/13/5caf6724fc6c835e598b4572.html

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-destitucion-secretario-general-igualdad-malaga-produjo-intereses-partidistas-201904111653_noticia.html

CORRUPCIÓN

La Junta archiva el expediente disciplinario al testigo protegido del fraude de los cursos

• Empleo da carpetazo al caso porque el funcionario ya se ha jubilado, pero el afectado exige una resolución que declare que no cometió irregularidad alguna.

• Formación. El testigo protegido del fraude de los cursos pide "amparo y justicia" al nuevo Gobierno andaluz

· Tribunales. La Junta amenaza con seis años de suspensión al testigo protegido que denunció el fraude de los cursos

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos pretende archivar el expediente disciplinario que, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta, se abrió al funcionario declarado testigo protegido en la causa judicial sobre el presunto fraude de los cursos.

Este empleado público destapó ante la juez Alaya en 2014 y ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz -en 2016- el colosal fraude que había con las subvenciones para los cursos de formación concedidas por los sucesivos gobiernos socialistas, de las que se beneficiaron en mayor medida UGT, CCOO y la patronal CEA.

Con posterioridad, el 24 de abril de 2018, la Junta le abrió un expediente a este empleado público. Ahora, la instructora ha emitido una propuesta de resolución para que éste se archive, ya que el funcionario se jubiló el pasado 26 de febrero. Por lo tanto, hay una «imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas», ya que «ha pasado a la situación de jubilación», recoge el documento al que tuvo acceso EL MUNDO, fechado el pasado 12 de marzo.

Sin embargo, el testigo protegido no está conforme con esta decisión de archivar el expediente disciplinario con la única argumentación de su jubilación y pretende que la Administración entre en el fondo del asunto. Exige que se dicte una resolución en la que quede constancia de que, durante su etapa como jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (FPO), «no cometió irregularidad, ilicitud o infracción», por lo que «no procede imponer sanción alguna», recoge el escrito del pasado 4 de abril que el funcionario jubilado ha presentado ante la Delegación en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

En un duro escrito de nueve páginas al que tuvo acceso este diario, el testigo protegido arremete contra la «defectuosa, parcial, sesgada e interesada instrucción» del expediente disciplinario abierto hace un año que ahora pretenden cerrar en un ejercicio que califica de «filibusterismo administrativo».

Inicialmente, la Administración amenazó con hasta seis años de suspensión de funciones y el traslado forzoso de destino a este funcionario, a quien acusó de una «falta grave» por intervenir en un procedimiento administrativo cuando se da alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

El origen del expediente disciplinario es una denuncia contra este funcionario de Forem, un ente vinculado a CCOO. Precisamente este sindicato no salió muy bien parado de la declaración judicial del testigo protegido, que lo implicó en las irregularidades que había con las subvenciones para los cursos.

De hecho, CCOO intentó dos veces querellarse contra este funcionario, pero las juezas que investigaban el fraude de los cursos lo impidieron. Sin embargo, las quejas de este sindicato contra el testigo protegido sí encontraron acogida en la Junta, que abrió el citado expediente y lo apartó de todos los expedientes vinculados a CCOO.

El funcionario remarca que, desde que le informaron de la recusación planteada por Forem contra él, «no realicé intervención alguna». Por lo tanto, sería imposible que hubiera cometido la falta grave que inicialmente le achacaban.

Por eso, el funcionario expone su «fortísimo interés» en que la Junta «entre en el fondo» del asunto y no le dé carpetazo porque se haya jubilado, algo «completamente denigrante y mancillador de mi carrera profesional». Confiesa sentirse «vejado por la Administración a la que dediqué más de 30 años, no sólo de mi carrera profesional, sino de mi espera personal» y «no puedo más que sentirme avergonzado ante tanta incompetencia y ausencia de ética y moralidad».

ACOSO

Mientras, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió a la Junta que se depuren responsabilidades por la incoación del expediente disciplinario a al testigo protegido en la causa sobre el presunto fraude de la formación.

Para el sindicato, el expediente se inició como parte del «acoso sistemático» sufrido durante años por este funcionario en la Junta. Años atrás, fue casi emparedado en la oficina de Empleo en la que trabajaba en Sevilla, donde le construyeron un tabique para aislarlo del resto. El TSJA condenó al Gobierno andaluz por acoso en 2012 por estos hechos.