Administración paralela, un problema creado por los políticos sociolistos: sus resultados EL DESPILFARRO, LA CORRUPCIÓN Y ENCHUFISMO, que pagamos todos. No es un problema de eficiencia, sino de legitimidad de la actuación pública, base del Estado de Derecho.
EL PAPEL DE VOX ANTE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA, por Max Estrella.
Magnífica Pluma naranja, siempre gracias.
Sucede ahora -incluso de Despeñaperros para arriba, donde nada de aquí interesa más allá del folclore y la gracia andaluza- que todo el mundo se ha enterado de algo que algunos llevábamos ocho años gritando en las calles: Que el PSOE había creado en la Junta de Andalucía una mastodóntica administración paralela para colocar por la jeta a la clientela y eludir los controles legales sobre el manejo de los fondos públicos. Ahora todos los ‘telediarios’ hablan con absoluta normalidad de la administración paralela de la Junta. Ahora todos lo saben, hasta los perros.
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Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
Lo que, sin embargo, no explican es por qué y para qué se creó; cuánto ha costado y cuesta al contribuyente y para qué ha servido y a quién ha beneficiado. Y, sobre todo, cómo de las respuestas a estas cuestiones se deriva la necesidad de su eliminación, como labor prioritaria del nuevo gobierno.
Pues bien, dando respuesta sucinta a tales cuestiones (el lector que lo desee, puede leer una explicación más extensa en esta otra entrada: LA PERSONIFICACIÓN PÚBLICA DE LAS AGENCIAS, EL PILAR QUE SOSTIENE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA): la administración paralela se creó como una forma de “externalizar la gestión”; es decir, sacar la gestión fuera de los órganos de la Administración con la finalidad de eludir su sometimiento a la ley y a los controles y procedimientos que ésta impone para el manejo y disposición de los fondos públicos, para la contratación administrativa, para la contratación de personal, etc.
La administración paralela cuesta en la actualidad más de cinco mil millones de euros anuales (5.000.000.000) y ha costado, pues, al contribuyente, hasta la fecha, decenas de miles de millones de euros. ¿Para qué ha servido? obviamente, para lo que fue creada: eludir los controles legales sobre sus actos; o sea, para disponer de los fondos públicos sin control y para contratar arbitrariamente al personal. En suma: ha servido para generar corrupción: saqueo de los fondos públicos (Agencia Idea, Invercaria, Eres, Faffe, cursos de formación, cártel del fuego, etc., etc.,) y para colocar arbitrariamente, a dedo, y sin control alguno, a centenares de familiares de altos cargos, militantes destacados del partido, correligionarios y afines, así hasta 30.000. Y, obviamente, el beneficiario único de todo este tinglado ha sido el PSOE de Andalucía, que ha montado en torno a sí un régimen clientelar, sostenido con fondos públicos.
El punto de inflexión en todo este monstruoso montaje lo constituye, sin duda, la llamada ley del enchufismo. Con ella el régimen conseguía materializar un triple propósito:
1º. Poder atribuir a los entes instrumentales (desde ese momento entes de derecho público) el ejercicio de potestades administrativas, burlando así las sentencias de los tribunales. Pero, al mismo tiempo, reservándose astutamente el ‘privilegio’ de regirse por el derecho privado -según su particular gestión empresarial lo requiera, decía la Ley- y no someterse, pues, al derecho público. O sea,
2º. Poder eludir en su actuación el principio de legalidad y los procedimientos administrativos y controles que el derecho Administrativo impone en la gestión de los fondos públicos y la contratación de personal.
3º. Legitimar, más bien blanquear, el vínculo laboral espurio de los empleados de la administración paralela y blindar su relación laboral, mediante su integración en las Agencias, como empleados públicos de éstas. Y, probablemente, infiltrar una quinta columna en el corazón mismo de la Administración, ante un previsible escenario de pérdida del poder.
El desmantelamiento de la administración paralela requiere, pues, necesariamente, la reversión de la personificación de los entes instrumentales al estado anterior a la ley del enchufismo. Es decir, que las agencias empresariales y de régimen especial pasen de ser agencias públicas a entes -llámeseles agencias, si así les gusta más- sujetos exclusivamente al derecho privado, con todo su personal, que fue integrado en las mismas en virtud de la ley del enchufismo.
Luego, en una segunda fase, deberá analizarse si –privados del ejercicio de potestades públicas- el mantenimiento de estos entes es necesario o no para la satisfacción del interés general.
Y, para terminar, permítaseme una recomendación. Teniendo en cuenta que, por una parte, ha quedado acreditado ya, más que sobradamente, que Cs no tiene intención alguna de acabar con la administración paralela (publica en su página oficial la descarada mentira de que ya han liquidado casi un centenar de entes instrumentales), sino de encontrar la manera de volver al gobierno como mamporrero del régimen. Y, por otra parte, que existe un Acuerdo, firmado el 9 de enero de 2019, entre el PARTIDO POPULAR y VOX para posibilitar un gobierno del cambio, cuyo punto 6º establece: “Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela”, yo recomendaría a VOX la adopción de una de estas dos opciones:
1. Exigir al Partido Popular que –antes del 28A, para que los electores sepan a qué atenerse- inicie el correspondiente procedimiento para la supresión de la administración paralela.
2. Para el caso de que no suceda lo anterior, VOX debería dejar caer a un gobierno tramposo y mentiroso, que habría dado a los andaluces, no el deseado cambio, sino el cambiazo -el timo de la estampita, recortes de papel por billetes-, si no quiere hacerse cómplice de la estafa.
Cómo eliminar la administración paralela: advertencia a PP y Cs, por Luis Escribano.
En 2010, el nefasto Gobierno del PSOE, aprobó el Plan de Reordenación del Sector Público Andaluz mediante el polémico Decreto-Ley 5/2010, con el beneplácito de dos sindicatos colaboracionistas -UGT y CCOO-, y que constituyó el culmen de un proceso muy dañino por el que estamos pagando graves consecuencias desde hace años (corrupción y despilfarro, principalmente). Al detectarse numerosos motivos de inconstitucionalidad en la citada norma, tras sufrir algunas modificaciones acabó con la promulgación de la Ley 1/2011. Estos hechos provocaron las movilizaciones más numerosas que jamás se hayan visto en España de funcionarios públicos, dado que, entre otros efectos perversos, se alteraba gravemente el modelo de Administración pública establecido en nuestra Constitución de 1978.
.....Además, con arreglo a la Ley, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, nunca a personas contratadas laboralmente, dado que sus vinculaciones contractuales están sometidos al Derecho Privado (Laboral) .......
.......lo mismo le ha ocurrido a numerosos funcionarios cuando les quitaron sus funciones para dárselas al personal laboral de las Agencias empresariales y de régimen especial, o también al personal procedente de la FAFFE integrado en el SAE, por ejemplo, que están “mano sobre mano” (es decir, sin tareas), como han manifestado públicamente algunos sindicatos y políticos. .....
- Juanma Moreno anuncia el retraso sobre la fecha prevista y la anuncia para dentro de 27 días
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, confirmó este viernes el retraso en la entrega del informe de la auditoría que el Gobierno andaluz está realizando a doce entes instrumentales de la Administración autónoma creados durante el mandato socialista y que servirá para determinar su eficacia y decidir su continuidad.
Durante una entrevista a
esRadio, Moreno aseguró que el informe estará en 27 días, por lo que el mismo
se trataría en el Consejo
de Gobierno del 23 de abril, tres días antes
del cierre de campaña de las elecciones generales del 28-A.
El encargo que realizó el
Consejo de Gobierno el pasado 26 de enero a la Intervención General de la Junta
de Andalucía fijaba la entrega del «informe provisional» de la auditoría en un
plazo de 45 días desde la aprobación del Plan Financiero de la Junta; es decir,
desde el pasado 31 de enero. Por tanto, el informe debería haberse culminado el próximo 5 de abril,
contando solo días laborables, si bien el acuerdo del Consejo añadía que el
consejero de Hacienda podría ampliar el plazo «por causa justificada».
Fuentes del Gobierno
andaluz señalaron a ABC que el retraso se debe a las complicaciones que han encontrado dos consejerías
a la hora de acceder a los datos de sus agencias públicas empresariales.
En total se están
auditando las agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Obra
Pública, Educación, Energía, Innovación y Desarrollo, Puertos, Vivienda y
Rehabilitación, Conocimiento, Servicios Sociales y Dependencias, Medio Ambiente
y Agua, Institucionales Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Quedaron fuera de esta primera auditoría otras empresas públicas
empresariales sanitarias y la que gestiona la Radio y Televisión de Andalucía, que tendrán un
proceso de fiscalización específico.
A pesar del retraso, el
presidente Moreno comentó que aunque la auditoría no haya concluido, su
Gobierno ya cuenta con datos
muy importantes con los que están trabajando. «Vamos a clasificarlos, a
ponerlos en conocimiento de los medios de comunicación y a publicarlos en el
Portal de la Transparencia para que la gente vea el verdadero caos que había
durante los gobiernos socialistas», ha señalado.
Moreno, al ser preguntado
por cómo permitió la
Intervención tantos desajustes, dejó caer incluso que «el poder
omnipresente del PSOE ha condicionado a los propios funcionarios de la Junta,
habiendo hasta nombrado a funcionarios de acomodo», si bien aseguró que confía
en el cuerpo de interventores, a pesar de lo cual anunció la creación de un
cuerpo propio de interventores que accedan al cargo por «mérito y capacidad, y
no a dedo, como garantes de la transparencia en la administración».
- La Junta comunica el cese a ocho directores provinciales y 37 responsables de zona
En esta fundación
trabaja, como coordinadora de Diseño y Estrategia del CADE de Jaén, Irene Sabalete Ortega, la
exdelegada de Empleo de la Junta en Jaén que pidió a sus empleados que hicieran
campaña por el PSOE y «os quiero a todos en la
calle haciendo campaña por el PSOE». Son algunas de sus frases registradas
en una grabación en boca de Sabalete en vísperas de las elecciones autonómicas
de 2012, en las que las encuestas auguraban la derrota del PSOE.
El proceso de selección de buena parte del personal ha
sido cuestionado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En un informe que fiscalizaba a la fundación en
el ejercicio 2015, detectó que el 80 por ciento de la plantilla,
compuesta por casi mil trabajadores, fue
contratada incumpliendo los principios de mérito,
capacidad e idoneidad. Ocho de cada diez euros del
presupuesto anual que maneja la fundación se destinan a pagar nóminas.
ADMINISTRACIÓN PARALELA
DE LA JUNTA. Cesan 45 cargos directivos de la Fundación Andalucía
Emprende
- La empresa pública de la Junta reubica a los cesados y mantiene a sólo dos puestos de coordinación en cada provincia.
JUNTA DE ANDALUCÍA. Jesús Aguirre revela que hay «trabajadores fantasma» en la Consejería de Salud
- El consejero está investigando a personal que no acude a su puesto de trabajo y anuncia una Ley de Familias.
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha revelado que al llegar a la Consejería ha descubierto que hay «muchos trabajadores fantasma» de la época de los gobiernos socialistas, pero ha asegurado que los están buscando. Se trataría de personal que consta como contratado en departamentos de la Consejería pero que no acuden a su puesto de trabajo, señalaron fuente de la Consejería.
«Hay más de los que yo
esperaba, pero estamos trabajando en averiguar dónde están», ha dicho el
consejero de Sanidad durante su participación en los desayunos Socio-Sanitarios
organizados por Europa Press este viernes en Madrid.
Desde la Junta de
Andalucía no dan «de momento» más datos sobre el número de trabajadores que
podrían estar en situación irregular. La Consejería de Salud y Familias está
haciendo una auditoría de su personal, que supera los 100.000 trabajadores.
Asimismo, está analizando la Relación de Puestos de Trabajo para fijar las
necesidades laborales y la eficiencia de los puestos actuales. «La inmensa
mayoría de los empleados cumplen con eficiencia su cometido», señalaron las
mimas fuentes.
Ver recordatorios enlaces ya publicados:
Lo que es se ve, en el juicio del 1-0, hay que preservar el carácter neutral, impersonal y profesional evitando la colonización partidista y política de las instituciones. Para ello hay que proteger al personal profesional al servicio del interés general, funcionarios públicos integrados por las fuerzas de seguridad, militares, jueces, fiscales......sin estos la democracia es inviable. Ver enlaces del juicio 1-O, el contraste entre el testimonio de los políticos y los profesionales, lo evidencia todo. Es la razòn por la que hemos pedido al gobierno de Andalucía, que garantice la neutralidad de la Administración y la seguridad jurídica de los ciudadanos en las actuaciones públicas, mantener la Administración política y paralela, creada por el partido socialista perjudica a todos los ciudadanos.
TODOS SOMOS UNO.
Ver textos de los escritos con documentos adjuntos y con registro de entrada.
Ver documentos entregados en pdf con enlaces accesibles.
Doc. 1. Enlace documento pdf: Historia de la Ordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía: 9 años y 35 impugnaciones judiciales (incluye enlaces).
Doc. 2. Documento elaborado con motivo de la Sentencia 29-1-2019 Agencia IDEA. Amarga victoria, dulce derrota. Una visión libre y personal".
https://idolosyllanto.blogspot.com/2019/03/el-papel-de-vox-ante-la-administracion.html
http://www.eldemocrataliberal.com/2019/03/como-eliminar-la-administracion.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-publicara-auditoria-plena-campana-elecciones-generales-201903301143_noticia.html
http://www.eldemocrataliberal.com/2019/03/como-eliminar-la-administracion.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-publicara-auditoria-plena-campana-elecciones-generales-201903301143_noticia.html
martes, 19 de marzo de 2019
Vistas y oídas las numerosas declaraciones de cargos del nuevo Gobierno andaluz (PP y Cs) sobre la imposibilidad de eliminar la administración paralela por su elevado coste, o sobre posibles integraciones con su personal laboral de algunos entes instrumentales públicos (Agencias empresariales, Sociedades mercantiles y Fundaciones) en la Administración General de la Junta de Andalucía, incluidos los del ámbito sanitario, se me han puesto los pelos como escarpias. No sólo es posible eliminar legalmente los entes de la paralela, como explicaré a continuación, sino que deben hacerlo sí o sí, por el bien de todos los andaluces.
Modelo constitucional y antecedentes.
En 2010, el nefasto Gobierno del PSOE, aprobó el Plan de Reordenación del Sector Público Andaluz mediante el polémico Decreto-Ley 5/2010, con el beneplácito de dos sindicatos colaboracionistas -UGT y CCOO-, y que constituyó el culmen de un proceso muy dañino por el que estamos pagando graves consecuencias desde hace años (corrupción y despilfarro, principalmente). Al detectarse numerosos motivos de inconstitucionalidad en la citada norma, tras sufrir algunas modificaciones acabó con la promulgación de la Ley 1/2011. Estos hechos provocaron las movilizaciones más numerosas que jamás se hayan visto en España de funcionarios públicos, dado que, entre otros efectos perversos, se alteraba gravemente el modelo de Administración pública establecido en nuestra Constitución de 1978.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
El modelo constitucional consagra una Administración pública sometida principalmente al Derecho Administrativo (una rama del Derecho construida históricamente y dirigida a evitar los abusos del poder ejecutivo), cuyo personal es mayoritariamente funcionarial, que se aleja del régimen de cesantías, como forma de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones públicas (la Sentencia 81/1983, del Tribunal Constitucional, lo considera una “conquista histórica”). El derecho a la inamovilidad de los funcionarios, previsto en el ordenamiento jurídico, garantiza que ningún político pueda abusar de sus cargos en el ejercicio de los poderes exorbitantes que cedemos los ciudadanos a los poderes públicos (expropiaciones, liquidaciones tributarias, policía, justicia, concesión de subvenciones, reintegros y embargos, etc.), es decir, evita que puedan perder su condición de funcionario si se niegan a obedecer cualquier orden ilegal de un cargo público.
A su vez, para evitar los posibles abusos de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas, estos se someten legalmente a un estricto régimen disciplinario (y posteriormente controlado, en su caso, por los Tribunales de Justicia), que incluso puede llevar a la pérdida de su condición de funcionario. Por cierto, llama la atención que no exista régimen disciplinario para los cargos públicos, salvo el régimen interno de los partidos políticos de contrastada inoperancia (forma parte de las conocidas inmunidades del poder).
Por estar sometido al Derecho Administrativo, las actuaciones de las Administraciones se ejercen cumpliendo procedimientos administrativos aprobados previamente, que deben estar provistos de determinados controles, diseñados para evitar arbitrariedades y desviaciones de poder, es decir, para evitar que la corrupción se instaure en nuestras Administraciones, justo lo que ha permitido la administración paralela.
¿Qué puede y debe hacer el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos?
En base a lo mencionado anteriormente, tras la salida del PSOE del Gobierno andaluz, los partidos políticos que han pactado la formación del nuevo Gobierno con diversos puntos a cumplir en esta Legislatura (PP, Ciudadanos y Vox), tienen la oportunidad histórica de revertir este sistema de “administración paralela” que tanto se separa del modelo constitucional, que ha facilitado la corrupción y está permitiendo en Andalucía que determinado personal laboral ejerza funciones públicas que la Ley prohíbe, y que además está permitiendo el acceso a puestos públicos sin garantizarse de forma efectiva el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (nepotismo), vulnerando un derecho de todos los españoles.
Téngase en cuenta, por otro lado, que la legislación que soporta la “administración paralela” nunca ha sido recurrida o contrarrestada legalmente por los Gobiernos de Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez, ni se han presentado iniciativas parlamentarias por los Grupos parlamentarios de la oposición (Podemos, IU, Ciudadanos, PNV, CiU, etc.), salvo un recurso de inconstitucionalidad del Grupo del Congreso del PP (ojo con el PP ahora en el Gobierno andaluz), a pesar de que todos los partidos han denunciado públicamente uno de los graves efectos de la administración paralela (la corrupción), lo que demuestra que a ningún partido le interesa realmente la defensa de lo público, es decir, de lo que es nuestro, de los ciudadanos. Y en Andalucía, aún no hemos visto ningún movimiento de los acomplejados partidos que nos gobiernan (PP y Cs) en ese sentido, pues me temo que quieren mantener este sistema interesadamente –usando pretextos insostenibles- para seguir evitando controles y faciliatr la corrupción y colocar a los suyos (algunos ya los tienen colocados desde hace años).
Pasos a seguir para eliminar la administración paralela.
Siguiendo las pautas que recientemente publicaba en su blog José Luis Roldán (bajo su seudónimo de Max Estrella), una de las personas que respeto, admiro y aprecio por varios motivos, y entre ellos por su defensa del orden constitucional y de la legalidad, y que mejor conoce todas las particularidades de este tinglado de la “administración paralela” andaluza, en este artículo voy a abundar en posibles fórmulas para revertir la nefasta situación heredada del PSOE andaluz, bendecida y agravada por Susana Díaz y colaboracionistas. Ya no tienen excusas para no hacerlo.
Basándose en los fundamentos jurídicos de una Sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso de inconstitucionalidad núm. 2733/2011 presentado por el Grupo del Congreso del PP contra la citada Ley 1/2011 (aunque su voto particular dudaba de su constitucionalidad), los Tribunales de Justicia, en especial el TSJA y Tribunal Supremo, en un ejercicio claro de “genuflexión” al poder político de turno, han bendecido este quebrantamiento del modelo constitucional. Sin embargo, ahora sería posible utilizar los mismos fundamentos para revertir la situación.
Por cierto, ¿defenderá ahora el PP en el Gobierno andaluz los mismos fundamentos que utilizó en dicho recurso de incostitucionalidad, actuando de forma coherente, o hará como el partido veleta de Cs, y “donde dije digo, digo Diego”? A ver si son tan transparentes como predican, y nos lo explican con detalle a los andaluces antes de ir a las urnas en el mes de abril, o tomaremos buena nota de ello.
Empezaré con los entes instrumentales más problemáticos: las Agencias públicas empresariales y las de régimen especial (aunque sería aplicable en la parte correspondiente a las Sociedades Mercantiles y Fundaciones públicas). Esto incluye a las Agencias empresariales sanitarias, por lo que espero que tome nota el nuevo Consejero de Salud, Jesús Aguirre.
¡Primer paso fundamental!
La primera actuación consistiría en aprobar mediante decreto-ley un Plan de “contrarreordenación” del sector público andaluz, que previera la extinción de la inmensa mayoría de entes instrumentales mediante las fases oportunas. La extraordinaria y urgente necesidad es más que evidente, dada la deplorable situación financiera de la Comunidad Autónoma andaluza, anunciada a bombo y platillos por el nuevo Gobierno del PP y Cs. Si ya conocían la situación de antemano, ¿cómo es que todavía no lo han aprobado? ¡Ya van con retraso!
Obviamente, dicho Plan debería evitar que todo su personal sometido al Derecho Laboral (privado) pueda integrarse en las Consejerías o Agencias administrativas (esto incluye el Servicio Andaluz de Salud con sus centros sanitarios).
Ni que decir tiene que todo se habría negociado previamente con las organizaciones sindicales pertinentes, de las que se espera la defensa a ultranza del modelo constitucional de Administración Pública y de los principios constitucionales para el ingreso en la misma...¿o no? (¡retrátense de nuevo, UGT y CCOO!).
Para la inmensa mayoría de las Agencias empresariales y de régimen especial bastará con atribuir de nuevo a las Consejerías y Agencias administrativas (con modificación o derogación de Leyes y Decretos) todas las potestades administrativas que se atribuyeron a aquellas, es decir, tal como se venía funcionando antes de la nociva huida del Derecho Administrativo, y prever las liquidaciones y extinciones de dichas Agencias por vaciamiento de funciones (razones organizativas, técnicas y económicas).
Un vez dado este paso de reversión de las potestades administrativas, con el personal laboral de dichas Agencias instrumentales cabrían varias soluciones legales, y que supondrían una disminución enorme del inútil gasto público de la administración paralela a corto y medio plazo, especialmente de nóminas y demás gastos corrientes (alquileres de sedes, vehículos, electricidad, material fungible, seguridad, etc.), incluso manteniendo sus puestos de trabajo con una de las opciones. A continuación expongo algunas de esas soluciones.
Opción primera: sería el sistema más rápido y menos costoso a corto y medio plazo para el erario público andaluz. Mediante la aplicación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores (aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público), con uno o varios “expedientes de regulación de empleo” (ERE) se extinguirían los contratos laborales de la mayoría de los trabajadores de las Agencias empresariales y de régimen especial (aplicable a Sociedades mercantiles y Fundaciones, igualmente), tal como hacen las grandes empresas privadas en sus reestructuraciones por los motivos legalmente establecidos, con sus correspondientes indemnizaciones. Si lo hacen las empresas privadas es porque sin duda suponen la única forma de evitar la quiebra y seguir funcionando. Y, llegados a este punto, hay que destacar que la Junta de Andalucía ha pagado y sigue pagando los ERE y despidos de muchas empresas privadas –que afecta sólo a unos pocos-, y que mandaría narices que no lo hiciera con las empresas públicas cuando nos afecta a todos.
Ni que decir tiene que estos ERE están más que justificados legalmente (la legislación es clara al respecto), y no supone un gran esfuerzo motivarlo. Además, debe tenerse en cuenta la oportunidad política que supone disminuir la enorme carga fiscal que sufren muchos ciudadanos que no disponen de recursos suficientes, dado que una disminución de los enormes gastos ineficientes de la administración paralela podría conllevar una disminución significativa de tributos, lo cual nos beneficia a todos, incluidos los despedidos.
Por tanto, el político que rechazara esta posible solución estaría anteponiendo los intereses electorales de su partido, los intereses particulares de un grupo reducido de ciudadanos favorecidos por el nepotismo de los partidos y la corrupción política y económica, al interés general de la ciudadanía.
Opción segunda: el personal laboral de dichas Agencias se integraría en una -o varias- Sociedades mercantiles públicas preexistentes o de nueva creación (es cuestión de estudiar cada caso para adoptar las decisiones adecuadas), en las que pudieran prestar determinados servicios (nunca potestades administrativas). Por otro lado, si este personal laboral se quedara temporalmente sin funciones en dichas Sociedades, en principio no debería ocurrir nada, pues lo mismo le ha ocurrido a numerosos funcionarios cuando les quitaron sus funciones para dárselas al personal laboral de las Agencias empresariales y de régimen especial, o también al personal procedente de la FAFFE integrado en el SAE, por ejemplo, que están “mano sobre mano” (es decir, sin tareas), como han manifestado públicamente algunos sindicatos y políticos. Más adelante veremos que puede hacerse con dichas Sociedades y su personal laboral.
En el caso de algunas Agencias empresariales, como ocurre con las sanitarias (los centros sanitarios públicos no pueden dejar de funcionar), también podrían modificarse las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las Consejerías y Agencias Administrativas (como es el caso del SAS), con la creación de nuevos puestos básicos y de estructura (incluye intermedios y directivos) adscritos funcionalmente a las Agencias empresariales, e incluso también podría adscribirse puestos existentes de las actuales RPT de las Consejerías y Agencias administrativas, incluyendo los puestos vacantes y ocupados actualmente.
Esta actuación sería legalmente posible, dado que la Ley lo permite y el Tribunal Supremo lo ha bendecido...¡amén! Además, esos puestos de trabajo dependerían jerárquicamente de las Consejerías o Agencias Administrativas (como el SAS), y funcionalmente de las Agencias empresariales, como dice la Ley y el mismo Tribunal Supremo. Si antes se admitía para lo malo, ahora nada impide admitirlo para lo bueno.
A continuación, si algunos de los puestos adscritos a las Agencias empresariales o de régimen especial estuvieran vacantes, se cubrirían urgentemente por los procedimientos legales, mediante los procedimientos de provisión de puestos entre funcionarios (concursos de méritos, libre designación, nombramientos provisionales, etc.), y sacando a oferta de empleo público los básicos, convocando urgentemente las necesarias oposiciones libres (no concursos oposiciones) para ocuparlos lo antes posible. Obviamente, a estas oposiciones podrían presentarse los contratados laboralmente en las Agencias empresariales y de régimen especial, con lo cual tendrían la misma oportunidad que el resto de españoles para ocupar los puestos.
A continuación, ante el exceso de personal laboral contratado en las Agencias empresariales que ya no sería necesario (recordemos que contratados al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, según ha reiterado la Cámara de Cuentas en sus informes), se prevería una salida a dicho personal laboral hacia alguna Sociedad mercantil (si es con actividad económica, mejor, pues facilitaría su privatización).
Una vez que se comprobase en breve plazo que las Agencias empresariales y de régimen especial funcionan con normalidad con todo su personal ya funcionario (incluyo los eventuales en el caso de la Sanidad), sin laborales contratados por dichas Agencias, sería el momento de integrar las Agencias empresariales y de régimen especial en las Consejerías y Agencias administrativas, de manera que el personal funcionario adscrito a dichas Agencias pasaría definitivamente a depender no sólo jerárquicamente de dichas Consejerías y Agencias administrativas, sino también funcionalmente, y los bienes materiales se integrarían también en éstas, incluidos los edificios (si en el proceso sobraran edificios alquilados u otros bienes, podría ahorrarse mucho gasto).
Con este proceso descrito, volveríamos al modelo constitucional de Administración Pública que nunca debió abandonarse. Por ejemplo, todas las decisiones a adoptar y el gasto público que se realizaba sin control previo volverían a someterse al Derecho Administrativo con sus controles previos pertinentes y su control judicial por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, lo cual no ocurre siempre en la “administración paralela”.
Además, se conseguiría para el ingreso en la Junta de Andalucía el único sistema existente “menos malo” que puede garantizar los principios constitucionales mencionados: la oposición -pura y dura-, con procedimiento previamente regulado en la correspondiente norma administrativa, que incluye las materias a aprobar en los exámenes y los Tribunales que examinan, publicado todo en el BOJA. Esto último, digan lo que digan los afectados y los políticos, ¡jamás se hizo en ningún ente instrumental! Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que muestren –no podrán- los BOJA en los que se publicaron los temas de los exámenes (el temario), el procedimiento de las pruebas selectivas, las resoluciones con los aprobados, etc., es decir, tal como se hace en una oposición con los funcionarios.
Privatización en la fase final.
Y ahora quedaría el último paso para el supuesto de la opción segunda a la que me refería anteriormente. ¿Qué hacemos con las Sociedades mercantiles que absorbió al personal laboral de esas Agencias empresariales y de régimen especial, que compiten con otras empresas del mercado, en su caso?
Existen varias vías legales que permitirían a la Junta de Andalucía ahorrarse el gasto de esas Sociedades (incluido el de su personal). Por ejemplo, su venta (privatización) mediante los sistemas legalmente previstos, de forma que a su personal laboral se aplicarían los mismos preceptos legales del Estatuto de los Trabajadores –sucesión de empresas- por los que se integraron anteriormente en dichas Agencias de la Junta de Andalucía desde Fundaciones y Sociedades mercantiles públicas con el beneplácito de los sindicatos UGT y CCOO.
Espero que ahora no se alarmen por escuchar la palabra “privatización”, que el Gobierno del PSOE y de otros partidos en el resto de Comunidades Autónomas y en el Estado, ya lo han hecho; por ejemplo, con la venta de numerosos bienes inmuebles (sedes administrativas de la Junta de Andalucía) y de empresas públicas, y no vimos a ningún político alarmarse por ello. De esta manera, los contratados laboralmente podrían mantener sus puestos de trabajo, simplemente cambiando su patrón de público a privado.
Reflexión final.
Se supone que a los partidos autodenominados “constitucionalistas” les parecerá una brillante idea volver al modelo de Administración consagrado por nuestra Constitución, la cual fue refrendada por todos los españoles.
Si algún partido político no previera en sus programas esta posibilidad, o excusara ejecutarlo, la ciudadanía ya tendrían una prueba más de que lo único que les interesa es mantener un sistema político sin controles que les permita las arbitrariedades y las desviaciones de poder, un sistema con personal laboral capaz de obedecer al político de turno sin rechistar para no ser despedido, un sistema que les permita colocar a los suyos sin cumplir los principios constitucionales. Es decir, huir del Derecho Administrativo, única rama del Derecho cuya adecuada aplicación garantiza el ejercicio de potestades públicas sometido a los controles pertinentes (procedimientos previamente aprobados, fiscalizaciones, funcionarios con derecho a la inamovilidad y con régimen disciplinario, etc.) y con el debido control jurisdiccional que vela por el interés público: el Contencioso-Administrativo.
Tengan en cuenta que los Tribunales de lo Social solo defienden a los trabajadores sin tener en cuenta el interés público (lo que es de todos), dado su carácter tuitivo, y precisamente por este motivo las Administraciones públicas padecen hoy el grave problema provocado por las actuaciones ilegales de los políticos, como es la creación por los Tribunales de lo Social de una nueva figura de personal en el sector público no prevista en la legislación de la Función Pública –véase el EBEP-: el laboral indefinido.
Y por mucho que nuestros políticos vendan a la ciudadanía que el Derecho Administrativo es una rémora para la prestación de servicios públicos, o que es ineficiente, no se lo crean, pues ¡es la mayor mentira jamás contada! Hoy, con la Administración electrónica y una gestión eficiente de recursos humanos (para eso hay que contar con buenos funcionarios en puestos directivos, que los hay, en vez de contar con colaboracionistas de políticos corruptos), cualquier Consejería puede ser mucho más eficiente que cualquier Agencia pública empresarial o de régimen especial.
Les reitero: no se crean las falacias y mentiras que proclaman demasiados “gurús” económicos cuando hablan de lo público. No olviden nunca que, cuando se habla de recibir la prestación de servicios públicos, tener la carta de ciudadano español -y europeo- significa mucho más que ser meros clientes de cualquier empresa.
ADMINISTRACIÓN
Limpia de cargos «a dedo» en
Andalucía Emprende, la mayor fundación de la Junta
- La Junta comunica el cese a ocho directores provinciales y 37 responsables de zona
El
cambio de gobierno empieza a apreciarse en la mayor fundación de la Junta de
Andalucía, Andalucía Emprende, un ente adscrito a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo. Cuarenta y cinco cargos de libre designación de
la Fundación Pública Andalucía Emprende estaban citados ayer en las distintas
delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Allí les entregaron un sobre con un carta de la dirección del ente instrumental
en la que les comunicaban su cese con efectos desde el 8 de abril.
Desde el
próximo lunes, ocho directores provinciales y 37 responsables de zona dejarán
de ocupar sus puestos de mando en el ente que forma parte de la conocida como
«administración paralela» de la Junta, creada en 1999 para asesorar a
emprendedores sobre los trámites para la puesta en marcha de negocios.
Los relevados
no son despedidos sino que vuelven a sus puestos de procedencia en
el caso de aquellos que forman parte de la plantilla. Desde la nueva dirección
enmarcan el proceso dentro de una «remodelación de la estructura orgánica y
funcional» de su red territorial, integrada por 215 Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial, los llamados CADE.
En la fundación coexisten trabajadores con sueldos muy dispares pese a
realizar trabajos similares
La
nueva directora gerente, Rosa Siles, envió ayer un correo electrónico a los cerca de
mil trabajadores de la fundación en el que justifica la oleada de ceses de directores y
responsables de zona dentro de un
proceso de reorganización más profundo, como resultado del «análisis y
diagnóstico iniciado en estas últimas semanas, con el objetivo de redefinir y
simplificar los procesos de trabajo».
En
este correo, al que ha tenido acceso ABC, Siles explica que la «remoción de las
funciones de Dirección Provincial y de Responsable de Zona», cargos de confianza de la
anterior dirección, es «la primera medida para la eficiencia,
calidad y excelencia de la gestión» del ente público. Fuentes del personal
afectado por los ceses expresaron a ABC su malestar por el modo en que se ha
comunicado su destitución. «No nos han dado ninguna explicación», lamentan.
En
esta fundación trabaja, como coordinadora de Diseño y Estrategia del CADE de
Jaén, Irene Sabalete Ortega, la exdelegada de Empleo
de la Junta en Jaén que pidió a sus empleados que hicieran campaña por el PSOE.
«Si no ganamos las elecciones no vais a seguir trabajando en la
Junta de Andalucía» y «os quiero a todos en la calle
haciendo campaña por el PSOE». Son algunas de sus frases registradas en una
grabación en boca de Sabalete en vísperas de las elecciones autonómicas de
2012, en las que las encuestas auguraban la derrota del PSOE.
Diferencias salariales
El proceso de selección de buena parte del personal ha
sido cuestionado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. En un informe que
fiscalizaba a la fundación en el ejercicio 2015, detectó que el 80 por ciento
de la plantilla, compuesta por casi mil trabajadores, fue contratada
incumpliendo los principios de mérito, capacidad e idoneidad. Ocho de cada diez
euros del presupuesto anual que maneja la fundación se destinan a pagar
nóminas.
Según
los estatutos de esta fundación creada en 1999 al margen de la Función
Pública, su principal misión es
«promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo
empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional».
En
esta entidad coexisten trabajadores de distinta procedencia y con retribuciones
muy dispares. Las diferencias en salario anual entre personas que realizan las
mismas funciones «pueden alcanzar entre 12.000 y 14.000 euros», algo provocado por la
«falta de aplicación del convenio colectivo». La Sala de lo Social del TSJA dio
la razón aComisiones Obreras para que la fundación equiparase salarios, pero el
anterior Ejecutivo y la dirección gerencia se negó a aplicar el laudo laboral.
Ante el rechazo, los trabajadores han recurrido al Supremo.
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/administracion-paralela-cesan-cargos-directivos-andalucia-emprende_0_1342666083.html
ADMINISTRACIÓN PARALELA DE LA JUNTA.
Cesan 45 cargos directivos de la Fundación Andalucía Emprende
- La empresa pública de la Junta reubica a los cesados y mantiene a sólo dos puestos de coordinación en cada provincia.
La Fundación Andalucía Emprende, uno de los entes que conforman
la conocida como administración paralela de la
Junta de Andalucía, ha cesado a parte de la estructura provincial y de zona.
Han sido 45 las personas que han dejado de ocupar puestos directivos que serán
ahora reubicados en las plazas técnicas de la administración.
En el organigrama de esta empresa pública sólo se
mantienen a partir de este momento dos puestos de coordinadores en cada una de
las ocho provincias, mientras que al resto --directores provinciales y
responsables de zona-- le han trasladado la comunicación del cese en mañana de
este jueves.
a Fundación Andalucía Emprende es una de las entidades de la
administración paralela sobre la que más atención ha centrado el nuevo Gobierno
del PP y Ciudadanos. La Consejería de Empleo solicitó a comienzos
de febrero un informe para aclarar los términos de la información relativa a un
supuesto reparto de la subida salarial de 2019 entre los directivos designados
por el anterior Ejecutivo del PSOE.
En las últimas semanas, esta empresa pública dedicada a fomentar
la cultura emprendedora y la actividad empresarial en Andalucía fue objeto de
polémica al revelarse que el alcalde socialista de El Puerto de Santa María, David
de la Encina, quien formaba parte de la plantilla en la fundación en
2015, solicitó a la directora de la entidad no acudir a su puesto de trabajo
con objeto de efectuar la campaña electoral de las últimas elecciones
municipales. Andalucía Emprende ha anunciado el inicio de una investigación por
tal caso.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Jesús Aguirre
revela que hay «trabajadores fantasma» en la Consejería de Salud
·
El consejero está
investigando a personal que no acude a su puesto de trabajo y anuncia una Ley
de Familias
El
consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre,
ha revelado que al llegar a la Consejería ha descubierto que hay «muchos trabajadores fantasma» de la época de los gobiernos socialistas, pero ha
asegurado que los están buscando. Se trataría de personal que consta como
contratado en departamentos de la Consejería pero que no acuden a su puesto de
trabajo, señalaron fuente de la Consejería.
«Hay más de los que yo esperaba, pero
estamos trabajando en averiguar dónde están», ha dicho el consejero de Sanidad
durante su participación en los desayunos Socio-Sanitarios organizados por
Europa Press este viernes en Madrid.
Desde la
Junta de Andalucía no dan «de momento» más datos sobre el número de
trabajadores que podrían estar en situación irregular. La Consejería de Salud y
Familias está haciendo una auditoría de su personal, que supera los 100.000 trabajadores.
Asimismo, está analizando la Relación de Puestos de Trabajo para
fijar las necesidades laborales y la eficiencia de los puestos actuales. «La
inmensa mayoría de los empleados cumplen con ediciencia su cometido», señalaron
las mismas fuentes.
Durante
su intevención en el foro madrileño, el consejero Aguirre también anunció que
el Ejecutivo andaluz prepara una ley específica de familias que van a
empezar a negociar con otros partidos con la intención de «conseguir el máximo
consenso».
Aguirre
ha precisado que esta ley es para «todo tipo de familias». «La familia ha ido evolucionando y ahora es lo
que cada uno quiere, desde tíos o abuelos que se hacen cargo de niños a
personas del mismo sexo con un proyecto de vida en común, todo eso es familia»,
ha precisado.
«Será una ley de apoyo a la familia,
a guarderías gratuitas desde el principio, para que no sea una carga el
embarazo con lo bueno que aporta a la sociedad -ha explicado-. Una ley
revulsivo a nivel empresarial y personal a la hora de decidir formar una
familia».
El
consejero se ha referido también en Madrid a la saturación y masificación que
se han encontrado en la Atención Primaria, así como las «inadmisibles» listas
de espera.
Por ello,
a lo largo de su discurso, Aguirre ha recordado que su departamento está
realizando un plan de choque para reducir las listas de espera, y esperan que esta
iniciativa permita que haya 30.000 pacientes menos en lista, de los cuales
19.000 llevan esperando más de un año y 11.000 más de 180 días. Este plan
empezará el lunes 1 de abril, si bien este sábado ya empezarán algunos
hospitales a abrir sus quirófanos.
Dicho
esto, ha abogado por colaborar con la sanidad privada para
solventar también este problema, ya que hay que ir «todos juntos» para mejorar
la salud de los pacientes y, en este caso, de los andaluces. «Esa dicotomía de
buenos y malos jamás la he entendido, porque aquí vamos todos juntos», ha apostillado,
para criticar que el PSOE asegure que por realizar esta apuesta los populares
están «privatizando», pero cuando lo han hecho es porque estaban
«externalizando» el problema. «No lo entiendo», ha aseverado.
Por otra
parte, y respecto a la subasta de medicamentos, el consejero de Salud ha reiterado que la va a
suprimir, si bien ha destacado que, debido a la «seriedad» de su Gobierno, va a
mantener los contratos ya firmados con las farmacéuticas pero una vez
finalizados no los van a renovar. «Apostamos por la cohesión y equidad y por
eso nos sumamos a la compra en escala», ha dicho.
En este
punto, ha culpado a la subasta andaluza de medicamentos de ser uno de los
principales problemas del desabastecimiento de fármacos, señalando que si es un
único laboratorio el que aporta una molécula, la probabilidad de que cuando se
le acabe, o no disponga de ella, se produzca un desabastecimiento es «mayor» si
son varios los que tienen esa misma molécula.
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