Desmontar la onerosa red clientelar
andaluza
El informe sobre la onerosa y desproporcionada estructura
de funcionarios, empresas públicas, agencias y fundaciones que Susana Díaz ha
desvelado a pocos días de abandonar el palacio de San Telmo, revela la indecente administración oculta que el PSOE ha ido
tejiendo durante 40 años para crear un
régimen clientelar de afines al partido. Tras años de opacidad, en
el informe afloran los 3.405 empleados no
contabilizados hasta ahora, las 2.137
nóminas a dedo y se detallan los 270.101 trabajadores a sueldo de la Junta y
los 148 cargos de alta dirección. Aunque Díaz pretende de esta manera anticiparse a las
auditorias que han anunciado Partido Popular y Ciudadanos, el nuevo Gobierno
andaluz debe ser inflexible en la
investigación, la denuncia y el inmediato desmontaje de una tupida y extensa red de amiguismo y enchufados que
supone un auténtico latrocinio a las arcas públicas y a todos los andaluces.
Moreno Bonilla y Juan Marín no pueden ser indulgentes y han de poner fin a los miles
de sueldos injustificados y a las decenas de contratos de alta dirección
innecesarios. En función de los datos que arrojen las auditorias y las
comisiones, deben actuar de manera inmediata y contundente. Sus votantes no
entenderían ninguna forma de impunidad.
- La reducción de la administración paralela por parte del PSOE sólo ahorró 40 millones según un informe de la Cámara de Cuentas.
ADMINISTRACIÓN
.La Junta de Andalucía recolocó en
otras agencias al personal «enchufado» de las entidades que eliminaba
- La Cámara de Cuentas revela que con la reordenación del sector público extinguió 39 entes instrumentales, pero sólo redujo en 61 los empleados
La radiografía de la reordenación del sector público no se compadece con las expectativas que se crearon. Cinco años y medio de reconversión han dado como resultado la reducción de 39 de los 136 entes que dependían directamente de la Administración autonómica -el 29 por ciento del censo total-, mientras que el personal ha permanecido prácticamente invariable.
INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS.
El 'ajuste' del sector público del PSOE: 81 empleados menos en seis años de más de 27.000
- La reducción de la administración paralela por parte del PSOE sólo ahorró 40 millones según un informe de la Cámara de Cuentas
La maraña de entes instrumentales, fundaciones, agencias y empresas públicas, dependientes de la Junta de Andalucía apenas se redujo durante la crisis, a pesar de los anuncios de los sucesivos gobiernos socialistas y del Plan de Reordenación del Sector Público que promovió en 2011 el entonces presidente José Antonio Griñán.
De hecho, según los datos que recoge el informe hecho público ayer por el órgano de fiscalización, la reordenación de la denominada administración paralela de la Junta se traduce en una disminución de poco más del 14% en el número de entidades, que pasaron entre 2010 y 2016 de 353 a 303. Pero el ajuste total es aún menor si se tienen en cuenta los recortes de personal o el ahorro económico que supuso.
Así, los autores del informe señalan que pese a que se eliminaron, sobre el papel, medio centenar de entidades la plantilla no disminuyó. Aquella reordenación, a la luz del análisis de la Cámara de Cuentas, fue más estético que real, dado que el número de empleados de esta red instrumental de la Junta varió en sólo 81 trabajadores. Ésa fue la cifra de puestos que se eliminó de forma efectiva, de una plantilla que, según se ha sabido en los últimos días, supera los 27.000 empleados. Es decir, un ajuste del 0,3%.
Más que supresión, los gobiernos sucesivos, desde el de Griñán al último de Susana Díaz, apostaron por la fusión de entidades con sus plantillas correspondientes y eso explica que la Cámara de Cuentas cifre el ahorro económico para las cuentas públicas andaluzas en poco más de 40 millones de euros.
El informe detalla que los entes públicos fueron los que, proporcionalmente, más se redujeron (un 79%), mientras que la supresión de entidades mercantiles fue del 34%, del 25% en lo que se refiere a las agencias administrativas y un 8% en los consorcios.
Con todo, esa información no es completa, ya que la Administración andaluza sólo ha remitido la información al Ministerio de Hacienda sobre el 35,3% de las entidades del sector público de la comunidad extinguidas.
Uno de los mayores reproches que lanza en el documento el órgano fiscalizador es la ausencia, a excepción del plan de 2011, de un calendario y una planificación estratégica del proceso de reducción con objetivos, plazos, efectos y encargados de evaluar sus resultados.
La mayor parte del ajuste en el sector público se ha hecho, a tenor de lo que ha analizado la Cámara de Cuentas, de manera improvisada y sin un mínimo control.
En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas indica que el nivel global de eficacia alcanzado a diciembre de 2016 en la culminación de los procesos extintivos previstos ha sido del 36 %.
Entre las recomendaciones del informe, la Cámara aboga por actuaciones que garanticen el control de fondos recibidos en forma de subvenciones pendientes de justificación o reintegro por parte de algunas de las entidades extinguidas.
Dada la ausencia de autorización previa por el Consejo de Gobierno detectada en algunos expedientes, se recomienda además la exigencia en todos los procesos de extinción de entidades del sector público de la Junta.
ADMINISTRACIÓN
La Junta de Andalucía recolocó en otras
agencias al personal «enchufado» de las entidades que eliminaba
- La Cámara de Cuentas revela que con la reordenación del sector público extinguió 39 entes instrumentales, pero sólo redujo en 61 los empleados.
Como
la energía, el entramado de empresas públicas, fundaciones, consorcios y todo
tipo de entes satélites creado por la Junta de Andalucía durante más de tres
décadas no se ha destruido, sino que se ha transformado. Los sucesivos
gobiernos han ido recolocando en otros organismos nuevos o preexistentes al
grueso del personal en nómina de las entidades que iba liquidando.
Así
lo ha constatado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe de
fiscalización sobre «los procesos de extinción de entidades dependientes de la
comunidad autónoma de Andalucía como consecuencia de la reestructuración del
sector público» llevada a cabo desde el 27 de julio de 2010, cuando el
Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó su plan de reforma, hasta finales de
2016, con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo.
«La
extinción de entes no ha afectado de forma significativa a una reducción del
personal del sector público de la Junta de Andalucía, en la medida en que, en
la mayoría de los casos, el personal se ha integrado en otra entidad
preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica
derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas», advierte el
órgano fiscalizador.
El
informe aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 19 de diciembre
pasado, en pleno fragor de las negociaciones entre PP y Ciudadanos del nuevo
gobierno de coalición, cuya primera medida será precisamente encargar una
auditoría de toda la Junta y de su «administración paralela» para terminar con
«las redes clientelares» y «los enchufados del PSOE».
Hay
menos entes pero los que subsisten han crecido en tamaño y personal cambiando
de nombre
La
radiografía de la reordenación del sector público no se compadece con las
expectativas que se crearon. Cinco años y medio de reconversión han dado como
resultado la reducción de 39 de los 136 entes que dependían directamente de la
Administración autonómica -el 29 por ciento del censo total-, mientras que el
personal ha permanecido prácticamente invariable.
La
Cámara de Cuentas señala que la reducción neta «se limita» a 61 efectivos,
frente a los 23.899 empleados que tenía en 2017, según el dato que aparecía en
el último proyecto de presupuestos de la Comunidad, lo que equivale a un
insignificante 0,2 por ciento. El equipo de auditores y técnicos del órgano
fiscalizador ha realizado su estudio a partir de la información parcial que la
Junta remitió al Ministerio de Hacienda para elaborar su inventario porque
facilitó datos de seis de las 18 entidades extinguidas.
Con
posterioridad se ha conocido que, lejos de disminuir, el número de trabajadores
continuó creciendo después de la reordenación del sector público hasta alcanzar
los 27.304 efectivos actuales, según un reciente informe difundido por el
Ejecutivo saliente coincidiendo con el traspaso de poderes al gobierno de
Juanma Moreno.
Ahorro de 1,5 millones
Tras
la dieta de adelgazamiento, la maraña administrativa autonómica cuenta con 97
los entes participados mayoritariamente por la Junta. En términos económicos se
ha traducido en un ahorro de tan sólo 1,52 millones al año en costes de
personal, una gota en un océano si se compara con los casi 3.450 millones de
euros que suman las transferencias y subvenciones que reciben los entes
instrumentales anualmente a través de los presupuestos.
Entre
2011 y 2016, al cabo de cinco años de racionalización de gastos que venían
instigados por el Gobierno central y fueron pactados las regiones en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, el ahorro total asciende a 36,6 millones,
incluyendo el capítulo de personal y medidas adicionales, según el estudio del
órgano fiscalizador realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas. La
cifra queda, en todo caso, muy lejos de los números que se manejaron cuando el
plan de racionalización daba sus primeros pasos.
El
presidente de la Cámara, Antonio López, aguardó al día de la toma de posesión
de Juanma Moreno como presidente de la Junta para hacer público el informe.
El punto
de partida de los ajustes fue la aprobación de la Ley 1/2011 de Reordenación
del Sector Público, bautizada como «ley del enchufismo» por los funcionarios
que salieron en masa a la calle para protestar contra un proceso que supuso la
integración en la Administración autonómica de más de 20.000 empleados del
entramado de empresas públicas.
En
mayo de 2011, la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública,
Carmen Martínez Aguayo, estimó en 118 millones el dinero que iban a dejar de gastar
las arcas públicas en sólo dos años. En un lustro, el ahorro no representa ni
un tercio de esta cifra. La reforma del sector público vivió un nuevo impulso a
partir de 2013 con la asunción de estas competencias por parte de María Jesús
Montero, hoy ministra de Hacienda, y como resultado de las medidas impuestas
por el Ejecutivo anterior y la Comisión Europea para luchar contra el déficit.
La
radiografía de la reordenación que ofrece el ente fiscalizador refleja que «en
total se han creado ocho entidades del sector público y se han extinguido 51»,
lo que ha supuesto una reducción neta de 39 entes. ¿Cómo se ha realizado este
proceso? En el 80 por ciento de los organismos disueltos hubo una «sucesión en
otra entidad dependiente o participada, que se subroga en las funciones,
personal y activos y pasivos de la extinguida». El proceso más común fue una
fusión por absorción de la empresa extinta, lo que se produce en el 56% de los
casos.
Entes
de más tamaño
La
consecuencia es inevitable: hay menos entes pero los que subsisten engordan en
proporción y plantilla cambiando de nombre. Se produce «un aumento del tamaño o
dimensión de los entes que asumen los activos y pasivos, el personal y las
funciones de las entidades extinguidas», avisa la Cámara de Cuentas. «La mayor
parte de las entidades extinguidas sin sucesión en otro ente no tenían
actividad, por lo que no tenían medios personales o humanos», aclara.
La
información se ha suministrado con cuentagotas a pesar de que los auditores han
solicitado «los datos individualizados por entidad» para hacer su estudio. «No
se han realizado las preceptivas comunicaciones periódicas relativas a los
datos económicos y de empleo en relación con el resto de entidades del sector
público de la Junta extinguidas». No se aportado documentación de diez de los
11 consorcios disueltos, seis de las 12 fundaciones, dos de las tres agencias
administrativas y 14 de las 25 sociedades mercantiles.
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