CASO ERE. Los vaivenes de la Junta en el
caso de los ERE.
- El Gobierno andaluz ha pasado de ejercer la acusación a pedir el archivo de la pieza politica, que se juzga desde el miércoles en la Audiencia de Sevilla
CASO ERE. Cronología de los siete años de
instrucción de la pieza política del caso ERE.
- La macrocausa de los ERE juzgará, entre otros, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el presunto reparto irregular de 855 millones de euros en ayudas públicas entre 2001 y 2011
CASO ERE.Arranca el juicio por
la 'pieza política'.
- El juicio por los ERE fraudulentos arranca en la Audiencia de Sevilla sin muestras de apoyo evidentes a Chaves y Griñán, que se juegan hasta ir a la cárcel
EN EL BANQUILLO. La chulería de Guerrero, el que
repartía los ERE, en ‘el gran juicio’: “Estaba deseando”
La cúpula del Gobierno andaluz
durante una década, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, se sientan en
el banquillo en una primera sesión gris donde lo más duro fue la foto
- · Guerrero se sentó justo detrás de Chaves, no se sabe si fue casual o una declaración de intenciones
- · La primera sesión del juicio discurrió con la lectura durante cinco horas de los escritos de la Fiscalía y el PP.
- · Los abogados del PP consiguieron que se leyera la mitad de su escrito de acusación, lo que dilatará en días el arranque del juicio
Lo que es se ve...
CASO ERE
Los
vaivenes de la Junta en el caso de los ERE
- El Gobierno andaluz ha pasado de ejercer la acusación a pedir el archivo de la pieza politica, que se juzga desde el miércoles en la Audiencia de Sevilla
- El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo por el caso de los ERE
- Las claves del primer juicio por el saqueo de la Junta de Andalucía con el caso de los ERE
El fraude de los expedientes de
regulación de empleo (ERE) le ha costado, según los cálculos de la Fiscalía
Anticorrupción, 741 millones de euros a la Junta de Andalucía. Las arcas
públicas andaluzas han sido las víctimas principales de un saqueo que se prolongó
casi durante una década y ésa fue la justificación, lógica, con la que el
Gobierno andaluz se personó en marzo de 2011 en las diligencias que tramitaba la magistrada Mercedes Alaya, entonces
titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Siete años después, el juicio que arranca mañana no tendrá entre los
abogados acusadores a los que representan a la Administración autonómica. Y no
porque a lo largo de los años, y de la investigación, se hayan desvanecido los
rastros del expolio.
Que el gobierno que hoy preside Susana
Díaz haya dejado de ser acusación no es sino el penúltimo vaivén de una actuación procesal que muchas veces fue más defensa -según de qué
altos cargos imputados se trataba- y que ha estado marcada por las
contradicciones.
Precisamente, la inhibición acusadora
de la Junta de Andalucía es el corolario de una ristra de movimientos
sorprendentes que le han valido, incluso, los reproches de la Audiencia Provincial de
Sevilla, amén de las críticas de la oposición política en la comunidad,
especialmente desde el PP.
Fue hace poco más de un año cuando el
Gobierno andaluz se quitó definitivamente el traje de acusación al pedir el archivo de la denominada pieza política de los
ERE, la principal de las causas en las que
la juez María Núñez Bolaños dividió, al poco de hacerse cargo del juzgado de
Alaya, la macrocausa de corrupción que sentará en el banquillo a partir de esta
semana a dos ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a
otros 20 ex altos cargos.
Donde la Fiscalía Anticorrupción ve una
trama organizada para saquear fondos públicos, un perjuicio de 741 millones de
euros y delitos de malversación y prevaricación que alcanzan a los dos antecesores
inmediatos de Susana Díaz, los abogados de la Junta de Andalucía no aprecian comportamiento
delictivo alguno. Ni, mucho menos, la trama de la
que habla el Ministerio Público.
Desde luego no en la actuación de
Chaves y Griñán, quienes, de acuerdo a las tesis (definitivas) del gobierno
autonómico no pudieron tener conocimiento alguno de las irregularidades en la concesión de las ayudas para los
expedientes de empleo y las empresas en crisis, aquéllas que se pagaban con
cargo a la partida presupuestaria 31L, el famoso «fondo de reptiles».
La teoría de los "cuatro golfos"
Como mucho, la Junta admite
reponsabilidades en escalafones inferiores, siguiendo la teoría de los «cuatro
golfos» que acuñó, y no es una casualidad, el ex presidente Chaves. Aunque esas
responsabilidades habría que dirimirlas, mantiene, en las otras piezas aún
pendientes de juicio.
Si la Audiencia sigue librando de ser
juzgados en las otras causas a los ex altos cargos que lo van a ser en los
próximos meses en la pieza política, la Junta corre el riesgo de que no pueda acusar ni a los que ella misma considera responsables de
las irregularidades.
Claro que la petición de archivo viene
después de otras decisiones igualmente polémicas, como el rechazo a la
imputación de Magdalena Álvarez, ex consejera de Hacienda y ex ministra de José
Luis Rodríguez Zapatero, que le valió un tirón de orejas de Alaya.
En la misma línea, los ataques y
cuestionamientos a la labor de la juez Alaya han sido constantes, un enfrentamiento que cambió radicalmente con la
llegada de María Núñez, con la que la Junta se ha alineado no pocas veces.
Eso ocurría al mismo tiempo que se
enarbolaba la bandera de la colaboración con la Justicia y la defensa de los intereses de los andaluces, la misma doble personalidad
de la que ha hecho gala en todo el procedimiento.
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/12/5a2fd57fe5fdeacf3b8b4588.html
CASO ERE
Cronología de los siete años de instrucción de la
pieza política del caso ERE
La macrocausa de los ERE juzgará, entre otros,
a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el
presunto reparto irregular de 855 millones de euros en ayudas públicas entre
2001 y 2011
9
enero 2011
La jueza de Sevilla Mercedes
Alaya abre diligencias para investigar un presunto fraude en ayudas públicas de
la Consejería de Empleo a empresas en crisis.
15 noviembre 2011
La juez Alaya apunta por
primera vez en un auto al entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñan,
como "cúspide" de una "estructura piramidal" que propició
el presunto fraude durante una década.
9
marzo 2012
Declara en el juzgado el
exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que al
día siguiente ingresa en prisión.
16
marzo 2012
El exchófer de Guerrero
declara ante la jueza Alaya que dinero público de las ayudas se gastó en copas
y cocaína.
24
abril 2012
Tras cuatro días declarando
en el juzgado, Alaya envía a prisión al exconsejero de Empleo Antonio Fernández
sale en agosto tras pagar 450.000 euros de fianza).
20
marzo 2013
La Guardia Civil despliega
la operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y
bufetes que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones para tramitar los
ERE.
20
julio 2013
Griñán anuncia su dimisión,
formalizada el 27 de agosto, para "preservar" a la Junta de la
"erosión" del caso ERE.
31
julio 2014
Alaya remite al TS la
exposición razonada con los indicios de delito que ve en Chaves, Griñán, Gaspar
Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, todos diputados o senadores.
21
enero 2015
Remite al TSJA la exposición
razonada con los indicios de delito que ve en 4 exconsejeros que son parlamentarios.
7
abril 2015
Declaran como investigados
en el Supremo Viera (7), Griñán (9), Chaves (14), Zarrías (16) y Mar Moreno
(21).
16
junio 2015
Alaya deja el juzgado de
instrucción 6 de Sevilla tras conseguir una plaza en la Audiencia y la sucede María
Núñez Bolaños.
20
junio 2015
El Tribunal Supremo imputa
formalmente a Chaves, Griñán, Zarrías y Viera. Archiva la causa contra Moreno.
26
junio 2015
Chaves, Griñán y Zarrías
dejan sus escaños en las Cortes (con efecto el 2 de julio). Viera no y se pasa
al Grupo Mixto tras darse de baja en el PSOE (dimite el 24 de septiembre).
31
julio 2015
La nueva instructora Núñez
divide la macrocausa de los ERE en piezas separadas que se reparte con el juez
de refuerzo Álvaro Martín, una sobre el procedimiento específico creado y
mantenido por la Junta para dar las ayudas, que asume Martín.
16
marzo 2016
Chaves, Griñán, Zarrías y
Viera -que ya no son aforados- declaran como investigados en el juzgado 6 de
Sevilla.
31
mayo 2016
El juez Martín dicta auto de
procedimiento abreviado contra 26 excargos de la Junta, entre ellos Chaves y
Griñán, y archiva la causa contra otros 24.
1
junio 2016
Chaves, Griñán, Zarrías y
Vallejo se dan de baja en el PSOE.
3
noviembre 2016
El juez Álvaro Martín abre
juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de los 26
acusados (4 son luego desimputados) por delitos de prevaricación, malversación
y asociación ilícita. La Fiscalía y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias
piden entre 2 y 10 años de cárcel y la Junta el archivo.
13
diciembre 2017
Arranca el juicio por la
pieza política del caso ERE, con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20
ex altos cargos de la Junta en el banquillo.
CASO ERE
Arranca el juicio por la 'pieza política'
La soledad del régimen
andaluz en el banquillo
- El juicio por los ERE fraudulentos arranca en la Audiencia de Sevilla sin muestras de apoyo evidentes a Chaves y Griñán, que se juegan hasta ir a la cárcel
Ni las «criaturas necesitadas» que
supuestamente eran los beneficiarios de los expedientes de regulación de empleo
bajo sospecha. Ni un solo cargo del PSOE andaluz. Ni siquiera un grupo de
fervorosos militantes socialistas. El juicio del caso ERE que este miércoles arrancó en Sevilla
evidenció la extrema
soledad de quienes durante más de dos décadas
encarnaron el poder absoluto del socialismo en Andalucía. En el banquillo de
los acusados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los dos ex
presidentes que más tiempo han ocupado el Palacio de San Telmo, junto a seis ex
consejeros y otros catorce ex altos cargos del Gobierno andaluz y en la calle,
la indiferencia.
Apenas unas
referencias a la «honorabilidad» de los ex presidentes en boca del portavoz parlamentario del PSOE, Mario
Jiménez, y un discreto apoyo virtual en las redes sociales a un mensaje
publicado en Facebook por la mujer de Griñán: «Dejadme que venza hoy mi pudor
para deciros que estoy orgullosa de él, de su honestidad y decencia, y feliz de
haber compartido, juntos, los últimos 50 años».
Poco más respaldo recibieron Chaves y
su sucesor en el cargo en el arranque de un proceso en el que se juzga algo más
que la legalidad de la decisión, política, de poner en marcha un mecanismo para
financiar ayudas con dinero público prácticamente sin control.
A la misma hora
en la que los ex presidentes se acomodaban a las sillas de PVC y metal
instaladas a modo de banquillo en la Audiencia de Sevilla, Susana Díaz presidía
una reunión del Patronato de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).
Entre la sede de la Presidencia de la Junta, el antiguo palacio de los
Montpensier, y la sala de vistas hay poco más de medio kilómetro de
distancia,
pero desde el entorno de la presidenta el mutismo fue absoluto.
Como si el juicio ocurriera en otro país.
Quizás por esa
soledad, el proceso judicial que hace siete años inició la magistrada Mercedes Alaya ha tenido un efecto
insospechado y colateral: el acercamiento de quienes fueron algo más que compañeros en el Consejo de
Gobierno y cuya relación acabó rota tras dar uno el relevo al otro.
Chaves y Griñán se
han reencontrado en el cerco judicial en el que se enfrentan, incluso, a penas de cárcel por malversación
y/o prevaricación.
Ayer los dos ex
presidentes llegaron por separado al Palacio de Justicia sevillano,
literalmente blindado con efectivos especiales de la Policía Nacional y vallado
todo su perímetro. Pero dentro, no sólo se sentaron juntos -intercambiando de
cuando en cuando confidencias-
sino también en los pasillos durante los recesos de una
primera sesión que prácticamente se consumió en la lectura de los escritos de
acusación de la Fiscalía.
Lo más granado del socialismo andaluz
escuchó durante tres tediosas horas el relato de cómo, según la Fiscalía
Anticorrupción, se organizó una «trama» para desviar cientos de millones de
euros, burlar los controles públicos y destinarlos a consolidar el régimen clientelar garantizando la paz social que aseguraba la
tranquilidad política.
Los «cuatro golfos» con los que Chaves
quiso despachar en su día el entonces incipiente escándalo de corrupción de los ERE se multiplicaron ayer por cinco. El ex presidente
que señaló a los escalafones inferiores de la Junta para tratar de salvarse se
vio obligado a compartir banquillo con esos «golfos».
Justo detrás de Chaves se sentó el ex
director de Trabajo Francisco Javier Guerrero,
el que bautizó la partida presupuestaria 31L -de la que
se nutrían los ERE irregulares- como el «fondo de reptiles».
Guerrero, junto al ex consejero Antonio
Fernández, fue ignorado por el resto de los acusados. Nadie, o casi nadie, se les acercó en
los descansos del juicio. Y ello a pesar de que el ex director de Trabajo
estaba deseoso de compartir el reciente nacimiento de su tercera nieta con
quien quisiera escucharle. Parecía aliviado o, al menos, eso quería
aparentar:«Ya era hora, éste es el principio del final», declaraba a los
periodistas el más locuaz de los enjuiciados.
Con un «estoy bien, pero no voy a decir
nada», despachó a la prensa Griñán, de los dos ex presidentes el que, con
diferencia, más se juega en la vista, dado que el Ministerio Público carga
especialmente contra él por su condición de consejero de Hacienda cuando los avisos de los interventores sobre el fraude fueron sistemáticamente desoídos.
Más parcos aún fueron acusados como la
ex consejera -y ex ministra- Magdalena Álvarez, que llegó a la Audiencia
sevillana en un Audi 4 granate con
tantos trienios como pueda acumular el ordenanza más veterano del Palacio de
San Telmo y que compartía con el ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías.
Ambos siguieron las recomendaciones del
tribunal de compartir coche para llegar hasta las puertas de la Audiencia, para la que se había
habilitado un carril especial de acceso. El paseíllo de los acusados se redujo,
por tanto, a sólo unos metros, aunque suficientes para que los fotógrafos
pudieran hacer su trabajo.
Tampoco se prodigó en palabras el ex
interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que se pasó buena parte de la
sesión consultando su teléfono móvil muy cerca de Guerrero, que de cuando en
cuando bostezaba y miraba ansioso
-es fumador empedernido- el paquete de Marlboro que tenía entre las manos.
Dio tiempo a casi todo mientras el
letrado de la Administración de Justicia -el antiguo secretario judicial-
despachaba los 44 folios del escrito de la Fiscalía y los 49 de la acusación
del PP que sus abogados se empeñaron en que fueran leídos pese a las protestas
de algunas de las defensas, que incluso amagaron con un plante.
EN EL BANQUILLO
La chulería de Guerrero, el que
repartía los ERE, en ‘el gran juicio’: “Estaba deseando”
La cúpula del Gobierno
andaluz durante una década, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, se
sientan en el banquillo en una primera sesión gris donde lo más duro fue la
foto
13.12.2017 – 19:33 H.
Entró apurando un pitillo y salió encendiendo otro. Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, ese personaje de novela picaresca, pasó
casi cinco horas dentro del edificio de la Audiencia de Sevilla en la primera sesión del juicio del caso ERE, que ha llevado al banquillo a 22 ex altos cargos de la
Junta, toda una década de gestión
socialista en la comunidad.
No estuvo solo, ni mucho menos. Él iba de secundario. La jueza Mercedes Alaya, que ocupaba su despacho en la tercera planta del mismo edificio, debía de
estar saboreando su triunfo. Dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros, Gaspar Zarrías, Magdalena
Álvarez, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen
Martínez Aguayo. Quienes formaron parte de la cúpula de
las consejerías de Empleo y Hacienda, el exinterventor general y hasta el jefe de los letrados de la Junta.
Jornada gris, foto de impacto
Una foto demoledora que fue lo más impactante en un primera jornada tediosa y limitada
a la lectura de los escritos de acusación. Si en 2011, cuando comenzó la
instrucción, alguien hubiera preguntado por esta imagen, posiblemente casi
nadie la habría creído. Rostros serios y circunspectos, tensos, a veces
airados, a veces más relajados.
El exdirector general de Trabajo, unos
15 minutos antes de que el juez Juan Antonio Calle diera por concluida la primera sesión, sacaba su paquete de Marlboro del
bolsillo y lo miraba con deseo. En cada plano de televisión que salía Guerrero
estaba delante el expresidente Chaves. No se sabe si fue intencionado o casual
que se sentara justo detrás.
Guerrero
se sentó justo detrás de Chaves, no se sabe si fue casual o una declaración de
intenciones
Fue el único acusado que se acercó a los micrófonos. Hace siete años
Guerrero abrió el caso de los ERE cuando declaró en sede policial que había un
“fondo de reptiles”, dinero destinado a las “criaturitas” de Andalucía, añadiría más tarde. ¿Cómo afronta el juicio?, le inquirieron. “Estaba deseando. Ya era hora”, contestó con sonrisa burlona y sobrado de chulería. Sonó a lo que dijo en
la comisión de investigación del Parlamento, agosto de 2012, cuando declaró:
“Me tengo por una persona jovial; ni he sido un putero, como alguien dijo, ni
me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece” o “sé
cuánto vale un paquete de Marlboro, un 'gin-tonic' y ya está. En mi vida me ha
dado por comprar un porro”. Ya entonces había pasado por la cárcel, como su superior directo, el exconsejero Antonio Fernández.
La pirámide de Alaya
Guerrero siempre que puede dejar caer
que a él no lo van a pillar de cabeza de turco.
Que sus superiores sabían. Habría que precisar si sabían
de la partida presupuestaria y de las ayudas que la Junta dio y él administró,
presuntamente sin el suficiente control, durante una década, o si sabían de
esos otros detalles sórdidos, de sus supuestos tejemanejes, de que su chófer, Juan Francisco Trujillo, declaró que se llegaron a
gastar 25.000
euros al mes de los parados andaluces en cocaína, de que daba las
ayudas en la barra del bar, de que en muchos casos no hay ni expediente...
Técnicamente, nada de esto se dirime en el primer juicio de los ERE que
comenzó en Sevilla, casi siete años después de la que la jueza Alaya arrancara
su instrucción. Pero en el fondo sí. El juicio de la pieza política aborda si el procedimiento específico que se creó en 2001 para
repartir las ayudas sociolaborales en Andalucía fue legal o no, qué miembros
del Gobierno participaron del sistema y con qué grado de responsabilidad. Las
posibilidades son varias. Si el sistema se declara legal, no hay caso, todo se
desmorona. Si es ilegal habrá que ver hasta dónde llegan las responsabilidades
penales. Si hasta la presidencia de la Junta, Hacienda o Empleo. “La pirámide”,
que relató la jueza Alaya. Hay peticiones de inhabilitación
y cárcel por prevaricación y
malversación.
En la primera sesión del juicio, el
único que mereció de verdad el jornal fue el secretario judicial, ahora letrado
de la Administración de Justicia, que pasó cinco horas leyendo en voz alta los escritos de
acusación de la Fiscalía y el PP. Los 44 folios
del escrito Anticorrupción fueron un
prolijo relato sobre el sistema de ayudas sociolaborales y para empresas en
crisis que durante una década se dotó con 742 millones de euros.
La
primera sesión del juicio discurrió con la lectura durante cinco horas de los
escritos de la Fiscalía y el PP
El escrito repasa cómo desde el año 2000 se diseñó un sistema para repartir
estas ayudas que finalmente se rigió con un convenio marco en 2001. Hubo varios borradores de decreto pero ninguno se
aprobó. "Como resultado, buscado por los encausados, de los cambios
operados en la gestión presupuestaria (...) consiguieron que las denominadas ayudas sociolaborales para el pago de las primas de pólizas de
rentas para extrabajadores y las ayudas a empresas en crisis soslayaran la
necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada
de la Consejería de Empleo".
Desde entonces, el fondo "se puso en manos del encausado Francisco
Javier Guerrero como director general de Trabajo, sin
competencia legal para la concesión de subvenciones", señala el escrito. Este dispuso de esa partida "sin sujeción a la
fiscalización debida (...) y sin necesidad de tramitar expediente alguno (...)
al no haberse propuesto ni aprobado una norma que regulase la concesión de
estas ayudas".
El PP añade "asociación ilícita"
Guerrero fue cesado en abril de 2008
tras una década en su puesto. La Fiscalía repasa las cantidades que administró
el exdirector general de Trabajo cada año, hasta sumar 741,6 millones de euros en
una década.
Recoge también los reparos y advertencias de
la Intervención casi desde el primer momento en que comenzó el sistema. Las ayudas salieron
del circuito habitual y dejaron de ser pagadas directamente por la Consejería
de Empleo. Mediante el mecanismo presupuestario de las transferencias de
financiación, los fondos se dirigían al
IFA, ente público que dependía de Empleo y después (2004) de Innovación. A partir de 2008, es
la Agencia IDEA la que paga las ayudas. El escrito de acusación insiste también
en los desfases
y déficits presupuestarios, que obligaron a sucesivas ampliaciones del Presupuesto para
cubrir los gastos.
“La gravedad
de la situación creada como consecuencia directa y
necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31.L”, el de los ERE,
“necesariamente debieron ser conocidas por los encausados”, sostiene la
Fiscalía. En 2010 se puso fin a este sistema. En los ERE se incluyeron personas
ajenas a las empresas, intrusos, “al no establecerse el más mínimo
mecanismo de comprobación”.
La Fiscalía señala que “se han abonado 66,1 millones de euros por
encima de los precios de mercado” a las aseguradoras en las llamadas sobrecomisiones, “gastos de gestión externa o
comisiones a entidades mediadoras”. Acerca de las ayudas directas a empresas
en crisis,
“al no haberse exigido convocatorias de estas ayudas para
garantizarse su publicidad y conocimiento general”, sostienen los fiscales,
hubo muchas empresas “privadas” de estas subvenciones.
Un juez muy tranquilo
No se esperaba que el juez Juan Antonio Calle, que cumplió con su leyenda de hombre parsimonioso y con nervios de acero, diera paso a la lectura del escrito de acusación del PP. Esto indignó a
muchos letrados y acusados. Los abogados del PP pidieron que se leyera al menos
la mitad de sus 100n folios por considerar que había “hechos no coincidentes”
con la Fiscalía. Así ocurrió, evidenciándose una vez más que el PP, como
acusación particular, ha jugado y sigue jugando un papel clave en el caso desde
que Juan
Ignacio Zoido, juez en
excedencia y hoy ministro del Interior, puso el caso en
bandeja a la magistrada Alaya. Y dejándose entrever también que el juez está
dispuesto a echarle paciencia y agotar todas las garantías procesales para que
nadie pueda pedir la nulidad del juicio. El escrito del PP pide dos años de
cárcel para los acusados de mayor renombre por “asociación ilícita” y eleva el
fondo de los ERE a 1.280 millones de euros.
Los
abogados del PP consiguieron que se leyera la mitad de su escrito de acusación,
lo que dilatará en días el arranque del juicio
Este jueves seguirá el juicio en una segunda sesión donde posiblemente los abogados se apunten a leer sus escritos de defensa
después de que los letrados del PP desplegaran sus argumentos. Posteriormente
quedarán las cuestiones previas. El viernes se suspende todo hasta el 9 de
enero, si no hay retrasos. Y a partir de ahí, se aguarda sentencia dentro de un
año o año y medio, auguran algunos letrados.
No hubo gritos, ni abucheos, ni gente en los juzgados pidiendo justicia. La
presidenta de la Junta, Susana
Díaz, continuó con su agenda habitual: “Andalucía ganará el futuro a través de
la I+D+i”, proclamaba en un foro puntero con la Corporación Tecnológica de
Andalucía, intentando poner tierra con aquella
Andalucía de las pagas a los prejubilados y la paz social por la que sus antecesores políticos se sentaban en el banquillo. Mientras,
la oposición sacaba lustre a sus argumentarios de corrupción y régimen clientelar.
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