- La juez Núñez prepara un auto con la exculpación de empresarios, como pidió la Fiscalía Anticorrupción el pasado marzo
Primeros
imputados en el caso ERE impunes por prescripción de delitos
- La juez Núñez prepara un auto con la exculpación de empresarios, como pidió la Fiscalía Anticorrupción el pasado marzo
La sombra de la
caducidad de delitos ha planeado siempre sobre la macrocausa abierta contra el
fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía. Cinco años después
de la apertura del mayor caso de corrupción institucional de España por número
de imputados (270), el riesgo de prescripción va a convertirse en una realidad.
Según confirmaron
fuentes del caso a ABC, la titular del juzgado de instrucción número 6 de
Sevilla, María Núñez Bolaños, está preparando un auto por el que declara
prescrita la responsabilidad penal de varios empresarios encausados que
recibieron ayudas irregulares, directamente o en nombre de sus sociedades, con
cargo a la partida presupuestaria 31L para rescatar a empresas en crisis, un
fondo dotado con 855 millones de euros. El archivo de la causa seguida contra
los empresarios imputados podría ser notificado a las partes personadas esta
misma semana, según las fuentes consultadas.
Anticorrupción lleva años alertando sobre la caducidad de los delitos en los cinco años de instrucción
Las últimas
alarmas por la caducidad de los supuestos delitos cometidos sonaron el pasado
mes de marzo. Las mismas fuentes recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción pidió
entonces a la anterior juez instructora, Mercedes Alaya (actual magistrada de
la Audiencia de Sevilla), que exculpara a doce empresarios implicados al
estimar que habían prescrito los delitos supuestamente cometidos hace más de
diez años. Las primeras ayudas con cargo al «fondo de reptiles», como lo
bautizó el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero,
se dieron en el año 2001.
En una entrevista
en Canal Sur Televisión, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García
Calderón, mostró ayer su inquietud por la caducidad de los delitos: «La
preocupación por la prescripción siempre está presente, por supuesto que nos
preocupa, y por eso es urgente el dictado de una nueva Ley procesal».
La complejidad y
lentitud de la investigación, la apertura de numerosas ramas paralelas y los
bandazos que ha dado el caso en el tramo final (en seis meses va a tener a tres
instructores distintos) han terminado difuminando algunas responsabilidades
penales, que podrían quedar impunes.
Advertida por el
Ministerio Público tres meses antes de dejar el juzgado, Alaya canceló las
declaraciones de 35 imputadospor ayudas concedidas a empresas de la Sierra
Norte de Sevilla. La Fiscalía solicitó declarar «la prescripción de las
conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre
de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros
siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda» al dictado del
auto de imputación del 6 de febrero de 2015 «hayan pasado más de 10 años».
Delitos prescritos
En su escrito, la
Fiscalía consideraba que habrían caducado los delitos atribuidos a Antonio
Diana Expósito, dueño de una gasolinera en la localidad sevillana de Cazalla de
la Sierra que recibió una ayuda de 60.000 euros en 2004; a Antonio Florencio
Suárez, que obtuvo una subvención por el mismo importe a través de la empresa
Coflosur, pagada el 18 de enero de 2005, y a José Gómez Muñoz, vecino de El
Pedroso (Sevilla), que logró otra ayuda de 90.151 euros en 2003. Por la
caducidad del delito también se librarían de imputación la hermana de la que
fuera delegada autonómica de Medio Ambiente en Sevilla, Beatriz Pérez Martín.
La empresa que administraba, Producciones Barataria, recibió 220.354,24 euros
para montar un portal en Internet de localizaciones y decorados para rodajes
cinematográficos y publicitarios en Andalucía.
Anticorrupción
también apuntaba que están prescritos los delitos cometidos por Eustaquio Reina
-ya fallecido- y José Reina Espínola respecto de su participación en la
obtención de la ayuda por la empresa Eustaquio Reina por importe de 300.000
euros pagada en 2005, y por José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez
Baranquero, que recibieron 390.657,87 euros a través de la empresa Gestión
Turística del Sur en 2005.
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