Junta de Andalucía= cortijo andaluz.....= ¿
Clara usurpación de potestades.
La Consejería de Educación ha licitado un contrato por importe de 109.090 euros para que personal externo se encargue de gestionar el pago de trienios a personal interino. La medida es doblemente controvertida. En primer lugar, porque habría que preguntarse, como ha señalado en más de una ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si la Junta no tiene personal suficiente para llevar a cabo esta tarea. Cuesta francamente creerlo. Con la medida, además, quedan en mal lugar los socios izquierdistas del bipartito. IU se comprometió recientemente a poner coto a las externalizaciones y a las encomiendas de gestión. Lo anunció el portavoz parlamentario de IULV-CA en una rueda de prensa en la sede del partido el pasado 21 de octubre. La segunda cuestión polémica tiene que ver con la usurpación de potestades públicas. La lucha judicial de los funcionarios tras aprobar la Junta la reordenación del sector público ha dejado un gran número de sentencias judiciales. Señalan claramente que las potestades públicas deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y no por el personal «a dedo» que entró en las agencias por la puerta de atrás de las empresas mercantiles fusionadas. Alguna sentencia llega a acotar perfectamente el terreno de actuación y señala que incluso labores organizativas de «archivo y clasificación de documentos administrativos» corresponden a funcionarios. Un informe de la letrada jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Hacienda va en la misma línea. Este personal externo de Educación va a grabar y verificar documentos administrativos. Una clara usurpación de potestades públicas. La Junta tiene la oportunidad y debe rectificar.
Educación contrata personal externo para pagar los trienios de los interinos
«Desbordada», recurrirá a una empresa porque no tiene medios personales suficientes
Sevilla- La reclamación de los complementos salariales por antigüedad de los profesores interinos ha desbordado las previsiones de la Consejería de Educación. La directiva europea de 1999/70 y la posterior sentencia de la Comunidad Europea le ha dado la razón a este colectivo en una reclamación histórica: el derecho a cobrar los pluses por los trienios trabajados en la Administración. La directiva en cuestión, en su artículo 4, ya apuntaba que «por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas».
Esta reclamación ha sido finalmente atendida y ahora las administraciones públicas tienen que compensar económicamente a los afectados por las cantidades no percibidas en este tiempo. Para ello, tienen que presentar la reclamación correspondiente. En el caso de la Consejería de Educación, se están recibiendo numerosos escritos en las delegaciones provinciales. Existe incluso un modelo tipo en Internet puesto a disposición de los afectados por los sindicatos. En él, el reclamante señala que «Conforme establece el art. 25.2 de la Ley 7/2007, se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor de la ley, con efectos retributivos a partir de su entrada en vigor que, tal como señala en la Dº. Fª. 4ª apartados 1 y 2, será el día 13 de mayo de 2007». La Consejería ya venía reconociendo los trienios a partir de esa fecha, gracias a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público. El problema surgió porque tras las decisiones judiciales, los interinos pueden reclamar los periodos efectivos de tres años de trabajo cumplidos anteriores a 2007 y desde 2001 –año en el que debió entrar en vigor la directiva europea–.
Según aseguran desde el Sindicato Andaluz de Docentes Interinos (Sadi), existen en la región unas 20.000 personas que podrían beneficiarse de esta medida. La horquilla de lo que abona la Junta por estos trienios no percibidos oscila entre los 1.500 y los 3.500 euros, en función de la antigüedad de cada docente. La manera de actuar que está siguiendo la Consejería de Educación es similar en la mayoría de los casos: espera que se produzca la reclamación administrativa y luego, una vez que se abre la vía judicial, abona lo adeudado antes incluso que se celebre la vista. Esa es al menos la experiencia de Sadi, que asegura que la mayoría de los 20.000 potenciales beneficiarios no ha recurrido por diversos motivos.
La cuestión es que para atender ahora esas reclamaciones, la Consejería de Educación admite que no tiene personal. Por ese motivo, ha licitado un contrato para la grabación y verificación de los diversos documentos administrativos que entreguen los reclamantes en las distintas delegaciones provinciales. En el pliego, el departamento que dirige Mar Moreno admite que las peticiones «no podrán ser atendidas con los medios personales de los que actualmente dispone la Consejería de Educación sin que se considere conveniente, por la transitoriedad de la situación, la ampliación de los mismos».
La necesidad de reforzar el personal administrativo se amplía por motivo de la reestructuración de competencias decidida por José Antonio Griñán a comienzos de la legislatura. Educación ha asumido las tareas de la Consejería de Empleo en materia de Formación Profesional para el Empleo. La asunción definitiva de estas competencias se producirá a partir del 1 de enero de 2013.
El contrato tendrá un año de duración y se desarrollará en la sede de la Consejería en Sevilla. El departamento que dirige Mar Moreno exige al adjudicatario 12.000 horas de trabajo. El importe de la licitación es de 109.090,90 €euros más IVA.
Clara usurpación de potestades
La Consejería de Educación ha licitado un contrato por importe de 109.090 euros para que personal externo se encargue de gestionar el pago de trienios a personal interino. La medida es doblemente controvertida. En primer lugar, porque habría que preguntarse, como ha señalado en más de una ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si la Junta no tiene personal suficiente para llevar a cabo esta tarea. Cuesta francamente creerlo. Con la medida, además, quedan en mal lugar los socios izquierdistas del bipartito. IU se comprometió recientemente a poner coto a las externalizaciones y a las encomiendas de gestión. Lo anunció el portavoz parlamentario de IULV-CA en una rueda de prensa en la sede del partido el pasado 21 de octubre. La segunda cuestión polémica tiene que ver con la usurpación de potestades públicas. La lucha judicial de los funcionarios tras aprobar la Junta la reordenación del sector público ha dejado un gran número de sentencias judiciales. Señalan claramente que las potestades públicas deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y no por el personal «a dedo» que entró en las agencias por la puerta de atrás de las empresas mercantiles fusionadas. Alguna sentencia llega a acotar perfectamente el terreno de actuación y señala que incluso labores organizativas de «archivo y clasificación de documentos administrativos» corresponden a funcionarios. Un informe de la letrada jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Hacienda va en la misma línea. Este personal externo de Educación va a grabar y verificar documentos administrativos. Una clara usurpación de potestades públicas. La Junta tiene la oportunidad y debe rectificar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...