Los límites existen......
Se cumplen
dos años de gobierno del Doctor Fraude -también conocido por El Fraudillo o por Lázaro
Estornudo- y esto emana ya un repugnante
hedor a podredumbre. Dos años le han bastado para que su mandato empiece a parecerse mucho a un régimen, un régimen neototalitario –algunos
le llaman dictadura
constitucional-; digo neototalitario,
porque se prescinde de ciertas características de los totalitarismos –como el
partido único- que quedan moduladas sin que, sin embargo, se modifique la
sustancia y los fines de estos: la liquidación de la separación de poderes y la
sumisión de forma directa o indirecta de los poderes del Estado al Gobierno; la
voladura del Estado de Derecho y del principio de Supremacía de la Ley, y su
sustitución por un modo de actuación en el que prima el sometimiento y control,
directa o indirectamente, de jueces y tribunales, la inseguridad jurídica y la
voluntad del Líder como fuente primigenia del derecho; la amortiguación de los
derechos, libertades y garantías constitucionales, especialmente la libertad de
expresión, unida al control de los medios de comunicación; la estigmatización
social de cualquier tipo de disidencia, personal o partidista, y el acoso y
persecución de sus autores; y, por último, el establecimiento de mecanismos de
perpetuación en el poder, como el fraude electoral –en sus preparativos
(CIS/PSOE-Tezanos), en su desarrollo (la JEC multó a Sánchez y Celaa por
violación de la neutralidad) y en sus resultados (utilización del denominado
‘método abreviado’, en lugar de las actas de escrutinio de las mesas
electorales)- y la corrupción del cuerpo social, mediante la generación de una
sociedad subsidiada (como dijo Plutarco en Coriolano: parece que tenía toda
la razón el que dijo que el primero que arruinó la soberanía del pueblo fue el
que primero le obsequió con banquetes y reparticiones de dinero, o, en
palabras de Roa Bastos: lo que se trata es de
reblandecer la sociedad para convertirla en una ramera complaciente.)
En ese
caldo de cultivo no resulta nada extraño que los jueces con ambiciones y sin
escrúpulos pretendan con sus sentencias agradar a los que mandan. Más aún si
sólo son jueces sustitutos y aspiran a la estabilidad en su función
jurisdiccional. Y creo que sólo así se explicaría que una
jueza sustituta –amonestada previamente por el TSJA por su mala actuación y dejadez- haya condenado a dos años de
cárcel por un delito de revelación de secretos al exempleado de la UGT que
destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en que este sindicato
socialista ha estado pringado. Esta jueza
hace honor al aforismo de Juvenal: perdona a los cuervos y humilla a las palomas,
y pone meridianamente de manifiesto que para este
nuevo régimen (la Fiscalía, o sea, el Gobierno, más feroz aún que la jueza
contra el denunciante de la corrupción socialista) el objetivo de los
tribunales no consiste ni de lejos en administrar Justicia, sino en el apoyo a
los intereses creados, al orden existente de las cosas, ventajoso para la casta
gobernante, por usar las palabras de Tolstoi.
De aplicar las retorcidas
tesis que fundamentan esa infame sentencia, Capone
jamás hubiese sido condenado, Urdangarín estaría en la calle y el contable
Carlos Van Showen, destapador del caso Filesa, en la cárcel. La excusa: la protección de la
intimidad documental de la organización (presuntamente) corrupta. Daría risa, si no fuese tan grave el asunto, que eso se
produzca justamente ahora, cuando el Gobierno está tramitando una modificación
legislativa no solo para abolir el secreto profesional de los asesores fiscales
(muchos de ellos abogados; por tanto, abolir confidencialidad abogado-cliente)
sino convertirlos en obligados confidentes de la
Administración. Y, aún más escandaloso,
delatores no ya de delitos o de proyectos delictivos sino de -usando la
arbitraria, por contraria a la seguridad jurídica, expresión de La Chiqui, la ministra sanchista- una ‘planificación fiscal agresiva’.
Luego están
los otros, los de la brigada
policial de la NN, comandados por el reichsminister Marlaska y su cohorte de reichskommissare, violando, mediante la monitorización de las redes
sociales, eso tan preciado para ellos, cuando se trata de intimidar a los
denunciantes de la corrupción política, como es la intimidad; censurando la
legítima crítica ciudadana al Gobierno y atemorizando y amenazando y multando a
los ciudadanos que portan orgullosos los símbolos del Estado, como su bandera, o coartando su derecho a
deambular libremente por los espacios públicos. Se ha llegado al hecho
escandaloso de que desde el propio Gobierno, a través de su
vicepresidente segundo
-el del ‘jarabe democrático’, el que dijo que la policía no protege a la gente, sino que son matones al
servicio de los ricos, y que no protegen a la gente sino a la gentuza-
se use a la Guardia Civil para resguardarse de la pacífica
indignación ciudadana contra su persona, como
si se tratara de su guardia pretoriana; qué razón tenía con lo de proteger a la
gentuza. Y, en el colmo del delirio totalitario, este déspota vicepresidente
del Gobierno, emulando el matonismo de sus admirados Chaves y Maduro, azuza a
la chusma violenta de su secta contra los ciudadanos que ejercen pacíficamente
sus derechos constitucionales y contra los periodistas y los dirigentes de los
partidos políticos que no se someten a sus dictados.
Es inaceptable, aunque
pueda resultar comprensible, que
los miembros de
los cuerpos policiales, sus mandos intermedios y el conjunto de policías y
guardias civiles de los cuerpos y escalas básicas,
acepten mansamente –salvo honrosas
excepciones- el cumplimiento de órdenes
manifiestamente inconstitucionales. La
obediencia debida no puede ser pretexto o justificación de actuaciones
policiales contra los derechos de la ciudadanía. Decía Eduardo Mendoza en una de sus novelas que “una de las grandes desgracias de las personas honradas es
que son cobardes. Gimen, se callan, cenan y se olvidan…” Eso está pasando con
nuestros cuerpos policiales, y ojalá llegara a hacerse realidad el temor que
manifestaba ante su banda uno de los gánster de la película La jungla de asfalto: “…la experiencia demuestra que no se puede confiar en la policía, cuando menos te lo esperas
se ponen de parte de la Ley.”
Ojalá,
digo, porque si eso no sucede mutaran en policía de partido y
los ciudadanos en presos
sin cárcel, como dijo R.
Kipling.
No caben medias tintas ante
un Gobierno despótico.
Denunciantes de corrupción exigen la "inmediata" transposición de la directiva europea que los protege tras la condena a Roberto Macías
- Los activistas se quejan de que la condena parece "una nueva represalia a un denunciante de corrupción por parte de una Justicia", que desoyó su petición de protección
Roberto Macías: "No me arrepiento. Las facturas que filtré sirvieron para procesar a una organización corrupta"
http://idolosyllanto.blogspot.com/2020/05/el-nuevo-regimen-y-las-brigadas-de-la-nn.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2020/05/19/5ec3f2bafdddff57ba8b45fb.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2020/05/19/5ec3f2bafdddff57ba8b45fb.html
CASO UGT-A
Denunciantes
de corrupción exigen la "inmediata" transposición de la directiva
europea que los protege tras la condena a Roberto Macías
- Los activistas se quejan de que la condena parece "una nueva represalia a un denunciante de corrupción por parte de una Justicia", que desoyó su petición de protección.
Una
veintena de denunciantes de corrupción y una decena de asociaciones ha
solicitado la "inmediata transposición" a la legislación española de
la directiva europea que los protege, después de que el ex trabajador de UGT-A Roberto Macías haya sido
condenado a dos años de cárcel por desvelar información sobre el presunto amaño
de facturas falsas en el sindicato.
Como viene informando EL MUNDO, una jueza
de Sevilla ha condenado por
revelación de secretos a Macías que, pese a ser la persona que destapó el
fraude, se ha convertido en el primer condenado del caso. Roberto Macías, en una entrevista con EL
MUNDO, ha señalado: "Aunque el camino ha sido un calvario, no me arrepiento de haber entregado las facturas a la
prensa, pues la información sirvió para procesar a una organización
corrupta", como UGT-A.
En efecto, las revelaciones periodísticas
sobre el escándalo de las presuntas facturas falsas de UGT-A provocaron que se
iniciara una investigación penal que,
de momento, va a sentar en el banquillo a toda la ex cúpula de la organización
sindical, que se enfrenta al pago de una fianza de 40,7 millones
de euros. Uno de los enjuiciados será el ex secretario general de
UGT-A, Francisco
Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir por el escándalo.
Los activistas contra la corrupción han
mostrado su "sorpresa y malestar por la inobservancia del marco jurídico
vigente: la Directiva Europea UE 1937/2019-A -a la que la sentencia hace
referencia-, y que contiene disposiciones que son de obligado cumplimiento", ya que está
"establecida y consolidada la primacía del Derecho de la Unión Europea
sobre el Derecho nacional", dice el colectivo.
Roberto Macías pidió durante el juicio que
se le aplicara esta directiva europea, pero la jueza no lo hizo porque esa
norma "aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está
pendiente su transposición al derecho nacional".
La jueza remarca en su sentencia que en
esta directiva "se prevé unos concretos canales de denuncia dentro de
propia entidad o ante las autoridades competentes", es decir que
"busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones
públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos".
Para los activistas contra la corrupción,
la condena de Roberto Macías parece "una
nueva represalia a un denunciante de corrupción por parte de una Justicia, que no solo desoye su
protección, sino que lo condena por una acción que el propio marco jurídico
español le obliga a realizar".
Por ello, solicitan la nulidad de un fallo,
ante el que mostraron "rechazo e indignación", y que se archiven de
las actuaciones contra Roberto Macías por haber ejercido "su deber" de denunciar las presuntas
prácticas corruptas de la organización para la que trabajaba y "su derecho
de hacerlo por el canal que le proporcionase una mayor seguridad".
Para estos activistas contra la corrupción,
es fundamental la "modificación"
del Código Penal con el objetivo de impedir que el ordenamiento jurídico
"continúe criminalizando las denuncias públicas". Por ello, solicitan
que sea un "eximente" de responsabilidad penal la utilización de
"datos no sensibles para denunciar de forma pública actos de
corrupción".
Además de la transposición de la directiva
europea, el colectivo reclama una "ley
integral de protección de alertadores de corrupción y contra la
corrupción".
Los firmantes del manifiesto de apoyo a Roberto
Macías son:
1.
Alex Diges (Periodista e investigador denunciante de corrupción medioambiental
y urbanística)
2.
Ana Garrido (Denunciante caso Gürtel)
3.
Ana Varela (Denunciante fraude formación empleo)
4.
Carlos Martínez (Denunciante cursos de formación desempleados Cataluña)
5.
Consuelo del Cid (Denunciante gestión desamparo niños Asuntos Sociales)
6.
Fernando Urruticoechea (Denunciante corrupción caso Castro Urdiales)
7.
Francisco José Sánchez del Águila (Denunciante corrupción caso Poniente
Almería)
8.
Gerardo Gandía (Denunciante cursos formación desempleados Valencia)
9.
Gracia Ballesteros (Denunciante Caso Aquamed)
10.
Jaime González Díaz (Denunciante caso Cártel del fuego, Andalucía)
11.
Javier Perejón (Denunciante corrupción Andalucía)
12.
José M Castillejo (Denunciante caso Zinkia Pocoyo
13.
Julita Gómez Salas (Denunciante corrupción tutela mayores en AMTA, Madrid)
14.
Justo López (Denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm)
15.
Lola Mesa (Denunciante de fraude en TGSS en Cádiz)
16.
Luis Gonzalo Segura (Denunciante corrupción Ejército Español)
17.
Maite Morao (Denunciante caso "Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell)
18.
María Serrano (Denunciante corrupción Seprona Andalucía)
19.
Roberto García (Denunciante formación desempleados La Rioja)
20.
Sonia Peral (Denunciante corrupción sistema educativo)
Organizaciones:
1. AcC Asociación Alertadores contra la
Corrupción
2. Asociación Alianza contra la corrupción
3. Asociación de víctimas de corrupción
judicial
4. Asociación Mediterránea Anticorrupción y
por la Transparencia 5. Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de
Cartagena
6. Asociación para la lucha contra la
Corrupción y en defensa de la Acción Pública.
7. Asociación Unificada de Guardias Civiles
de Málaga.
8. Corruptil
9. Desterradas hijas de Eva Asociación
contra el robo de niños en manos de Servicios
Sociales
10. UPLA-LA UNIÓN pensionistas por la
dignidad social.
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