ANDALUCÍA. Parón del Gobierno de Susana Díaz con las 35 horas
JORNADA 35 HORASLos servicios jurídicos
obligan a la Junta a parar el «truco» de la Junta para las 35 horas
- Los sindicatos acatan la prórroga pero se quejan de las formas en que se ha desarrollado esta medida
ANDALUCÍA
Parón del
Gobierno de Susana Díaz con las 35 horas
Parón de la Junta de Andalucía, que
preside la socialista Susana Díaz, a su plan pactado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada laboral de 35 horas semanales para los 250.000
empleados públicos andaluces.
Pese a que estaba previsto y anunciado
que el Consejo de Gobierno ratificara este martes el acuerdo alcanzado este
lunes entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos
que instaura el 'teletrabajo', ya que los
empleados públicos seguirán trabajando 35 horas de forma presencia y otras 2,5
horas en casa, finalmente no fue así.
De esta forma , el Consejo de Gobierno
aplazó este martes la ratificación del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo
andaluz y los sindicatos para elevar la jornada en la administración de 35 a
37,5 horas semanales hasta que se establezca un sistema de seguimiento del cumplimiento de dicha jornada, al ser 2,5 horas no presenciales.
Tras la reunión del Consejo de
Gobierno, el portavoz, Juan Carlos Blanco, ha explicado que el Consejo ha tomado en conocimiento el acuerdo, pero ha
instado a las partes a concretar un plan de seguimiento de la jornada laboral,
que, según el acuerdo, serán 35 serán presenciales y 2,5 horas no presenciales que se dedicarán a formación y preparación de tareas.
Blanco ha precisado que el Gobierno
andaluz hace esta petición de informe de seguimiento porque trabaja con
"rigor y seriedad" y también para dar seguridad
jurídica a los acuerdos, y ha avanzado que la
ratificación del mismo se hará en "cuestión de días".
El Consejo de Gobierno ha remitido al Tribunal Constitucionalel acuerdo que este lunes suscribieron la
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con UGT, CCOO y la CSIF en la Mesa General de la Función Pública, para
acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada laboral de
35 horas semanales en la administración andaluza.
"El Gobierno andaluz jamás deja de acatar nada", ha garantizado Juan Carlos
Blanco, quien ha insistido en que el retraso en la ratificación del acuerdo no
se debe a ningún informe en contra de los servicios jurídicos de la Junta sino a
que es lo "más oportuno" contar con un plan de seguimiento.
El acuerdo recoge 35 horas semanales de
promedio en cómputo anual de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las
2,5 restantes, hasta completar las 37,5, se dedicarán a la preparación, organización
de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad
laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo
profesional.
Tendrán la consideración de trabajo
efectivo y computarán dentro de la jornada general
En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de
jornada complementaria.
Respecto al personal docente, se
reorganizarán las tareas de la jornada manteniendo las 20 horas lectivas y
considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en el curso
2018/2019.
Por su parte, el horario de no obligada
permanencia pasa de 5 a 7,5 horas.
El Gobierno andaluz ejerce así su
competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para la organización general de su función pública, así como
en el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que las
administraciones públicas establecerán la jornada general de trabajo de sus
funcionarios, según Blanco.
Ceses
l
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha pedido el cese de la consejera de Hacienda y Administración Pública por el "bochornoso espectáculo" en torno a la aplicación de la sentencia sobre las jornada laboral de 37,5 horas en la Junta, y cree que la actual situación "genera inseguridad jurídica" entre los funcionarios andaluces.
Fuentes del SAF han valorado de esta
forma el hecho de que la Junta de Andalucía tendrá que remitir al Tribunal
Constitucional (TC) el acuerdo alcanzado con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en
la Mesa General de Negociación Común que permitirá cumplir la sentencia del TC
que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces,
y establecerá un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5
horas, teniendo en cuenta que dos horas y media semanales no serán de obligada
permanencia en el puesto.
Las fuentes del SAF han indicado a
Europa Press que esta medida "se podía haber hecho
antes y con más garantías, desde el
momento en que se estableció la jornada de 37,5 horas hace más de cuatro
años".
"Han tenido que darse todos estos
recursos, acudir al TC y pasar todo este bochorno y encima ahora no sabemos qué
jornada laboral vamos a tener", han lamentado las fuentes quienes
consideran que la situación actual "deja a los funcionarios en la picota".
Asimismo, consideran que la consejera "está desautorizada para poder seguir en el cargo después de lo que ha ocurrido este
martes", por lo que ha solicitado la dimisión de la consejera.
"La Junta ha usado a los
funcionarios para confrontar con el Gobierno", se han lamentado las fuentes, quienes han precisado que la semana pasada
salió la sentencia "y el lunes arbitran una medida a toda prisa que
desprestigia a los funcionarios de la Junta y que es algo improvisado,
chapucero y bochornoso".
Asimismo, el SAF considera que los
sindicatos de la Mesa General de Función Pública -CSIF, CCOO y UGT-
"también se han lucido".
Diaz utiliza a los funcionarios.
La portavoz adjunta y responsable del
área institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado a Susana Díaz
de utilizar la aplicación de las 35 horas semanales para "confrontar"
con el Gobierno central y "lavar su imagen".
"El decreto de las 35 horas nació
como un plan A para confrontar con el Gobierno y para lavar la imagen Susana Díaz. Ahora, con celeridad, se aplica
el plan B para resolver un problema que la Junta sabía que generaba cuando
presentó el decreto", ha censurado.
Nieto ha calificado de
"lamentable" la actitud del Ejecutivo andaluz por "jugar con las expectativas" de cientos de miles de empleados públicos que estaban pendiente de la
concreción de esta decisión "tan enredada".
Ataques al PP.
El PSOE-A ha señalado este martes el "papelón" que, a su juicio, ha
hecho el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno,
con el decreto andaluz de las 35 horas tras haberse ofrecido
a los sindicatos como mediador ante el Gobierno central y la posterior
sentencia del Tribunal Constitucional anulándolo, lo que ha evidenciado que no
tiene "ningún" liderazgo político. "El supuesto mediador se ha
convertido en un líder demediado, de pacotilla, disminuido", ha
apostillado.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha asegurado que
la Junta acata la sentencia que anula el decreto de la jornada de 35 horas para
los empleados públicos andaluces, si bien ha criticado que la motivación que ha
llevado al Gobierno central a impugnarlo es "atacar a Andalucía, a nuestra
autonomía e impedir la recuperación de derechos".
Tiempo perdido.
La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha asegurado que
algunas de las medidas anunciadas por la Junta para mantener la jornada de las
35 horas para los funcionarios tras la sentencia del TC "podrían haberse
tomado antes como en otras comunidades, pero se ha preferido la bronca".
Crespo ha dicho que su formación aún no
conoce el contenido del acuerdo alcanzado por la Junta y los sindicatos en esta
materia y que quieren estudiarlo con detenimiento. Si bien, por lo que han
leído en los medios de comunicación, les "sorprende" que
"algunas medidas no se hayan tomado antes".
Tras acusar al Gobierno de Susana Díaz
de "utilizar de manera vil" a los funcionarios, Crespo ha dicho que a
la Junta no le ha importado "si vulneraba las normas del Estado de
Derecho" y, prueba de ello, según ha añadido, es que el TC se ha
pronunciado en su contra.
Alabanzas de Ciudadanos.
El presidente y portavoz del grupo
parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha considerado "positiva" la solución que el Gobierno andaluz ha
dado tras la sentencia del TC, puesto que "no destruye empleo ni vulnera
ninguna ley".
Marín ha indicado que todas las
administraciones tienen que ser "respetuosas y rigurosas" en el
cumplimiento de las decisiones judiciales y que la Junta actúa de la manera
adecuada frente a lo dictado por el TC.
Así, sobre el acuerdo alcanzado con los
sindicatos para cumplir las 37,5 horas contabilizando trabajo no presencial, el
líder de la formación naranja ha dicho que a los profesores ya se les
contabilizan muchas horas no lectivas en las que realizan otra formación.
"La Junta cumple con lo que tiene
que cumplir", ha insistido Marín, quien ha dicho esperar que estas dos
horas de más que cumplirán los funcionarios cada semana "sean útiles para
ofrecer un mejor servicio a los andaluces".
JORNAdA 35 HORAS
Los servicios jurídicos
obligan a la Junta a parar el «truco» de la Junta para las 35 horas
- Los sindicatos acatan la prórroga pero se quejan de las formas en que se ha desarrollado esta medida
Marcha atrás de la Junta de Andalucía en la
reforma de la jornada laboral de los sindicatos y trabajadores de la
administración que suponía que trabajaran 2,5 horas semanales desde casa. Esta
decisión, forzada por el consejo de los servicios jurídicos de la propia Junta
se produce el mismo día que el Consejo de
Gobierno tenía que aprobar la reforma, debido a la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibía la instauración de las
35 horas semanales de la administración, como aprobó el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía.
La presidenta de la Junta se ha visto forzada a este
frenazo de última hora, que de hecho ya había pactado con los sindicatos y que
esperaba anunciar este mismo martes. La clave de la cuestión está en que la Junta no
tiene la seguridad de que pueda controlar el trabajo de 2,5 horas semanales desde
casa que proponía en su respuesta a la sentencia del TC. Y, por eso, prefiere
esperar para aplicar el acuerdo.
El
cambio no es baladí. Supone que el Gobierno de
Susana Díaz ha preferido quedar mal con los sindicatos, a los que había
prometido esta medida, que tener en contra de nuevo al Constitucional, tribunal
que ya le ha tirado de las orejas el Ejecutivo de Díaz por el decreto de las 35 horas.
Así las cosas, quedan en el aire por le momento los
7.000 puestos de trabajo en la administración andaluza que dependían, según la
Junta, de la aplicación de las 35
horas.
También quedan pendientes los acuerdos con los sindicatos, que ya daban por hecho
que no habría recortes en las plantillas. Y, todo esto, cuando de fondo se está
negociando en Madrid y Sevilla las ofertas de empleo público de este año y los siguientes, que se suman a las
ofertas de empleo extraordinaria para reducir la temporalidad.
Así, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de
Gobierno, el portavoz, Juan Carlos Blanco, ha explicado que el
Consejo ha tomado en conocimiento el acuerdo, pero ha instado a las partes a concretar un plan
de seguimiento de la jornada laboral, que, según el
acuerdo, serán 35 serán presenciales y 2,5 horas no presenciales que se
dedicarán a formación y preparación de tareas.
Blanco ha precisado que el Gobierno andaluz hace esta
petición de informe de seguimiento para dar seguridad jurídica a los acuerdos, extremo del que no
están convencidos tras el frenazo a la medida. Sin embargo, desde el Ejecutivo
de Susana Díaz se muestran convencidos de que aprobarán esta medida en «cuestión de
días».
Críticas de los
sindicatos
El sindicato CCOO en Andalucía ha afeado este martes «la
improvisación» de la Junta de Andalucía al no
ratificar el Consejo de Gobierno andaluz el acuerdo, mientras que UGT-A ha
señalado que el aplazamiento de «una semana» para su convalidación es
preferible para «evitar desconfianzas» sobre el cumplimiento de las dos horas y media no presenciales.
Así, el secretario general de FSC CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha criticado que,
«habiendo avisado de que faltaba el detalle de cómo se demuestra que el
empleado público trabaja esas dos horas y media de más no presenciales», la
Consejería de Hacienda y Administración Pública no les dijeran que iban
finalmente a incluir un procedimiento de seguimiento de la jornada y, por
tanto, aplazar su convalidación.
«Bien nos lo podían haber dicho ayer. Me
parece una cosa rarísima cuando ayer tenían mucha prisa», ha indicado De la
Cruz, quien ha considerado «lógico» que se establezca un control de la jornada.
«Nos parece bien que esa
media hora diaria no sea presencial, pero
hay que controlarla», ha explicado.
Por su parte, el secretario general de FeSP UGT-A, Antonio Tirado, ha
considerado que aplazar «una semana» la ratificación de este acuerdo para
incluir una matización sobre el control de la jornada de los empleados públicos es
necesario para que «no haya malentendidos ni desconfianzas» en su cumplimiento.
«El acuerdo sigue igual, solo que van a incluir el
control horario de las dos horas y media», ha apuntado Tirado, quien ha insistido en que
«muchos empleados públicos echan hasta 40 horas a la semana».
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