FRAUDE DE LA FORMACIÓN. El testigo protegido denuncia al juez el «acoso» en la Junta
- Detalla las represalias que han tomado contra él tras destapar el fraude de la formación: Ha pedido 35 veces claves informáticas para poder trabajar
Conclusión; así es un Régimen....
Basta ya de impunidad!!!!!
La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia con su ejemplo. Eduardo Galeano.
"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado"
.Margaret Mead-
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/11/59b575e4ca4741f8288b4584.html
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
El testigo protegido denuncia al
juez el «acoso» en la Junta
- Detalla las represalias que han tomado contra él tras destapar el fraude de la formación: Ha pedido 35 veces claves informáticas para poder trabajar
El
funcionario declarado testigo protegido del presunto fraude de la formación ha denunciado ante el
juez el «acoso laboral» que dice estar sufriendo en su puesto de trabajo en la
Junta, tras poner al descubierto un sinfín de irregularidades relacionadas con
los cursos subvencionados con casi 3.000 millones de euros por el Gobierno
andaluz durante una década.
Este empleado público, jefe del departamento de Gestión de Formación
Profesional Ocupacional (FPO), narró en 2014 a la juez Mercedes Alaya y
también el año pasado ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz
sobre los cursos de formación que estas subvenciones se habían
convertido en el «negocio del siglo en la Junta», en el que los
sindicatos y la patronal gozaban de un estatus especial y de beneficios del
«cien por cien». Tras su declaración, la juez Alaya lo convirtió en
testigo protegido para preservar su testimonio de cualquier presión durante la
instrucción de la causa.
Ahora, este empleado público ha
presentado un recurso para la protección de sus derechos fundamentales en los juzgados de lo contencioso administrativo de
Sevilla en el que narra el «acoso laboral» que está sufriendo en la Junta,
según pudo confirmar EL MUNDO.
En su recurso ante el juez, el
funcionario describe cómo, poco a poco, su puesto de jefe del departamento de
Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO) se ha ido quedando sin competencias. Ha pasado de
gestionar entre 15.000 y 20.000 cursos a tan sólo una decena y de tener a su
cargo 45 técnicos a contar con menos de diez. El funcionario
ya pidió amparo en diciembre de 2016 al Parlamento andaluz porque lo estaban
marginando, al dejarlo sin apenas competencias. Esta denuncia desencadenó una gran bronca política en la Cámara andaluza, ya que no llegó a sus
destinatarios y fue eliminada del registro.
En
su último recurso judicial también expone, entre otros episodios de presunto
acoso laboral, que lleva ya más de un año reclamando sin éxito que le faciliten las claves informáticas de las
distintas aplicaciones que necesita para poder hacer su trabajo. Las ha pedido
al menos 35 veces, una de ellas al consejero de Empleo, Empresa y Comercio,
Javier Carnero. A su jefe de servicio se las ha solicitado 15 veces, entre el 5
de julio del año pasado y el 5 de julio de este año; siete veces al delegado
territorial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan Borrego;
siete veces al director general director general de Formación Profesional para
el Empleo, Manuel Jesús García; y cinco veces a la viceconsejera de Empleo,
Empresa y Comercio, que ahora es Pilar Serrano Boigas. Las 35 veces las
requirió por escrito.
La última vez que este empleado
público ha solicitado las claves informáticas fue el pasado 21 de agosto. En el
escrito vuelve a pedir «con
urgencia» claves que «sean operativas», ya que
«hemos tenido antecedentes en otro sentido», remarca el documento al que tuvo
acceso este diario.
La Junta habla de reorganización.
La versión del presunto acoso que
ofrecen las fuentes oficiales de la Delegación Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla difiere totalmente de la del
testigo protegido. Niegan que exista tal acoso o discriminación.
Las fuentes han explicado a este
diario que se ha reorganizado el trabajo en el área de
formación en la que trabaja el testigo protegido, buscando la «eficacia y
mejorar la gestión». Por lo tanto, no es que se le estén quitando competencias
a este funcionario, sino que se ha reorganizado el trabajo. Lo llamativo es que
solo ha cambiado en Sevilla y no en el resto de provincias.
La Junta admite que el testigo
protegido no tiene acceso a todas las aplicaciones informáticas, como el
funcionario ha denunciado, pero matiza que sí cuenta con todas las que necesita
para poder hacer su trabajo y que son plenamente operativas,
si bien es cierto que cada cierto tiempo caducan y hay
que renovarlas.
Por ello, las fuentes negaron que haya bloqueo o el
departamento en el que trabaja el testigo protegido no esté funcionando
correctamente. A pesar de que este funcionario ha reclamado una aplicación
informática que considera «imprescindible» para controlar que los centros que
van a impartir cursos estén homologados en tiempo y forma, la Delegación
Territorial considera que no la necesita para hacer su trabajo.
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