TRIBUNALES. Un ex consejero de Susana Díaz, a juicio por los cargos
'fantasma'
- El TSJA concluye la investigación sobre Luciano Alonso, ex consejero de Cultura, al que acusan de prevaricación
- La Fiscalía pide la inhabilitación por nombrar a tres cargos que nunca ocuparon el puesto.
- 'Fantasmas' con cargo a los fondos públicos
TRIBUNALES El ex consejero Luciano Alonso se enfrenta a 14 años de inhabilitación por tres
nombramientos 'fantasma'
- La Fiscalía le acusa de prevaricar al designar a parientes de destacados socialistas para ocupar cargos por los que cobraron pero que no desempeñaron
- Los beneficiarios fueron un compañero del PSOE de Málaga, el hijo de la ex alcaldesa de Jaén Carmen Peñalver y la hija de un destacado socialista malagueño
FISCALIZACIÓN.La promotora de
colegios de la Junta costeó la vivienda a directivos
- El Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos reclamó el dinero pagado indebidamente en concepto de indemnización
EL GASTO PÚBLICO. La Junta pagó 'casa gratis' a altos cargos del ISE de forma irregular
- La Cámara de Cuentas observa indicios de responsabilidad por 'alcance contable
- Dos de los beneficiarios han devuelto las cantidades abonadas, pero un tercero no
EL GASTO PÚBLICO. La Junta reclama en el juzgado a un ex directivo el alquiler de su
casa que le pagó indebidamente
- La Consejería de Educación lleva ante el juez a un ex alto cargo del antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) que se niega a devolver casi 13.000 euros.
- La Administración autonómica le pagó la 'casa gratis' de forma irregular durante dos años a él y a otros dos cargos
- La Cámara de Cuentas considera que hay indicios de "responsabilidad por alcance contable", que hay un agujero injustificado en las cuentas públicas
FORMACIÓN. A la
Junta le caduca la reclamación de un millón al exconsejero Ojeda para dar
cursos en Delphi.
- El TSJA da la razón al empresario y condena a costas a la Administración por la tardía tramitación del reintegro
Andalucía.El Tribunal Constitucional anula
la composición de la Mesa del Parlamento andaluz
- En la sesión constitutiva de la legislatura se vulneraron los derechos de una diputada del PP, al ser «excluida» de las tres secretarías a pesar de haber sido la segunda más votada
POLÍTICA. E l TC tumba la maniobra de Díaz para controlar el Parlamento
RIBUNALES
Un ex consejero de Susana
Díaz, a juicio por los cargos 'fantasma'
- El TSJA concluye la investigación sobre Luciano Alonso, ex consejero de Cultura, al que acusan de prevaricación
- La Fiscalía pide la inhabilitación por nombrar a tres cargos que nunca ocuparon el puesto
El ex consejero del Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana
Díaz, Luciano Alonso, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación, después de que la
investigación llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) haya concluido que nombró tres cargos fantasma que nunca ocuparon el puesto
durante su etapa en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
EL MUNDO pudo confirmar en fuentes
del tema que el TSJA ya ha enviado el caso a juicio por un presunto delito de prevaricación contra el socialista Luciano
Alonso, que ha sido investigado por el alto tribunal andaluz dada su condición
de aforado, al ser diputado en el Parlamento andaluz. También la Fiscalía ha
formulado ya su escrito de acusación contra el ex consejero, para el que
solicita la inhabilitación por prevaricación, según pudo averiguar este diario.
La investigación judicial sobre el
parlamentario Luciano Alonso comenzó después de que saliera a la luz que
durante su etapa de consejero había nombrado -con Griñán como presidente de la
Junta- al entonces coordinador del grupo socialista en la Diputación de Málaga,
Luis Guerrero Jiménez, como director del Centro de Andaluz del Flamenco (CAF),
con sede en Jerez de la Frontera, un lugar que nunca llegó a pisar, ya que su trabajo real consistía en realizar labores de
asesoría cultural en Málaga, como él mismo reconoció.
Inmediatamente, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió de oficio una investigación, que
concluyó con una querella contra el ex
consejero Luciano Alonso y contra el ex director del Centro Andaluz de Flamenco
por prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación.
Sin embargo, el TSJA finalmente limitó el caso a un
delito de prevaricación y dejó fuera al ex director del Centro Andaluz de Flamenco, aunque
descubrió algo importante: que no había un único cargo fantasma, sino que la Junta de
Andalucía había utilizado este tipo de puestos para colocar a los hijos de dos ex alcaldes del PSOE.
Las pesquisas del magistrado del TSJA
Miguel Pasquau Liaño sirvieron para reconstruir con detalle cómo se amaña un
destino ficticio y permitieron desvelar la existencia de hasta tres cargos
fantasma en la Consejería de Cultura durante la etapa de Luciano Alonso.
Además del ex director del Centro de
Andaluz del Flamenco (CAF), el juez instructor del TSJA descubrió, tirando del
hilo, el nombramiento fraudulento de Alejandro Cárdenas Peñalver
y María Centeno Sánchez como directores (en distintas fechas) de la Filmoteca
de Andalucía, que tiene su sede en Córdoba, pero que tampoco pisaron jamás.
Ambos se limitaron a realizar las labores de asesoría que les encomendaron desde la Consejería de Cultura. En su caso, además, se produce el
agravante de que las funciones de director de la Filmoteca las ejercía en
paralelo Pablo García Casado, contratado a
través de la Agencia de Instituciones Culturales, uno de los organismos que integran la extensa y tupida administración
paralela de la Junta de Andalucía.
Tanto Alejandro Cárdenas Peñalver -que
acababa de terminar la carrera de Derecho y no tenía ninguna experiencia laboral con el sector del
cine-, como María Centeno Sánchez -licenciada de Ciencias Políticas, en paro en
el momento de ser fichada-, son hijos de destacados dirigentes socialistas
andaluces: Carmen Peñalver, ex alcaldesa de Jaén, ex diputada y secretaria
general de los socialistas jiennense; y Fernando Centeno López, alcalde socialista
durante 20 años (desde 1983 a 2003) en el pueblo malagueño de Genalguacil.
Ambos fueron
nombrados siguiendo la misma artimaña para eludir las restricciones de personal que se impusieron entonces, siendo ya
presidenta de la Junta Susana Díaz.
El juez subraya que el modus operandi
del consejero de Cultura le permitió eludir los ajustes de personal y
presupuestarios que habían llevado al Gobierno andaluz a unificar las consejerías
de Educación, Cultura y Deportes. O sea, mientras públicamente se vendía la
disminución del número de asesores, en la práctica se inflaba la nómina del
personal de confianza nombrando a dos personas para ejercer la misma tarea. Por
otro lado, este sistema le permitía al consejero contratar a dedo, eludiendo
los requisitos del mérito y la capacidad inherentes al acceso a la función
pública.
TRIBUNALES
El ex consejero Luciano
Alonso se enfrenta a 14 años de inhabilitación por tres nombramientos
'fantasma'
- La Fiscalía le acusa de prevaricar al designar a parientes de destacados socialistas para ocupar cargos por los que cobraron pero que no desempeñaron
- Los beneficiarios fueron un compañero del PSOE de Málaga, el hijo de la ex alcaldesa de Jaén Carmen Peñalver y la hija de un destacado socialista malagueño
El ex consejero de
Educación y Cultura Luciano Alonso burló la ley para nombrar a tres altos cargos que nunca ejercieron y lo
hizo a sabiendas. Con ese argumento, la Fiscalía Superior de Andalucía ha
solicitado que sea condenado a 14 años de inhabilitación como responsable de un
delito de prevaricación en los nombramientos
'fantasma' como responsables del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y
del Centro Andaluz de la Imagen (la Filmoteca de Andalucía)
de tres militantes o familiares de destacados miembros del PSOE.
Como ya adelantó este lunes EL MUNDO
de Andalucía, Alonso se sentará en el banquillo de los acusados después de
que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dictado auto de
apertura de juicio oral el pasado 21 de noviembre tras constatar indicios de criminalidad
en la actuación del consejero. El escándalo estalló cuando salió a la luz que
Alonso, en su etapa como consejero de Educación -con José Antonio Griñán como
presidente- nombró al entonces coordinador del grupo socialista en la Diputación de
Málaga, Luis Guerrero, como director del Centro Andaluz de Flamenco, cuya sede
nunca llegó a pisar.
A raíz de esto, la Fiscalía Superior
inició una investigación de oficio y descubrió que el
caso de Luis Guerrero no había sido una excepción y que otras dos personas, con
fuertes vínculos (familiares) con destacados miembros del PSOE y ex alcaldes
ambos, fueron nombrados para puestos que nunca ejercieron. Se trata de Alejandro Cárdenas Peñalver, hijo de la
ex secretaria general del PSOE en Jaén y ex alcaldesa de esa ciudad, y de María Centeno Sánchez, hija de quien fuera alcalde durante 20 años de la
localidad malagueña de Genalguacil por el PSOE.
Como destaca el Ministerio Público
en su escrito, ninguno de los tres beneficiados por estos nombramientos
'fantasma' trabajó nunca en los puestos para los que fueron designados, tal y
como habían acordado con la Consejería que dirigía Alonso. Además, en el caso
de Alejandro Cárdenas y María Centeno, los dos eran jóvenes recién licenciados
y sin formación específica ni experiencia
alguna en la labor que se les encomendó: dirigir la Filmoteca de Andalucía.
La Fiscalía subraya que ninguno de
los tres llegó a pisar siquiera las sedes físicas de los organismos
para los que fueron nombrados.
Además de los 14 años de inhabilitación
para empleo o cargo público, lo que impediría que volviese a la primera línea
política, la Fiscalía Superior de Andalucía pide que sea inhabilitado por el
mismo período de tiempo para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo, lo que significaría que el ahora
parlamentario autonómico no podría volver a presentarse como candidato en
ningún proceso electoral.
Respecto al dirigente socialista y
los dos hijos de ex alcaldes del PSOE a los que Alonso dio un sueldo de forma
irregular, el Ministerio Público no les acusa porque ya el TSJA dejó claro que
no hay indicios de que cometiesen delito alguno, ya que no participaron en la
elaboración de las resoluciones en virtud de las cuales fueron nombrados.
FISCALIZACIÓN
La promotora de colegios de la Junta costeó la vivienda a directivos
- El Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos reclamó el dinero pagado indebidamente en concepto de indemnización
La Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano que se
encarga de fiscalizar el buen fin del dinero que gestionan las administraciones
públicas en la Comunidad, ha destapado un rosario de «irregularidades» —así las
cataloga— en la gestión y contabilidad del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. El llamado
ISE es la agencia pública empresarial que utiliza la
Consejería de Educación para construir y equipar colegios e institutos.
El contenido del informe de fiscalización de
regularidad del ISE, concluido hace año y medio y publicado ahora, detalla un
paisaje de descontrol generalizado basándose en cifras del ejercicio 2013:
desde pagos indebidos para costear las
viviendas de alquiler de tres directivos hasta
troceo de contratos menores
por
«un injustificado inicio tardío en la tramitación» de un concurso para
adjudicar el servicio de aula matinal
en 168 centros escolares;
actividades
extraescolares encomendadas a directores de los colegios que «no son objeto de
control»; «índices de irregularidades superiores al 30 por ciento» en las
escuelas infantiles concertadas por la Junta; fichajes de
altos directivos sin
respetar los principios de mérito y capacidad; deficiencias en la financiación de la agencia, y
«retrasos» en los pagos de las certificaciones de obras de colegios que salen
muy caras a las arcas públicas.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ve indicios de
responsabilidad contable en el pago de indemnizaciones por vivienda
En 182 páginas la Cámara de Cuentas de Andalucía
describe graves irregularidades que incluso podrían
ser objeto de responsabilidades contables. Se refiere a uno de los tres directivos a los que el
ISE les pagó la vivienda sin tener derecho a esta prerrogativa reservada a los
altos cargos de la Junta.
El ente promotor de colegios dejó de abonar a los tres
las indemnizaciones por vivienda el 1 de octubre de 2014. En enero de 2015,
cuando la Cámara de Cuentas ya había puesto la lupa sobre sus cuentas, dictó
sendas resoluciones «ordenando el reintegro de las retribuciones indebidamente
abonadas correspondientes al ejercicio 2014». A dos de los directivos le descuentan de las
respectivas nóminas mensualmente una parte proporcional del importe desde
entonces. En cambio, el tercero, quien causó baja en su momento del ente,
presentó un recurso el Juzgado de lo Social en relación a las cantidades
dejadas de percibir hasta su desvinculación con ISE. Éste se niega a devolver
las remuneraciones correspondientes
a los ejercicios 2013 y 2014, que suman 12.744,56 euros.
El ente autonómico tarda de media más de cinco meses
en abonar los trabajos finalizados. «Sólo un 2% de los casos» se pagan dentro
del plazo legal. Como consecuencia, «los adjudicatarios han reclamado durante el ejercicio intereses de demora por 340.000 euros, lo que supone 2,07 millones acumulados, de los que
1,05 millones han sido considerados firmes» en sentencias, señala el informe.
El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos funciona a todos los efectos como un intermediario de la
Consejería, pero la Cámara echa en falta un procedimiento que
regule esos encargos.
Esto
da lugar a que la construcción de infraestructuras o reforma de centros
escolares de titularidad de la Junta y el equipamiento destinado a los mismos
sean «financiados
indebidamente a través de transferencias de financiación de capital, siendo en el fondo operaciones de intermediación
que requieren de la articulación de los instrumentos jurídicos», advierten los auditores en el informe publicado ayer
en la web del ente fiscalizador. Por cierto, las transferencias de financiación son el
mismo mecanismo de ejecución presupuestaria empleado
para pagar los ERE
fraudulentos, un sistema que va a sentar en el banquillo a dos
expresidentes de la Junta de Andalucía.
205
trabajadores
La falta de control del personal queda acreditada a través de otros detalles, como el
hecho de que se carezca de un manual de puestos y funciones de los 205 trabajadores que componen la plantilla de
esta agencia pública, de los cuales 17 son directivos. Es decir, no tienen funciones asignadas. Como sucede en otros entes de la Administración paralela
de la Junta, en el fichaje del 64% del personal de plantilla con contrato de alta dirección «no queda constatado que se hayan
respetado los principios de mérito y capacidad» y existen dudas de la «adecuada
publicidad y concurrencia, como se recoge en la legislación aplicable».
La Junta toma nota y
adopta mejoras
La Agencia Pública Andaluza de Educación ha explicado
este sábado que el informe de la Cámara de
Cuentas de Andalucía describe una situación que corresponde al año 2013, y
«desde entonces se han adoptado medidas correctoras y mejoras de gestión que han
incrementado sustancialmente el control interno». En concreto,
la Agencia Pública Andaluza de Educación (denominada anteriormente Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos) ha indicado que actualmente «está tramitándose una
modificación en el anteproyecto de Ley de Presupuestos que vendrá a dar más
claridad a la financiación de la propia Agencia».
También ha remarcado que «se está ultimando una revisión de los Estatutos de la misma para adaptarlos a sus
funciones actuales». En lo que respecta al abono de las indemnizaciones
por vivienda, tal como se indica en el informe, «ya se ha procedido a la
devolución de estas cantidades por parte de dos de los tres directivos mencionados. En el caso del tercero, que ya no trabaja
en esta entidad, la Agencia ha procedido a reclamar estas cantidades (12.744,56
euros) por vía judicial».
En cuanto a la contratación
menor, el informe de la Cámara de
Cuentas ha destacado que en este tipo de contratos la Agencia aplica limitaciones
más exigentes de las existentes en la propia legislación vigente. Por ello, han
reseñado que los porcentajes de concentración de estos contratos son menores en
términos generales a los obtenidos del análisis de las adjudicaciones en
procedimiento abierto, explica la Agencia.
EL GASTO PÚBLICO
La Junta pagó 'casa gratis' a
altos cargos del ISE de forma irregular
- La Cámara de Cuentas observa indicios de responsabilidad por 'alcance contable'
- Dos de los beneficiarios han devuelto las cantidades abonadas, pero un tercero no
La Junta de Andalucía pagó de forma
irregular durante dos años los alquileres de sus viviendas a tres directivos de
la agencia pública encargada de la contratación de obras y servicios en los
centros educativos. Dos de esos directivos han devuelto ya parte de las
cantidades recibidas indebidamente. Pero el
tercero no lo ha hecho. Y la Cámara de Cuentas considera que, como consecuencia
de la actuación del ente público, existen indicios de «responsabilidad por
alcance contable», o sea, existe un agujero contable injustificado en las
cuentas públicas.
La Cámara de Cuentas, que es el
órgano dependiente del Parlamento que fiscaliza la gestión de las
administraciones públicas andaluzas, detectó estas irregularidades con ocasión
del estudio realizado sobre el ejercicio contable de 2013 del denominado Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos (ISE).
En el informe emitido tras concluir
su análisis, la Cámara subraya que «tres directivos percibieron retribuciones
durante los ejercicios 2013 y siguiente en concepto de indemnización por
vivienda», pese a que las sucesivas leyes de presupuestos de la Junta habían
delimitado ese 'derecho' sólo a los cargos con funciones ejecutivas de máximo
nivel, requisito que no reunían los beneficiarios del ISE.
Por ese motivo, y después de mediar
varios «informes contradictorios» -apunta el informe de la Cámara-, dos de los
directivos devolvieron las cantidades indebidamente cobradas. No hizo lo mismo
el tercero de ellos, que recibió un total de 12.744 euros por las
'indemnizaciones' cobradas indebidamente en esos dos ejercicios.
«Existen indicios
razonables de responsabilidad contable por los importes de las remuneraciones
abonadas indebidamente que no están siendo reintegradas», advierte en
su informe el órgano fiscalizador.
Pero no es ésta la única
irregularidad detectada en la gestión del ISE por la Cámara de Cuentas. Los
auditores subrayan también cómo el 64 por 100 del personal de plantilla con
contrato de alta dirección del ISE ha accedido a sus puestos «sin que conste que
se hayan respetado los principios de mérito y capacidad», ni tampoco «la adecuada publicidad y concurrencia, tal y
como se recoge en la legislación aplicable».
También hay graves deficiencias en
las gestión de las obras y en la contratación de los servicios en centros
educativos. La Cámara de Cuentas subraya el abuso que el ISE realiza de los
«contratos menores», así como que la mayoría de las adjudicaciones se financian
utilizando herramientas inadecuadas, lo que redunda en la falta de control y
transparencia de los procedimientos. Así, por ejemplo, se observa una
«concentración» de las adjudicaciones en una serie de proveedores, sin que por
norma general se justifiquen los criterios de selección de las empresas
beneficiarias.
EL GASTO PÚBLICO
La
Junta reclama en el juzgado a un ex directivo el alquiler de su casa que le
pagó indebidamente
- La Consejería de Educación lleva ante el juez a un ex alto cargo del antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) que se niega a devolver casi 13.000 euros
- La Administración autonómica le pagó la 'casa gratis' de forma irregular durante dos años a él y a otros dos cargos
Le pagó la 'casa gratis' durante dos años de forma irregular y ahora no
lograr recuperarlo. La Consejería de Educación ha llevado ante los tribunales de un antiguo
directivo del antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos (ISE) -hoy integrado en la
Agencia Pública Andaluz de Educación- al que reclama 12.744,56
euros, el dinero que la Junta desembolsó indebidamente
para sufragarle el alquiler, al que en realidad no tenía derecho.
La propia Agencia Andaluza Pública de Educación ha
señalado este sábado que se han iniciado acciones legales contra este antiguo
directivo del ISE (encargado de la contratación de obras y servicios en los
colegios públicos), que ya no trabaja en el organismo y que se ha negado
a devolver los casi
13.000 euros que le costó a las arcas públicas pagarle el alojamiento
durante dos ejercicios. Sucesivas leyes de presupuestos de la Junta habían
limitado ese 'derecho' sólo a los cargos con funciones ejecutivas de máximo
nivel, que no era el caso.
Otros dos ex directivos de la
agencia pública que percibieron de forma igualmente indebida indemnizaciones por vivienda sí han devuelto
el dinero.
La Cámara de Cuentas detectó estas
irregularidades con ocasión del estudio realizado sobre el ejercicio contable
de 2013 del ISE y concluyó que hay indicios de «responsabilidad por alcance contable»,
o sea, que existe un agujero contable injustificado en las cuentas públicas.
Pero no era ésta la única
irregularidad detectada en la gestión del ISE por la Cámara de Cuentas, que
subrayó en su informe cómo el 64 por 100 del personal de plantilla con contrato de alta dirección del ISE ha accedido a sus
puestos
«sin que conste que se hayan respetado los principios de mérito y capacidad»,
ni tampoco «la adecuada publicidad y concurrencia, tal y como se recoge en la
legislación aplicable».
También alertó del órgano de
fiscalización de graves deficiencias en las gestión de las obras y en la contratación de los servicios en centros
educativos. La Cámara de Cuentas subraya el abuso que el ISE realiza de los
«contratos menores», así como que la mayoría de las adjudicaciones se financian
utilizando herramientas inadecuadas, lo que redunda en la falta de control y
transparencia de los procedimientos.
Respecto a estas irregularidades, la
Consejería de Educación precisó que lo descrito en el informe corresponde al
año 2013 y que, desde entonces, se han adoptado "medidas correctoras y mejoras de
gestión" que han incrementado el control interno. En cuanto a la
contratación menor, replicó que aplica limitaciones "más exigentes"
que las que marca la propia legislación.
FORMACIÓN
A la Junta le caduca la reclamación
de un millón al exconsejero Ojeda para dar cursos en Delphi
- El TSJA da la razón al empresario y condena a costas a la Administración por la tardía tramitación del reintegro
El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda le ha ganado
otro pulso a la Junta de Andalucía en los juzgados. No es una victoria
cualquiera en la cruzada judicial que mantiene para recuperar el dinero
gestionado supuestamente de forma irregular. El empresario se libra, de momento,
de tener que devolver a la Junta nada menos que una subvención excepcional por importe
de 938.751,28 euros que la Consejería de Empleo le
concedió a la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas) para financiar
la formación de extrabajadores de Delphi Automotive System tras
el cierre de la factoría en Puerto Real (Cádiz).
El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por esta entidad vinculada al grupo Prescal contra una resolución del director
general de Formación Profesional para el Empleo dictada el
17 de septiembre de 2015. El exconsejero presentó un recurso de reposición
contra el acuerdo de reintegro total de la ayuda que la Junta rechazó. La ayuda
estaba destinada a la realización del proyecto «Plan de profesionalización de
trabajadores y trabajadoras para el impuso de la actividad económica».
La Junta ha perdido ya 28 contenciosos
que tiene con Ojeda por reclamaciones de ayudas
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJA da la razón a Ojeda, que denunció que el procedimiento
de reintegro estaba
caducado «al haberse superado desde la incoación
a la notificación del plazo de 12 meses» fijado en la Ley General de Subvenciones.
La Junta trató de enmendar su retraso ampliando el plazo acordado para solicitar la devolución del dinero. Sin embargo, el Alto Tribunal considera
que dicha ampliación, reservada a casos excepcionales, no es válida porque «no se cumple con la motivación exigida». En consecuencia, la sentencia dictada el 29 de
noviembre pasado concluye que «el procedimiento se encuentra caducado».
Por consiguiente, la desidia burocrática impide a
la Junta recuperar casi un millón de euros y le obliga además a afrontar las costas
judiciales hasta un importe máximo de 600 euros.
Con ésta,
son ya 28 las sentencias ganadas en el plano
contencioso-administrativo de un total de 60 pleitos. El importe total ganado de todas
ellas se acerca a los 4,5 millones
de euros. Las 27 sentencias anteriores
se refieren a subvenciones para cursos concedidas mediante el sistema de concurrencia
competitiva. Ojeda gana siempre con intereses
y costas.
Contra la última sentencia cabe presentar un recurso
de casación en el plazo de 30 días.
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-constitucional-anula-composicion-mesa-parlamento-andaluz-201612051539_noticia.html
Andalucía
El
Tribunal Constitucional anula la composición de la Mesa del Parlamento andaluz
- En la sesión constitutiva de la legislatura se vulneraron los derechos de una diputada del PP, al ser «excluida» de las tres secretarías a pesar de haber sido la segunda más votada
El Tribunal Constitucional ha declarado nula la composición de la Mesa del Parlamento andaluz porque entiende que en la sesión constitutiva de la legislatura se vulneraron los derechos de una diputada del PP, al ser «excluida» de las tres secretarías a pesar de haber
sido la segunda más votada.
En un auto,
el Constitucional estima así el recurso de amparo interpuesto por la diputada popular Patricia
del Pozo y declara que ha sido vulnerado su
derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan
las leyes, en relación con el
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus
representantes.
Ha anulado
la decisión del 16 de abril
de 2015 del presidente de la Mesa de Edad en
la sesión constitutiva, el socialista Luis
Pizarro, «en cuanto excluye a la recurrente», y reconoce su derecho a formar parte
de la Mesa del Parlamento como secretaria segunda.
El tribunal explica que el fallo no afecta a los actos, acuerdos y decisiones de la Mesa del
Parlamento adoptados con anterioridad a la publicación de la sentencia.
¿Todos los
grupos tienen derecho a presencia?
La polémica surgió porque el artículo 34 del reglamento de la Cámara detalla que los vicesecretarios
y secretarios serán elegidos por orden correlativo según la mayoría de votos,
mientras que el artículo 36 indica que todos los grupos tendrán derecho a estar presentes en la Mesa del Parlamento.
Con la votación que tuvo lugar para
las secretarías, la socialista Verónica
Pérez obtuvo 47 votos, la popular Patricia
del Pozo tuvo 33
apoyos, el diputado de Ciudadanos Julio
Jesús Díaz nueve y el de IU José Antonio Castro cinco votos, con lo que la federación de izquierdas se
quedaba fuera de la Mesa.
El presidente de la Mesa de Edad
decidió que para cumplir con el artículo 36 cedería su secretaría el que
teniendo ya un puesto garantizado obtuviera menor número de votos, que en este caso fue el PP, que ya tenía la
Vicepresidencia Segunda.
El TC considera que la decisión de Pizarro interpretando el artículo 36
deja «sin efectividad» el procedimiento de elección que interpone el artículo
34 y «priva injustificadamente» a Del Pozo de su
derecho a formar parte de la Mesa como secretaria segunda.
La decisión, según
el Constitucional, «no puede considerarse respetuosa con el derecho de la diputada
recurrente a ejercer las funciones representativas» que marca la ley, ya que se
le impide ejercer «las funciones inherentes al cargo que le habría
correspondido ocupar».
Ha indicado que resulta «innegable» que el
Reglamento de la Cámara es «taxativo» cuando determina el modo en el que el
pleno debe proceder para elegir a los miembros de la
mesa, según los artículos 33 y 34.
El tribunal especifica que no le
corresponde determinar cuál es la solución más adecuada para conciliar lo que
disponen los artículos 34 y 36, y que su control
de constitucionalidad debe limitarse a comprobar si la aplicación de ese último
artículo respetó el derecho de la diputada popular.
La
sentencia no afecta a los actos, decisiones y acuerdos previos a la sentencia
del TC
El Parlamento de Andalucía ha informado este lunes de que
ha conocido a través de la página web del Tribunal Constitucional la sentencia
que anula el nombramiento de los secretarios de la Mesa de la Cámara y de que
los servicios jurídicos estudiarán
el fallo una vez que se reciba la sentencia en el registro de la institución.
En una primera valoración, el
Parlamento ha resaltado en un comunicado que el Tribunal Constitucional
reconoce el derecho de la diputada popular Patricia del Pozo a ocupar la Secretaría
Segunda de la Mesa, ya que el derecho recogido en la Constitución relativo a la
participación política prevalece
sobre el artículo 36 del Reglamento del Parlamento, para que todos los grupos tuvieran representación.
La Cámara indica que sus servicios
jurídicos, en las alegaciones presentadas, ya recordaban que el acuerdo se adoptó
en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Cámara.
Ese artículo
36 establece que: «Todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo
concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación
suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes
en la Mesa».
El Parlamento también ha resaltado
que el Constitucional «deja claro «que la
sentencia no afecta a los actos, acuerdos y decisiones de la Mesa adoptados con anterioridad a la publicación,
ni altera la elección de la Presidencia ni de las tres vicepresidencias».
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/12/05/584568c0ca4741f01c8b461f.html
POLÍTICA
El TC tumba la maniobra de
Díaz para controlar el Parlamento
El Constitucional
devuelve al PP un representante en la Mesa de la Cámara
Susana Díaz acababa de perder la mayoría absoluta del PSOE en las elecciones
del 22 de marzo de 2015 y sabía que tendría que afrontar una legislatura con un
Parlamento hostil al que, por primera vez, se incorporaban Podemos y Ciudadanos. Y, sin embargo, aprovechando la bisoñez de los partidos noveles, el grupo socialista logró mantener en la Mesa de la
Cámara -el órgano que decide qué asuntos se someten a debate y cuáles no- la
misma representación que tenía en la legislatura anterior, o sea, 3 de sus 7
miembros, dejando al resto de los grupos con un único representante y situando al PP, con 33 diputados, a la misma altura que IU, que sólo había conseguido 5 escaños.
Este lunes se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha anulado el reparto de representantes que el PSOE
impuso en aquella sesión en la Mesa. Y le da la razón al recurso interpuesto
por la diputada del PP Patricia
del Pozo, que se quedó fuera de este órgano representativo como consecuencia de
la interpretación sui generis que el entonces presidente del Parlamento, el
socialista Luis Pizarro, aplicó del
Reglamento de la Cámara.
Pizarro, al que le correspondió
presidir la Mesa en la sesión constituyen del Parlamento por ser el diputado de
más edad, justificó entones su decisión en el hecho de que es el propio Reglamento
el que garantiza que todos los grupos parlamentarios tengan representación en
la Mesa. Sin embargo, nada dice ese mismo Reglamento de la manera de aplicar
ese principio y de cómo casarlo con un sistema
de elección de los miembros, por votación, que dejaba fuera (por
no tener los votos necesarios) al representante de IU.
El PP planteó entonces que fuera el
PSOE (con tres miembros) el que cediera un representante; o que se aumentara el
número de miembros de la Mesa. Pero Luis Pizarro acabó adoptando la decisión
que más convenía al PSOE: la de 'sacrificar' a un representante del PP en favor
de IU. De esta forma, además de perjudicar al principal partido de la
oposición, al PSOE se le ponía algo más fácil conseguir mayorías de bloqueo en
la Mesa, ya que le bastaba el apoyo de uno solo de los grupos para imponer sus
criterios, situación que se hubiera complicado si aumentaba el número de integrantes de la Mesa.
La maniobra contó con
la complicidad de Ciudadanos y Podemos, que no se sentían
directamente perjudicados ni querían ser acusados por
los socialistas -siempre prestos a sacar el 'fantasma de la pinza'- de hacer la
guerra por un reparto de 'sillones'. La diputada de Podemos, Teresa Rodríguez, reconoció meses después que, de haber contado entonces
con más experiencia, la negociación se habría llevado tal vez «de otra forma».
'Pucherazo' del PSOE
Tras conocerse la sentencia, el
presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que el fallo del Tribunal Constitucional "da la razón al PP y a la
democracia".
"La legislatura empezó con un
pucherazo orquestado por el PSOE e impulsado por Susana Díaz", ha dicho
Moreno, que ha pedido "respeto a la
pluralidad democrática de Andalucía, al millón de
andaluces que nos votaron y a la realidad, que es que Susana Díaz no tiene
mayoría absoluta".
El presidente del PP Andaluz ha
reclamado a los partidos políticos "una reflexión para que se respete el reglamento y la
democracia", y ha exigido al PSOE que
"deje de utilizar las instituciones en beneficio propio".
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