El informe de la Intervención General de la Junta. Invercaria concedió préstamos 'a dedo' y luego los dio por perdidos
- La Intervención critica que la empresa de la Junta iniciara con «retraso» las reclamaciones para recuperar el dinero. Advierte de posible «discrecionalidad».
Prácticas irregulares en la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía
Financiación irregular en Invercaria
- La Intervención alerta sobre las comisiones del 73% que se embolsa la empresa de capital riesgo de la Junta y censura que se financie con subvenciones
La Intervención alerta de que Invercaria incumple la legalidad
- El juez cuenta con un demoledor informe que cuestiona la operativa en la empresa de la Junta Adjudica contratos menores por el importe mínimo para evitar así solicitar varias ofertas
Y la Andalucía imposible, sigue su curso....
¿Y después de lo de Invercaria resulta aún más evidente, para que sirven los entes instrumentales, versus Administración paralela y demás "chiringuitos junteros"...
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/30/5683a10946163fb25b8b4584.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/29/56818569ca4741d30e8b4571.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/26/567e5bed22601df6548b4686.html
El informe
de la Intervención General de la Junta
Invercaria
concedió préstamos 'a dedo' y luego los dio por perdidos
- La Intervención critica que la empresa de la Junta iniciara con «retraso» las reclamaciones para recuperar el dinero. Advierte de posible «discrecionalidad».
ACTUALIZADO 30/12/201510:17
La gestión en la empresa
pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía,Invercaria,
que está investigando el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por presuntos delitos
de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, sigue deparando
sorpresas.
El informe de la Intervención
General de la Junta, del que viene informando EL MUNDO,
cuestiona el reparto 'a dedo' que ha hecho Invercaria de los préstamos
millonarios que ha concedido a beneficiarios que nunca devolvieron los
fondos públicos, lo que hizo que la empresa pública los diera por perdidos
o los catalogara como «deteriorados», como se denomina en el argot contable.
En el periodo analizado,
que es el ejercicio de 2012, hay diez préstamos vivos por un importe de
2.235.468 euros concedidos por Invercaria a diez empresas y todos excepto uno
se encuentran «deteriorados al 100% de su importe».
Por ello, «cabría
plantearse si realmente nos encontramos ante préstamos concedidos por
Invercaria o más bien podría tratarse de ayudas. A este respecto, hay que
recordar que Invercaria es una sociedad mercantil del sector público andaluz,
por lo que no puede conceder subvenciones», dice el informe definitivo de
control financiero elaborado por la Intervención General sobre la empresa
pública de capital riesgo de la Junta.
Entre las diez empresas
beneficiarias de préstamos de Invercaria hay dos vinculadas al proyecto FIVA, el
portal en Internet que recibió 1,7 millones de euros de fondos públicos y nunca
llegó a estar operativo y que está investigando el juez: Barainsa
Group y Grupo Imagen, con 179.585 euros cada una.
También figuran Lolita
Canalla S.L., con un préstamos de 100.000 euros; Badennova S.L., con 103.000
euros; Ferba S.L., con 200.000 euros; Hergos sistemas digitales y ergonómicos,
100.000 euros; New Technology Chiller S.L., 20.000 euros; Suimasa; 1,4 millones
de euros; Keepfresh Verde y Natural S.L., 72.000 euros; y Corporación Séneca,
81.298,70 euros.
«De los préstamos
concedidos con fondos propios y que están vivos en 2012, en los que Invercaria
es la única responsable, sólo uno de ellos está siendo afrontado por el
beneficiario, estando el resto íntegramente deteriorados ante la falta de pago
por parte de los prestatarios», remarca el informe.
Todos los préstamos,
salvo uno concedido en 2010, fueron formalizados entre los años 2006 y
2009. Pese a la falta de pago por parte de los beneficiarios, Invercaria
inició «con cierto retraso» las actuaciones judiciales para recuperar los
fondos públicos, advierte ahora la Intervención.
De hecho, Invercaria
inició todas las acciones judiciales para recuperar los fondos, menos la de
un préstamo, a partir de 2013, mucho después de que en 2012 estallara el
escándalo de Invercaria y se conocieran las grabaciones en las que la entonces
presidenta de la empresa de capital riesgo Laura Gómiz da órdenes a un
subordinado, presuntamente, para que falseara expedientes de sociedades que
habían recibido ayudas.
La Intervención tampoco
pasa por alto el reparto 'a dedo' y sin control de préstamos por
parte de Invercaria. «No consta que haya preestablecido ni publicado ningún
criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las
condiciones de los préstamos, importes máximos o mínimos a conceder o los
factores que determinan cuándo el préstamo será participativo u ordinario, y en
este último caso a qué tipo de interés se otorgará», recoge la auditoría
pública.
Con ello «no se está
incumpliendo ningún precepto», pero «teniendo en cuenta que se trata de
préstamos financiados con fondos públicos, sería recomendable que se
estableciera un procedimiento y unos criterios, con el fin de evitar que
pudiera producirse discrecionalidad en su concesión», afirma la Intervención.
Ante las alegaciones
planteadas por Invercaria, la Intervención aclara que el hecho de que los
préstamos estén deteriorados «no conlleva necesariamente que tengan la consideración
de ayudas».
«Ni siquiera se afirma
que lo sean. Lo que se plantea es una incertidumbre sobre la naturaleza
jurídica, teniendo en cuenta todo lo anterior: se financian con fondos
públicos, están deteriorados al 100% (no si incluye el préstamo de Suimasa,
cuyos fondos proceden de la Agencia IDEA), y las actuaciones judiciales se han
iniciado con cierto retraso», añade.
Las apreciaciones de la
Intervención sobre los créditos de Invercaria aparecen en el mismo «párrafo de
énfasis» en el que se advierte de la presunta financiación irregular y
de las comisiones del 73% que se embolsa Invercaria, como viene informando este
diario.
El informe concluye que
la empresa de capital riesgo «no ha cumplido con la legislación de general
aplicación, la específica aplicable a la entidad así como la vigente en la
gestión de los fondos públicos».
Evitan aclarar la financiación irregular.
La Junta y su empresa de capital riesgo Invercaria
evitaron ayer aclarar la presunta financiación irregular y las comiones del 73%
que le achaca la Intervención General en un informe del que viene informando EL
MUNDO. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, evitó
pronunciarse sobre este asunto, dijo que Invercaria había cumplido las
recomendaciones de la Intervención y remitió a la valoración que haría la empresa
de capital riesgo. Invercaria, por su parte, tampoco aclaró la presunta
financiación irregular y se limitó a destacar el cumplimiento de «la práctica
totalidad» de las recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio
2012 realizado por la Intervención General. Así, la entidad recordó que el
informe de la Intervención, de fecha 5 de julio de 2015, contenía unas
recomendaciones a Invercaria, que han sido «adoptadas por esta sociedad
pública», y que tienen su continuidad en un informe de 21 de diciembre de 2015
en el que «la Intervención manifiesta el estado de cumplimiento de sus
recomendaciones». Según Invercaria, el informe de 21 de diciembre de la
Intervención, que ayer evitó facilitar a este diario, considera implantadas
«dos de las cuatro recomendaciones contenidas en su informe de fiscalización».
Según detalló, las referidas al contrato de arrendamientos de bienes inmuebles,
así como al referido a las retribuciones de los directivos, y a la
regularización por cuantías percibidas en ese ejercicio. Dijo que sólo queda
por dar cumplimiento a la recomendación de reintegro de cantidades percibidas
por una trabajadora en 2012 y a la definición del personal de Invercaria que
ejerce funciones de alta dirección, ambas cuestiones de «índole muy menor»,
según Invercaria.
CASO INVERCARIA. Prácticas irregulares
en la empresa de capital riesgo de la
Junta
de Andalucía
- Financiación irregular en Invercaria
- La Intervención alerta sobre las comisiones del 73% que se embolsa la empresa de capital riesgo de la Junta y censura que se financie con subvenciones
El escándalo de Invercaria,
la empresa pública de capital riesgo del Gobierno andaluz que está investigando
un juzgado de Sevilla, no hace más que crecer. Un demoledor informe de la
Intervención General de la Junta alerta sobre la presunta financiación
irregular de la que se nutre esta compañía pública que, además, se ha
embolsado comisiones de hasta el 73%.
Hasta ahora, la
investigación judicial y policial ha analizado el reparto sin control y
millonario de fondos públicos que hizo Invercaria y que, en muchos casos,
terminó en proyectos ruinosos.
El nuevo informe de la Intervención marcará
un punto de inflexión en las pesquisas judiciales porque cuestiona, no ya el
destino al que fueron a parar los fondos públicos, sino el origen de los
mismos, elevando, de esta forma, las posibles responsabilidades políticas, que
ya no se limitarían a los máximos responsables de Invercaria, sino que alcanzarían
también a los dirigentes de la Agencia IDEA y la Consejería competente.
EL MUNDO tuvo acceso al
exhaustivo informe definitivo de control financiero sobre Invercaria, elaborado
recientemente por la Intervención General de la Junta, que analiza cómo está
financiando la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía del Gobierno
andaluz (IDEA) a su empresa de capital riesgo, de la que es socio único. Los
fondos públicos llegan a Invercaria a través de subvenciones de
explotación, durante los años 2010 y 2011, y de una encomienda de gestión
en el año 2012.
"En el primer caso,
se trata de subvenciones concedidas al margen de los procedimientos
establecidos en la normativa que regula esta materia», ya que «ni son
subvenciones regladas, ni subvenciones de concesión directa de las previstas en
la normativa", detalla el informe de la Intervención, que ya ha sido
remitido al titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez
Casillas, que investiga el caso Invercaria.
La Intervención remarca
que las ayudas públicas de las que se nutre Invercaria están tramitadas
mediante un contrato-programa que "no cumple con el procedimiento
regulado en la Ley General de Subvenciones ni en la normativa andaluza de
subvenciones".
Sobre la encomienda de
gestión, la Intervención asegura que se está «financiando una actividad propia
de Invercaria, sin que haya una contrapartida para la Agencia IDEA». Además, se
financia a través de «transferencias de financiación de explotación», que deben
tener como destino «compensar pérdidas del ejercicio o de ejercicios
anteriores», recoge la auditoría.
«Ni una ni otra forma de
financiar la actividad de Invercaria por parte de la Agencia IDEA se consideran
adecuadas por parte de esta Intervención», concluye el informe definitivo de
control financiero.
Más
irregularidades
No
es la única irregularidad detectada por la Intervención en la encomienda, ya
que la empresa de capital riesgo ha imputado el coste íntegro de varios
trabajadores a la misma sin justificarlo. «Ni en la liquidación de la encomienda
remitida a la Agencia IDEA ni en las memorias técnicas mensuales se justifica
la total dedicación de dicho personal a la ejecución de la misma», explica la
Intervención.
Las
comisiones del 73% son las que se ha embolsado Invercaria por hacer de «mera
intermediaria» entre la Agencia IDEA y los beneficiarios de los programas de
préstamos Atlantis y Campus, «cobrando por ello las comisiones establecidas en
el convenio firmado entre las dos entidades» de la Junta.
Para
la Intervención, es de «resaltar» que la gestión prevista en el convenio para
estos programas de créditos es, «en términos de eficiencia, como mínimo
discutible».
En
el periodo analizado por la Intervención, que es el ejercicio de 2012, las
comisiones de Invercaria ascendieron a 549.545,87 euros, frente a los
193.976,60 euros devueltos a la Agencia IDEA.
«La
Agencia IDEA sólo recibe un 26,08% del importe cobrado de los distintos
prestatarios», mientras que «el resto, un 73,92%, queda como comisión de
Invercaria», remarca la Intervención.
«Teniendo
en cuenta los datos anteriores, se cuestiona por parte de esta Intervención la
eficiencia obtenida por la modalidad de gestión prevista en el convenio entre
IDEA e Invercaria en los programas Atlantis y Campus, y se plantea la
posibilidad de que los mismos fuesen gestionados directamente por la primera,
con el ahorro en comisiones que ello conllevaría», dice la auditoría.
Hay
más «incidencias» en la gestión que hizo Invercaria de los programas Atlantis y
Campus, ya que en la liquidación anual «no se informa de los importes vencidos
y no reintegrados por el beneficiario, sin que los mismos se hayan calificado
como irrecuperables».
«Tampoco
se informa en la memoria de los gastos asociados a la gestión del programa, ya
sean en concepto de comisión de gestión o de comisión de resultado», dice.
En
2012, que es el periodo analizado por la Intervención, los máximos responsables
de Invercaria fueron Laura Gómiz -hasta
febrero, cuando dimitió tras conocerse las grabaciones en las que ella ordena,
presuntamente, a un subordinado que haga expedientes falsos- y Francisco
Álvaro Julio, que sucedió a Gómiz en 2012 y sigue en la actualidad en el
cargo.
El
director general de la Agencia IDEA era Antonio Valverde, que ocupó
el puesto entre 2009 y 2014.
Tanto
la financiación irregular como las comisiones del 73% aparecen incluidas en un
apartado de la auditoría denominado «párrafo de énfasis», en el que se incluyen
determinadas circunstancias que el funcionario público ha considerado de
«especial relevancia».
El
mismo informe de la Intervención alerta sobre varios incumplimientos legales
por parte de Invercaria, que se saltó la Ley de Contratos, la de Subvenciones y
las de Presupuestos de la Junta, como viene informando este diario.
La Intervención
alerta de que Invercaria incumple la legalidad
- El juez cuenta con un demoledor informe que cuestiona la operativa en la empresa de la Junta
- Adjudica contratos menores por el importe mínimo para evitar así solicitar varias ofertas
Una demoledora auditoría elaborada recientemente por la Intervención
General de la Junta sobre Invercaria, la sociedad pública de inversión y
gestión de capital de riesgo de Andalucía, puede marcar un punto de inflexión
en la instrucción que está desarrollando el juez Juan Gutiérrez Casillas, que
ya tiene en su poder una copia del informe definitivo que cuestiona la
legalidad de toda la operativa de la empresa del Gobierno andaluz.
El
titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, está
investigando desde marzo de 2012 las inversiones más ruinosas de Invercaria por
presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
Previsiblemente,
estas pesquisas entrarán en una nueva fase con las conclusiones de la auditoría
elaborada por la Intervención General de la Junta, a la que tuvo acceso EL
MUNDO, que alerta sobre un incumplimiento generalizado de la legalidad en la
empresa de capital riesgo. «Se concluye que Invercaria no ha cumplido con la
legislación de general aplicación, la específica aplicable a la entidad, así
como la vigente en la gestión de los fondos públicos», advierte el informe.
La
Intervención ha detectado que Invercaria incumple la Ley de Subvenciones, la
Ley de Contratos, la Ley del Presupuesto de Comunidad Autónoma de Andalucía
correspondiente a 2012, que es el periodo analizado, y la Ley del Presupuesto
andaluza de 2011. La empresa de capital riesgo también ha vulnerado decretos y
normas aprobados por la Junta.
Uno
de los incumplimientos más llamativos es el uso irregular que hace Invercaria
del contrato menor de servicios regulado en la Ley de Contratos del Sector
Público, al adjudicarlos por el importe mínimo que evitar solicitar varias ofertas.
«Del
análisis de la información y los expedientes de contratación se evidencia que
en la sociedad es habitual la adjudicación de contratos menores por importes
justo en el límite necesario para licitarlos, al menos, mediante un
procedimiento negociado sin publicidad, que suponga la solicitud de varias
ofertas y, por tanto, concurrencia», señala la Intervención.
En
2012, ejercicio sobre el que versa la auditoría, Invercaria formalizó 43
contratos, todos ellos de servicios y mediante contrato menor, a excepción de
un expediente licitado mediante procedimiento abierto y otro negociado.
Las retribuciones de la plantilla de Invercaria fueron aprobadas por su
consejo de administración el 31 de marzo de 2011, «no habiendo sido
informadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tal y como
dispone la Ley de Presupuestos», que fue vulnerada en este aspecto.
«Esta
Intervención entiende que, aunque dichas retribuciones no hayan sido objeto de
negociación, debería hacerse extensible la necesidad de autorización de las
mismas por parte de la Consejería, especialmente si se tiene en cuenta que los fondos que financian a Invercaria provienen de su socio único
[la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA] y, en última
instancia, de la Junta», señala el
informe.
Otro
«incumplimiento» incluido en la auditoría es la contratación de personal
laboral temporal sin la debida autorización de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, exigida también por la Ley de Presupuestos.
La
Intervención alerta sobre otros incumplimientos de normativa del Gobierno
andaluz, como el Decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de
control y contable de las empresas de la Junta, que vulneró Invercaria.
La
empresa de capital riesgo no incluyó en sus cuentas anuales el informe de
seguimiento del programa de actuación, inversión y financiación (PAIF) y
presupuestos de explotación y de capital, que debe formar parte del informe de
gestión, según establece el citado decreto de la Junta.
Fuera de control.
El Gobierno andaluz, que mantuvo a Invercaria fuera del control de la
Intervención durante años, decidió incluirla en febrero de 2012, después de que
estallara el escándalo sobre el reparto sin control de fondos millonarios por
parte de la empresa de capital riesgo.
La
Cámara de Cuentas de Andalucía, en un informe conocido en febrero de 2012,
alertó sobre este asunto y desveló que la empresa de capital riesgo concedió al
menos 21,5 millones de euros en préstamos a empresas sin ningún tipo de
publicidad ni normas que regularan el reparto de los fondos. La Cámara de
Cuentas dijo que esto «puede dar lugar a la discrecionalidad», al establecer
las condiciones de los préstamos o a la hora de seleccionar a los
beneficiarios.
Después
de ese informe, una resolución de 29 de febrero de 2012, por la que se aprueba
el plan de auditorías, control financiero y control financiero permanente para
2012 de la Intervención, incluyó una auditoría sobre Invercaria.
El
ex presidente del Gobierno andaluz el socialista José Antonio Griñán, durante
su etapa como consejero de Economía y Hacienda, decidió excluir a Invercaria
del control de la Intervención. El programa de control financiero permanente de
las empresas de la Junta, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2007,
incluye a 22 sociedades, pero excluye a Invercaria, que así eludió a los
interventores durante años.
La
Ley General de Hacienda Pública de Andalucía señala que dicho programa se
realizará «a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda»,
cargo que ocupaba José Antonio Griñán.
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