Los hechos hablan; el Régimen continúa......la atmósfera es irrespirable....
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Aznalcollar. La investigación judicial
- La Junta intenta desacreditar a la testigo clave del caso Aznalcóllar
- Pilar Trujillano confirma a la juez que nadie revisó la solvencia de Minorbis
- El Gobierno andaluz pone en cuestión su testimonio ante la Justicia
Nombramientos de alto cargos
- Susana Díaz se deshace de un alto cargo de Universidades imputado
- Un juez investiga la ayuda que Francisco Triguero otorgó a un ente sin actividad
- La Junta decía que se trataba de un asunto administrativo que se acabaría archivando
FRAUDE EN LA FORMACIÓN. El Tribunal de Cuentas investigará también el fraude de la formación
- La Junta puso en su conocimiento el menoscabo de fondos detectado por el interventor
- El Ejecutivo asegura tener una colaboración "permanente" y "firme" con la justicia
ALMERÍA. Desplazan a un trabajador del Infoca para colocar al novio de una concejal.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Junta, ha ordenado el traslado de un vigilante del dispositivo Infoca a más de 35 kilómetros del puesto que ha ocupado desde hace más de 20 años en el término municipal de Bayárcal para colocar en su lugar 'a dedo' a la pareja de una concejal socialista de la localidad almeriense, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/15/55a61b2722601dac058b4579.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/15/55a63ac822601db0058b458c.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/15/55a612eb22601dc8058b4580.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/15/55a612eb22601dc8058b4580.html
La investigación
judicial
La Junta intenta
desacreditar a la testigo clave del caso Aznalcóllar
- Pilar Trujillano confirma a la juez que nadie revisó la solvencia de Minorbis
- El Gobierno andaluz pone en cuestión su testimonio ante la Justicia
La Junta de
Andalucía pasó ayer a la ofensiva en el caso Aznalcóllar con un objetivo claro:
la técnico de la empresa pública Invercaria que ha desmontado -primero ante la
Policía y ayer mismo ante la juez- la versión oficial sobre la transparencia y
legalidad del concurso para la adjudicación de los derechos mineros.
El Gobierno de
Susana Díaz, a través de unas declaraciones a Europa Press de «fuentes» sin
especificar, cuestionó la veracidad de las palabras de esta testigo clave
haciendo hincapié en las «contradicciones» con lo declarado por varios técnicos
que formaron parte del 'jurado' del concurso.
Estas fuentes
insistieron en que la reunión a la que asistió Trujillano «acabó con la
solicitud a las empresas del concurso de una ampliación de información sobre la
solvencia económica de sus proyectos, petición que difícilmente se hubiera
solicitado si no se hubieran analizado en la reunión a la que asistió la
testigo los documentos de solvencia que inicialmente incorporaban las
empresas».
Las críticas a la
testigo desde la Administración autonómica fueron más allá al señalar que ha
modificado «sensiblemente» su declaración policial, refiriéndose a que a la
UDEF le habló de una reunión y ayer recordó dos.
Frente a las
declaraciones de Trujillano -que corroboran las tesis de irregularidades que
mantienen tanto la Policía como la propia juez- la Junta contrapuso los
testimonios de hasta seis técnicos que sustentan su versión y que atribuyen a
la técnico de Invercaria la revisión de la solvencia económica de la oferta
presentada por Magtel.
El intento de
cuestionar a Trujillano se produce justo después de que ratificase las
irregularidades ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 3.
Declaración ante la
Policía
Esta testigo clave
confirmó ayer ante la juez lo que ya dijo a la Policía, que ella no analizó
cifra alguna sobre Minorbis, que, en contra de lo que mantiene la Dirección
General de Minas, no acreditó la solvencia económica de la propuesta por la que
se decantó el Gobierno de Susana Díaz en un concurso que se investiga por un
presunto amaño a favor del grupo Magtel, la matriz de Minorbis y la gran
beneficiaria, según los investigadores, de las irregularidades cometidas a lo
largo del proceso.
Trujillano, a lo
largo de una hora de declaración en el despacho de la juez Patricia Fernández,
desmontó la versión oficial de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a los
requisitos económicos y financieros que debían cumplir las empresas aspirantes
a hacerse con el yacimiento minero. Hasta ahora, dicha versión la señalaba a
ella como la responsable de revisar y avalar la solvencia de las propuestas.
Pero la técnico de
Invercaria relató, según explicaron fuentes del caso, que ella sólo asistió a
dos reuniones y que en ninguna estudió a fondo la documentación económica de
las ofertas, incluida la ganadora, la de Minorbis, que incluía, como publicó
ayer EL MUNDO de Andalucía, únicamente pantallazos de la web de Grupo México,
el socio que ha terminado por quedarse con la mina a través de la sociedad
Minera Los Frailes, mayoritariamente de su propiedad.
En cualquier caso,
insistió en que le ordenaron que fuera a esas reuniones de un día para otro y
que no sabía ni a qué iba. Ni siquiera conocía que se trataba del concurso
minero de Aznalcóllar.
En la primera
reunión, dijo la testigo, abrieron los sobres de las propuestas y miraron por
encima la documentación, mientras que en la segunda, añadió, se limitó a
responder algunas preguntas puntuales y superficiales del resto de miembros del
'jurado' designado por la Dirección de Minas para resolver el concurso de Aznalcóllar.
Un 'jurado' que,
mantiene la UDEF, inclinó deliberada e irregularmente la balanza a favor de
Magtel.
«En dos horas no se
puede hacer un estudio de solvencia», declaró Trujillano a la magistrada, que
insistió con sus preguntas en conocer cómo funcionaba la comisión y qué
hicieron exactamente.
De hecho, señalaron
las fuentes consultadas, fue la juez la que más preguntas hizo a la testigo,
que se mostró nerviosa en algunos momentos.
Cronología del caso
•Abril de 2014. La Junta de Andalucía convoca un concurso internacional para adjudicar los derechos mineros de Aznalcóllar. Se presentan tres ofertas:Minorbis, Emerita Resources y Nyrstar. Esta última terminará retirándose.
•25 de febrero de 2015. La Dirección General de Minas adjudica los derechos mineros de Aznalcóllar a Minorbis, descartando la oferta de Emerita Resources.
•26 de febrero de 2015. Emerita Resources presenta una denuncia en el juzgado acusando a la Junta de amañar presuntamente el concurso en beneficio de Minorbis.
•12 de mayo de 2015. La juez Patricia Fernández dicta un auto en el que sostiene que la Junta burló la ley.
La tesis de los
investigadores
El testimonio de
Trujillano viene a respaldar las tesis que por ahora mantienen tanto los
investigadores de la UDEF en sus informes como la propia juez en sus autos y
providencias.
Coinciden en que el
concurso se llevó a cabo «sin el más absoluto rigor» y en que hubo un sinfín de
irregularidades desde la primera fase. Hasta el punto de que, según la Policía
Nacional, Minorbis no debió haber superado siquiera esta etapa.
Por ahora, la juez
no ha señalado nuevas declaraciones, aunque las fuentes indicaron que podría
estar preparando un nuevo auto que daría pronto a conocer.
Nombramientos de
alto cargos
Susana Díaz se
deshace de un alto cargo de Universidades imputado
- Un juez investiga la ayuda que Francisco Triguero otorgó a un ente sin actividad
- La Junta decía que se trataba de un asunto administrativo que se acabaría archivando
Más de un año ha
mantenido Susana Díaz a Francisco Triguero, imputado, en el cargo de secretario
general de Universidades. Hasta ayer, cuando el Consejo de Gobierno hizo
público el nombramiento de su sucesor, Manuel Torralbo.
Durante un año, la
versión oficial de la Junta, mantenida en varias ocasiones en sede
parlamentaria, es que la subvención extraordinaria de 15 millones y medio de la
Consejería de Economía a un ente sin actividad, el Instituto para la Innovación
del Bienestar Ciudadano (I2BC), se trataba de una cuestión administrativa que
se acabaría archivando. Según fuentes judiciales en Málaga, el caso ahora mismo
está pendiente de la calificación del fiscal para pasar al juzgado, después de
una instrucción larga.
Otra causa
Pero no es la única
causa en la que aparece el ya ex secretario general, ya que también se está
investigando cómo fue posible que su pareja durante muchos años, Amparo Ruiz
Sepúlveda, estuviera de asesora de Triguero en Sevilla con emolumentos pagados
por la Universidad de Málaga, que le retribuía como vicerrectora sin que lo
fuera.
Francisco Triguero.
El fiscal que ha
llevado la causa ha tenido que pedir al juez que solicite la información que la
Junta y la Universidad de Málaga no le han facilitado en la instrucción. La también
profesora de la UMA, Ruiz Sepúlveda, pasó durante los años en los que
supuestamente era asesora en Sevilla dietas a la UMA por 30.000 euros, según la
denuncia interpuesta en Málaga.
La firma de
Triguero figura en la subvención extraordinaria de un proyecto que ha acabado
en un mole a medio construir en mitad del Parque Tecnológico de Andalucía. En
agosto de 2011, cuando ya se habían parado las obras del edificio, llamado a
ser uno de los más grandes del PTA, la Junta publicó en el BOJA una subvención
extraordinaria de 15 millones y medio de euros -que no fueron finalmente
abonados- para acabarlo y destinar el edificio a distintos proyectos de
investigación e innovación.
Estos fueron
detallados seis meses antes por María del Mar Moreno, entonces portavoz de la
Junta, cuando tras un consejo de gobierno, se dieron detalles de esa ayuda. La
entonces responsable socialista habló de proyectos para combatir la
ciberdelicuencia, por ejemplo, cuando ya se sabía que todo el equipo que había
conformado el I2BC había sido despedido con ocasión del decreto de reordenación
de la Administración andaluza.
Ese verano, cuando
ya ni existía la página web del Instituto -que luego resucitaron y ayer tenía
una noticia sobre cómo ser la mejor escort de Barcelona-, Felipe Romera,
director del PTA, explicó que, con la ayuda, se trataba de poder acabar el
edificio de 30.000 metros cuadrados que posteriormente se alquilaría para
oficinas. De hecho, los aparcamientos -dónde dejar el coche es uno de los
problemas más graves de este enclave- se estuvieron comercializando en una web
inmobiliaria sobre plano.
La Junta quiso
eliminar la fundación que llevaba el I2BC por decreto pero, luego, se dio
cuenta de que no podía al estar en el Patronato Vodafone y la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA). Se frustraba así la jugada de haber acabado
un edificio que engrosara los activos de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Finalmente, las
obras, además, no pudieron seguir porque DETEA, la constructora, entró en
concurso de acreedores. También acabó en esa situación el mismo I2BC, obligado
a devolver fondos europeos que iban destinados a la construcción de un edificio
con fines de investigación e innovación. En actas del patronato de la
Fundación, se puede comprobar cómo con parte de la subvención extraordinaria lo
que se pretende es precisamente camuflar la devolución de siete millones de
euros en ayudas europeas.
Según fuentes
consultadas, en la Universidad de Málaga se daba por supuesto la salida de
Triguero y que, después de los meses que le corresponden de cesantía de alto
cargo, el próximo destino podría ser la dirección del PTA.
FRAUDE EN LA
FORMACIÓN
El Tribunal de Cuentas investigará también el fraude de la formación
El Tribunal de Cuentas investigará también el fraude de la formación
- La Junta puso en su conocimiento el menoscabo de fondos detectado por el interventor
- El Ejecutivo asegura tener una colaboración "permanente" y "firme" con la justicia
La Junta ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas las graves irregularidades que los interventores provinciales detectaron al auditar las subvenciones en materia de formación profesional para el empleo en el periodo 2009-2012.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel
Vázquez, no pudo precisar ayer cuándo se puso el caso en conocimiento del
máximo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector
público, que también ha instruido un procedimiento por el fraude de los ERE
tras una denuncia del PP.
Vázquez sólo detalló que fue antes de que la
Intervención General de la Junta emitiera informe de actuación por menoscabo de
fondos públicos, lo que -según la fecha facilitada a este periódico por la
Consejería de Hacienda y Administración Pública- tuvo lugar hace unas tres
semanas. No ha trascendido hasta ahora.
«La Junta cumple con su obligación de
depositar esa información en los órganos competentes. Y eso lo hará en todos y
cada uno de los casos que ocurran. Nuestra voluntad es esclarecer, colaborar y
resolver», defendió el portavoz al término de la reunión semanal del Consejo de
Gobierno.
Como publicó EL MUNDO de Andalucía el pasado
domingo, la Intervención ha emitido un informe de actuación -mecanismo que
prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y
contable de las empresas de la Junta de Andalucía- a raíz de que, en una
auditoría especial a la gestión realizada por la dirección provincial del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la tramitación de las ayudas de formación
profesional para el empleo concedidas en Huelva, el interventor provincial
concluyera que se había ocasionado un «menoscabo de los fondos públicos». Así
lo detallaba aquél en un párrafo de énfasis en el que, además, concluía que las
irregularidades podrían ser causa de responsabilidad administrativa.
A este respecto, Vázquez confirmó que el
Gobierno andaluz ha aceptado «todas y cada una de las recomendaciones de la
Intervención» y ya «las está aplicando la Consejería de Empleo», el
departamento al que han vuelto a adscribirse las competencias en materia de
formación profesional para el empleo tras traspasarse a la entonces Consejería
de Educación, Cultura y Deporte en la pasada legislatura.
Asimismo, el portavoz indicó que, antes de que
la Intervención emitiera el informe de actuación, el Ejecutivo de Susana Díaz
«tomó la iniciativa» y puso el contenido de los informes de los interventores
en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Ello demuestra -dijo- la actitud
«diligente» y «responsable» del Gobierno, que mantiene «una colaboración firme
y permanente con los distintos tribunales de justicia».
Pese a la insistencia de este periódico, la
Junta ni precisó ni la fecha en que se dio traslado al Tribunal de Cuentas ni
facilitó copia del escrito para conocer el tenor del mismo.
La investigación del supremo órgano
fiscalizador en España deberá determinar si han incurrido en responsabilidad
contable altos cargos, funcionarios o personal laboral al servicio de la Junta
por la presunta adjudicación indebida de ayudas a entidades que no cumplían los
requisitos establecidos en la normativa reguladora y por no exigir el reintegro
a los beneficiarios por las ayudas recibidas y no justificadas adecuadamente.
La actuación del Tribunal de Cuentas corre en
paralela a la del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga el fraude
en la formación. En el sumario de este caso -abierto por la juez Mercedes Alaya
el 7 de marzo de 2014 y cuya instrucción ya ha asumido la nueva titular del
juzgado, María Núñez Bolaños- ya constan los ocho informes de los interventores
provinciales, a los que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ya les ha tomado declaración en calidad de testigos.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/11/55a0d51546163fc8688b456d.html
ALMERÍA.
Desplazan a un trabajador del Infoca para colocar al novio de una concejal
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Junta, ha ordenado el traslado de un vigilante del dispositivo Infoca a más de 35 kilómetros del puesto que ha ocupado desde hace más de 20 años en el término municipal de Bayárcal para colocar en su lugar 'a dedo' a la pareja de una concejal socialista de la localidad almeriense, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El trabajador desplazado, que vive desde hace más de dos décadas en Bayárcal y con contrato indefinido en la empresa, tendrá, de esta forma, que trasladarse a diario hasta el municipio de Laujar de Andarax, a más de 35 kilómetros de distancia de su domicilio.
«Lo más sorprendente e inexplicable de todo es que se ha desplazado al titular de un puesto de trabajo para cambiarlo por personal externo», explica Serafín Martín, miembro del comité de empresa de la agencia por el sindicato CSIF en Almería.
De esta forma, añade que la Amaya habría creado una «falsa vacante» en la caseta de vigilancia de El Picacho de Bayárcal para colocar a una persona afín al equipo de gobierno del Ayuntamiento. La vacante es falsa, claro, porque en la caseta desde hace muchos años han trabajado el afectado junto a otra persona, que continuará en su puesto junto al supuesto «enchufado».
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«Falsa vacante»
El puesto ha sido cubierto a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que no se pudiera completar mediante personal inscrito en las bolsas de empleo provinciales y regionales de la Junta. «La empresa pidió una persona para cubrir esta 'falsa vacante' al SAE y, curiosamente, le envió a la pareja de la concejal», dice el portavoz sindical.
Sin embargo, luego fue personal de la propia Agencia de Medio Ambiente, dependiente de la Junta, la que le hizo una entrevista que, por supuesto, superó. «Está más que claro que el puesto ha sido adjudicado a dedo», critica Serafín Martín.
Pero es que además de haberse sustituido un trabajador indefinido por personal externo, de haberlo hecho sin que existiese realmente una plaza vacante, y sobre todo para colocar al novio de una concejal del PSOE, este cambio de plaza supone un coste económico para el trabajador y también para la propia agencia Amaya. Y para el trabajador porque deberá desplazarse a diario con su coche a su nuevo destino, y para la agencia porque en parte de este recorrido utilizará un vehículo oficial.
Por todo ello, CSIF pedirá las explicaciones pertinentes a la dirección provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y exigirá «la inmediata restitución del puesto en este municipio para su legítimo titular».
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/11/55a0d51546163fc8688b456d.html
ALMERÍA.
Desplazan a un trabajador del Infoca para colocar al novio de una concejal
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Junta, ha ordenado el traslado de un vigilante del dispositivo Infoca a más de 35 kilómetros del puesto que ha ocupado desde hace más de 20 años en el término municipal de Bayárcal para colocar en su lugar 'a dedo' a la pareja de una concejal socialista de la localidad almeriense, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El trabajador desplazado, que vive desde hace más de dos décadas en Bayárcal y con contrato indefinido en la empresa, tendrá, de esta forma, que trasladarse a diario hasta el municipio de Laujar de Andarax, a más de 35 kilómetros de distancia de su domicilio.
«Lo más sorprendente e inexplicable de todo es que se ha desplazado al titular de un puesto de trabajo para cambiarlo por personal externo», explica Serafín Martín, miembro del comité de empresa de la agencia por el sindicato CSIF en Almería.
De esta forma, añade que la Amaya habría creado una «falsa vacante» en la caseta de vigilancia de El Picacho de Bayárcal para colocar a una persona afín al equipo de gobierno del Ayuntamiento. La vacante es falsa, claro, porque en la caseta desde hace muchos años han trabajado el afectado junto a otra persona, que continuará en su puesto junto al supuesto «enchufado».
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«Falsa vacante»
El puesto ha sido cubierto a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que no se pudiera completar mediante personal inscrito en las bolsas de empleo provinciales y regionales de la Junta. «La empresa pidió una persona para cubrir esta 'falsa vacante' al SAE y, curiosamente, le envió a la pareja de la concejal», dice el portavoz sindical.
Sin embargo, luego fue personal de la propia Agencia de Medio Ambiente, dependiente de la Junta, la que le hizo una entrevista que, por supuesto, superó. «Está más que claro que el puesto ha sido adjudicado a dedo», critica Serafín Martín.
Pero es que además de haberse sustituido un trabajador indefinido por personal externo, de haberlo hecho sin que existiese realmente una plaza vacante, y sobre todo para colocar al novio de una concejal del PSOE, este cambio de plaza supone un coste económico para el trabajador y también para la propia agencia Amaya. Y para el trabajador porque deberá desplazarse a diario con su coche a su nuevo destino, y para la agencia porque en parte de este recorrido utilizará un vehículo oficial.
Por todo ello, CSIF pedirá las explicaciones pertinentes a la dirección provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y exigirá «la inmediata restitución del puesto en este municipio para su legítimo titular».
Este
periódico se ha dirigido tanto al Ayuntamiento de Bayárcal, gobernado por el
socialista Jacinto Navarro, como a la Delegación provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la agencia, aunque
hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta o explicación sobre esta
denuncia, ni por parte de uno ni de la otra.
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