- Imputan a 9 personas de la empresa Formación Integral para el Empleo
- Los cursos se facturaban con un sobrecoste del 70% sobre el precio real
- La Junta no comprobaba los contenidos de las facturas, sólo aspectos formales
Así, el auto indica que esta actuación era posible "al amparo del sistema que regula la orden de 23 de octubre del 2009 , artículo 102, que desarrolla el decreto 335/2009 , de 23 de septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que, concedida la subvención por la Junta de Andalucía, se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".
Las cosas no ocurren por casualidad; se permiten....¿Y quien lo permite?
Asimismo, el auto concluye que el coste de los cursos impartidos era un 70 por ciento más bajo de lo documentado ante la Junta de Andalucía, de forma que, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban 80 euros, y el mismo concepto se factura por duplicado . Así , en varios cursos de Formador Ocupacional de 400 horas cada uno, aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una y finalmente se facturan se facturan 800 horas.
FRAUDE EN LA
FORMACIÓN
Un juez considera
que el fraude de la formación fue posible gracias al sistema utilizado por la
Junta
- Imputan a 9 personas de la empresa Formación Integral para el Empleo
- Los cursos se facturaban con un sobrecoste del 70% sobre el precio real
- La Junta no comprobaba los contenidos de las facturas, sólo aspectos formales
La juez del Juzgado
de Instrucción número 3 de Sevilla considera que hay indicios suficientes sobre
la existencia de una trama organizada alrededor de la entidad Formación
Integral para el Empleo SL y pide que se juzgue a 9 imputados por delitos
contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de
falsedad documental.
Tras la
instrucción, la juez concluye que el empresario José S.S. y su sociedad
Formación Integral para el Empleo SL obtuvo como subvenciones para programas de
formación en los años 2010 , 2011 y 2012 más de cinco millones de euros, sin
haber realizado buena parte de los gastos justificados que sólo corresponderían
a un treinta por ciento de los importes facturados.
La juez imputa por
estos hechos a un total de nueve personas, entre ellos los dueños de la empresa
y sus colaboradores. Los acusados son José Sivianes Sánchez, Víctor Manuel
Fernández Sanz, Ana María Rodríguez Jesús, María José Mancilla Rodríguez, Nuria
Hidalgo Serrano, José Carlos Pérez Núñez , Ana María Ramírez Collado, Antonio
Torres Granado y Manuel Jaime Fernández Recio.
En el auto de la
juez se señala que el empresario Jose S.S. pudo defraudar importes superiores a
los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012, irregularidad
propiciada por el sistema o mecanismo utilizado por la Junta de Andalucía.
Así, el auto indica
que esta actuación era posible "al amparo del sistema que regula la orden
de 23 de octubre del 2009 , artículo 102, que desarrolla el decreto 335/2009 ,
de 23 de septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional
para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que, concedida la subvención
por la Junta de Andalucía, se transfiera el 75% del importe concedido, quedando
el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación
de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación
formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los
requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la
realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".
Asimismo, el auto
concluye que el coste de los cursos impartidos era un 70 por ciento más bajo de
lo documentado ante la Junta de Andalucía, de forma que, si el coste real de la
hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban 80 euros, y el mismo
concepto se factura por duplicado . Así , en varios cursos de Formador
Ocupacional de 400 horas cada uno, aparecen como docentes autorizados varias
personas con 400 horas de clase cada una y finalmente se facturan se facturan
800 horas.
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