- EL GASTO SOCIAL. Susana Díaz incumple con las maltratadas otra vez: menos formación y más impagos. La Junta comunica a víctimas de la violencia machista un drástico recorte en las horas de prácticas en empresas y no les garantiza que vayan a poder cobrar la beca antes de verano.
- EDUCACIÓN. La LOMCE, sólo a medias en Andalucía. Los alumnos de primero de Bachillerato de Andalucía no tendrán informática. La Junta garantiza la implantación de la asignatura, pero no para el próximo curso. Los estudiantes andaluces, en desventaja con respecto al resto de España
- SANIDAD. La falta de enfermeros colapsa las urgencias del Virgen Macarena. Numerosos pacientes esperan más de doce horas la realización de pruebas y tratamientos
- SANIDAD La privatización de la sanidad pública andaluza o el carajal del SAS, por Mara Mago. = Hospitales públicos en riesgo de extinción. .....Las prestaciones y labores en los hospitales de la Junta de Andalucía se privatizan a diario. Las subcontratas de las contratas con empresas privadas están a la orden del día desde hace décadas. Si a ello le unimos una política de personal que ha declarado el empleo público también en liquidación, a través de la precariedad laboral y la suspensión de derechos adquiridos, el negocio de la privatización está servido en bandeja por los mismos gerentes que perciben cifras de productividad astronómicas por su eficiente gestión. Las cuantías de productividad percibida por la élite gestora son inversamente proporcionales a la calidad asistencial y a los índices de satisfacción reales.
La sucia verdad sobre el S.A.S
EL GASTO SOCIAL.
Susana Díaz incumple con las maltratadas
otra vez: menos formación y más impagos
- La Junta comunica a víctimas de la violencia machista un drástico recorte en las horas de prácticas en empresas y no les garantiza que vayan a poder cobrar la beca antes de verano
El Gobierno andaluz en funciones que preside la socialista
Susana Díaz vuelve a desentenderse del grupo de mujeres maltratadas con
protección especial a las que la Junta llegó a dejar sin clases ni becas en
mitad de un curso de formación profesional remunerado que se reanudó poco antes
de la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo, cuando tras revelar EL MUNDO de Andalucía el desamparo de
estas víctimas de violencia de género la Administración autonómica resolvió su
caos burocrático justo en vísperas de la participación de la líder del PSOE-A
en los actos del Día de la Mujer.
Sin embargo, una vez
aclarado el mapa electoral, vuelven a florecer mil y un problemas
administrativos en
detrimento de un colectivo de mujeres que fueron seleccionadas por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) atendiendo a su especial vulnerabilidad: o pesa una
orden judicial de alejamiento contra sus ex parejas o cuentan con una sentencia
condenatoria que avala los malos tratos sufridos. Ahora, por un lado la Junta
les ha comunicado a las alumnas de Cádiz y Málaga que van a recibir menos horas de formación práctica en
empresas de las programadas inicialmente. Por otro lado, se vuelven a incumplir
los plazos de pago a las becadas y ni siquiera se les garantiza que el abono
definitivo vaya a efectuarse antes de verano.
Según ha podido conocer este diario, a las alumnas malagueñas se les ha informado de que, en vez de las 180 horas
previstas, sólo podrán demostrar su pericia profesional a los empresarios
colaboradores durante 80 horas. En Cádiz es peor: las
maltratadas sólo disfrutarán de 40 horas de prácticas, el 22 por ciento de lo
prometido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que dirige en funciones el socialista
José Sánchez Maldonado.
Así las cosas, en vez de disponer de más de un mes para
adaptarse al trabajo de las empresas y que éstas puedan plantearse su
contratación tras calibrar su destreza, algunas de las seleccionadas apenas van
a contar con una semana en los centros de trabajo para probar su valía. «En tan
poco tiempo, ¿cómo te van a valorar?», se queja amargamente a EL MUNDO de
Andalucía una de las afectadas por esta reducción.
Hay otro problema más dramático
y perentorio: el puramente monetario. El compromiso de la
Junta era pagar a las maltratadas un total de 4.000 euros por su participación
en los cursos. Los primeros 2.000 debían
ingresarse a la firma del contrato que se produjo a finales del año pasado,
pero no se abonaron hasta marzo, después de que este diario denunciara que el
Gobierno andaluz había suspendido sine die la formación de 25 víctimas de
violencia de género de Cádiz sin haber cubierto ni tan siquiera el coste
ocasionado por el desplazamiento diario a Jerez de la Frontera para asistir a
clase.
Los restantes 2.000 euros debían abonarse cuando las alumnas
hubieran superado la mitad del curso. Ya se ha rebasado ese plazo y ni siquiera
se sabe si recibirán el dinero pendiente antes de la finalización de las
clases, dado que todo dependería de la autorización por parte de la
Intervención General de la Junta y ahora mismo no está garantizado que la
rúbrica del interventor vaya a producirse antes de verano.
Responsables tanto políticas como técnicas del IAM -que
depende de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que encabeza
en funciones la socialista María José Sánchez Rubio- han llegado a pedir expresamente
disculpas a las víctimas de violencia machista afectadas, asegurándoles que es la primera
vez en los 15 años de aplicación del programa Cualifica donde se suceden tantos
problemas que cuestionan las políticas de mujer de la Junta.
Y es que se supone que
la prioridad del Gobierno andaluz era precisamente «la igualdad de
oportunidades en el empleo». Para ello, mantienen «intacto con respecto a 2014» el
presupuesto (40,5 millones de euros) para el IAM, el organismo que dirige la
socialista Carmen Cuello y que cataliza las políticas de igualdad y protección
de las víctimas de violencia de género. Pero el compromiso contrasta con
retrasos y recortes inéditos en el programa Cualifica del que son víctimas otra
vez las maltratadas.
EDUCACIÓN. La
LOMCE, sólo a medias en Andalucía
Los alumnos de
primero de Bachillerato de Andalucía no tendrán informática
- La Junta garantiza la implantación de la asignatura, pero no para el próximo curso
- Los estudiantes andaluces, en desventaja con respecto al resto de España
En EEUU, 'La Hora del Código' se
ha convertido en una campaña muy conocida en la que se anima a los niños a
aprender a programar ordenadores. Son
caras de famosos que explican lo importante que es entender los lenguajes de un
ordenador para los empleos del futuro. Y del presente. En Reino Unido, están inmersos en la misma campaña y, desde este curso, la
programación es obligatoria en los colegios ya desde Primaria. En el diseño de la asignatura
han participado colegios de ingenieros, empresas tecnológicas de la mano con el
Ministerio. La Comunidad de
Madrid, en España, ya anunció hace unos meses que los niños en Madrid tendrían
sus horas de programación. ¿Andalucía?
La Junta, en un comunicado, hace planes a futuro
para la asignatura 'Ciencias de la Computación y la Programación' y estudia
cómo introducirla en los planes para el curso 2016-2017.
Mientras, en septiembre, los alumnos de Primero de
Bachillerato andaluces no tendrán la posibilidad de cursar Tecnologías de la
Información (TIC) 1, ya que la Junta ha decidido que ese año sea
"transitorio" en la aplicación de la LOMCE, ley que contempla esa
asignatura. El problema, según profesores consultados, es qué pasará con estos
niños cuando lleguen a Segundo de Bachillerato, cuando otras comunidades estén
ya cursando TIC II.
Ante la fuerza que iban adquiriendo las protestas de los
docentes de Informática, la Junta emitió días atrás un comunicado con el que
trataba de apagar el fuego que se había avivado con las instrucciones para el
siguiente curso que habían recibido en los centros, en el que no se citaba la
asignatura. Además, la Asociación de Profesores de Informática de Andalucía se
había empezado a movilizar tanto por esas instrucciones como por un borrador de
asignaturas para el curso 2016-2017 en el que se dice que Informática sería una
optativa a Religión, con una carga lectiva que se considera insuficiente. Ya
había hasta protestas en plataformas de peticiones en internet, para que la
Junta diera marcha atrás en los planes. Muy tarde ya.
La Asociación se muestra satisfecha con la declaración de
intenciones de la Consejería pero hay otros profesores que son más escépticos. "El
hecho es que en septiembre, en Andalucía, ninguno de los chavales que entren en
primero de Bachillerato van a poder estudiar informática", explica José Luis Leiva, un profesor de la Escuela de
Informática de Málaga que este curso da clase en Turismo y sabe de la importancia de los conocimientos en
informática para muchas profesiones, no solo para los programadores.
Tanto la asociación como él citan el estudio de la
Comisión Europa que estima que hasta un
millón de puestos de trabajo en Europa, hasta 2020, no se podrán cubrir por no
encontrar a candidatos suficientemente formados en Informática.
La inexistencia de
TIC en Primero de Bachillerato coincide también con una expansión de
iniciativas preocupadas por la escasa presencia de mujeres en Informática,
donde apenas llegan a ser el 13% de las alumnas, mientras que, en los 80,
llegaron al 30%. De hecho, hace apenas dos meses, se presentaba en la sede en
Madrid de Telefónica, la delegación española de Girls for Tech, una iniciativa
mundial para conseguir atraer a más niñas hacia las carreras tecnológicas,
donde están los mejores sueldos. "La Junta habla de igualdad de
oportunidades pero el caso es que, el curso que viene, quien pueda se pagará
una academia privada y los que no, se tendrán que conformar con lo que
hay", explica uno de los profesores consultados.
Según cuenta Ignacio López, director del Instituto Sierra de
Almijara, en Nerja, en la ESO, cuando la asignatura es optativa, "tiene
bastante demanda". Además, explica que hay una plantilla de profesores
suficente para impartirla porque hace años, curiosamente, llegó a haber más
horas que las actuales, por lo que algunos se han puesto a dar otras clases,
como Tecnología. Los consultados coinciden en que no basta con el reparto de
ordenadores que realizó la Junta hace años: "Hay que creer en esta
asignatura, en saber lo importante que es ", dice uno de ellos. "Se
habla de la brecha digital, pero ya no es tener o no internet, si no saber cómo
funcionan los ordenadores. Aquí presuponen que todo el mundo sabe cómo manejar
el ordenador, cómo mandar correos y estar en las redes, pero es más que
eso", dice José Luis Leiva.
Premio Google a una iniciativa sevillana
Jesús Moreno puede estar orgulloso. Google decidió este año
que el proyecto que desarrolla conjuntamente la Universidad Rey Juan Carlos I,
donde realiza su tesis, y la asociación Programamos, de la que es fundador, era
merecedor de un premio Rise, que distingue a las iniciativas que promueven la
programación en la infancia. "Necesitamos que más niños se enamoren de las
ciencias y de las matemáticas", la frase de Larry Page, fundador de
Google, es la filosofía de unos premios que, en el caso de Programamos, tiene
todo el sentido, porque la idea es demostrar cómo los niños que se enamoran de
la programación a través de juegos como Scratch pueden acabar razonando y
entendiendo mejor las matemáticas.
Por eso, Moreno, sobre la cuestión de si hay o no un
asignatura de TIC en primero de Bachillerato, afirma: "No es nuestra
guerra". Lo que ellos pretenden, en cambio, es que la
programación sea importante ya en Primaria.
Paradójicamente, Programamos, una asociación sin ánimo de lucro, comenzó su
andadura en Sevilla, por eso fueron los responsables de la Junta de Andalucía
con los que primero se reunieron. Sin embargo, han conseguido introducir su
metodología en 90 colegios de Navarra, de manera oficial, antes que en la
comunidad que les viera nacer. Allí, en Primaria, la programación irá de la
mano de las matemáticas, una tendencia que se consolida en los países con
proyectos educativos más avanzados.
En la Consejería,
mientras, sacan pecho con los planes de la nueva asignatura de Ciencias de la
Computación para el curso 2016-2017. Mientras, en Madrid, la programación se ha ido
extendiendo ya desde este curso por varios institutos, con el objetivo de
llegar a la totalidad en el curso que empieza en septiembre
La falta de enfermeros
colapsa las urgencias del Virgen Macarena
Numerosos pacientes esperan más de
doce horas la realización de pruebas y tratamientos
Imagen de la sala de espera del
servicio de urgencias del Hospital Virgen Macarena, ayer por la tarde.
La
falta de sustitución de personal en el Hospital Virgen Macarena provocó ayer un
colapso en las urgencias de este centro hospitalario, según denuncia el
Sindicato de Enfermería. Numerosas personas aguardaron hasta más de
doce horas en la sala de espera del servicio de Urgencias para la realización
de pruebas exploratorias, analíticas y tratamientos, así como los resultados de
sus pruebas médicas.
El
problema, según Satse, radica en los más de mil puestos de
trabajo que se han perdido en Sevilla desde 2012, dejando más deficitarias aún
las plantillas de enfermería. A esto hay que
sumar que ayer un celador y un enfermero no acudieron a su puesto de trabajo y
tampoco fueron sustituidos. "La plantilla de enfermería está muy mermada y en el momento que
falta alguien, la situación se desborda",
apunta Reyes Zabala, secretaria provincial de Satse. "Por desgracia, ésta
es una situación muy habitual en los hospitales de Sevilla, la provincia que
más puestos de enfermería ha perdido de toda Andalucía".
Desde el hospital niegan la situación
de colapso, asegurando que las consultas médicas se desarrollaron con
normalidad durante todo el día de ayer.
El problema no eran las consultas
médicas, según señalan desde el Sindicato de Enfermería, sino la espera
posterior para la realización de pruebas médicas, como analíticas, la
aplicación de tratamientos o la administración de medicamentos a los pacientes.
"La falta de enfermeros ha
ocasionado que los pacientes se acumulen en la sala de espera", apunta Zabala.
Comisiones Obreras, por su parte,
también denunció durante la jornada de ayer una acumulación de pacientes mayor
de lo habitual en los servicios de Trauma y Medicina Interna.
Desde 2012
existe una tasa de reposición aprobada por el Gobierno del 10%, es decir, por
cada diez jubilados sólo se contrata a un profesional. Además,
según denuncian desde Satse, los nuevos contratos son al 75%.
El sindicato
habla de discriminación con respecto a otros profesionales sanitarios, ya que
"sí se están implantando contratos al 100% para los médicos", no así
para los enfermeros, según apunta la secretaria provincial de Satse.
Otro dato
que muestra el déficit de profesionales de enfermería que existe en el Servicio
Andaluz de Salud es la ratio de estos profesionales por médico. Mientras que la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos) establece que la media de Europa se sitúa
en 2,3 enfermeros por médico, a nivel nacional dicha ratio se queda en 1,4. En
Andalucía, la situación es aún "más precaria", con tan sólo 1,28
enfermero por médico.
Desde el Sindicato de Enfermería
aseguran que pronto pondrán en marcha "medidas reivindicativas más
contundentes", ya que la
situación de "precariedad que se vive en los hospitales sevillanos es
insostenible", y ya "está afectando a los ciudadanos",
como ocurrió
ayer, según denuncian, en el servicio de urgencias del Hospital Virgen
Macarena.
La privatización
de la sanidad pública andaluza o el carajal del SAS, por Mara Mago
Una de las grandes
trolas del PSOE ANDALUZ, personificado
ahora, en su incipiente etapa peronista, en la figura omnipresente de Susana
Díaz, es el cuento de la defensa a ultranza de la
sanidad pública. Desde hace décadas,
está ocurriendo, exactamente, lo contrario. En
20 años, la Junta de ANDALUCÍA no ha construido un hospital con presupuesto
público que no sea de gestión privada hoy en día. Insisto, PRIVADA, sin demagogia ni eufemismos.
La oposición, TODA, lo sabe. Otra cosa es que escondan su cabecita bajo
el ala y haga como que no sabe, no escucha, no ve ni entiende. O, como la casta
gobernante, que siempre se entera por la prensa del problema cuando ya es vox
populi. Otra cosa es que miren para otro lado. Casi siempre coincide que el
otro lado es Madrid, objetivo de todas
las críticas por parte de esos partidos que se llaman de izquierda, incluso de
nueva izquierda, aunque sus ideas son más añejas que Lenin, y que denuncian
allá en la capital de este reino de taifas desvertebrado lo que ni huelen aquí en el sur de la pijo
progresía gobernante.
Lo denuncian médicos,
profesionales de la enfermería, técnicos sanitarios y personal de
mantenimiento, estatutarios, eventuales y una amplia representación de la extensísima
plantilla que conforma la primera empresa andaluza. Otra cosa es que encuentren eco en la
controlada opinión pública sureña. Lo denuncian sindicatos, incluidos los
verticales del régimen, y asociaciones
de pacientes víctimas del carajal en que ha devenido uno de los mejores
sistemas sanitarios públicos del mundo. Otra
cosa es que tengan la resonancia mediática de las mareas blancas
madrileñas. Y lo recogen balances periódicos del Tribunal de Cuentas e
informes oficiales de ámbito nacional y europeo que, como el PISA a la
educación, ponen de manifiesto el deterioro progresivo de la calidad
asistencial, acelerado en los años de
crisis por las políticas drásticas de recortes de recursos. Por supuesto, esos
informes apenas se han publicitado en algunos medios que, más que de
información, se diría que existen para
desinformar.
Un ejemplo de esos estudios basados en estadísticas puras,
nada de elucubraciones, es el informe ‘’IDIS’’. Elaborado por el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad, analiza
la participación de la gestión privada en la sanidad pública por comunidades
autónomas. Les dejo el enlace para que ustedes mismos consulten los datos en
que estén interesados y comprueben que el barco de la privatización sanitaria
zarpó tiempo ha, también en Andalucía, y
avanza a ritmo de vértigo, a la par que en Cataluña y Madrid.
En resumidas cuentas, pues, lo reafirmo, -a ver si se
enteran las huestes de Antonio Maíllo,
Teresa Rodríguez, Juan Marín y Moreno Bonilla. Incluso los súbditos de
Susana Díaz-, ‘’la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía mantiene conciertos con 17 centros hospitalarios
privados de toda la comunidad. Otros catorce hospitales son
gestionados por empresas públicas, un modelo de gestión directa por el que se
crean entidades sujetas al derecho privado’’. Se trata, según los autores del informe, de «un modelo que, aunque
distinto a la privatización, se acerca a la gestión empresarial privada».
Tanto, -añado experiencias personales-, que la
asistencia en tales centros sostenidos con dinero público es derivada a los
centros públicos genuinos en cuanto puede reportar un gasto extra a sus
eficientes cuentas de resultados anuales.
Sin embargo, por estos lares nadie se da por enterado, ni
siquiera, los partidos de la oposición, que tienen en ésta otra oportunidad
inexcusable para denunciar la hipocresía
y las mentiras rotundas de la reina de Triana, ahora erigida en salvadora
patria, por aquello de ejercer como abanderada de la oposición a los frentes contra. ¡Ya ves¡ ella que considera un frente contra su
egregia figura toda actitud que no sea
estar a sus pies.
En resumidas cuentas, la política de conciertos con centros
privados iniciada casi desde el principio de los tiempos autonómicos ha ido in crescendo hasta el punto en que, hoy en día, si
la concertación se suspendiera se
produciría el caos sanitario.
El informe ‘’IDIS’’ destaca que,
‘’además de los contratos para tareas
específicas, la Junta tiene establecidos convenios singulares con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
y el grupo hospitalario Pascual. El primero de ellos contempla el uso de cinco
hospitales (Jerez, Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla), y su renovación en 2011 se hizo por un montante de
111,2 millones de euros para una actividad prevista de 40.000 ingresos, 370.000
estancias, 57.000 intervenciones quirúrgicas, 112.000 consultas, 84.000
diagnósticos y 180.000 sesiones de rehabilitación.
El acuerdo con el grupo Pascual cubre seis hospitales
(Villamartín, Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Cádiz, Huelva y Málaga). El
80 por ciento de sus pacientes son derivados de la sanidad pública. El
convenio, que finalizó el 21 de enero de 2013, ha sido renovado unilateralmente
por la Junta (con una reducción del 5 por ciento en el presupuesto de
adjudicación) utilizando un mecanismo de emergencia y alegando interés general.
Desde julio de 2011, el SAS mantiene un acuerdo de cuatro
años con Cruz Roja Española para la prestación de servicios sanitarios en el
Hospital Victoria Eugenia, en Sevilla.
La crisis ha desenmascarado,
además, otra modalidad de uso inadecuado del presupuesto público en el ámbito
de la sanidad andaluza.
Desconozco si la práctica también es réplica de la
política sanitaria madrileña. Se trata de invertir fondos públicos, con cargo a préstamos
excepcionales obtenidos del Banco Europeo de Inversiones, cuya devolución e
intereses pagaremos todos, en la
construcción de nuevos centros hospitalarios privados, que están germinando
como hongos en la geografía sureña a iniciativa de los amigos del poder.
Mientras tanto, por falta de dotación económica, según el argumentario oficial,
la Junta tiene paralizada la inversión en todos los proyectos de ampliación y
mejora de los hospitales públicos.
Hospitales públicos andaluces, en
riesgo de extinción.
Aunque la práctica se inició, también, en la década de los 90, a raíz de la crisis,
la Junta ha disparado los concursos para la contratación de
servicios externos en los hospitales
públicos. Una
especie ésta en riesgo de extinción ya que
ha quedado reducida a un tercio. Es decir, de cada tres hospitales, sólo
uno es público, aunque con una propensión acelerada a la privatización de su
cartera de servicios –limpieza, cocina, seguridad, mantenimiento, pruebas de
diagnóstico por imagen, laboratorio y análisis clínicos, terapias
respiratorias, hemodiálisis, tratamientos, terapias e intervenciones quirúrgicas-.
Las prestaciones y labores en los hospitales de la Junta de
Andalucía se privatizan a diario. Las subcontratas de las
contratas con empresas privadas están a
la orden del día desde hace décadas. Si
a ello le unimos una política de personal que ha declarado el empleo
público también en liquidación, a través de la precariedad laboral y la suspensión
de derechos adquiridos, el negocio de
la privatización está servido en bandeja por los mismos gerentes que perciben cifras de productividad astronómicas
por su eficiente gestión. Las cuantías de productividad percibida por la élite gestora
son inversamente proporcionales a la calidad asistencial y a los índices de
satisfacción reales.
En su delirio por
ocultar la realidad tras una terminología difusa, que intenta expresar lo contrario de lo que identifica,
no saben ya qué inventar. Para eso está la Agencia de la Calidad Sanitaria, alarde
de la más eficiente política de gestión privada. No obstante, si rascas un poco la fachada, la cal cae
rápida. Para muestra les aporto este instructivo, y a la par divertido, vídeo
producido por la Plataforma por una
Sanidad Pública Justa en Andalucía.
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