lunes, 1 de junio de 2015

Análisis en profundidad: ¿Adiós a la superjuez Alaya? = las presiones políticas ponen en riesgo las causas de corrupción contra la Junta ¿¿??

  • Su próximo traslado a la Audiencia, los desencuentros con la jerarquía judicial y las presiones políticas ponen en riesgo las causas de corrupción contra la Junta

 ¿Adiós a la superjuez Alaya?
  • El rechazo de refuerzos enfría la relación con el TSJA
  • Una comisión de servicios con trampa
  • Crece la presión judicial y política sobre Alaya
  • La plaza en la Audiencia, un regalo «envenenado»
  • Relevo con sorpresa: una juez amiga de De Llera

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Cuando “el sin sentido impera” y se actúa al margen del “sentido común”, perdemos todos......¿Hasta donde llegan los tentáculos del Régimen? ¿Justicia y Profesionalidad o política?  .....¿Qué está pasando....?¿Por qué  la Ilma. Sra. Jueza Alaya no tiene ya concedida la comisión de servicios finalista para culminar las macrocausas, EREs, Formación y avales empresas públicas.........? ¿No es una petición  razonable  lógica y de sentido común?; lo contrario “un despropósito” que nos perjudica a todos, empezando por las instancias judiciales versus  ¿Justicia politizada; al servicio del poder político andaluz, avalada por el Consejo General del Poder Judicial.....?





Análisis en profundidad: ¿Adiós a la superjuez Alaya?

  • Su próximo traslado a la Audiencia, los desencuentros con la jerarquía judicial y las presiones políticas ponen en riesgo las causas de corrupción contra la Junta

¿Adiós a la superjuez Alaya? 

Mercedes Alaya está hoy más cerca de dejar de ser la superjuez de Sevilla. La mujer que ha sentado a dos expresidentes de la Junta de Andalucía ante el Supremo y que veía amanecer en los juzgados del Prado de San Sebastián interrogando a imputados, acaba de recibir uno de los golpes más dolorosos de su carrera. Un varapalo provocado, por paradójico que parezca, por su inminente ascenso en el escalafón judicial. Tan encapsulada estaba en su aura de azote de la corrupción, que no intuyó que en despachos más altos se tejían maniobras a sus espaldas para neutralizarla.

No reparó en el riesgo de que sucediera lo que ha ocurrido cuando optó a la plaza en la Audiencia de Sevilla que acabó ganando. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, ha frenado su pretensión de quedarse con todas las macrocausas con una comisión de servicios finalista: ERE, Formación, Madeja y avales a empresas. Probablemente no pueda acabar el trabajo al que ha consagrado como un sacerdocio sus últimos años. Cinco hitos explican este inédito giro que puede dar al traste con los frentes judiciales contra la Junta:

El rechazo de refuerzos enfría la relación con el TSJA

Todo comenzó con una neuralgia del trigémino, una patología caracterizada por fuertes cefaleas que fuerza a la hiperactiva juez a darse de baja. Su ausencia se prolonga más de lo esperado: seis meses. Para aliviar el atasco que sufre el mayor caso de corrupción que se investiga en Andalucía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, activa un plan que pasa por dejar el caso ERE en manos de su sustituta, Ana Rosa Curra, y el delito societario del Real Betis, en un juez de apoyo, Rogelio Reyes.

El 8 de marzo regresa Alaya y manda parar. Ni reparto ni refuerzos. Eso sucedía en febrero de 2013. El 8 de marzo regresa Alaya y manda parar. Ni reparto ni refuerzos. Es su respuesta a los planes del TSJA. Todas las instrucciones las quiere llevar ella personalmente. El Tribunal Andaluz se pliega a sus deseos por esta vez, pero no le perdona el desaire. De hecho, su propuesta ante el CGPJ ha sido decisiva para alejar a Alaya de las macrocausas. Pero no adelantemos acontecimientos. Volvamos a 2013. La obstinación de la titular del juzgado hace que Curra dé un paso atrás y evite así un previsible choque de trenes. El plante de Alaya supuso un punto de inflexión en las relaciones con su superior jerárquico. Nada volvió a ser igual desde aquel día.

Crece la presión judicial y política sobre Alaya

Hay que rebobinar hasta septiembre de 2013 para encontrar el siguiente hito en este historial de desencuentro. Del Río aprovecha el acto de apertura del año judicial en Granada para redoblar la presión sobre la instructora del caso ERE: apremia a la juez a inhibirse en la causa y a trasladarla «cuanto antes» al tribunal competente para fijar la responsabilidad de los aforados que señala en sus autos. Entre los asistentes, se halla el consejero de Justicia, el fiscal en excedencia Emilio de Llera, que escucha con indisimulado agrado el correctivo.

El auto cayó como un misil en la Presidencia. En la Junta no olvidan la pesadilla vivida la semana anterior. Justo cuando los consejeros de Susana Díaz prometían sus cargos en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, Alaya abrió un procedimiento contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros con protección parlamentaria. El auto cayó como un misil Tomahawk en la Presidencia, que había cavado un cortafuegos a su alrededor para no quemarse en el caso ERE. Era el segundo aviso que recibía la juez. El primero llegó en mayo de 2013. Tras otra reunión con Del Río, el TSJA muestra su «preocupación» por el retraso de los interrogatorios de los imputados. Sus enrevesadas instrucciones, que parecen no terminar nunca, no gustan al tribunal porque trasmite la sensación de que la Justicia es poco resolutiva y crea indefensión. La Junta no se ha cansado de reprochárselo.

La plaza en la Audiencia, un regalo «envenenado»

12 de agosto de 2014. Tras sortear obstáculos múltiples en todos los frentes, Alaya pone una pica en lo más alto de la pirámide de responsabilidades. Se va de vacaciones enviando al Supremo los indicios contra los aforados. Pero su famoso «trolley» no rueda más ligero. Al contrario. Ese mismo verano abre otra investigación por la estafa de las subvenciones destinadas a cursos de formación.

Al final del año, la juez de fachada imperturbable se decide a pedir una de las cuatro plazas de magistrado disponibles en la Audiencia de Sevilla. Da el paso tras consultar a las altas esferas judiciales y cerciorarse de que podrá culminar las macrocausas pendientes con la vaga promesa de una comisión de servicios hecha a la medida de sus intereses. Al menos, así lo cree ella. El 23 de enero, los técnicos del CGPJ confirman que una de las plazas va a ser suya. A la vez logra un nuevo destino Pablo Ruz, el juez que destapó la caja B del PP. Veinte días antes de lo previsto, el CGPJ publica la apertura del concurso para adjudicar la plaza de titular del juzgado que Alaya dejará vacante. Hay prisa por consumar el relevo. Demasiada.


Relevo con sorpresa: una juez amiga de De Llera

Diez jueces compiten por sustituirla. Pero la codiciada plaza recae por antigüedad en la última en pedirla, María Ángeles Núñez Bolaños, casada con el médico forense Julio Guija, amigo de De Llera. Esta juez de Familia entra en la pugna apurando el plazo. De improviso. Su decisión más mediática hasta ahora había sido darle a Kiko Rivera la custodia compartida de su hijo. La noticia asombra en los círculos judiciales, donde daban por hecho que su relevo natural sería Álvaro Martín, juez de lo Penal y refuerzo en el juzgado de Alaya.

Desde el principio chirría el empeño de Núñez por hacerse con el juzgado de los ERE. A diferencia de los otros aspirantes, quiere éste y ningún otro de los que están vacantes. En el PSOE están de enhorabuena. Sólo les falta descorchar el cava. Por una extraña carambola, se libran de la juez que ha destapado las alcantarillas de la Junta y se aseguran de que los escándalos que les fustigan pasen a manos de una juez menos problemática. De un disparo, caen dos pájaros.


Una comisión de servicios con trampa

El 28 de abril pasado es uno de esos días que nunca olvidará Alaya. La Sala de Gobierno del TSJA, con la que había tenido sonados encontronazos, propone al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un plan de refuerzos que pasa por nombrar a dos jueces en comisión de servicios (una sería para Alaya) a las órdenes de la futura titular del juzgado, dándole así carta blanca para imponer el reparto de los casos, le guste o no a su antecesora. El deseo de hacerse con todas las macrocausas se evapora en una operación no exenta de inquietantes interferencias políticas. Díaz llama por teléfono al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que iba a tomar en torno a la continuidad o no de la magistrada. Pocos días después, el 21 de mayo, todos los miembros del CGPJ elegidos a iniciativa de los partidos (incluidos los propuestos por el PP) aceptan por unanimidad el plan del TSJA desoyendo un demoledor informe de la juez que dibuja un panorama poco menos que apocalíptico para el juzgado que ha convertido en la zona cero de la lucha contra la corrupción.


Mercedes Alaya se queda sola. ¿Ha sido rehén de sus propias decisiones o víctima de un complot? O, quizás, ambas cosas a la vez. El caso es que el sistema que combatió con mano de hierro en sus años de superjuez ha acabado aplastándola. Ni ella se puede creer lo que está pasando.

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