- Magtel es una de las mayores contratistas públicas del Gobierno andaluz.
- El PSOE también le ha concedido préstamos millonarios y subvenciones
CONCURSO PÚBLICO
La
reapertura de la mina
La Junta y la 'dueña' de Aznalcóllar, una
relación cifrada en 14 millones de euros en 5 años
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Magtel es una
de las mayores contratistas públicas del Gobierno andaluz
· El PSOE también le ha concedido préstamos millonarios y subvenciones
José A. Griñán, en un acto de Magtel con su presidente, Mario López Magdaleno (segundo por la dcha
Esa es la cantidad de
dinero público que ha recibido desde las arcas andaluzas desde el año 2009 por
diversos conceptos, desde subvenciones públicas a contratos de servicios,
pasando por préstamos millonarios, tal y como queda recogido en el Boletín
Oficial de la Junta (BOJA) y en la Plataforma de Contratación de la
Administración autonómica.
Magtel, socia del consorcio Grupo
México-Minorbis para la explotación de Aznalcóllar, ha recibido inyecciones
económicas de la Junta prácticamente sin interrupción en los últimos seis años
y con los sucesivos gobiernos del PSOE, tanto con la actual presidenta, Susana
Díaz, como con sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Con todo, la etapa de
Griñán al frente de la Junta ha sido la más beneficiosa para Magtel. Con él en
el Palacio de San Telmo, la adjudicataria de la explotación minera que causó el
desastre ambiental de 1998 resultó 'agraciada' con más de 10,6 millones de
euros.
De acuerdo con la información recabada en los registros
oficiales de la Junta, la empresa cordobesa se ha beneficiado desde
2009 de subvenciones por un importe de más de 3,5 millones de euros; contratos
públicos por un valor cercano a los siete millones de euros y préstamos por
otros cuatro millones. En total, casi 14,2 millones de euros, a una media de
más de dos millones al año.
Estas cifras cobran especial relevancia en el marco de la
investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla acerca de,
entre otras cuestiones, supuestas irregularidades en subvenciones recibidas por
Magtel. No sólo por la Junta de Andalucía, sino también por el Ministerio de
Industria en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del
Gobierno central.
De hecho, la juez Celia Belhadj ha ordenado a la Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine las
ayudas públicas recibidas de administraciones en manos del PSOE, incluyendo los
nueve millones de euros que el gobierno de Zapatero le dio.
La orden de indagar
estas supuestas irregularidades la incluye la magistrada en el auto por el que
abre diligencias previas acerca del
concurso convocado por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de
explotación del yacimiento de Aznalcóllar, cerrado desde el desastre
medioambiental de 1998.
Se trata de ocho
ayudas concedidas a Magtel Comunicaciones Avanzadas S.L. para otros tantos
proyectos de despliegue de red de fibra óptica en los municipios sevillanos de
Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Gines, Los Palacios y Utrera, así como
en las localidades malagueñas de Fuengirola, Rincón de la Victoria y
Torremolinos.
A simple vista -y
sin conocer el resultado de las pesquisas policiales- llama
la atención de estas subvenciones, aparte de su cuantía, que fueron concedidas
en los últimos días de gobierno socialista.
Emerita Resources, la otra empresa que aspiraba al concurso
minero, apuntaba en la denuncia que ha dado lugar al proceso judicial a una
relación privilegiada entre el PSOE -desde los organismos públicos que
gestiona- y Magtel y, de hecho, atribuye la concesión de la mina por parte de
la Junta a «tráfico
de influencias». Y, como prueba de ello
señalaba la concesión de numerosas ayudas públicas.
Pero el BOJA y el portal oficial de la Junta constatan que,
además de subvenciones, Magtel ha facturado importantes cantidades a los
gobiernos socialistas de Andalucía, de los que, asimismo, ha recibido créditos.
Asistencia técnica en el despliegue de la
red corporativa de telecomunicaciones; suministro de videoproyectores para
colegios; soporte para centros de información de las consejerías; difusión de
la señala TDT o modernización de infraestructuras de embalses y su
mantenimiento forman parte del amplísimo abanico de actividades desarrolladas por
Magtel y pagadas por la Junta.
Y, entre los organismos
autonómicos que más han contado con la empresa con sede en Córdoba, sobresale
la Agencia para la Innovación y el Desarrollo de Andalucía (IDEA), salpicada de
lleno por el escándalo de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya.
La denunciante sostiene
que el concurso fue amañado con el exclusivo fin de que la ganadora fuese la que ha sido,
México-Minorbis. Y, para ello, asegura, no sólo se han cometido irregularidades
en el procedimiento administrativo -con valoraciones injustificadas del
proyecto-, sino que además ha habido «presiones» a los funcionarios que lo han
tramitado. Todo, insiste la denuncia,
con el objetivo de beneficiar a la adjudicataria.
Emerita Resources cree
que en el concurso la Administración andaluza ha tomado decisiones ilegales a
sabiendas; que la empresa ganadora
tenía influencias en la Junta que ha usado y que, incluso, alguno de los
implicados podría haber recibido, a cambio, alguna compensación.
¿En qué se basa Emerita Resources para decir que
México-Minorbis y la Junta tiene relaciones privilegiadas y ha habido, por lo
tanto, tráfico de influencias? Pues en que, como asegura en el texto de
la denuncia, en Magtel (de la que es filial Minorbis) «trabajan destacados
miembros del PSOE, así como altos cargos y directivos de la Consejería de
Industria».
Y añade antecedentes que demuestran, a su juicio, las buenas
relaciones entre el gobierno socialista que preside Susana Díaz y Magtel. Por
ejemplo, que pese a la nula experiencia de la compañía en el sector eólico, fue
la principal adjudicataria en las concesiones de la Junta de Andalucía.
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