- Peritos ratifican que se falseaba el presupuesto para esconder los ERE.
- La Dirección de Presupuestos obligaba a contabilizar transferencias ficticias.
- La Junta lo 'exigía, insisto, exigía', reitera uno de los interventores
La Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Hacienda, «exigía» a la Agencia IDEA que contabilizara las transferencias de financiación de manera inadecuada para poder mantener el fondo de reptiles fuera del control de la Intervención. Así lo han declarado los peritos de la Intervención del Estado ante la juez Alaya a preguntas del abogado de José Antonio Griñán.
El perito Ángel Turrión ha señalado sin ningún género de dudas que la Dirección General de Presupuestos «exigió, insisto, exigió al IFA [Instituto de Fomento de Andalucía] -después reconvertido en la Agencia IDEA- consignar una transferencia de financiación en su presupuesto de ingresos» para sufragar gastos que, en realidad, nunca se producían. El dinero no cubría gastos, ya que éstos no existían, sino que se desviaba para conceder las subvenciones del fondo de reptiles que, gracias a ese artificio contable, no eran controladas.
La juez Mercedes Alaya viene señalando en sus autos que los beneficiarios de esos fondos eran empresarios de la órbita del PSOE, del Gobierno andaluz o de los sindicatos CCOO y UGT que se beneficiaron de la arbitrariedad de que gozaba la Junta para otorgar ayudas.
¿En todos los fraudes aparecen los entes de la Administración instrumental y paralela juntera? ¿Te lo explicas...?
Y los resultados..... ¿¿¿???
CASO ERE
La Junta 'exigía' que se camuflara en las cuentas el 'fondo de reptiles'
- Peritos ratifican que se falseaba el presupuesto para esconder los ERE
- La Dirección de Presupuestos obligaba a contabilizar transferencias ficticias
- La Junta lo 'exigía, insisto, exigía', reitera uno de los interventores
La Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Hacienda, «exigía» a la Agencia IDEA que contabilizara las transferencias de financiación de manera inadecuada para poder mantener el fondo de reptiles fuera del control de la Intervención. Así lo han declarado los peritos de la Intervención del Estado ante la juez Alaya a preguntas del abogado de José Antonio Griñán.
El perito Ángel Turrión ha señalado sin ningún género de dudas que la Dirección General de Presupuestos «exigió, insisto, exigió al IFA [Instituto de Fomento de Andalucía] consignar una transferencia de financiación en su presupuesto de ingresos» para sufragar gastos que, en realidad, nunca se producían. El dinero no cubría gastos, ya que éstos no existían, sino que se desviaba para conceder las subvenciones del fondo de reptiles que, gracias a ese artificio contable, no eran controladas.
La juez Mercedes Alaya viene señalando en sus autos que los beneficiarios de esos fondos eran empresarios de la órbita del PSOE, del Gobierno andaluz o de los sindicatos CCOO y UGT que se beneficiaron de la arbitrariedad de que gozaba la Junta para otorgar ayudas.
Turrión es uno de los cuatro peritos de la IGAE firmantes del informe sobre el caso ERE considerado clave para la imputación de los ex presidentes y los ex consejeros de Hacienda de la Junta de Andalucía, al concluir que se estableció un sistema que permitía eludir los controles, un documento que han ratificado y que están defendiendo desde el viernes a preguntas de la juez, de los fiscales y de las partes del caso.
Intencionalidad
Según se desprende de la declaración de los peritos, eludir los controles de la Intervención en el uso de la partida 31.L no fue una casualidad ni un error ni un descuido sino algo que se buscó de forma intencionada. Hay que recordar que, según los cálculos de la juez Alaya, el dinero usado de forma indebida de 2000 a 2012 ascendería al menos a 855 millones de euros.
Los peritos han declarado que esa «exigencia indebida» de la Dirección General de Presupuestos «de que el IFA recibiera una transferencia de financiación no necesitándola, permitió a laConsejería de Empleo la concesión de subvenciones con cargo a un concepto inadecuado (las transferencias de financiación) prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, así como eludir la fiscalización previa de la Intervención de dicha Consejería».
Esta cuestión es el meollo del caso ERE, que arranca a finales de los años 90 del siglo pasado, cuando la Intervención comienza a poner pegas para pagar las prejubilaciones del matadero Hijos de Andrés Molina, de Jaén. Entre otros inconvenientes, se decía entonces, podría existir un conflicto jurídico, al tratarse de ayudas de estado expresamente prohibidas en la UE.
Según Alaya, en ese momento se decidió crear un sistema alternativo para poder conceder ayudas como la de Hijos de Andrés Molina sorteando los controles y los reparos de la Intervención, y así sería como surgió el fondo de reptiles.
Por burdo que pueda parecer ahora, el sistema estaba muy bien atado y, según coinciden prácticamente todas las fuentes técnicas consultadas por este periódico desde el principio de la investigación del caso ERE, se diseñó de manera que fuese impenetrable.
La idea que tuvo la Junta de Andalucía fue la de seguir concediendo ayudas por parte de la Consejería de Empleo, en concreto por su Dirección General de Trabajo y Seguridad Social... pero sin pagarlas.
Esto que parece un mero trámite goza de gran importancia. Como la Consejería no pagaba las ayudas que concedía no se generaba ningún expediente interno de gasto, por lo que no era requerida la actuación de los interventores.
Si así hubiera sido, desde ese momento se habrían percatado de que se estaban otorgando subvenciones sin publicidad, sin concurrencia, sin asegurarse de que el beneficiario reunía los mínimos requisitos legales como estar al corriente con el Fisco, sin comprobar el destino del dinero... entre otras muchas ilegalidades.
Al no pagar la Consejería de Empleo las subvenciones, a efectos de fiscalización era como si éstas no se estuvieran concediendo. Por lo tanto, la Intervención quedaba al margen del asunto.
¿Quién pagaba entonces las ayudas? La Consejería de Empleo llegó a un acuerdo con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) paratransferirle el dinero de las ayudas y que fuera este organismo el que pagara las subvenciones.
De ese modo, el gasto se generaba en el IFA, sometido a controles a posteriori, mucho más laxos que la Consejería, sometida a fiscalización previa en materia de subvenciones, es decir, antes de pagarlas.
Gastos inventados
Pero aun así la Intervención no podía saber que el IFA -después reconvertido en la Agencia IDEA- estaba pagando subvenciones, porque los ingresos que procedían de la Consejería de Empleo se codificaban como «transferencias de financiación». Es decir, un merotraspaso rutinario de fondos destinados a cubrir pérdidas o a equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de organismos externos como el IFA. Como el dinero de las transferencias de financiación no se puede gastar en otra cosa que no sea equilibrar las cuentas, esos traspasos están sometidos a un control mínimo.
Esto fue posible, según han declarado ahora los peritos ante la juez Alaya, porque el IFA se inventaba sistemáticamente la existencia de «otros gastos de gestión corriente» que, supuestamente, se cubrían con esas transferencias. Pero los «otros gastos de gestión corriente» no existían, sino que el dinero iba directamente a pagar ayudas.
En el año 2005, en una de sus auditorías de la Agencia IDEA, la Intervención descubrió que se estaban pagando ayudas de la Consejería de Empleo absolutamente al margen de la ley. Aquello motivó un informe especial que fue remitido al entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, que no puso remedio a la situación.
En su declaración ante Alaya, los peritos de la IGAE han leído una ficha interna de la Agencia IDEA sobre la ejecución de los presupuesto de 2007 y 2008: «Los gastos de gestión corriente se reducen en comparación con lo presentado debido a que la Dirección General de Presupuestos estableció un criterio que exigía e, insisto, exigía -el inciso es del propio perito al leer el párrafo y la juez Alaya mandó ponerla en negrita y subrayarlo- la imputación al presupuesto de explotación de (...) las transferencias de financiación, aun cuando el destino y la naturaleza real de las operaciones sea el del otorgamiento de ayudas a empresas».
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