Los corruptos están en la oficina, de lectura imprescindible; la Andalucía imposible e ¿inminente?: PSOE-A = ¿trabajando "honradamente" para engañar y timar la ley? = estructura piramidad de corrupción y obediencia debida a quien parte y reparte el queso presupuestario.

Como la corrupción es el sistema, la Oficina Antifraude de Díaz resulta una burocracia adicional superflua

De funcionar revertiría en una expendeduría de licencias para practicar la corrupción dentro de la Junta

«¡Dios nos libre de políticos con poder y ocurrencias!».



Los hechos hablan..¿La fuerza que nos une?...... 

PSOE-A = ¿trabajando honradamente para engañar y timar la ley? = estructura piramidad de corrupción y obediencia debida a quien parte y reparte el queso presupuestario.

No se trata, en efecto, de asaltantes del erario contra los que hay que alzar un baluarte, sino que son los custodios de la Caja Pública quienes propician y se benefician del saqueo.

En esa encrucijada, la prioridad es reconstruir el Estado de Derecho. Las leyes no mudan la realidad por sí. «A más ley, menos Derecho». Esa restauración impediría la supeditación de la Justicia y asistir a bochornos como que la instrucción de los ERE en el TSJA se fíe, para los aforados, a un profesor de Derecho, Miguel Pasquau, designado parlamentariamente a instancias del PSOE. Gozarán de juez escogido a dedo.

Mientras ......Brindemos por el cambio Andaluz: "Los psociolistos bolivarianos"

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http://www.elmundo.es/andalucia/2015/03/08/54fb5f83ca4741657e8b4573.html

A VUELTA DE PÁGINA

Los corruptos están en la oficina

FRANCISCO ROSELL

Actualizado: 08/03/2015 09:47 horas

CuMPLIENDO EL apotegma de Tácito de que «muchas son las leyes en un Estado corrompido», la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anuncia ahora la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción para que -explicó campanuda- quien «pretenda acercarse a lo público para aprovecharse de lo que es de todos que se lo piense». Al escuchar tal ingeniosidad, es patente que el Sumo Hacerdor no ha atendido la súplica de Adenauer, padre de la nueva Alemania y de la Europa de la posguerra, cuando imploraba:«¡Dios nos libre de políticos con poder y ocurrencias!». Si sus exsocios de IUpropusieron un Observatorio, ella redobla la apuesta: «...y dos huevos duros». Sólo falta que el PP se sume a la puja y reclame, a golpe de claxón, como Groucho Marx en Una noche en la ópera, tres, «uno de ellos de oca».

Nada nuevo bajo el sol, en cualquier caso. Una estratagema del mismo cariz del México del PRI, cuando el aspirante Miguel de la Madrid, ante el clamor contra la corrupción en su campaña presidencial de 1982, se sacó de la manga una Contraloría General que liquidaría esta podredumbre. Prometió como Díaz una «renovación moral de la sociedad» y diseñó, tras organizar foros y contratar expertos, un artilugio que resultó ser la «Carabina de Ambrosio».

Como la corrupción es el sistema, la Oficina Antifraude de Díaz resulta una burocracia adicional superflua

Al cabo del tiempo, esta promesa trocó en engaño, pues éstas suelen casar mal con la realidad. En efecto, por su pasividad e indolencia, fue amortizada para que no significara una burla amplificada. Sus controladores habían dado con el enemigo y eran ellos. Por eso, la Junta no debiera tomar el pelo y el dinero del contribuyente en habilitar otra oficina donde los corruptos trabajen, honradamente, para timar la ley, como aquella exitosa serie televisión. Más cuando ya moran centros neurálgicos del poder.

Fue ese mismo año 1982 cuando el PSOE fijó las bases para importar, tras su victoria andaluza de mayo y la posterior nacional de octubre, aquel régimen revolucionario que arrancó en la segunda década del siglo XX. A través de la corrupción y del clientelismo, el PRI creó lo que el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, llamó la dictadura perfecta: revestía con ropajes democráticos y formalidades republicanas lo que era, en la práctica, una monarquía absoluta.

Como la corrupción no es una plaga del sistema, sino que es el sistema, esa Oficina Antifraude resulta una burocracia adicional superflua -salvo como nicho de empleo para los privilegiados, a modo de colocadero en una administración parasitaria- para atrapar a unos corruptos como si éstos no fueran fácilmente reconocibles. Un fraude en toda regla que busca asegurar la estructura piramidal de la corrupción y la obediencia debida a quien parte y reparte a su arbitrio el queso presupuestario. No se trata, en efecto, de asaltantes del erario contra los que hay que alzar un baluarte, sino que son los custodios de la Caja Pública quienes propician y se benefician del saqueo.

Lo prueba que, en el fraude de los ERE, estén encausados dos expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, una decena de exconsejeros y otra cuarentena de altos cargos haciendo que la comparación con la cueva de Ali Babá y los 40 ladrones quede corta. No en vano los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han ratificado esta semana ante la juez Alaya como, durante una década, se falsificaron los Presupuestos de la Junta para camuflar el fondo de reptiles -a modo de fondos reservados- que sufragó el caudal de los ERE desparramado arbitrariamente entre militantes y simpatizantes del PSOE. Espuriamente, se timó al alimón al Parlamento y a los interventores de la Junta.

Valiéndose de medios tan arteros, el PSOE ha ejercido un dominio señorial de Andalucía a través de un paternalista sistema clientelar, amigo de componendas y fuente de agios en el que la bandera de la izquierda -como en la revolución institucionalizada del PRI- ha sido agitada para trepar y prosperar en nombre de los pobres más que para acabar con su pobreza. Sabiendo dónde asienta sus pies, Díaz no iba a ser Sansón, asida a las columnas del Régimen, rugiendo: «¡Muera yo con los filisteos!».

Por ello, precisa disimular la corrupción con escamoteos del corte de esta Oficina. De funcionar, revertiría en una especie de expendeduría de licencias para practicar la corrupción dentro de la Junta con su registro de patentes y marcas. Así, se daría oficialidad al cervantino Patio de Monipodio, donde bellaqueaban Rinconete y Cortadillo, o al despacho de las tunanterías de Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Sevilla asistiendo a su enmano. Al parecer, no es posible desmantelar negocio tan lucrativo.

Hay que ponderar que la gente contribuye a renovar el filón, bien porque anhela aprovecharse, al igual que Lázaro de Tormes presuponía que podía comerse a pares las uvas creyendo que el ladino ciego no se percataría, bien porque se lleva a engaño cavilando que no les va a quedar otra que tomárselo en serio. Morderán el anzuelo como con la modélica ley de incompatibilidades de Chaves. No fue óbice para estampar 10,1 millones a la mina que apoderaba su hija Paula, apareciendo en el expediente ambas firmas, dador y tomadora. Como ni siquiera se someten a las normas que dictan, cuando Lex non recipi majus et minus (la ley no admite grados), sobran leyes y faltan ejemplos.

Por mor de estos cambalaches, la corrupción se ha instalado en Andalucía sin grandes costes electorales, si bien ha degradado la conciencia moral de la sociedad. Fue lo que vitoreó Guerra tras la victoria de 1994. En el punto álgido del cisco de su hermano, al gritar que el pueblo andaluz lo había exonerado, como podía haber hecho Barrabás al ser liberado. De hecho, la socialización de la corrupción ha sido clave para dominar la población y contribuya a explicar el por qué el PSOE sostenga una inalterable hegemonía casi cuarentona.

Ello ha hecho de la autonomía un millonario dispositivo -no exactamente de mejora del nivel de vida- para sobornar a la población y mantenerla enajenada, esto es, una herramienta que canaliza la corrupción en vez de perseguirla, como blasonan para captar el voto. Ese apoderamiento alcanza a todas las franjas sociales. Descuellan los aprovechados que se ahuecan a la sombra del poder para pillar bicocas y canonjías. Ello obra la paradoja de una sociedad conformista que se desliza por el tobogán del paro y el atraso, relegada al vagón de cola de Europa.

De funcionar revertiría en una expendeduría de licencias para practicar la corrupción dentro de la Junta

En esa encrucijada, la prioridad es reconstruir el Estado de Derecho. Las leyes no mudan la realidad por sí. «A más ley, menos Derecho». Esa restauración impediría la supeditación de la Justicia y asistir a bochornos como que la instrucción de los ERE en el TSJA se fíe, para los aforados, a un profesor de Derecho, Miguel Pasquau, designado parlamentariamente a instancias del PSOE. Gozarán de juez escogido a dedo.

Si el César debe ser honrado y parecerlo, qué decir de quienes encarnan la Justicia bajando o alzando la venda a conveniencia para dictar sentencias de encaje. El Derecho, mediante la separación de poderes, es el mecanismo que permite atajar la corrupción sin someterse al gobernante, pues la politización se convierte en fuente añadida de corrupción al expandirla.

Ante tal extravío, se puede concluir que es la deshonestidad de los gobernantes, más que otra causa, la que quiebra una autonomía trufada por la corrupción dada la indulgencia y la carencia de honradez de muchos de sus gestores. Este proceder evoca el cinismo de aquel colega romano que, al ser inquirido sobre un apartamento regalado ilegalmente, refutó: «Como me entere de quién ha sido el que me ha pagado el piso, le denuncio». Ojalá se viviera en una Andalucía en la que, parafraseando al clásico, sus responsables temieran menos a las leyes que a la vergüenza y se dejaran de inventos propios del TBO.