Inadmisible. Cambios en el Código Penal y proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana: = ¿en el Código Penal se ha equiparado a los vigilantes privados con los funcionarios públicos?; es importante que los expertos, en este caso Penalistas de 33 universidades, como sociedad civil, se posicionen en los cambios legislativos que afectan al ciudadano.

JUSTICIA Penalistas de 33 universidades creen 'reaccionarias' las reformas penales del Gobierno.

•  Denuncian que el PP convierte en 'papel mojado' derechos reconocidos en la Constitución 

....Así, «se 'privatizan' no pocas infracciones ahora consideradas faltas y en las que se ven involucrados decenas de miles de ciudadanos: es el caso de los accidentes de tráfico. Esa privatización va a provocar que el ciudadano cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor beneficio de las compañías de seguros».

......En un escrito referido, sobre todo, a la reforma del Código Penal y alproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, estos expertos advierten de las consecuencias que estos cambios legislativos tendrán para los ciudadanos, «a los que se aleja del servicio público de la Justicia»,afirman.

'El Gobierno ha entregado a empresas privadas ámbitos enteros de seguridad'

......se han reducido las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional «y se ha entregado a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad, comenzando por las prisiones». Las entidades privadas «han sido habilitadas para que mediante las oportunas comisiones provinciales, autonómicas y nacional decidan el modelo de seguridad». Paralelamente, en el Código Penal se ha equiparado a los vigilantes privados con los funcionarios públicos.

.....«El Gobierno ha decidido privatizar también la seguridad», añaden, «prescindiendo del modelo de seguridad pública que ha permitido mantener a España como uno de los países menos violentos del mundo».

http://www.elmundo.es/espana/2015/01/22/54c0b19dca4741cb788b456e.html

JUSTICIA Cambios en el Código Penal y proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Penalistas de 33 universidades creen 'reaccionarias' las reformas penales del Gobierno

• Denuncian que el PP convierte en 'papel mojado' derechos reconocidos en la Constitución

63 catedráticos del Derecho Penal pertenecientes a 33 universidades consideran «reaccionarias», «autoritarias» y «regresivas» las reformas penales emprendidas por el Gobierno delPP, que, a su juicio, «pretende convertir en papel mojado buena parte de la declaración de derechos contenida en la Constitución».

En un escrito referido, sobre todo, a la reforma del Código Penal y alproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, estos expertos advierten de las consecuencias que estos cambios legislativos tendrán para los ciudadanos, «a los que se aleja del servicio público de la Justicia», afirman.

Así, «se 'privatizan' no pocas infracciones ahora consideradas faltas y en las que se ven involucrados decenas de miles de ciudadanos: es el caso de los accidentes de tráfico. Esa privatización va a provocar que el ciudadano cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor beneficio de las compañías de seguros».

«El Gobierno ha decidido privatizar también la seguridad», añaden, «prescindiendo del modelo de seguridad pública que ha permitido mantener a España como uno de los países menos violentos del mundo». Explican que se han reducido las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional «y se ha entregado a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad, comenzando por las prisiones». Las entidades privadas «han sido habilitadas para que mediante las oportunas comisiones provinciales, autonómicas y nacional decidan el modelo de seguridad». Paralelamente, en el Código Penal se ha equiparado a los vigilantes privados con los funcionarios públicos.

El Código lleva a cabo un «indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas», especialmente al convertir faltas en delitos, introduce una «injustificable pena de cadena perpetua» y «sustituye el principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad», con lo que «la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras a un defensismo a ultranza».

Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, denuncian que se busca «restringir el derecho de reunión y manifestación», de ahí las «fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad», incluidas las «policías privadas». Se trata de «poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del Bienestar», consideran.

Los catedráticos creen que «nos encontramos ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad democrática del actual Gobierno», el cual «está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales».

El PP aprueba en soledad la prisión permanente

El Pleno del Congreso dio luz verde ayer a la reforma del Código Penal que introduce la nueva pena de prisión permanente revisable, prevista para los delitos de excepcional gravedad y que no podrá ser suspendida antes de los 25 años de cumplimiento. La reforma sólo tuvo el apoyo del PP. La oposición la calificó de «chapuza» por introducir «la cadena perpetua», mientras que los popularesdefendieron su constitucionalidad avalada por los órganos consultivos del Estado. Los grupos de la oposición criticaron duramente la modificación tanto por su fondo, que consideran «represivo, populista e innecesario», como por su forma, al denunciar su tramitación como un «atropello». Ello fue negado por el PP, que recordó que el texto se ha sometido al mismo recorrido que la reforma hecha en 2010 a instancias del PSOE. La incorporación de la prisión permanente, la elevación de la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años, así como el «escaso» e «insuficiente» paquete de medidas de lucha contra la corrupcióncentraron las críticas de la reforma, calificada por el PP como «imprescindible», ya que «es la sociedad la que exige que no sea igual matar a uno que a veinte».