La juez pregunta a Teodoro Montes por los tres delegados de empleo .Tras cinco horas de declaración en la que el Funcionario ratifica su testimonio Alaya suspende hasta el próximo martes
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La juez Mercedes Alaya toma declaración como testigo a un antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes
Por que será el fraude aparece siempre en la Administración instrumental y paralela = Administración del Régimen.
existen unos 450 cursos divididos en dos partida, 2009 y 2010 realizados por la Faffe de los que «no se puede certificar su materialización».
......Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó "todas" las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos". "Ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", por lo que él, como responsable de la custodia de esta documentación, presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.
http://sevilla.abc.es/andalucia/20141009/sevi-alaya-comienza-intrrogar-funcionario-201410091136.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/funcionario-Junta-Andalucia-irregularidades-Alaya_0_1873200139.html
ANDALUCÍA / CURSOS DE FORMACIÓN
EFE/RAÚL CARO
La juez Mercedes Alaya toma declaración como testigo a un antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes
Cinco horas ha durado la declaración del que fuera jefe de servicio de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes. Durante toda jornada Montes ha ratificado las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil denunciando numerosas irregularidades en los cursos y ha apuntado como responsables de esas irregularidades a los tres últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y sus dos sucesores. En sentido, cuando la juez ha preguntado al testigo por sus superiores Montes ha dado los nombres de los y tres delegados.
Montes también ha dicho que «desde arriba» le obstaculizaban su labor hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013.
Según fuentes judiciales el funcionario ha protagonizado una declaración profusa que refuerza las tesis de la acusación y solo se ha quedado en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no ha terminado aún el interrogatorio y no ha empezado aún a preguntarle por la Dirección General de Empleo.
De hecho en las cinco horas que ha durado el interrogatorio solo ha preguntado la juez que no ha finalizado su cuestionario. El interrogatorio seguirá el martes con el resto de preguntas de la juez, el fiscal anticorrupción y las defensas. Montes ha salido de los juzgados en coche tapándose la cara
Su declaración ante la Guardia Civil
Montes aseguró ante la Guardia Civil que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de getión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.
Según el relato de Montes, se encontraron entidades «que no tienen capacidad para la materialización en las fechas previstas de los cursos que se les asignaron». Además, según dijo, el departamento de formación que dirige «se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidade que se cometen en muchos casos no son detectadas».
Igualmente, el testigo manifestó que «hay una cantidad signficativa de cursos que no se han realizado o que no tienen conocimiento de su realización». Entre las irregularidades señaladas por Montes ante la Guardia Civil se encuentran la falta de justificación de asistencia a cursos de alumnos que realmente no han asistido al mismo, la no presentación de documentos justificativos del curso ante el órgano gestor encargado del control y el seguimiento y que existen unos 450 cursos divididos en dos partida, 2009 y 2010 realizados por la Faffe de los que «no se puede certificar su materialización».
Por todo ello Montes presentó denuncia en los juzgados de Sevilla. Además el testigo aseguró que el hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuestos hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a un máximo de gasto sin que en realidad haga falta.
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/funcionario-Junta-Andalucia-irregularidades-Alaya_0_1873200139.html
El funcionario de la Junta de Andalucía que denunció las irregularidades en cursos de formación declara ante Alaya
Teodoro Montes, el jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "numerosas" y "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha comenzado a las 11,10 horas de este jueves su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya.
La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla había citado a Teodoro Montes a las 10,30 horas, aunque finalmente su declaración ha comenzado con 40 minutos de retraso.
La comparecencia se está llevando a cabo en el despacho de la juez con la presencia de la propia instructora; el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto; el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta de Andalucía, y los letrados de los únicos dos imputados en la causa, como son los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró una serie de "irregularidades" como la justificación de asistencia a cursos de alumnos "que realmente no han asistido al mismo", o la no presentación de documentos justificativos de la realización del curso ante el órgano gestor encargado del control y seguimiento.
Asimismo, puso de manifiesto que "el hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuesto, hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta", según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según relató, existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización".
Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó "todas" las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos".
"Ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", por lo que él, como responsable de la custodia de esta documentación, presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.
LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS
Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos, señalando Teodoro Montes que, hasta el año 2010, la Junta, "en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellas entidades que iban a ser las encargadas de llevar a la práctica las acciones formativas".
No obstante, "esta forma de asignar los fondos cambió en el año 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante una convocatoria competitiva, mediante la cual se estudian otra serie de parámetros", por lo que "la asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas a las entidades encargadas de organizarlas se ha hecho por parte de las autoridades administrativas sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación".
Así, explicó que "se ha dado la circunstancia de que existen entidades formativas a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir", agregando que éstas "suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones" y que la asignación se realiza por parte de la Delegación Provincial de Empleo.
Además de este bloque "provincial", Montes aseguró a los agentes que existe una asignación realizada por los servicios centrales --Dirección General de Empleo--, la cual, a su juicio, "se efectuaba de manera discrecional".
SU DEPARTAMENTO, "DESBORDADO"
El testigo señaló que, en el marco de estas acciones de gestión que realizaba su departamento, "uno de los primeros problemas que detectan es que se encuentran con entidades que no tienen capacidad para la materialización, en las fechas previstas, de los cursos que se les han asignado", a lo que se suma que su departamento "se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas".
Para finalizar su declaración, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción".
El 27 de agosto de 2013, Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil para señalar que detectó "graves irregularidades" en las tres fases que las acciones formativas tienen a lo largo de su desarrollo, como son las de adjudicación, gestión o control y justificación, precisando que entre los adjudicatarios "se incluyen sindicatos, empresarios, fundaciones, empresas públicas y entidades privadas".
CURSOS DE FORMACIÓN Y ERE
Así, señaló que en el momento de la adjudicación de esas acciones formativas, las mismas "se hacen de manera discrecional, en virtud de las decisiones tomadas por los responsables de esos servicios centrales, cuyas cabezas visibles han sido la propia Dirección General de Empleo, viceconsejeros y consejeros, como responsables últimos".
"Debe tenerse en cuenta además, que la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas", lo cual "viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral".
A su juicio, "los gastos en formación, al igual que los expedientes irregulares, ha servido para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación", añadiendo que "esto ha ocurrido así, entre otros, en Mercasevilla, Santana Motor, Delphi, Astilleros, Aznalcóllar y otros".
Asimismo, precisó que, en la fase de control o gestión, las partidas dedicadas a formación "debieran estar bajo el control, seguimiento y gestión de los correspondientes servicios de formación para el empleo ubicados en cada una de las delegaciones provinciales", los cuales "carecen de capacidad suficiente de control, detectándose un exceso en el número de cursos que impiden su control eficaz".
"TODO TIPO DE IMPEDIMENTOS"
"Esta falta de control se ve favorecida por las órdenes impartidas por los superiores, pues los jefes de servicio o el propio delegado provincial impiden la labor inspectora, poniendo todo tipo de impedimentos para que dicha labor se pueda llevar a la práctica", señaló en su ampliación de declaración, en la que destacó que "se ha detectado como los informes negativos o con impedimentos a determinadas entidades adjudicatarias no tiene ningún efecto, pues son beneficiados con más adjudicaciones en ejercicios posteriores por parte de los servicios centrales, los cuales se reservan su adjudicación".
Asimismo, y en relación a la homologación de los centros, Montes explicó que en el caso de los agentes sociales estos "imparten los cursos en centros que carecen de la correspondiente homologación durante años", precisando que "existen casos en los que los agentes sociales han justificado la falta de homologación en el mal funcionamiento del departamento de control".
Así, puso como ejemplo que, en el caso de UGT, "se ha constatado como los talleres en los que tenían que impartirse cursos de formación aeronáutica, no estaban montados y, por lo tanto, no podían homologarse", mientras que en el caso de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), "presentan más de 100 cursos justo el día anterior a que los mismos comiencen, lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo".
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