La Junta pretende mantener al personal subrogado o enchufado, según el SAF.
Pedro Eugenio Gracia, contra quien se querelló el Sindicato Andaluz de Funcionarios, permitió la integración efectiva de personal al Servicio Andaluz de Empleo pese a que una sentencia del TSJA anulaba esa incorporación.
El Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla ha citado a declarar en mayo al exdirector gerente del Servicio Andaluz de Empleo en calidad de imputado por la querella por prevaricación interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios a raíz de la subrogación de personal no funcionario en el SAE.....
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Imputado el exdirector del SAE por prevaricación en el
caso de la ley del enchufismo
La Junta pretende mantener al personal subrogado o enchufado, según el SAF.
Pedro Eugenio Gracia, contra quien se querelló el Sindicato Andaluz de Funcionarios, permitió la integración efectiva de personal al Servicio Andaluz de Empleo pese a que una sentencia del TSJA anulaba esa incorporación.
El Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla ha citado a declarar en mayo al exdirector gerente del Servicio Andaluz de Empleo en calidad de imputado por la querella por prevaricación interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios a raíz de la subrogación de personal no funcionario en el SAE.
Según ha informado el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en un comunicado, el exdirector gerente del SAE, Pedro Eugenio Gracia Vitoria, dictó el 7 de febrero de 2012 una resolución para garantizar el cumplimiento de una sentencia del TSJA que prohibía la integración de personal externo en el SAE. Gracia es hoy director general de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo.
Esta es la resolución que recurrió el sindicato de funcionarios porque entendía que "burlaba el fallo -del TSJA- en un fraude de ley al crear la figura del personal subrogado". La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió la incorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del personal externo de la extinta Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación y Empleo (FAFFE) y también de los Consorcios UTDLT -hoy ya suprimidos-.
José Manuel Mateo, presidente de SAF, ha mostrado su satisfacción por este "nuevo paso hacia delante de la Justicia", si bien ha advertido de que la Junta lo que "pretende con este tipo de estratagemas es mantener al personal enchufado, ahora lo llama subrogado".
Según Mateo, el personal subrogado, que se encuentra en un "limbo jurídico tras las paralizaciones y sentencias de los juzgados contra su integración en las agencias empresariales, pasaba a realizar sus funciones con absoluta normalidad, sin cortapisa alguna, gracias a la resolución dictada por el director-gerente del SAE".
Además, ha denunciado que en la instrucción sexta de la resolución dictada por el director-gerente del SAE se prevé el manejo de claves o el acceso a los medios informáticos y documentales como algunas de las funciones a realizar por el personal de las antiguas empresas públicas.
Pugna judicial
La Junta emprendió hace dos años una reordenación del sector público con la creación de diversas agencias empresariales en las que incluyó al personal funcionario y al procedente de otros entes y fundaciones vinculados al sector público. Esa iniciativa que se articuló como ley, y que supuso la introducción en la administración de unas 26.000 personas, ha sido llevada a los tribunales por el SAF, CSIF y otras asociaciones de funcionarios como Al Andalus y Defiendo mi derecho.
El TSJA dictó en enero pasado una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, queanulaba definitivamente la integración de 1.850 empleados de la antigua empresa pública DAP en la nueva agencia Agapa de la consejería de Agricultura. Sin embargo, otros 550 empleados de un antiguo instituto cultural, según otra sentencia del Tribunal Supremo conocida en febrero, no incumplen la ley al haber sido integrados. Ello hace aún más enrevesada la situación jurídica de esas 26.000 personas, que entretanto siguen cobrando puntualmente sus nóminas.
El PP andaluz también ha presentado en el Tribunal Constitucional un recursocontra la ley que reguló esa reordenación.
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