martes, 12 de junio de 2012

...la insumisión juntera....CSIF exige a la Junta que acabe con la usurpación de potestades administrativas

........se establezca la recuperación de las potestades administrativas por parte de los funcionarios, ya que la Administración tendría que ser la primera que hiciese cumplimiento estricto de lo que marcan los tribunales de Justicia». .......El asunto está en manos de los tribunales. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió a mediados de febrero una investigación penal.......

  


CSIF exige a la Junta que acabe con la usurpación de potestades administrativas


12 Junio 12 - - A. M

SEVILLA- El sindicato CSIF Andalucía reclama a la Junta que «es necesario y urgente abrir una mesa de negociación en la Mesa General para abordar la forma en que se establezca la recuperación de las potestades administrativas por parte de los funcionarios, ya que la Administración tendría que ser la primera que hiciese cumplimiento estricto de lo que marcan los tribunales de Justicia». 



La usurpación de potestades administrativas, reservadas en exclusiva a los funcionarios de carrera, según el Estatuto Básico del Empleado Público, es uno de los principales caballos de batalla. Entienden que, con la reordenación empresarial acometida por la Junta y que se plasmó en ley a principios del año pasado, se está menoscabando este derecho por parte de los trabajadores provenientes de las empresas mercantiles. 


El asunto está en manos de los tribunales. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió a mediados de febrero una investigación penal después de los escritos presentados por el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente Pedro Ruiz Trillo. Este funcionario aportó un listado con un centenar de nombres que tendrían acceso a bases de datos restringidas a funcionarios de carrera o estarían desempeñando funciones tan sensibles como la tramitación y gestión integral de ayudas. 


CSIF, en una nota, recuerda que sólo los empleados públicos «son los garantes de estas potestades», aparejadas a los principios de «independencia, objetividad y profesionali-dad».

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