Sánchez ya empieza a pagar sus hipotecas
Ha
bastado el primer Consejo de Ministros para comprobar el lastre de las hipotecas con las que Pedro
Sánchez arranca su mandato. El levantamiento de los controles
financieros a la Generalitat supone una incomprensible e irresponsable cesión a los separatistas en un
contexto en el que ni Quim Torra ha ofrecido gestos de distensión ni su
Gobierno ha mostrado la más mínima muestra de retornar a la senda completa de
la normalidad institucional. Nos parece muy preocupante que el Ejecutivo ordene
rebajar los niveles de supervisión de las cuentas del Govern mientras el
independentismo mantiene incólume la amenaza de relanzar el procés.
Antes
de la moción de censura, tanto Sánchez como el resto de portavoces socialistas
se apresuraron a aclarar que, aunque el artículo 155 decayera automáticamente
tras la toma de posesión de Torra, consideraban que aún no se daban las
condiciones para retirar las estrictas medidas de control de gasto fijadas el
pasado septiembre por Cristóbal Montoro -antes del referéndum ilegal del 1 de
octubre y de la entrada en vigor del 155- para evitar en el Govern el desvío de
fondos hacia "actividades contrarias a la ley". Lo que hizo ayer el Gobierno fue
levantar el control que obligaba a la banca a comunicar a Hacienda todo pago de
la Generalitat que transitara por sus cuentas. Y lo ha hecho sin que
haya desaparecido "la situación de riesgo para el interés general" en
Cataluña. Es evidente, por tanto, que la medida adoptada por Sánchez supone una
gracia destinada a allanar
el camino para su entrevista con Torra, con quien ayer contactó por
teléfono. La propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que no destacó
precisamente por su claridad a la hora de referirse a una cuestión tan
delicada, tachó esta decisión de "gesto para la normalización".
Resulta
inexplicable que el Ejecutivo atisbe un escenario de normalización cuando Quim
Torra ha proclamado su voluntad de cumplir el "mandato del 1-O",
cuando se ha propuesto recuperar el Diplocat y las embajadas en el exterior y
cuando ya ha exigido a La Moncloa que desista en los recursos interpuestos ante
el Tribunal Constitucional para paralizar las leyes sociales de Puigdemont. Ni siquiera se ha dignado a
retirar la pancarta de los presos, motivo por el cual, con toda razón,
Inés Arrimadas ha rechazado reunirse con el president. El independentismo no ha
dado señales, pese al fin de la intervención estatal, de abrir un periodo que
permita el restablecimiento de la normalidad autonómica. Al contrario. Continúa
la legitimización del golpe de octubre y la radicalización de un movimiento que
ya no disimula su deriva excluyente y xenófoba. La consellera de Educación no
tiene empacho en calificar el castellano como "una lengua de
imposición" y un
centenar de independentistas, cegados por el sectarismo, boicotearon el jueves
por la tarde la conferencia sobre Cervantes del prestigioso historiador
Ricardo García Cárcel organizada por Sociedad Civil Catalana en la Universidad
de Barcelona (UB). Las hordas secesionistas siguen empecinadas en recrudecer el
hostigamiento al disidente, exhibiendo actitudes más propias del fascismo que
de un país democrático. El rector de la UB debe dar explicaciones en el
Parlament tras este intolerable ataque.
En
todo caso, el hecho de que los radicales campen a sus anchas por la universidad
revela hasta qué punto la gangrena del nacionalpopulismo convierte en pútrido e
irrespirable el espacio público en Cataluña. En consecuencia, relajar la
respuesta al embate secesionista constituye una irresponsabilidad y una torpeza
mayúsculas del Gobierno. Mientras
Torra y sus socios mantengan su desafío al orden constitucional, el Ejecutivo
no debería sentarse a una mesa a negociar absolutamente nada. Su
obligación es preservar el marco legal y garantizar la convivencia. Lo
contrario sería un ejercicio de adanismo político que puede salirle muy caro a
España.
El
Gobierno 'Gürtel'
La izquierda suele bordar la propaganda
y gobernar bastante mal. No le importa,
porque su dominio de los medios convierte fracasos
evidentes en causas morales para su feligresía. Carmena, por ejemplo. Y como en el fondo lo
saben, saludan como gran hazaña hacer un Gobierno que no espante. Desde Tigrekán II, alias
González, la técnica es la misma: campaña electoral salvaje ("OTAN, de
entrada no") y gobierno calmante ("Sí, por el bien de España").
Pero ni siquiera tras el 11-M, que aunque manipulado se sustanció en las urnas,
llegó el PSOE al poder de forma tan irregular como tras la moción Gürtel, así
que ha debido superarse en la técnica del celofán: filtró dos ministros
normalitos, Borrell,
que lo fue pésimo de Hacienda, y Calviño, burócrata de la UE, como reencarnaciones
de Metternich y Erhard.
Y luego un astronauta, que no sabemos qué piensa de política, si algo piensa.
El celofán, perfecto; la manzana, bruñida. Pero al abrirla, ay, está agusanada.
Perdonen
si no me sumo a la turbamulta mediática que humilla a las mujeres celebrando su sexo y no su valía,
como si tener o no tener talento tuviera disculpa de género. Me da igual lo que
la naturaleza puso en la entrepierna o el uso que de ello se haga, ni si me
opera doctor o doctora, mientras me opere bien. Y los doctores de Sánchez son
matasanos. Montero subió la presión fiscal el 44% a los andaluces y un tercio
pierde su herencia por no poder pagar Sucesiones; Valerio quiere cargarse la reforma laboral, o sea, el empleo; y Ribera, en Transición Ecológica (!), acabar con el carbón y las
nucleares, o sea, subirnos la luz. Y lo peor
es Justicia:
Delgado, la íntima de Garzón. ¿Cómo no intuir el pago de la
operación moción?
Recordemos: Garzón instruye Gürtel con ella, Bermejo y JAG, el poli de
Rubalcaba, en la cacería de Jaén; lo echan de juez por espiar a los
abogados, prevaricación que Delgado
reivindica; se hace abogado de Correa mientras su amigo De Prada -batasuno, anti-PP- se hace con el caso,
tras echar a Espejel y
López, merced a Grande-Marlaska. En los 1.700 folios
hay una frase condenando al PP que nada tiene que ver con el caso, pero Garzón la lee en la Sexta apenas sale la sentencia,
se monta la moción, hay Gobierno Sánchez y carteras para la amiga de Garzón y
Marlaska. ¿Casualidad? Gürtel,
más que un caso, es un Gobierno.
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