En Andalucía, la corrupción es el sistema.
Editorial. El olvido, una mala defensa en el caso ERE.
Editorial. El olvido, una mala defensa en el caso ERE.
Causa
perplejidad que los andaluces hayan tenido la mala suerte de contar durante
décadas como gobernantes con políticos aquejados de un gravísimo síndrome de
desmemoria. Un mal, por lo que se ve, sumamente contagioso. Al menos es lo que
se desprende de la estrategia que están siguiendo los 22 ex altos cargos de la
Junta de Andalucía juzgados por el gravísimo caso de corrupción de los ERE. Sin
salirse del guión de omertá, el ex consejero de Empleo
Antonio Fernández se atrincheró ayer diciendo que no recuerda nada y
trató de escurrir el bulto pasando toda la responsabilidad a los técnicos.
Claro
que presumiblemente necesitará algo más que dejar la mente en blanco para
defenderse Fernández, paradigma del sistema arbitrario y opaco de reparto de
fondos públicos de la Junta durante casi una década. Porque el ex consejero fue
él mismo beneficiario de una ayuda de 386.000 euros como afectado por el ERE de
una empresa de la que era trabajador en excedencia. Todo un escándalo que
ejemplifica el modus
operandi de la gigantesca telaraña de la corrupción en
Andalucía. No pueden ser el olvido y la omertá coartadas para la
impunidad ni para que se siga sin acometer una profunda regeneración en el
régimen socialista en esta comunidad.
El
ex consejero Fernández señala a los funcionarios por los ERE: "Quienes
escriben no son los políticos".
- "Quienes escriben son los funcionarios, no los políticos", dice el acusado para eludir su responsabilidad.
Si hubo irregularidades en los ERE no fue por culpa de los políticos. Aunque muy resumido, ése es el mensaje que este lunes quiso transmitir el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández al tribunal que le juzga en la Audiencia de Sevilla.
En este sentido, Fernández ha seguido los pasos de la mayoría de los compañeros de banquillo que ya han declarado y que han aludido, más o menos explícitamente, a los funcionarios.
Conclusión: Etica, su valor es CERO.
Los ciudadanos y funcionarios públicos andaluces no nos merecemos a esta panda de "gogernantes"
Recordatorio enlace ya publicado:
El juez exige a los acusados del caso ERE que se comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico» + El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años +Tribunales.La ex consejera Aguayo"nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada "ilegal" en los ERE +La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros + El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a Spiriman por «insultar» + Recordatorio enlace 2011: FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una manifestación el sábado 22. El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por oponerse al decreto del 'enchufismo' = En Andalucía, la corrupción es el sistema. Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad juntera. O estas con ellos y el Régimen te protege o contra ellos. Es un secreto a voces: ¿¿ La junta colabora con quien colabora ??. Sra. Aguayo, usted utilizo el Derecho Laboral para integrar a por “subrogación laboral” y “a dedo” al personal digital y clientelar juntero, hablamos de Empleo público, se actúa a sabiendas ¿más de 25.000 personas se integran en el Empleo público al margen de los procedimientos legalmente establecidos porque así lo decide el rodillo socialista en la “Ley del Enchufísmo"? ¿Decisión motivada por razones de eficacia o lo que es lo mismo, el objetivo es evitar los controles de derecho administrativo, que incluye a los funcionarios para poder hacer lo que les de la gana? y dice la Sra. Aguayo, que siempre ha cumplido la legalidad, o dicho de otro modo, será ¿la legalidad que ella misma determina y establece previamente con los “acólitos” del Régimen?. Hablamos del dictado de “ingeniería jurídica ad hoc, para hacer lo inadmisible, crean una apariencia de legalidad formal, y por la vía de los hechos actúan. Así, para lograr el objetivo, una Administración paralela al servicio del Régimen, se diseñó lo que llaman “un nuevo modelo de Administración Pública”, una reorganización necesaria pero que les sirve de excusa para alcanzar otro objetivo. ¿Lo mismo que han hecho para hacer mobbing al testigo protegido? . El “modus operandi” de los junteros, siempre se repite. Primero se diseña el plan, como los catalanes, después a los intereses del Régimen hay que darle apariencia de legalidad, ¿como?: “por ingeniería jurídica ad hoc”, como botón de muestra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, “Ley Enchufismo”. Es lo mismo que hicieron con los convenios que permitieron el fraude de los EREs pero a lo grande, visten a sus entes instrumentales, la caja pagadora de los EREs ahora es IDEA, como ¿Agencia pública empresarial de personal laboral, con potestades públicas? ……...las agencias instrumentales junteras, son el brazo ejecutor del Régimen y les sirven para gestionar el dinero público de todos. Como las trasferencias de financiación sabían que eran ilegales, lo que aflora ahora en los Eres, utilizaron para vestir el muñeco y después de estas, las encomiendas de gestión, y como estas también se impugnaban y las tumbaban los tribunales, diseñan la Ley de Reordenación del Sector Público para lograr su objetivo: consolidar una Administración del Régimen, digital y de acceso clientelar, laboral para manejar el dinero de todos; todas las corruptelas que están ahora en los tribunales, Eres, Invercaria, IDEA, Formación…..se realizan ¿por razones de eficacia sin funcionarios y con su propio personal?.Todo esta pensado y diseñado, ocurre igual que en Cataluña, y ya hemos visto lo que ha pasado con el "proces" y los "Mossos de Esquadra" ¿al servicio de quien están?. Para los junteros, eso de utilizar funcionarios y una Administración profesional, de base constitucional para la gestión del interés general, no va con ellos, el interés general, es el de ellos. Dentro del Régimen andaluz mandan “los Einsteins psociolistos”, su comportamiento en el Tribunal es reflejo de esto, una mera formalidad que cumplir nada más, como los pujols y su impunidad. El Régimen lo controla todo, e incluso crea y consolida a su propia administración paralela, para mantenerse en el poder. Tienen su propia estructura y a su propio personal, más de 25.000 personas forman la estructura. Si no obedeces, irán a la calle, ya lo saben todos, actúan como los testigos de Jehova, ya lo dijo la “Sabalete”. Si Sra. Aguayo, con este nuevo modelo, aprobado por el rodillo socialista y convertido en Ley, por obra y gracia de usted y de su equipo técnico de la Consejería de Hacienda y Administración pública, dice cumple con la legalidad, esa legalidad que “a priori” se diseña, para darle cobertura y que es un monumental fraude de ley, pues el objetivo real es que el dinero público de todos pase de la Administración General de la Junta de Andalucía, Administración de base constitucional, donde rigen los controles que impone el derecho administrativo, funcionarios, intervención general, fiscalización previa….., a la Administración del Régimen, la de los entes instrumentales y sus agencias, esa donde se producen todos los fraudes y que es de acceso y selección digital. Así se diseña un modelo para “transferir” el dinero público de todos a la Administración juntera, por Ley, para que los ciudadanos no la pueda impugnar, solo cabe el recurso de inconstitucionalidad. Y cuando el dinero desaparece y vuela es porque previamente se diseño el sistema, como el convenio de los EREs, y según los imputados ¿resulta que todo es legal y que nadie sabe nada? …..En todas las actuaciones subyace lo mismo, los instrumentos jurídicos se diseñan con un único objetivo, seguir detentando el poder para vivir de lo público y hacer lo que les da la gana, ocurre lo mismo que en Cataluña, la ingeniería jurídica ad hoc da para mucho y el dinero publico de todos también, ya llevan casi 40 años en el poder, ¿anomalía política o Régimen clientelar, sufragado con dinero público de todos?……..Todos los imputados, ahora en el banquillo, participan en el engranaje, por acción u omisión y mientras ¿mantiene, la Audiencia que no hay asociación ilícita ni trama criminal para desviar los fondos públicos, ni diseño institucional? .¡¡¡Venga ya!!!! Los fraudes millonarios y el saqueo institucional de fondos públicos, no es algo pueda ocurrir por casualidad, hay un diseño institucional pagado con fondos públicos, como ocurre en Cataluña, en ambas comunidades, la corrupción es el sistema. ¿Que es lo que paso con la Ilma. Sra. Doña Mercedes Alaya y que está pasando ahora con la Sra. Bolaños? ¿Que es lo que esta pasando con Spiriman? ¿Como es posible que a los funcionarios por rebelarse contra la Ley del “Enchufismo”, los “psocialistas” los llamaron fascistas? Lo que es se ve, hay distintas varas de medir, y esto también ocurre en sede judicial:¿Maridaje y Tela de araña a la andaluza? La impunidad del Régimen, un camino sin retorno, esto también pasaba con la familia del “honorable Pujol”…...Conclusión: ¡¡¡¡ Hay que botarlos!!!!
Primero transferencias de financiacion, convenio de los ERES, después encomiendas de gestión y finalmente Administración paralela, actúan a "sabiendas" mediante "ingenieria jurídica ad hoc", no hay casualidad sino causalidad juntera, un "diseño institucional para manejar fondos publicos", a través de su propia estructura clientelar, es la forma de sostener al Régimen Andaluz y eliminar el control de los funcionarios. Resulta curioso que sólo se acuerden de este colectivo para ¿hacerles responsables de sus desmanes?,Sin comentarios, cada uno es quien es.
http://www.elmundo.es/opinion/2018/03/27/5ab92eeb46163f98788b45e8.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/26/5ab8ca7de5fdeae6048b467e.htmlhttp://www.elmundo.es/opinion/2018/03/27/5ab92eeb46163f98788b45e8.html
El ex consejero Fernández
señala a los funcionarios por los ERE: "Quienes escriben no son los
políticos"
Si hubo irregularidades en los ERE no
fue por culpa de los políticos. Aunque muy resumido, ése es el mensaje que este
lunes quiso transmitir el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio
Fernández al tribunal que le juzga en la Audiencia de Sevilla. Toda la responsabilidad la ha descargado el ex consejero
en los funcionarios. «Quienes escriben no son los políticos, son los
funcionarios», ha llegado a afirmar para tratar de convencer a los magistrados
de que los cargos públicos -como él y los otros 21 que se sientan en el
banquillo de los acusados- no hacían otra cosa que firmar lo que los técnicos
les ponían por delante.
El ex consejero de Empleo -para el que
la Fiscalía pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación- se ha escudado en
su desmemoria, pero sobre todo en los técnicos para negar
su papel como uno de los principales personajes en la trama de los ERE
irregulares que se enjuicia.
Fernández ha defendido la legalidad de
sus actuaciones, tanto en su época de viceconsejero como en la de consejero de
Empleo, en relación con las ayudas sociolaborales a
través de las cuales se defraudaron, según los cálculos de la Fiscalía
Anticorrupción, 741 millones.
Él fue vicepresidente y luego presidente
del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego rebautizado como Agencia
Idea- desde el que se pagaron las prejubilaciones y estuvo detrás de la
elaboración de la normativa específica que la Junta aprobó para los ERE
fraudulentos. Pero, ha reiterado a preguntas de la Fiscalía, no tuvo
conocimiento de irregularidad alguna, una ignorancia que ha tratado de
justificar diciendo en alguna ocasión que sólo «hojeaba» los
documentos que elaboraban los técnicos para que él los firmara.
Fernández también ha negado la mayor al
afirmar que ninguna de las decisiones que se tomaron sobre las ayudas iba
encaminada a burlar los controles de la Intervención.
«Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo», ha sentenciado para
añadir, a continuación, que «podríamos haberlo hecho mejor o peor o haber
tenido avisos o reparo, pero no es ni pensable». La concesión o el pago de las
ayudas, dijo, «tiene un recorrido y deja su huella» y el mecanismo era «el que
los técnicos habían pesando».
«Todo el mecanismo, por lo menos de mi
nivel hacia arriba no lo conoce ni lo hace nadie», ha señalado Fernández
apuntando, una y otra vez, a los técnicos. «Los criterios eran enormemente
técnicos», ha apostillado.
El convenio entre la consejería y la
Agencia Idea y el mecanismo que se arbitró para pagar las prejubilaciones
-totalmente opaco a la fiscalización de la Intervención- es, de hecho, la clave
de este juicio, que se centra en el denominado procedimiento específico y trata
de esclarecer qué responsabilidad tuvieron los 22 acusados en su diseño y
puesta en marcha.
En este sentido, Fernández ha seguido
los pasos de la mayoría de los compañeros de banquillo que ya han declarado y
que han aludido, más o menos explícitamente, a los funcionarios.
Además de a los funcionarios, el ex alto
cargo ha apuntado al Gobierno central a
la hora de repartir responsabilidades y ha asegurado que las órdenes
ministeriales de 1994 y 1995 «han servido de modelo e inspiración» a todo el
procedimiento de ayudas sociolaborales de Andalucía.
En cuanto al equipo que gestionó los ERE en la Dirección de Trabajo, ha
insistido en que eran "funcionarios de carrera" y que él no conocía
la presencia de externos ni de la empresa Umax. "Nunca hubo personas
extrañas", ha dicho Fernández, quien ha sido contundente a la hora de
señalar que "en la Administración hay muy pocos puestos digitales".
Sí ha admitido Antonio Fernández su
papel en el 'fichaje' del ex sindicalista y luego parlamentario del PSOE Ramón Díaz como asesor de la Dirección General de
Trabajo. Aunque, ha precisado el ex consejero, su decisión fue que actuara como
asesor sobre "conflictividad" laboral,
nunca para que gestionase ayudas.
Lo cierto es que, según la Guardia
Civil, participó en las negociaciones de
algunos de los ERE que recibieron financiación con cargo al 'fondo de reptiles'
de la Junta de Andalucía y fue contratado a través de la fundación Faffe,
salpicada por escándalos de nepotismo y hoy investigada por contratos irregulares
y por el fraude de la formación.
Sobre la promoción de Francisco Javier Guerrero como director general de
Trabajo, el ex consejero ha explicado que fue nombrado por su antecesor,
Guillermo Gutiérrez, y ratificado por el Consejo de Gobierno. Luego, fue
ratificado por los consejeros sucesivos incluido José Antonio Viera y él mismo.
En el auto de procesamiento se le acusa
de promover a Guerrero, como responsable
del reparto de las subvenciones a sabiendas de que no
tenía competencias para ello, y de permitir que los fondos públicos se
distribuyeran sin control previo ni convocatoria pública o fiscalización
alguna. Y con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban
destinados.
La Fiscalía reclama para el ex consejero
Fernández penas de 8 años de cárcel y
30 de inhabilitación.
De los ex consejeros de la Junta de
Andalucía sentados desde diciembre en el banquillo junto a Chaves y Griñán,
Antonio Fernández es el único que ha pisado ya la prisión por su presunta responsabilidad en el
desvío de fondos públicos en las ayudas destinadas a trabajadores y empresas en
crisis, el conocido como caso de los ERE, cuya pieza principal se juzga
actualmente en la Audiencia de Sevilla.
Fernández entró en el centro
penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) pasadas las 8 de la mañana del
24 de abril de 2012, tras el auto de prisión firmado por la juez Alaya de
madrugada. Y no saldría hasta el 11 de agosto de ese mismo año, tras depositar
una fianza de 450.000 euros que consiguió reunir con
«cientos de aportaciones individuales de familiares y amigos», según explicó
entonces su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/22/5ab3860f468aeb75738b45ef.html
El juez de Invercaria envía a juicio el pufo de EDM, la empresa que también recibió ayudas de los ERE.
El juez de Sevilla que investiga las
ayudas y los préstamos sin control concedidos por la empresa de capital riesgo
de la Junta de Andalucía, Invercaria,
ha enviado a juicio el pufo de Electronics Devices
Manufacturer S.A. (EDM), la empresa del municipio jiennense de
Mancha Real que cerró tras embolsarse unos cuatro millones de euros de fondos
públicos inyectados por diferentes consejerías y entes instrumentales del
Gobierno andaluz. Esta sociedad también recibió ayudas de los ERE.
Fuentes del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado este jueves que el titular del
Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas,
ha remitido a la Audiencia para su enjuiciamiento la pieza separada abierta por
los préstamos participativos de 1.180.000 euros concedidos
por Invercaria a EDM, cuyo objeto social era
la fabricación y ensamblaje de productos y equipos electrónicos.
Se trata de la novena pieza separada
desgajada de la macrocausa de Invercaria que el juez instructor ha enviado a
juicio. En EDM serán enjuiciados por prevaricación y malversación el ex
presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo,
el ex consejero de esta sociedad pública Bienvenido Martínez Martínez y
tres representantes de la empresa (Juan Ruiz Cobos, Francisco
González Mingote y Antonio Jiménez Morilla).
EDM recibió en 2008 dos préstamos participativos de Invercaria, uno
por 450.000 euros y el otro por 730.000, haciendo un total de 1.180.000 euros.
Al año siguiente, la sociedad entró en concurso de acreedores y las inversiones
de la Junta resultaron fallidas. Esta sociedad nació con vocación de
convertirse en un gran fabricante de ordenadores y contó desde el primer
momento con el apoyo incondicional de varias consejerías.
La Cámara de Cuentas alertó en el
informe que destapó el 'caso
Invercaria' de que, además de los préstamos fallidos de la
empresa pública de capital riesgo en 2008, en el ejercicio anterior, 2007, EDM
había recibido 2.753.263,51 euros en ayudas de la Junta.
La empresa estaba recién creada, ya que se fundó en julio de 2006.
Del 'fondo de reptiles' salió
un «préstamo» de 384.481,65 euros para EDM en
el año 2008. En el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de
Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex
presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el fiscal ha interrogado
a los acusados sobre esta sociedad de Mancha Real, la "máxima
celeridad" con la que se le concedieron ayudas y la forma de inyectarle
fondos, "soslayando" embargos que pesaban sobre ella.
La Consejería de Empleo comenzó a
concederle ayudas a EDM el mismo año de su fundación.
En 2006 le bonificó el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social y le
otorgó una subvención de 146.161,71 euros para
el mantenimiento del empleo. El año siguiente, en 2007, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa le concedió a EDM un incentivo a fondo perdido
de 781.652,80 euros. La Consejería de Comercio y Turismo
le otorgó 28.250 euros por «promoción
comercial» y la de Empleo le concedió tres cuantiosas ayudas: una de 1.442.520
euros para creación de empleo; otra de 321.000 euros para
eliminación de barreras arquitectónicas y una tercera de 33.679 euros para formación ocupacional.
En la pieza de EDM en la empresa de
capital riesgo de la Junta, el Ministerio Público, en su escrito de acusación,
pide para el ex presidente y el ex consejero de Invercaria 6
años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el presunto delito
de malversación y otros 10 años de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM 2 años y 6
meses de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta por el delito de
malversación y 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco
acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR en la cantidad de
1.368.954,98 euros.
Las
otras ocho investigaciones concluidas
La pieza sobre EDM es la novena que el
juez de Invercaria manda a juicio. La anterior
fue la de la empresa Own Spa, que
ocasionó «un perjuicio al erario público de 304.044,33 euros» tras recibir
fondos de Invercaria y no devolverlos. Al frente de esta sociedad estaba el ex
directivo del Sevilla y actual presidente del Cádiz C.F., Manuel Vizcaíno
Fernández, que se sentará en el banquillo junto a su hermana y el ex presidente
de Invercaria Pérez-Sauquillo.
Las otras siete piezas del caso
Invercaria concluidas por Gutiérrez Castillas son las relativas a las ayudas a
Fumapa, que recibió 300.000 euros; Servivation, donde Invercaria inyectó
1.180.000 euros y el ex consejero Vallejo ha
resultado procesado; Operador Aéreo Andalus, donde hubo un
quebrando para la Junta de 1,8 millones de euros y está acusado el ex consejero
Martín Delgado; Lolita Canalla, que recibió 100.000 euros de
Invercaria; Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), a la que la
empresa de capital riesgo pública destinó 716.000 euros; la diseñadora Juana Martín, que acumula 949.749 euros en
ayudas; y Aceitunas Tatis, con 100.000 euros.
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