FUNCIONARIOS
- CSIF dice que con la nueva ley se dará carpetazo a la Ley de Reordenación del Sector Público,"> también conocida como ley del enchufismo. Afecta a todos los empleados públicos andaluces, incluidos los de la 'administración paralela', ayuntamientos y universidades.
- La Junta ha cerrado este lunes 15 de enero con CSIF y UGT un acuerdo en torno al ante proyecto
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Artículo 14. Funciones de las diferentes clases de personal empleado público en la Administración de la Junta de Andalucía.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, corresponden exclusivamente al personal funcionario las funciones que impliquen laparticipación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
A los efectos previstos en este artículo, implican participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales las actuaciones administrativas obligatorias para sus destinatarios que permitan exigir su acatamiento en caso de incumplimiento, no debiéndose considerar como tales, en estos casos, sus actuaciones preparatorias, de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo, que no constituyan actos administrativos de cualquier naturaleza.
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¿Cambiar las cosas "por ingenieria jurídica ad hoc" para esquivar el Estado de Derecho?
Lo que se trata es de ¿dar cobertura jurídica al trabajo que realiza el personal laboral subrogado contratado por el PSOE, esquivando el Estado de Derecho y perjudicando para ello a los ciudadanos, al interes general y al personal funcionario?
Puntualización: Cuestión de Orden Público.
Que la Administración pública no tiene que estar politizada, es una exigencia constitucional.
Los sindicatos y los partidos políticos están obligados a garantizar que el personal al servicio de la Administración Pública no esté politizado (Admo. paralela) preservando la neutralidad y la seguridad juridicas de las actuaciones, en los términos recogidos por el Tribuna Supremo en la Sentencia de 29-1-2019 sobre la Agencia IDEA.
La legalidad, objetividad y neutralidad de las actuaciones de la Administración Pública, articulo 103 de la Constitución Española, sólo se garantiza con los funcionarios públicos, únicos que gozan de inmovilidad en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado que las potestades públicas sean desempeñadas exclusivamente por funcionarios no es una fórmula sino una exigencia de nuestro ordenamiento constitucional (art. 149.1.18. bases del régimen jurídico de las administraciones públicas), en los término que se recoge en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la Agencia IDEA, dentro de nuestro marco juridico constitucional ver enlace.
Texto Sentencia.
Ahora bien, no basta con que los actos finales sean dictados y firmados por el Presidente de la Agencia, que en este caso correspondería al Viceconsejero u órganos directivos que tienen expresamente atribuida la potestad administrativa, pues esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios. Así lo hemos afirmado en numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión anuladas por esta Sala y confirmadas por el Tribunal Supremo," que no se pueden llevar a cabo por personal laboral, actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria,de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección, propuestas de resolución etc, de naturaleza indudablemente administrativa.
O lo que es lo mismo:
La doctrina del Tribunal Supremo «reconoce y blinda la reserva de las potestades públicas». Esta tareas «no se limitan únicamente al control del dinero, sino que incluyen un sello en un registro de entrada, certificar la existencia de unos datos en un archivo determinado o comparar y valorar distintas solicitudes para dar una subvención».
¿Se presenta un Anteproyecto de Ley para esquivar de nuevo el Estado de Derecho?
Dictar normas con el objetivo de evitar al Estado de Derecho, no es admisible.
Recordatorio de artículo ya publicado.
Pregunta:
- ¿Como es que la Agencia Andaluza de la Energía, IDEA....... y demás agencias públicas empresariales, dan subvenciones públicas cuando todo su personal es "laboral subrogado"?
- ¿Como es que el PSOE dictó leyes para dar potestades públicas a entidades cuyo único personal era laboral subrogado y hasta la fecha el nuevo gobierno de Andalucia no ha revertido la situación generada por la Ley de Reordenación del Sector Público y ha devuelto a la Administración General de la Junta de Andalucía, y a sus funcionarios sus legitimas competencias y funciones?
Por otro lado, el derecho de acceso todos los ciudadanos tiene a un empleo público en condiciones de igualdad, no es un instrumento que pueda servir de moneda de cambio para que los políticos y los sindicatos, lo manejen en su beneficio, y mediante "ingenieria juridica ad hoc", coloquen y mantengan a sus clientelas.
Hasta la fecha el Gobierno andaluz, no garantiza la neutralidad ni la seguridad juridica de las actuaciones públicas, por que no devuelven a las Administración Pública General y a sus funcionarios, las potestades públicas que el PSOE y su sindicatos amigos arrebato a los funcionarios y a la Administración General de la Junta de Andalucía.
https://www.elmundo.es/andalucia/2021/02/15/602ac00d21efa054038b45f7.html
- CSIF dice que con la nueva ley se dará carpetazo a la Ley de Reordenación del Sector Público, también conocida como ley del enchufismo. Afecta a todos los empleados públicos andaluces, incluidos los de la 'administración paralela', ayuntamientos y universidades.
El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos y los sindicatos CSIF y UGT han cerrado este lunes un acuerdo sobre el anteproyecto de ley de función pública de Andalucía, con el que pretenden dar los primeros pasos para "despolitizar" la Administración pública andaluza.
Este anteproyecto de ley, que será aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, actualizará la Ley de Función Pública andaluza que actualmente está vigente y que fue aprobada hace 36 años. La nueva ley de función pública es una vieja aspiración de los empleados públicos andaluces que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE trataron de impulsar en diferentes etapas. Pero los borradores que circularon nunca fueron aprobados ni superaron el trámite parlamentario.
Ahora, el Gobierno presidido por Juanma Moreno pretende que este anteproyecto de ley pueda llegar al Parlamento andaluz en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura.
La nueva ley de función pública afectará a todos los empleados públicos andaluces, incluidos los que trabajan en el conglomerado de empresas públicas, agencias y entes instrumentales de la Junta, la conocida como 'administración paralela'. También será de aplicación a los trabajadores de los ayuntamientos y las universidades públicas, además de los sanitarios, docentes y funcionarios de Justicia.
Entre otras novedades, adaptará los procesos de selección a los opositores con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística; reconocerá el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ni de actividad; así como la oferta de empleo público incluirá como mínimo un 25% por ciento de plazas para promoción interna.
Además, en adelante se evaluará el "rendimiento" de los empleados públicos para mejorar la gestión y el servicio público, y también se reforzará la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias; al tiempo que el texto para la nueva norma contempla potenciar la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, y la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial.
PERSONAL DIRECTIVO
Para la designación del personal directivo, sean o no empleados públicos, se convocará previamente un concurso con criterios y requisitos objetivos, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A). Este sindicato ha valorado el anteproyecto de ley de función pública como "un buen punto de partida para profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza" y ganar en "transparencia".
El acuerdo con los sindicatos se ha firmado este lunes en el Palacio de San Telmo. Han participado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales. Girela se ha congratulado por "la interlocución ágil y permanente que ha existido con los agentes sociales" sobre este asunto.
El Consejo de Gobierno dará luz verde este martes a un texto que es fruto del "diálogo y del trabajo" y que se ha desarrollado con el objetivo "común" de "mejorar y actualizar" el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración, ha señalado Bendodo. "El diálogo social es un eje básico de nuestra acción de gobierno porque entendemos que es fundamental para mejorar la gobernanza y la participación con la sociedad andaluza", ha agregado.
LEY DEL ENCHUFISMO
El presidente de CSIF Andalucía ha explicado que "con este anteproyecto de ley se da carpetazo a la conocida como Ley de Reordenación del Sector Público", con la que este sindicato estaba en desacuerdo. Esta norma, también conocida como ley del enchufismo, provocó manifestaciones multitudinarias de buena parte de los empleados públicos andaluces durante la etapa del socialista José Antonio Griñán como presidente del Gobierno andaluz. Se rebelaron contra una ley que supuso la integración en la Junta de más de 20.000 trabajadores de empresas, agencias y entes públicos instrumentales andaluces
Para CSIF, la nueva ley que tramita el Gobierno andaluz regula de forma clara la funciones de los funcionarios. "De hecho, se regulan por primera vez las potestades públicas que serán desempeñadas exclusivamente por funcionarios como fórmula para garantizar la seguridad jurídica y la prestación del servicio público", ha precisado Girela.
A juicio de CSIF Andalucía, "es imprescindible actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario de los empleados públicos andaluces tras 35 años de vigencia de la antigua Ley 6/85". "En este tiempo -recuerda- se han aprobado distintas normas a nivel estatal que urgían la necesaria actualización en la comunidad andaluza, adaptando las condiciones de trabajo de los empleados públicos andaluces, así como mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar, e incorporando figuras jurídicas que incrementan la profesionalización de la función pública y del empleo público", concluye.
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-gobierno-andaluz-acuerda-tramitacion-anteproyecto-ley-funcion-publica-202102151908_noticia.html
- La Junta ha cerrado este lunes 15 de enero con CSIF y UGT un acuerdo en torno al ante proyecto
El Gobierno andaluz ha cerrado este lunes15 de enero con CSIF y UGT un acuerdo en torno al ante proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, un texto trabajado en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración. Así, el Consejo de Gobierno aprobará este martes el anteproyecto de Ley con la intención de que pueda llegar al Parlamento en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura.
En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, ha participado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, junto al presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales.
Para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Función Pública se constituyeron cinco grupos de trabajo con representantes de la Administración andaluza y de las organizaciones sindicales, con el compromiso de contribuir, a través del diálogo social, a avanzar en el desarrollo legal de la función pública de Andalucía.
Así, como ha destacado el consejero de la Presidencia, el Consejo de Gobierno dará luz verde este martes a un texto que es fruto del diálogo y del trabajo y que se ha desarrollado con el objetivo común de mejorar y actualizar el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración.
El Gobierno andaluz presenta este Anteproyecto de ley 36 años después de que se aprobara la ley anterior y 14 años después de que se haya aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, mientras en Andalucía continúa vigente una ley reguladora de la función pública que data de 1985.
«Administración del siglo XXI»
«El objetivo es lograr un empleo público de calidad, cualificado, profesionalizado y efi ciente, así como también comprometido con la realidad social y con la excelencia en la presta ción de los servicios públicos a la ciudadanía, en una Administración del siglo XXI», reza el comunicado de prensa emitido por el Gobierno.
El consejero ha agradecido la participación y la aportación, siempre en positivo, de los sindicatos representados en la Mesa General, especialmente a CSIF y UGT, que han participado en el acto, mientras ha invitado a CCOO a sumarse al entendimiento.
Bendodo ha subrayado que el diálogo, el consenso y la mano tendida van en el ADN del Gobierno andaluz, que seguirá trabajando codo con codo con los sindicatos a lo largo de la tramitación del anteproyecto hasta que la ley sea una realidad. «El diálogo social es un eje básico de nuestra acción de gobierno porque entendemos que es fundamental para mejorar la gobernanza y la participación con la sociedad andaluza», ha agregado.
En la nueva ley se adaptará los procesos de selección a los opositores con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística
El anteproyecto de Ley de Función Pública pretende unificar en un texto todas las cuestiones relativas al personal funcionario y laboral de la Junta, y hace un recorrido por toda la vida del empleado público: desde los procesos de selección, a su formación, evaluación, carrera profesional e incluso regula la innovadora figura de la Dirección Pública Profesional. Entre otras novedades, adaptará los procesos de selección a los opositores del siglo XXI con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística; reconocerá el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ni de actividad; así como la oferta de empleo público incluirá como mínimo un 25% por ciento de plazas para promoción interna.
Además, en adelante se evaluará el rendimiento de los empleados públicos para mejorar la gestión y el servicio público, y también se reforzará la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias; al tiempo que el texto para la nueva norma contempla potenciar la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, y la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial.
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