SANIDAD.Condenan
cien veces al SAS por tener a «empleados fantasma» de fundaciones y empresas
contratadas.
- El Supremo y el TSJA declaran la cesión ilegal de trabajadores por anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía y le obliga ahora a hacerlos indefinidos no fijos.
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), dependiente de la antigua Consejería de Salud, los contrató como asesores técnicos. Pagaba sus nóminas cada mes y las dietas y, de manera formal, autorizaba sus permisos, bajas y vacaciones, pero esta relación laboral era una mera apariencia, un trampantojo. Una vez firmado el contrato temporal por obra o servicio, los supuestos trabajadores no volvían a pisar ninguna sede de la fundación dedicada a la investigación biomédica.
En
realidad desempeñaron sus tareas durante más de diez años en instalaciones del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), utilizaban sus medios, formaban parte de su equipo técnico, estaban a
las órdenes de los jefes de esta agencia de la Junta de Andalucía e incluso les facilitaron un correo
corporativo y las claves de acceso a la plataforma informática Diraya,
el sistema que reúne las historias clínicas de todos los pacientes de
Andalucía.
….centenar
de sentencias que condenan al SAS….
…. La
iniciativa fue puesta en marcha por la entonces consejera de Sanidad, María
Jesús Montero,
actual ministra de
Hacienda en funciones y candidata del PSOE por Sevilla a las elecciones
generales del 10 de noviembre….
SANIDAD
Condenan cien
veces al SAS por tener a «empleados fantasma» de fundaciones y empresas
contratadas.
- El Supremo y el TSJA declaran la cesión ilegal de trabajadores por anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía y le obliga ahora a hacerlos indefinidos no fijos
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), dependiente de la antigua
Consejería de Salud, los contrató como asesores técnicos. Pagaba sus nóminas
cada mes y las dietas y, de manera formal, autorizaba sus permisos, bajas y
vacaciones, pero esta relación laboral era una mera apariencia, un trampantojo.
Una vez firmado el contrato temporal por obra o servicio, los supuestos
trabajadores no volvían a pisar ninguna sede de la fundación dedicada a la investigación biomédica.
En
realidad desempeñaron sus tareas durante más de diez años en instalaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), utilizaban sus medios, formaban parte de su equipo
técnico, estaban a las órdenes de los jefes de esta agencia de la Junta de
Andalucía e incluso les facilitaron un correo corporativo y las
claves de acceso a la plataforma informática Diraya, el
sistema que reúne las historias clínicas de todos los pacientes de Andalucía.
Esta
práctica fraudulenta que se remonta la anterior etapa socialista ha desembocado
ahora en un centenar de sentencias que condenan al SAS, a la
mencionada fundación pública y a otras sociedades interpuestas por cesión
ilegal de trabajadores y les obligan a reincorporarlos en su puesto de trabajo
con la condición de empleados indefinidos no fijos.
El
estudio al completo de la plantilla que está realizando la actual Dirección General de Profesionales del SAS ha sacado a la
luz al menos cien trabajadores ficticios o «fantasma» que estaban contratados
por una entidad cuando su verdadero «patrón» era la agencia sanitaria, según informaron a ABC fuentes de
la Consejería de Salud y Familias.
De
estos empleados, más de cuarenta eran psicólogos y administrativos que
suscribieron un contrato temporal con la Fundación Progreso y Salud entre
diciembre de 2006 y noviembre de 2007 para la realización de la obra o servicio
«Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación
para el Plan Integral de Tabaquismo». En realidad, trabajaban en
distintos centros de salud y consultorios, donde asesoraban a los fumadores
para curar esta adicción, una actividad que no tenía encaje alguno entre los
fines de la fundación.
La
iniciativa fue puesta en marcha por la entonces consejera de Sanidad, María
Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones y candidata del PSOE por
Sevilla a las elecciones generales del 10 de noviembre. El Plan Integral
deTabaquismo se fijó para el quinquenio 2005-2010. Hasta diciembre de 2012, el
SAS y otras siete fundaciones, entre las que se encontraba la FPS, no firmaron
un convenio de colaboración para regular las relaciones entre la agencia y las
fundaciones dependientes de la Consejería.
La
Inspección de Trabajo visitó un centro dela Fundación Progreso y Salud. Allí desconocían
a una técnica contratada
El de
estos profesionales no es un caso aislado. Medio centenar de técnicos
informáticos ha logrado que los juzgados declaren nulos sus despidos por causas
organizativas y reconozcan sus derechos a ser readmitidos por el SAS. Habían
estado trabajando desde 2007, «sin solución de continuidad», en hospitales públicos y centros de Atención Primaria con
la categoría profesional de operador periférico, aunque «formalmente» estaban
contratados por empresas o uniones temporales de sociedades adjudicatarias de
servicios informáticos.
Su
función consistía en implantar las tecnologías de la información en la agencia
sanitaria, que le proporcionaba el material de trabajo, mesas, sillas y hasta
teléfono corporativo. Compartían despacho con la plantilla de informáticos
del SAS y se coordinaba con
ellos para cogerse las vacaciones.
Doctrina del Supremo
En el
caso de la Fundación Progreso y Salud, el Tribunal Supremo acaba de sentar
doctrina después de que el SAS quemase el último cartucho judicial que
le quedaba para evitar la condena. Ha desestimado el recurso de casación y
confirmado la sucesión de sentencias dictadas por distintas salas de lo Social
del Tribunal Superior del Justicia de Andalucía (TSJA)
entre 2017 y 2018. Los jueces dan la razón parcialmente a los demandantes,
declaran la existencia de cesión ilegal de empleados y condenan también al SAS
al pago de las costas procesales.
Distintos
tribunales llegan a la misma conclusión. En una de las resoluciones a las que
ha tenido acceso ABC, dictada el pasado 10 de diciembre, la Sala de lo Social
del TSJA en Granada considera probado que la labor profesional que realiza una demandante
no tiene relación alguna con las actividades de la Fundación
Progreso y Salud. Contratada en 2007 con un salario bruto mensual de 2.284
euros, pasó por distintos centros del SAS. En 2010 estaba adscrita a la Unidad
Clínica de Gestión de Salud Pública, de cuyo comité director formó parte, y
poco después se incorporó como psicóloga al complejo hospitalario Virgen de las
Nieves de Granada.
El 17
de noviembre de 2016, la Inspección de Trabajo visitó las oficinas de la
Fundación Progreso y Salud en el Parque Tecnológico de la Salud de la ciudad. «La demandante no era conocida
en tal centro de trabajo, en el
que no presta servicios», detalla el TSJA. El director de Gestión y
Organización de la fundación manifestó pocos días después ante la Inspección de
Trabajo que desconocía el lugar y/o unidad donde la citada trabajadora realiza
sus tareas e indicó que estaba adscrita al Distrito Sanitario Metropolitano de
Granada del SAS.
Para
el tribunal es tan nítido el fraude que «lo más claro que puede indicarse es
que, salvo el abono del salario, de cotizaciones y de alta y baja
en Seguridad Social, la
totalidad de los restantes aspectos de la relación laboral y el contenido de la
actividad de la demandante dependen del SAS», concluye la sentencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...