Marca PSOE: carecen de límites.
La Caja negra del Régimen.
- La cinta de Sabalete prueba que el PSOE se vale de la corrupción para que su suelo sea inamovible
Desde la Junta de Andalucía meten miedo a sus trabajadores para que voten PSOE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mhZ6NODIp2I&feature=emb_logo
Corrupción y rédito electoral.
Los diputados nacionales del PSOE procedentes de Andalucia han supuesto sistemáticamente, desde el 2010, entorno al 22% de los diputados del PSOE. Andalucia supone el 18% del censo. El PSOE nacional se ha beneficiado de esa compra de votos y de la red clientelar tejida durante decenas de años. En las últimas elecciones un 21%; 25 diputados, de un total de 125 escaños.:
El dinero público y las instituciones al servicio del partido = Abuso de poder y corrupción institucional. "Modus operandi": Desorden público y eliminación de controles; "por ingeniería juridica ad hoc" .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4BscquXxiik&feature=emb_logo
Programa político del PSOE.
Caso ERE: En el punto tercero de la página 1559 de la sentencia: «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto, era una decisión que partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías, en su declaración ante el Sr. Magistrado Instructor del Tribunal Supremo.
Año 2.000 -2010
La sentencia del caso ERE confirma que el Gobierno andaluz ideó en 2000 y mantuvo hasta 2010 un sistema para otorgar subvenciones a empresas eliminando los mecanismos de control.
Sentencia ERES.
- Pág. 45. El IFA está sujeto a la función fiscalizadora mediante el control financiero permanente.El control financiero permanente es el control regular posterior de las operaciones de contenido económico de la entidad sujeta, mediante procedimientos y técnicas de auditoria. Adicionalmente, el IFA es objeto de una auditoría financiera anual, por auditores externos.
- Pag. 33. A diferencia de la Consejería de Empleo, que está sujeta a fiscalización previa o crítica. Dicha función interventora comprende la intervención previa o crítica de todo acto, documento o expediente, susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, la intervención formal de la ordenación del pago, la intervención material del pago, y la intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros o adquisiciones y servicios, que comprenderá tanto la intervención material, como el examen documental.
Por los Informes de la Intervención sabían que el sistema utilizado para la disposición de fondos no cumplía con el ordenamiento jurídico.
Página 73 y 74 de la Sentencia.
El 8 de mayo de 2007, el Consejo de Gobierno aprobó el programa de control a realizar en el ejercicio 2007. Como documentos que se acompañaban al proyecto de acuerdo, y por ello, con conocimiento por los acusados que formaban parte del Consejo de Gobierno a la fecha, consta como Anexo II “Memoria de Control Financiero Permanente, referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006” que recoge en su punto VII.3.3:
“La Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, la Empresa Pública de Gestión de programas culturales, la Empresa
Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, EXTENDA,
EGMASA, EPDASA, GIASA, RTVA y TURASA, presentan defectos en la
contabilización de las Transferencias de
financiación, que afectan a resultados o en la clasificación de activo y
pasivo”.
Y en el apartado VII.4 "Informes adicionales dirigidos a las consejerías", se recoge: “Del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías para el envío de fondos a aquéllas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de (pag 75) ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa.” “...
Por ello, serán objeto de análisis diferenciado cuyas conclusiones se integrarán en anexos a los informes definitivos sobre las empresas, que se remitirán a las consejerías afectadas.”
Los acusados Manuel Chaves González, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Griñán Martínez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Fernández García, como integrantes del Consejo de Gobierno, en el ejercicio de sus funciones y competencias, pese al contenido de dicha memoria, procedieron a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes, y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso.
Y en el apartado VII.4 "Informes adicionales dirigidos a las consejerías", se recoge: “Del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías para el envío de fondos a aquéllas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de (pag 75) ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa.” “...
Por ello, serán objeto de análisis diferenciado cuyas conclusiones se integrarán en anexos a los informes definitivos sobre las empresas, que se remitirán a las consejerías afectadas.”
Los acusados Manuel Chaves González, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Griñán Martínez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Fernández García, como integrantes del Consejo de Gobierno, en el ejercicio de sus funciones y competencias, pese al contenido de dicha memoria, procedieron a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes, y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso.
Página 280 de la Sentencia:
27.- En el año 2008 se produjo la sustitución del Director General de Trabajo, cesando Francisco Javier Guerrero Benítez el 29 de abril de 2008, siendo sustituido por el acusado Juan Márquez Contreras, que estuvo ejerciendo el cargo hasta el 6 de abril del año 2010.
La llegada del nuevo Director General no supuso ningún cambio en cuanto a las personas que intervenían en la exigua tramitación de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, no interviniendo funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, sino personal externo contratado de otras entidades -FAFFE y la consultora UMAX-. Llegando a producirse nuevas incorporaciones, por orden del nuevo Director General, Juan Márquez Contreras. ....
Página 432 de la Sentencia.
Esta mayor documentación en el periodo 2009/2010, es consecuencia de la implementación de las mejoras introducidas a raíz del informe Garriges, y de la incorporación a la dirección general de trabajo de Dª. María José Rofa, personal externo contratado al efecto, para, como ella manifestó, “poner orden en estas ayudas”.
Página 991 de la Sentencia.
Como ya se ha expuesto , en la exigua tramitación de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en la Consejería de Empleo no intervenían funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía sino personal externo contratado de otras entidades - FAFFE y la consultora UMAX- , produciéndose con la llegada del encausado Juan Márquez Contreras nuevas incorporaciones de personal
Página 1499 de la Sentencia.
Por consiguiente, “someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley del Presupuesto”, no es un acto de mero trámite. Es una decisión con la que culmina una de las fases de elaboración del proyecto de presupuestos. Considerarlo como un acto de mero trámite, nos llevaría al absurdo de pensar que las decisiones plasmadas en el citado anteproyecto, que constituye una de las leyes de mayor calado de la Junta de Andalucía, quedaba en manos de funcionarios de rango inferior o cargos inferiores.
Y lo mismo podemos decir, salvando las diferencias, de la decisión de elevar, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias.
Consecuencia del sistema : saqueo las arcas públicas = La corrupción es el sistema mismo.
El "gatopardismo" o lo "lampedusiano" es en ciencias políticas el "cambiar todo para que nada cambie", paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). La cita original expresa la siguiente contradicción aparente: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".
Año 2010- 2019
Texto de una compañera para todos = Saqueo institucional de las arcas públicas; eliminación de controles. Lo que todos los funcionarios sabemos que ocurre en Andalucía. Este es el origen y causa del movimiento naranja: Ley de Reordenación del Sector Público, aprobada por el rodillo socialista; cambiar las cosas para seguir haciendo lo mismo.
La Gestión Ordinaria de los asuntos públicos se traslada a las Agencias creadas, Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen; sin funcionarios y sin fiscalización previa.
13-11-2010
Desde el 2010, fecha fecha en que se dictó el primer Decreto Ley sobre la Reordenación del Sector Público que dió lugar a la posterior aprobación, por el rodillo socialista de la Ley de Reordenación del Sector público, conocida por la "ley del Enchufismo", ley por la que se da carta de naturaleza a la Administración paralela de la Junta de Andalucía, brazo ejecutor del Régimen Andaluz, hemos puesto de manifiesto lo que esta ocurriendo en Andalucía.
El sistema utilizado para el saqueo de las arcas públicas, caso ERE, sentencia 204-2010, se sustituyo con un "traje a medida" . Es PSOE, cambia las cosas, al estilo "Lampedusa" para seguir haciendo lo mismo.....por ingeniería jurídica ad hoc, mediante la ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía.
Los funcionarios, siempre lo vimos y defendimos el interés general de los ciudadanos, nuestro deber y nuestra obligación era hacerlo; en las calles, acudiendo a todas las instituciones del Estado, y en los tribunales, durante 10 años.
Los hechos siguen hablando....
Ver enlaces ..
Ver enlaces ..
Voto particular Sentencia Tribunal Constitucional Ley de Reordenación del Sector Público: "Traje a medida" ; remodelar las instituciones hasta hacerlas irreconocibles.
Agencias Públicas Empresariales (incluye IDEA)
Voto particular que formula el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, al que se adhiere el Magistrado don Juan José González Rivas, a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2733-20
la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, constituye la mayor reforma que se ha hecho de la Administración pública andaluza desde su creación, y es además, en sí misma, una operación de gran envergadura y calado, político y jurídico, dado que viene a permitir la atribución de la gestión ordinaria de las funciones administrativas propias de la
Administración pública, a entes instrumentales regidos fundamentalmente por el derecho privado y servidos por personal en régimen de derecho laboral.
Constituye así esta norma la manifestación más contundente de un fenómeno que ha sido objeto de abundante debate y crítica por la doctrina más autorizada y por la jurisprudencia administrativa, y que se conoce con el nombre de «huida del Derecho Administrativo», y que no es sino la tendencia creciente en todas las Administraciones públicas configuradas en torno a modelo del Derecho administrativo de corte continentalnapoleónico, de recurrir de manera indiscriminada a órganos, procedimientos y técnicas de Derecho privado para el desarrollo de sus funciones, y que, alegando razones de pretendida «eficacia» en la actuación, pueden eludir de facto o de iure los controles y garantías propios del Derecho administrativo.
La proliferación de este fenómeno, tanto en la Administración del Estado como en la de las Comunidades Autónomas y los entes locales, ha sido reiteradamente denunciada por la doctrina, tanto por los peligros y posibles excesos que conlleva –pues la elusión de los controles puede favorecer la impunidad– como, sobre todo, porque pone en cuestión la propia esencia de la Administración, como organización al servicio de los intereses generales, y del concepto de Derecho administrativo, como corpus jurídico dirigido a someter al principio de legalidad a un sujeto privilegiado –la Administración– que asume el encargo de gestionar los intereses colectivos de la sociedad.
.....Nuestro texto fundamental contempla expresamente una reserva constitucional al Derecho administrativo en los artículos 103, 106 y 153, preceptos de los que cabe deducir la imposición de una serie límites al legislador a la hora de someter la actuación administrativa al Derecho privado.....
.... tampoco significa que las Administraciones públicas dispongan de una «incondicionada» libertad de elección entre el Derecho administrativo y el Derecho privado, pues la actividad pública constituida por funciones típicamente administrativas, en las que concurre el ejercicio de potestades públicas, ha de ser desarrollada en régimen de Derecho administrativo.
.....la eficacia no constituye un valor absoluto, ante el que hayan de ceder todos los demás, pues el sometimiento pleno a la legalidad, «a la ley y al derecho», como afirma expresamente el art. 103.1 CE, es el principio sustantivo sobre el que se ordena nuestro sistema administrativo. Ese sometimiento no es a cualquier derecho, sino al Derecho administrativo,y va acompañado de una serie de instrumentos que lo protegen: la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la interdicción de arbitrariedad, el control del gasto público, etc. En definitiva, todos aquellos que se engloban bajo la búsqueda del interés general.
.... No puede olvidarse que tales entes instrumentales siguen teniendo, con independencia de su forma jurídica, naturaleza de poderes públicos (STC 35/1983, de 11 de mayo) y por ello están sometidos a los principios constitucionales a los que se debe escrupulosamente ajustar la Administración: arts. 9.3, 53.1, 103,1 y 6, 105.e) de la Constitución, entre otros».
.....el mismo ordenamiento andaluz se excepciona a la Administración autonómica de la prohibición que impone a las Administraciones locales, y no sólo eso, sino que convierte a la agencia pública empresarial en el eje para la gestión ordinaria de las actividades administrativas de la Comunidad Autónoma
Por su parte, el art. 2.2 de la Ley 30/1992, dispone que las entidades de derecho público, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, tienen la consideración de Administraciones públicas y están sometidas a la propia Ley cuando ejerzan potestades administrativas. El precepto consagra pues una reserva expresa al Derecho administrativo para el ejercicio de potestades administrativas, que pone en cuestión la posibilidad de sometimiento generalizado a derecho privado, de las entidades jurídico-públicas que tienen atribuido el ejercicio de potestades administrativas.
...A mi juicio, y sin prejuzgar cuál habría debido ser el sentido del fallo, la Sentencia de la que discrepo debería –al menos– haberse planteado una legítima duda sobre la constitucionalidad de una ley que apuesta por una gestión generalizada de las competencias ordinarias de la Administración de la Junta de Andalucía a través de entidades instrumentales de naturaleza empresarial, que cumplen funciones propias de las Administraciones públicas, mediante la regulación de una figura híbrida que, a través de una confusa referencia a la doctrina de los actos separables, no viene sino a elaborar en favor de estas entidades una especie de «traje a medida», que pretende aunar las ventajas de la atribución de potestades propias del poder público, sin los inconvenientes de la sujeción plena a las garantías del Derecho público, y, con ello, a remodelar las instituciones hasta hacerlas irreconocibles. La mera referencia apodíctica al art. 103.1 CE, que se realiza en el fundamento jurídico 5 c), resulta a todas luces insuficiente y obvia el necesario examen doctrinal que, en mi opinión, debería haberse realizado.
Por todo ello emito mi Voto particular.
RECURSO CASACION núm.: 994/2016 TRIBUNAL SUPREMO Decreto de modificación de Estatutos de la Agencia IDEA. Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera Sentencia núm. 75/2019 ...." de la que se destaca:
- Resulta obvio que por razones de oportunidad, se ha optado en nuestra Comunidad Autónoma por una Administración Instrumental en detrimento de la Administración Central y de los funcionarios públicos que la integran....
Marca PSOE; los hechos hablan....
¿Quien ejerce en Andalucía y en las Agencias instrumentales junteras, las potestades públicas; si no hay funcionarios......?
Así se malversó el dinero de los ERE: paraísos fiscales y ayudas para allegados al PSOE
- De los ERE salieron 8,4 millones para el hermano del ex presidente Borbolla y 3,6 millones para la familia del empresario que le prestaba su chalé de vacaciones a Chaves.
- Susana Díaz se mantiene firme pese a las presiones mientras María Jesús Montero queda cuestionada como figura renovadora tras haber formado parte de los Ejecutivos.
..... En el punto tercero de la página 1559 de la sentencia: «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto, era una decisión que partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías, en su declaración ante el Sr. Magistrado Instructor del Tribunal Supremo.
Entrevista ."La corrupción acentúa la desigualdad y daña la economía"
José Manuel González-Páramo (Madrid, 1958) es uno de los economistas españoles más influyentes. Doctor por la Universidad de Columbia (Nueva York) y la Complutense de Madrid, donde impartió la cátedra de Economía Pública, formó parte del consejo de Gobierno del BCE y ahora es consejero ejecutivo de BBVA. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Europea de Ciencias y Artes.
¿Y políticas de Estado contra la corrupción?
Eso es básico. La corrupción es inaceptable por toda clase de razones. No sólo daña moralmente a la sociedad, sino que acentúa la desigualdad porque la corrupción no se distribuye con igualdad y daña la eficiencia económica al aumentar los costes de desarrollar actividad. La tolerancia a la corrupción por parte de las administraciones, cuando ocurre, es de los peores favores que se puede hacer a la sociedad.
Ver enlace.
Saqueo de las arcas públicas y rédito electoral.
Los diputados nacionales del PSOE procedentes de Andalucia han supuesto sistemáticamente, desde el 2010, entorno al 22% de los diputados del PSOE. Andalucia supone el 18% del censo. El PSOE nacional se ha beneficiado de esa compra de votos y de la red clientelar tejida durante decenas de años. En las últimas elecciones un 21%; 25 diputados, de un total de 125 escaños.
Ver recordatorios enlaces ya publicados.
19-6-2018. "La trama criminal" del 'capo' andaluz de los cursos: desvió el 50% de nóminas de docentes + Un correo del ex consejero desvela cómo se repartían las ayudas públicas ex cargos de la patronal andaluza + La «garganta profunda» del exconsejero Ojeda en la Junta: «Os van a conceder un buen pico» + La juez ordena investigar a 66 mandos y técnicos de la Faffe, la fundación para formar parados de la Junta + La Junta tendrá que pagar cuatro millones en ayudas bajo sospecha por no revisar los expedientes ¿¿¿¿?????= En la Andalucía del PSOE, el despilfarro, la corrupción y el enchufísmo es el sistema. Es un Régimen, de más de 39 años. No hay ni Estado de Derecho ni Justicia…..ahora la Sra. Bolaños, no ha tenido más remedio que investigar, algo en la FAFFE para no quedar en evidencia ¿¿¿????…..lo que esta ocurriendo en Andalucía, lo vemos todos….mas de 6.000 millones defraudados....y no pasa “na de na”, salvo que seguimos degenerando. Todos sabemos, que las cosas no pasan por casualidad, hay casualidad.
6-3-2019 Sánchez rinde las instituciones a su servicio; uso partidista de las instituciones de todos.... = No todo vale; hasta las elecciones, seguimos degenerando. Los funcionarios, son imparciales; no políticos y están al servicio del interés general de los ciudadanos y de la legalidad: Cuando se utilizan las instituciones de todos en beneficio propio, los resultados son los de Cataluña, y ios 39 años del Regimen socialista.
14-11-2019. De nuevo la paralela: Enchufados en la Faffe: El ex alcalde socialista que cobraba sin ir a trabajar se pagó un máster con los fondos para parados + Caso Faffe: el manual de (casi) todas las corrupciones del PSOE andaluz = ¿La mayoría de la FFAFFE integrada por Ley, subrogación laboral, en el SAE; hay prevaricación, se da un empleo público por Ley y a dedo; es da familia socialista........??
1-11-2019....Mantener el orden jurídico constitucional, es cosa de todos; preservar las instituciones públicas de la colonización partidista tambien. = Los resultados de no hacerlo ya los estamos padeciendo, en Cataluña (secesionismo, alteración del orden público, violencia, incumplimiento sistematico de la ley......) y en la Andalucía del Régimen (saqueo institucionalizado de las arcas públicas y quiebra de la administración de base constitucional; se ha sustituido a esta y a sus funcionarios, por la Administración del Régimen socialista, la Administración paralela, una administración clientelar y partidista, que no garantiza ni la seguridad jurídica, ni la neutralidad de las actuaciones públicas; los efectos de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, aún no se han revertido) y la España de los "gogernantes sanchistas socialistas", que con "abuso de poder" usan, los recursos públicos y las instituciones de todos, con fines electoralistas y partidistas......el 10 N tu decides.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/11/21/5dd57aa6fc6c83a6718b45d6.html
https://sevilla.abc.es/espana/abci-sentencia-pone-jaque-renovacion-psoe-andaluz-201911230200_noticia.html
https://sevilla.abc.es/espana/abci-sentencia-pone-jaque-renovacion-psoe-andaluz-201911230200_noticia.html
Así
se malversó el dinero de los ERE: paraísos fiscales y ayudas para allegados al
PSOE
- De los ERE salieron 8,4 millones para el hermano del ex presidente Borbolla y 3,6 millones para la familia del empresario que le prestaba su chalé de vacaciones a Chaves.
Los 679.432.179,09 euros que los
anteriores gobiernos andaluces socialistas malversaron durante una década, como
ha establecido la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE, no sólo se destinaron a trabajadores de
empresas en crisis que se prejubilaron, sino que también acabaron en manos de
numerosos allegados al PSOE y en paraísos fiscales.
La Sección Primera de la Audiencia ha
condenado a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex
presidentes Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, y la ex ministra y ex
consejera Magdalena Álvarez, por implantar un sistema
ilegal para disponer y otorgar a discreción cientos de millones de euros
saltándose todos los controles con la finalidad de acallar la conflictividad
laboral que en aquella época, a partir del año 2000, amenazaba la hegemonía del
PSOE en uno de sus feudos.
Y de paso, la lluvia de millones terminó
beneficiando a empresas muy cercanas a la cúpula del PSOE andaluz. Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista
del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de
la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibió ayudas irregulares de los ERE
por importe de 8,4 millones de euros. El juez lo
acaba de procesar por malversación en una de las más de
un centenar de piezas desgajadas de la macrocausa de corrupción que todavía
siguen en instrucción.
No es el único empresario afín que
percibió estas ayudas. En los años 2004 y 2006, durante la etapa de Chaves como
presidente de la Junta, Fundiciones
Caetano SA recibió 3,6 millones del fondo de reptiles
para dos procesos de despido. Se trata de una sociedad de la familia del
empresario que cada verano le cedía su chalé a Chaves para pasar las
vacaciones en la playa onubense de La Antilla, llamado La Tortuga.
Rafael Blasco Caetano, uno de los amigos
más próximos al ex presidente Chaves, es familiar -primo hermano por doble
vínculo- de Abilio Caetano Blasco, el administrador de Fundiciones Caetano, la
empresa que solicitó y consiguió las dos ayudas millonarias de los ERE que
están bajo investigación judicial. La juez María
Núñez Bolaños le dio carpetazo a la causa sobre las ayudas
recibidas por Fundiciones Caetano en octubre de 2018, pero la Audiencia le
ordenó que reabriera el caso el pasado verano.
Hay más las sociedades cercanas al PSOE
beneficiadas por los ERE. Los ex concejales socialistas en el municipio sevillano
de El Pedroso, José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago, recibieron también 34 millones de euros del fondo
de reptiles. La juez instructora atribuía a ambos ex concejales haber
constituido un «numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas
entre sí» y «muchas de ellas sin actividad ni trabajadores» cuyo único «objeto
real» era la percepción de ayudas oficiales.
PARAÍSOS
FISCALES
En cuanto a los paraísos fiscales, como
desveló EL MUNDO en febrero de 2013, la trama de los ERE desvió al extranjero
al menos 23 millones de la mutua Fortia Vida que procedían del fondo de
reptiles. El Gobierno andaluz había contratado con dicha entidad
prejubilaciones por un total de 98,5 millones, pese a que dicha compañía no
estaba autorizada por la Generalitat para operar fuera de Cataluña.
Una parte importante de los fondos
desviados de Fortia Vida procedente de las ayudas de la Junta acabó en un
complejo hotelero en República Dominicana, donde los mediadores
de los ERE se asociaron con el empresario español afincado en República
Dominicana Jesús Barderas, amigo del ex
presidente Felipe González y su anfitrión en el
país caribeño.
Todo ello fue corroborado en el juzgado
el 26 de septiembre de 2014 por Eduardo
Pascual de Arxé, que fue llamado como investigado -antes
imputado- en la causa por ser el «jefe» de una de las dos empresas que se
repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de
prejubilaciones que sufragó la Junta (Vitalia). En concreto, esta compañía
recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros.
En su declaración judicial, Pascual de Arxé dijo que 18 de los 98,5 millones que la
Administración andaluza pagó en comisiones a la mutua Fortia Vida -vinculada al
holding Vitalia- terminaron invirtiéndose «en dos hoteles en República
Dominicana» controlados por «empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional».
La sentencia de
los ERE pone en jaque la renovación del PSOE andaluz
- Susana Díaz se mantiene firme pese a las presiones mientras María Jesús Montero queda cuestionada como figura renovadora tras haber formado parte de los Ejecutivos
La sentencia de los
ERE, en su pieza política, ha supuesto la constatación
judicial de la existencia de una red clientelar mantenida en el tiempo de la
que se beneficiaron altos cargos de la Junta de Andalucía y de la que se han
considerado responsables, en distinto grado, a los dos antecesores de Susana
Díaz: José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El
golpe para el PSOE andaluz ha sido duro. Así lo reconocen personas con cargos
relevantes en el partido y que hace apenas dos años eran unos desconocidos. Algunos
incluso no participaban en política y ahora tienen que poner la cara ante esta
cuestión: «Los días más difíciles que recuerdo», señala una de estas personas.
Ni
el PSOE andaluz ni el partido a nivel federal han aceptado que tengan que
asumir responsabilidades políticas. Pedro Sánchez, tras haber expresado hace
años su confianza en Chaves y Griñán, ha evitado cualquier escrutinio de la
prensa para no referirse al tema. Susana Díaz concedió una entrevista a La
Sexta en la que pidió perdón, aunque siguió aferrada al argumento de que
ninguno de los expresidentes de la Junta, lo fueron también del PSOE, se
enriqueció ni se financió al partido.
Pero
la publicación de la sentencia ha vuelto a recuperar el debate sobre la
regeneración del PSOE andaluz, que ya se abrió tras la pérdida de la Junta de
Andalucía en diciembre de 2018, pero que quedó postergado por el ciclo
electoral de abril-mayo y la repetición electoral del 10-N. Aunque en ese
periodo no dejó de haber tensiones, que acabaron todas en derrotas de la
federación andaluza, a cuenta de la elaboración de las listas. O con pactos con
Ferraz como en lo relativo a las diputaciones provinciales.
Rivales
de Díaz
En
el futuro del PSOE andaluz solo existen en estos momentos dos nombres: el de la
propia Susana Díaz y el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Mientras Sánchez se mantenga en La Moncloa y con Díaz sin cargo institucional
la balanza de poder entre ambos está desnivelada.
Entre
los más acérrimos rivales de Díaz en el partido ya hay quien estos días apunta
en privado a que el partido en Andalucía necesita «un nuevo aire» para romper
con esa etapa. El nombre con más fuerza es el de la actual ministra de
Hacienda. Pero en Andalucía no ha pasado inadvertido una realidad que cuestiona
su perfil: Montero es alto cargo de la Junta de Andalucía mucho antes que la
propia Díaz. Viceconsejera de salud en 2002 y consejera desde 2004 hasta 2018.
Fue consejera con Chaves, con Griñán y fue Díaz quien en 2013 la colocó al
frente de Hacienda.
En
su entorno se asegura estos días que el hecho de que no ocupase la cartera que
controlaba todas las cuentas públicas hasta ese momento, ya con Díaz, elimina
cualquier posibilidad de que se le atribuya ninguna responsabilidad. «En esa época
(en referencia al saqueo de los ERE) ella era consejera de Salud», defienden.
Y aunque no aseveran firmemente que no es su voluntad relevar a Díaz, sí
insisten en que en estos momentos su ocupación es el Gobierno.
Sin
embargo, esa elusión de cualquier responsabilidad desde el punto de vista penal
no evite el foco de la responsabilidad política sobre ella. Algo que queda
claro en la propia sentencia de los ERE. En el punto tercero de la página 1559
de la sentencia: «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de
Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto, era una decisión
que partía del programa político con el que se habían presentado a las
elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías, en su declaración ante el Sr.
Magistrado Instructor del Tribunal Supremo». Sus más de quince años como alto
cargo de la Junta lastran la posibilidad de que su apuesta sea enarbolada como
forma de regeneración. «Si se trata de romper con el pasado... en fin», dice
una persona importante de la actual dirección andaluza. «Esa es la realidad»,
dice otra. «¿Susana no
vale pero alguien a quien ella ascendió sí? No acaba de llegar»,
se queja otro.
«Días
duros y difíciles»
En
el entorno de Díaz están preparados para resistir. Y eso puede servirle para
repetir como candidata a la Junta de Andalucía. Esta semana ha vuelto a
reiterar que se presentará a los procesos internos, las primarias que se
celebrarán si hay competencia, para repetir como candidata. Ahí falla ya la
primera intención que tuvo Ferraz y es que Díaz cayese como fruta madura con el
paso del tiempo.
Pero
entre los fieles a la presidenta se descarta totalmente su salida y se
manifiesta mucha seguridad. «Son días duros y difíciles, pero aguantaremos.
Cerramos esa etapa y la renovamos, por eso estamos aquí», dice una persona de
su confianza. Otra insiste en que la clave será resistir y no ve opciones de
que pueda desplazarse a la expresidenta: «Si nosotros estamos en forma, sin
problemas». Otra persona de su dirección descarta cualquier relevo por la falta
de estructura de la oposición interna: «Quienes fueron cabeza del sanchismo en
Andalucía han volado al Gobierno, Congreso y Senado», explican. Y dicen que se
unieron porque «tenían en Sánchez un referente» pero eso no significa que vayan
a hacer lo mismo contra Díaz.
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