Importante: Máxima difusión.

De una compañera para todos, el SAF informa, gracias.

Informativo SAF, Martes 10 septiembre 2019.

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POSTURA DEL SAF ANTE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR QUE PIDE ESTABLECER EXCLUSIVAMENTE EL CONCURSO COMO SISTEMA SELECTIVO EN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

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El pasado día 15 de julio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía la Proposición de Ley 10-18/ILPA-000001, Iniciativa Legislativa Popular (I.L.P.) relativa a aplicación del sistema de concurso, consistente únicamente en la valoración de méritos, en los procesos selectivos de estabilización.

Ante dicha publicación, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) solicitó por escrito reunirse con los cincos Grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, para hacerles conocedores del posicionamiento del Sindicato mayoritario de funcionarios en la Administración General y hacerles saber la preocupación e incertidumbre de miles de opositores.

En una primera ronda de contactos el SAF ha mantenido reuniones con tres Grupos Parlamentarios. En próximos días se reunirá, por primera vez en nuestros 16 años de existencia, con el Grupo socialista.

El posicionamiento del SAF es conocido por todos. Nuestra Organización Sindical siempre ha defendido, y defenderá, la OPOSICIÓN como el sistema selectivo más justo y por el que son seleccionados a los mejores funcionarios en los procesos de acceso Libre a la administración.

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SAF estima que el planteamiento que hace esta I.L.P. es totalmente injusto e inmoral y que serían muchos y gravísimos los perjuicios y perjudicados en caso de aprobarse.

En primer lugar –y sin orden preestablecido- los grandes perjudicados serían los casi veinte mil funcionarios de carrera que prestan sus servicios en la Administración General. La carrera administrativa de estas miles de personas quedaría relegada con la “entrada” de estos nuevos funcionarios, que no demostrando méritos y capacidad de ningún tipo - ya que no tendrían que pasar el filtro en los pertinentes exámenes al beneficiarse de convocatorias “ad hoc” - serían los grandes beneficiados al reconocerles la administración unos “supuestos méritos” en los posteriores y sucesivos concursos de méritos y promoción interna.

Otro de los grandes perjudicados sería el colectivo de opositores. Son miles de personas las que con un gran esfuerzo físico, económico y familiar, están preparando oposiciones para alcanzar un trabajo digno en la administración andaluza. Muchos de ellos en situación de desempleo, sin prestación alguna, o con trabajos precarios y cargas familiares. Sin entrar en las academias preparatorias de oposiciones, abocadas al despido de preparadores como consecuencia de esta I.L.P. que pretende que el personal interino no demuestre más allá de sus méritos en una única fase de concurso.

Y por supuesto, la gran damnificada es la propia Administración andaluza, que se vería gravemente dañada. Los ciudadanos merecen la mejor administración, con los mejores profesionales, y para la selección de estos mejores profesionales, el concurso como sistema de acceso a la condición de funcionario de carrera, es el peor de los sistemas, con diferencia.

Los motivos o argumentos que resumen la justificación de la Iniciativa Legislativa Popular de intentar implementar el concurso (sin oposición) como único sistema de acceso, se resumen en dos afirmaciones sonrojantes:

1º: “Elevará los estándar de calidad” (afirmación sin más).

Esta afirmación nos parece una falta de respeto intolerable a los funcionarios de carrera que actualmente prestan sus servicios en la administración andaluza y que tuvieron que pasar duros procesos selectivos. Y también falta al respeto a los miles de opositores la mayoría con un grado de preparación y formación notable.

Lo que eleva la profesionalidad y la calidad de la Administración, es la profesionalidad de sus funcionarios, la cual será mayor cuanta mayor sea su cualificación, grado de preparación y conocimientos teóricos prácticos de la materia. No el mero desempeño del puesto de trabajo.

2º. “Evitar avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnización por despido.”
El carácter indefinido es una consecuencia que se podría producir en caso de tratarse de personal laboral… y nunca siendo funcionarios interinos. Nunca un funcionario interino va a ser nombrado funcionario de cerrera por Sentencia.

Lo mismo ocurre con la indemnización por despido, NO procede. Esta cuestión ya ha sido resuelta tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias del 5 de junio de 2018 y de 21 de noviembre de 2018, como por el Tribunal Supremo (TS) con innumerables sentencias, la primera de la cuales el pasado 13 de marzo de 2019.

Por otra parte, recordar que la Estabilización que afecta a los colectivos de administración educativa y administración sanitaria ya se ha iniciado y se está llevando a cabo mediante un concurso/oposición.

Confiamos en que el Parlamento de Andalucía esté a la altura que se le presupone y legisle por el INTERÉS GENERAL de la ciudadanía y no convierta la administración en una especie de ONG o institución benéfica para favorecer a un grupo de ciudadanos en perjuicio del resto. Desde el SAF se ha transmitido y se seguirá transmitiendo que esta I.L.P. tiene que ser rechazada de plano.

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En conclusión, no existe justificación alguna más allá del temor de este colectivo de perder el mismo puesto de trabajo que ha estado ocupando temporalmente, para lo cual rechazan incluso un concurso-oposición que ofrece un porcentaje (para SAF también excesivo, pero que fue acordado en una Mesa General en la que no estamos representados) del 40%, con una valoración nada despreciable del mérito de Trabajo desarrollado en la Junta de Andalucía en la fase de concurso, que no sólo les favorece sino que les coloca en una situación de privilegio con respecto a otros opositores.

Y por último, no olvidemos que el personal interino, CUANDO CESA –por ser ocupado ese puesto por un funcionario de carrera- , pasa a engrosar la Bolsa de Interinos y, en concreto por tratarse del denominado Colectivo Prioritario, pasa a engrosar lo que se denomina el Colectivo 1 cuyo llamamiento se produce ANTES que sobre el personal de Bolsa del Colectivo 2 (el integrado por el personal de las OEP del último año). Y entre tanto, y en el peor de los casos, tienen derecho a su correspondiente y merecida prestación por desempleo. No aceptamos, por tanto, afirmar que estas personas entrarían en “exclusión social” como se afanan en demostrar otros sindicatos con mínima o nula representación entre los funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía, pero acostumbrados a campar entre los derogados Acuerdos de Estabilidad del siglo pasado.

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Noticia 22-7-2019. La Junta de Andalucía analiza «plaza a plaza» los interinos que se pueden hacer fijos.

Ana Vielba, secretaria general de AdministraciÃ³n PÃºblica de la Junta de AndalucÃa

Ana Vielba, secretaria genera del administración Pública asegura que van a ser «sensibles» con quienes pueden quedarse fuera del mercado laboral pero que no todo el mundo puede entrar por concurso en la Junta

Artículo de Interés:Viernes, 16 agosto 2019 - 01:12

Función pública: mérito y capacidad

Aspirantes a funcionarios durante unas pruebas en Valencia en junio.

JAVIER GARCÍA-LARRACHE

El autor subraya las bondades del acceso a la Administración en España a través del sistema de oposiciones. Pero explica que los costes de opositar son uno de sus desequilibrios, ya que no están al alcance de todos.

En España, el acceso a la función pública está inspirado por la Constitución, que en su artículo 103.3 establece que el mismo será "acorde con los principios de mérito y capacidad". El sistema establecido para garantizar dichos principios ha sido el de oposiciones, que ha dado, a día de hoy, muy buenos resultados.

El tribunal de oposición está compuesto por una serie de vocales y expertos de probada competencia, entre los cuales los miembros del cuerpo al que se aspira son minoría por ley. El candidato, por su parte, debe superar una sucesión de exámenes en sesiones públicas, abiertas a todos los ciudadanos. Durante el proceso, los opositores demuestran sus conocimientos y preparación, de forma absolutamente objetiva en los exámenes tipo test y algo más valorativa en la exposición de temas o en el ensayo escrito, seguido de su lectura y defensa en público. Hay también pruebas sobre conocimiento de idiomas, capacidad de análisis y gestión de situaciones prácticas, y el conjunto permite evaluar de forma completa al candidato y concluir un proceso de selección riguroso y transparente.

Este sistema de oposiciones aporta ventajas importantes, aunque también presenta algún desequilibrio que, en nuestra opinión, debería tenerse en cuenta para buscar una solución.

El primer punto fuerte del actual modelo es que se trata de un sistema meritocrático, en el que puede competir cualquiera que lo desee en absoluta igualdad de condiciones con los demás aspirantes. No es necesario haberse formado en ningún tipo específico de centro, público o privado, o estar próximo de forma alguna a los responsables de la selección.

En segundo término, las oposiciones garantizan la independencia del funcionario, lo que beneficia al ciudadano frente a la Administración. Aquél ha accedido a la función pública sólo gracias a su propio esfuerzo y valía y no tiene deudas de gratitud con nadie. Ello le equipa perfectamente para asegurar la continuidad en el servicio público, y para garantizar la estabilidad del aparato estatal en tiempos de turbulencia. Nuestra Constitución lo define en el artículo 103.1 como servir "con objetividad los intereses generales".

La tercera ventaja del actual sistema de acceso a la función pública hace referencia a la calidad de sus resultados, en tanto en cuanto garantiza la selección de quienes han acreditado estar mejor preparados. Siendo presidente del Gobierno, Felipe González defendía que un Estado que goce de buena salud debe tener una "Administración Ipanema", es decir atlética, ágil, eficaz, ni hipertrofiada ni escuálida. Eso se garantiza, más que por el número, que debe ser suficiente, por la calidad de sus integrantes. Se da así satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, el de mayor mérito y capacidad de entre los aspirantes. Ya sólo queda dotar a esos servidores de los medios de trabajo necesarios para alcanzar la excelencia.

Existe una ventaja adicional, que lo es más para la sociedad que para el opositor: el actual sistema de acceso es más barato que cualquier alternativa, pues la formación se la paga el propio aspirante y, simplemente, se verifica en el proceso de exámenes. Sólo una vez superada la primera fase de la oposición, el funcionario en prácticas recibe una formación complementaria. Esta situación tiene un elemento positivo, incluso bonito: el opositor, en su deseo de servir a la sociedad, empieza devolviendo de alguna manera lo que de ella ha recibido a través de la educación pública.

Pero es éste también uno de los principales desequilibrios del sistema: el coste de opositar, siquiera sea en términos de lucro cesante por los años en que se congela la incorporación o permanencia en la vida laboral. Este coste no puede ni debe ser asumido por todos.

Una forma de paliar esta situación es la de otorgar becas a los candidatos con menos recursos, mejor expediente académico o ambos. Naturalmente, para la concesión de tales becas debe implantarse un sistema transparente y basado en criterios objetivos establecidos de antemano, de modo que no se distorsione con carácter previo el resultado del proceso.

Se puede también buscar fórmulas que complementen algunos de los actuales modelos de oposiciones, sumando a las pruebas de conocimiento, donde no los haya, otros exámenes que permitan una evaluación objetiva de un espectro más amplio de competencias y habilidades del candidato. Siempre, naturalmente, garantizando que el acceso a la función pública lo sea de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Las asociaciones de funcionarios estarán atentas a que así sea.

En ningún caso se debe considerar el establecimiento de sistemas de acceso más fáciles. Ello conduciría a resultados aleatorios y rebajaría indefectiblemente la calidad de los funcionarios públicos. Menos deseables aún son prácticas como la funcionarización de interinos mediante oposiciones de unas pocas plazas convocadas a la medida de aquéllos a quienes se quiere privilegiar. El camino más difícil, pero correcto, estriba más bien en garantizar al funcionario unas condiciones de vida y trabajo que hagan que al opositor le merezca la pena el esfuerzo que debe hacer.

Me permito concluir con una referencia a George Kennan, embajador estadounidense y referencia indiscutible en los tiempos de la Guerra Fría, que publicó en 1997 un análisis del servicio exterior que se había puesto en marcha en su país tras la Segunda Guerra Mundial. El artículo se llamaba Diplomacia sin diplomáticos, y en él escribía: "Pudimos haber tenido un servicio diplomático tan bueno como el mejor. Pero nuestro Gobierno no podía aceptar un cuerpo tan poco politizado y seleccionado de forma tan rigurosa".

Sigamos siendo tan buenos como el mejor.

Javier García-Larrache es vicepresidente de Fedeca y presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles

Una viñeta que lo dice todo.