Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A con subvenciones de la Junta.
- Los informes entregados al juez revelan que el sindicato usaba por sistema a sus empresas para justificar las ayudas.
El experto detecta como gastos no subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el Instituto de Formación y Estudios Sociales(IFES) de Andalucía en concepto de alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del PSOE de Sevilla, a quien la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en mayo de 2016.
Al expediente
98/2009/M/2111, que corresponde con una
ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de
Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de
forma irregular y detecta
el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la propia UGT Andalucía».
El experto considera que «no se infiere razón o motivo que justifique la inclusión de esos
gastos entre los subvencionables».
- Entre las 14 ayudas analizadas por el perito figuran dos que suman 11 millones a las que se cargaron las nóminas de Moriche, auxiliar administrativo de Ifes y UGT-A durante casi una década.
José María Moriche, el marido de la ex
presidenta del Gobierno andaluz y líder del PSOE-A, Susana Díaz, cobró de dos subvenciones
millonarias concedidas por la Junta a la federación andaluza de UGT, en las que
el perito judicial ha detectado desvíos importantes de fondos públicos.
…..Entre las 14 subvenciones analizadas por el
perito figuran al menos dos -que suman
11.008.656,75 euros- de las que cobró el marido
de Susana Díaz. José
María Moriche estuvo casi una década trabajando en el Instituto de Formación y
Estudios Sociales (Ifes) de UGT. Primero,
estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en
Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012 por el
entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.
Entre los gastos millonarios de Ifes
cargados a la ayuda de la Junta estaban las nóminas de todos sus empleados, entre los que figuraba entonces el marido de Susana Díaz, como consta en la documentación en poder de este diario.
El perito no los da por buenos y han sido,
por tanto, cantidades presuntamente defraudadas porque "no consta" el contrato o convenio que exige la ley entre UGT-A e Ifes para que el instituto
ejecutara los cursos, dice la pericial sin
añadir nada más sobre Moriche o cualquier otro trabajador.
No obstante, la propia Junta de Andalucía,
durante la etapa de Susana Díaz como presidenta, abrió un expediente de reintegro a UGT-A para que devolviera una subvención en el que
rechazaba categóricamente que se cargaran las nóminas de personal no docente como si lo fuera a la hora de justificar los cursos.
El escrito redactado por funcionarios del
que ya informó este diario subraya que "no es posible imputar personal con
funciones meramente administrativas, al carecer de la calificación profesional pertinente", a las "funciones
docentes", para las que "se exige
una cualificación técnica adecuada". Es el
caso de Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar
administrativo, figura como "tutor, evaluador y preparador" de los cursos
subvencionados.
El escrito redactado por funcionarios del
que ya informó este diario subraya que "no es posible imputar personal con
funciones meramente administrativas, al carecer de la calificación profesional
pertinente", a las "funciones docentes", para las que "se
exige una cualificación
técnica adecuada". Es el caso de
Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como
"tutor, evaluador y preparador" de los cursos subvencionados.
El perito judicial tampoco lo menciona en su
informe, pero el expediente 98/2009/J/0217 en el que figura la
nómina del marido de Susana Díaz está plagado de otras irregularidadesde las
que alertaron años atrás la Fiscalía Superior de Andalucía y la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
Auxiliar administrativo.
A pesar de que Moriche era auxiliar
administrativo del Ifes de UGT, para justificar la subvención ante la
Junta aparecía como "tutor, evaluador y preparador" de
todo tipo de acciones formativas. Como informó este diario años atrás, UGT coló la nómina de
Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25 millones de
euros.
¿Complicidad ?
Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A
con subvenciones de la Junta
- Anticorrupción aprecia una "ingente facturación falsa" presentada por UGT-A para justificar subvenciones
- Investigados se quejan al juez del retraso en la causa del desvío de ayudas de UGT-A
El presunto fraude de la federación
andaluza de UGT con subvenciones de la Junta de
Andalucía se eleva ya a 41,7 millones de euros. Es la cantidad que figura en el informe que
acaba de presentar el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla,
que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse
de forma irregular con fondos
públicos.
Esta causa
judicial se abre a partir de las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros
medios en 2013. Los episodios más llamativos fueron las cenas con barra libre en
la caseta de UGT-A en la feria de Abril de Sevilla que se cargaron a la Junta y
los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un
congreso regional también costeados por la Administración andaluza.
El informe
pericial, en poder de este diario, detalla que, de las 11 subvenciones por
valor de 64.169.426,54 euros que le concedieron los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán,
entre los años 2009 y 2013, el sindicato UGT-A desvió 41.709.375,48 euros, el 64%.
La cuantía presuntamente malversada, no obstante, puede
que vaya al alza, ya que en la pericial figuran otras tres subvenciones por valor de
27.005.617 euros, en las que el perito no precisa la cantidad desviada porque
no cuenta con la documentación. Fuentes del caso consultadas señalaron que, si
no hay papeles, estas ayudas deben sumarse al supuesto fraude. Entonces, la
cifra presuntamente malversada se dispararía a
68.714.992,48 euros.
El juez puso
bajo sospecha un total de 32 subvenciones concedidas por la Junta a UGT-A, pero
finalmente el perito solo ha revisado 14. Un total de 18 han sido descartadas porque eran
inferiores a 120.000 euros -para que sea delito debe ser superior a esa
cantidad- o no correspondían a los cinco años investigados.
Entre las irregularidades
detectadas por el perito están los falsos autoalquileres entre UGT-A, el Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES) -la entidad encargada de los cursos y participada al 100% por
el sindicato- y la empresa Soralpe I Mas P Asociados, cuyo socio único es
también el sindicato y que se encargaba de gestionar las aulas que se usaban
para impartir la formación. Se simulaban arrendamientos para luego utilizarlos
para justificar ante la Junta de Andalucía las ayudas millonarias para los
cursos.
«Al ser
entidades vinculadas entre sí, se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES, en
virtud del contrato para la ejecución de la actividad subvencionada, por el
alquiler de unos locales e instalaciones que tiene cedidas a Soralpe I Mas P
Asociados, por lo que se crea una situación artificial que
incrementa el coste de la actividad
subvencionada», remarca la pericial.
Lo más grave es
que UGT-A disfruta de esos locales a coste cero porque el
Gobierno central se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes
del Patrimonio Sindical Acumulado, como detalla un informe de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO) del que ya informó este diario.
El perito
descubre en numerosos expedientes que el sindicato no contaba con la
autorización ni el contrato que exige la ley para que la formación
subvencionada por la Junta la impartiese el IFES.
La causa
judicial sobre UGT-A acumula 20 imputados, entre los que están los ex
secretarios generales andaluces ugetistas Manuel Pastrana y Francisco
Fernández Sevilla. Las pesquisas
llevan más de dos años paralizadas, a la espera de que el perito emitiera su
informe. Ahora, en teoría, deberían recibir un impulso.
UGT Andalucía empleó
de forma irregular más de 40 millones en subvenciones de la Junta, según el
perito
- Los informes entregados al juez revelan que el sindicato usaba por sistema a sus empresas para justificar las ayudas.
Un
perito judicial revela que la federación andaluza de UGT empleó más de 40,3 millones de
euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar
cursos destinados principalmente a formar a los desempleados andaluces,
expedientes que están bajo investigación judicial por presuntas irregularidades.
El perito Luis Ayala Gallo, que es
interventor de la Junta de Andalucía, cifra en más de 40 millones de euros la
cuantía total imputada a ayudas «no subvencionables», después de analizar 14 expedientes a través de otros tantos informes
entregados al juez que investiga un supuesto desvío millonario de subvenciones,
a los que ha tenido acceso ABC. Elude extraer conclusiones sobre tres
expendientes alegando que carece de documentación suficiente. La Unión General
de Trabajadores de Andalucía recibió
más de 102 millones de euros a través de 32 subvenciones durante tres años que están bajo sospecha del juez.
En un primer estudio de once ayudas
entregado al juez el pasado verano, el perito cuantificó en 5,3 millones el dinero supuestamente endosado a actividades no subvencionables. Pero el análisis de otros catorce expedientes
eleva exponencialmente el tamaño del agujero que habría dejado UGT en las arcas
autonómicas.
El sindicato recibió 102 millones en tres años y el 40% de
los fondos públicos se gastaron irregularmente
La investigación judicial que comenzó
en 2013, tras las revelaciones periodísticas de este diario y otros medios, lleva más de dos años paralizada, a la espera de estos
informes periciales incorporados al sumario de las supuestas facturas falsas de
UGT-A. El caso acumula 18 investigados, entre ellos los anteriores secretarios
generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández
Fresneda.
En sus informes, el perito descubre
distintas fórmulas para desviar fondos públicos. UGT-A utilizó una red de empresas y fundaciones,
al frente de las cuales figuraban sus
dirigentes, a las que facturaba por sistema servicios con los que justificaba
las ayudas millonarias que recibía de la Junta para luchar contra el paro,
algunas de las cuales derivan de los acuerdos de concertación social.
El experto detecta como gastos no
subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el Instituto de Formación y Estudios
Sociales(IFES) de Andalucía en concepto de
alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José
María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del
PSOE de Sevilla, a quien
la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su
comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en
mayo de 2016.
Al expediente 98/2009/M/2111, que
corresponde con una ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de
forma irregular y detecta el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la
propia UGT Andalucía». El experto considera que «no se infiere razón o motivo
que justifique la inclusión de esos gastos entre los subvencionables».
En sus informes, el perito advierte
que «al ser entidades vinculadas entre sí se da la paradoja de que UGT-A paga a
IFES en virtud del contrato para la actividad subvencionad por el alquiler de
locales o instalaciones que tiene cedidas Soralpe, por lo que se crea una
situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada». La Guardia Civil detectó facturas emitidas por la prestación de
servicios genéricos o ficticios que servían para justificar las
ayudas. El perito encuentra costes duplicados de docentes y publicidad.
Otra irregularidad recurrente
son el llamado rappel,
descuento que aplicaban los proveedores habituales a UGT-A en los
servicios que contrataba con dinero de la Junta. Pero estas rebajas no se
reflejaban en las facturas que presentaban ante la Administración.
El sindicato, ante el informe
pericial
El sindicato UGT niega que se
haya puesto en tela de duda a lo largo de los seis años que se llevan de
instrucción del caso que su organización haya realizado todas y cada una de las
acciones formativas que debía realizar a cargo de cada una de las subvenciones
concedidas, «cumpliendo con sus compromisos de impartir la formación a la que
se había comprometido con los alumnos y con la administración», esgrime el
sindicato.
Asimismo, a través de un
comunicado, UGT insiste en que a lo largo del informe pericial aportado «no se
recoge ni un solo elemento, ni una sola expresión, ni una sola manifestación,
de la que pueda extraerse como conclusión que se han desviado cantidades
correspondientes a la subvención a otros fines que no sean la propia ejecución
de la misma. Tal es así que las limitaciones que se reflejan en dicho informe
se refieren a gastos que figuran expresamente recogidos en la justificación de
cada uno de los planes formativos aportados a la administración».
Añade el sindicato UGT que el
informe se circunscribe a la determinación del carácter subvencionable de un
gasto, en atención a la aplicación de la Orden de 23 de octubre de 2009 y la
Ley General de Subvenciones, cuestiones todas ellas de carácter eminentemente
administrativo y no penal, sin que se establezca a lo largo del mismo la
existencia de defraudación alguna. En este sentido «desde el respeto a la
instrucción judicial -añade- debemos mostrar nuestra disconformidad con el
hecho de que cuestiones relativas a elegibilidad o subvencionabilidad de un
gasto, cierto, concreto y manifiesto, sean objeto de un procedimiento penal,
orden jurisdiccional presidido por el principio de intervención mínima».
El marido de Susana
Díaz cobró de dos subvenciones de la Junta que UGT-A desvió
- Entre las 14 ayudas analizadas por el perito figuran dos que suman 11 millones a las que se cargaron las nóminas de Moriche, auxiliar administrativo de Ifes y UGT-A durante casi una década.
José María Moriche, el marido de la ex presidenta del Gobierno andaluz y líder del PSOE-A, Susana
Díaz, cobró de dos
subvenciones millonarias concedidas por la Junta a la federación andaluza de UGT, en las que el perito judicial ha detectado
desvíos importantes de fondos públicos.
Tras más de dos años de espera, el perito judicial acaba de presentar su informe en el
Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga desde 2013 la supuesta trama
diseñada por UGT-A para financiarse de
forma irregular a través de las
subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía. La cantidad presuntamente
desviada por el sindicato entre los años 2009 y 2013 se eleva a 41,7 millones de euros, detalla el peritaje del que este viernes ha
informado EL MUNDO.
Entre las 14
subvenciones analizadas por el perito figuran al menos dos -que suman 11.008.656,75 euros- de las que cobró el marido de Susana
Díaz. José María Moriche estuvo casi una década
trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT.
Primero, estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años
más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012
por el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
A pesar de que
Moriche era auxiliar administrativo del Ifes de UGT, para justificar la
subvención ante la Junta aparecía como "tutor,
evaluador y preparador" de todo tipo de
acciones formativas. Como informó este diario años atrás, UGT coló la nómina de
Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25
millones de euros.
Ahora es el
perito judicial el que incluye entre las subvenciones en las que hubo desvíos
de fondos públicos dos ayudas de la Junta a UGT-A de las que cobró el marido de
Susana Díaz. Se trata del polémico macroexpediente 98/2009/J/0217 por importe
de 8.021.823 euros para que el sindicato impartiera 206 cursos y el
98/2009/M/2111 por valor de 2.986.833,75 euros destinados a 88 acciones formativas. Ambas subvenciones
fueron concedidas durante la etapa de Griñán como presidente de la Junta.
El expediente
con más irregularidades es el primero. De los 8 millones concedidos, el perito
ha dado por presuntamente desviados por UGT-A un total de 7.584.462,95 euros.
La pericial no hace ningún tipo de alusión al marido de Susana Díaz ni a sus
nóminas en el Ifes ni las de ningún otro trabajador, sino que se limita a no dar por bueno ninguno de los gastos cargados por
este instituto del sindicato a la subvención.
No obstante, la
propia Junta de Andalucía, durante la etapa de Susana Díaz como presidenta,
abrió un expediente de reintegro a UGT-A para que devolviera una subvención en el que
rechazaba categóricamente que se cargaran las nóminas de personal no docente como si lo fuera a la hora de justificar los cursos.
El escrito
redactado por funcionarios del que ya informó este diario subraya que "no
es posible imputar personal con funciones meramente administrativas, al carecer
de la calificación profesional pertinente", a las "funciones
docentes", para las que "se exige una cualificación técnica adecuada".
Es el
caso de Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo,
figura como "tutor, evaluador y preparador" de los cursos
subvencionados.
El perito
judicial tampoco lo menciona en su informe, pero el expediente 98/2009/J/0217
en el que figura la nómina del marido de Susana Díaz está plagado de otras irregularidades de las que alertaron años atrás la Fiscalía
Superior de Andalucía y
la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La otra ayuda
de la Junta en la que figura la nómina del marido de Susana Díaz en la que el
perito ha encontrado desvíos de fondos públicos es la 98/2009/M/2111 por valor
de 2.986.833,75 euros. En este caso la cuantía presuntamente desviada se eleva a
510.163,10 euros.
Aquí la
pericial tampoco incluye alusiones al marido de Susana Díaz. No obstante,
censura la "duplicidad de gastos" cargada a la ayuda de la Junta, pese a estar prohibida
por la ley, ya que UGT-A endosa 37.707,60 euros como "gastos de
docencia" y su ente Ifes otros 1.255.641,70 euros por el mismo concepto.
Hay una tercera
ayuda del
Gobierno andaluz a UGT-A de la que cobró el marido de Susana Díaz. Se trata del
expediente 98/2008/J/0244, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de julio
de 2008, presidido entonces por Manuel Chaves. Sin
embargo, el perito judicial no lo ha analizado ni lo ha incluido en su informe
porque no está en el periodo analizado, que va de 2009 a 2013. Se escapa por solo unos meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...