Importante.
19-2-2019 DMDyGP pide por carta al bipartito anular la Ley del Enchufismo y devolver las competencias a las Consejerias.
19-2-2019 DMDyGP pide por carta al bipartito anular la Ley del Enchufismo y devolver las competencias a las Consejerias. + Belmonte pdf
La Gestión Pública. Tercio de Varas.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
ADMINISTRACIÓN. Los funcionarios piden por carta a Juanma Moreno que desmonte ya la «administración paralela» de la Junta de Andalucía.
- La Asociación Defiendo mi Derecho pide por carta al bipartito revertir «la ley del enchufismo» y devolver la gestión a las consejerías
Los funcionarios mueven ficha después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) advirtiera de que el personal laboral de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no tiene potestad para tramitar subvenciones, solicitar su devolución o hacer inspecciones. Estas tareas administrativas están reservadas por ley a quienes acceden a la Administración mediante concurso u oposición.
Con esta munición jurídica, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública ha enviado sendas cartas al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y a su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), en las que solicitan que devuelvan a las consejerías de la Junta y a los funcionarios «la gestión ordinaria de la actividad pública» que había dejado en manos del personal de la llamada «administración paralela».
«Esta es la única forma real de garantizar a los ciudadanos que las potestades públicas las realiza exclusivamente el personal funcionario» de las consejerías, «sin necesidad de intermediarios ni entes instrumentales interpuestos», señala en sus misivas esta asociación que ha presentado decenas de recursos contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz aprobada en 2011.
En las cartas remitidas el pasado 8 de febrero, el colectivo insta a los máximos responsables del Gobierno bipartito a restablecer «sin demora» los «controles de Derecho Administrativo que previamente eliminó el PSOE». La norma que los sindicatos denominaron como «ley del enchufismo» supuso la integración de más de 23.000 trabajadores de empresas públicas en nuevas agencias.
La ley de reordenación del sector público supuso la integración de más de 23.000 empleados de las empresas de la Junta
La reforma, que sacó a la calle a miles de funcionarios, empezó a fraguarse en el año 2010, a través de un decreto ley, que meses después tomó cuerpo como ley.
Defiendo mi Derecho lleva nueve años batallando contra esta norma que, a su juicio, «constituye un ejemplo» de «huida del Derecho Administrativo» porque delega tareas administrativas en personal que accedió a un empleo público «sin haber realizado proceso selectivo constitucional alguno».
En la actualidad, hay 27.304 personas trabajando en el entramado de empresas públicas, agencias, fundaciones y consorcios, según un documento difundido por el Ejecutivo de Susana Díaz durante el traspaso de poderes a Moreno. En los presupuestos prorrogados de 23.899, si se atiende a la cifra que aparece en los presupuestos prorrogados de la Junta. La ley atribuye «la gestión ordinaria de las funciones administrativas a entes instrumentales, agencias públicas empresariales, regidos fundamentalmente por derecho privado», explican.
El TS ve «con preocupación» el riesgo de que este personal intervenga en la tramitación de expedientes. Pero secunda las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha mantenido, a través de distintos fallos, que no es la ley en sí, sino los actos concretos realizados por cualquier otra persona que no sea funcionario los que estarían viciados de ilegalidad.
La controvertida reordenación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP cuando estaba en la oposición. En noviembre de 2015, el TC avaló la reordenación autonómica, pero la sentencia no fue unánime. Dos magistrados emitieron un voto particular con la tesis de que la Junta había elaborado un «traje a medida».
Ver enlace ..
El colectivo de funcionarios insta al nuevo gobierno a revertir el modelo diseñado por el PSOE para garantizar «la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos». Uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es aprobar una nueva Ley de la Función Pública.
La atribución de tareas propias de funcionarios a la «administración paralela» ha dado pie a una docena de macrocausas en los juzgados que, recuerdan, tienen como hilo conductor el «menoscabo de fondos públicos y fraudes generalizados»: ERE, Formación, Invercaria, Santana, Avales de IDEA y Fondos Jeremie, entre otras.
Ver textos de los escritos con documentos adjuntos y con registro de entrada.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
Ver documentos entregados en pdf con enlaces accesibles.
Doc. 1. Enlace documento pdf: Historia de la Ordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía: 9 años y 35 impugnaciones judiciales (incluye enlaces).
Doc. 2. Documento elaborado con motivo de la Sentencia 29-1-2019 Agencia IDEA. "Amarga victoria, dulce derrota. Una visión libre y personal".
TODOS SOMOS UNO.
Nuestro trabajo, sirve y ha servido; tenemos que sentirnos orgullosos por ello....
9 años y 33 recursos entablados, DMDyGP una acción colectiva no institucional, loable.
Enfrentarse a un Régimen como el andaluz, no es fácil....los recursos van por un lado y los hechos por otro, todos la sabemos, la sociedad también, la batalla de la opinión pública se ha ganado y el Régimen socialista ha caido, ha perdido el gobierno....y algo hemos contribuido a ello....
Nuevo gobierno de Andalucía (PP + Ciudadanos.)
Hay una ventana de oportunidad: ¿sabrán aprovecharla?
A. Obligación y Responsabilidad.
Al nuevo Gobierno le corresponde, GARANTIZAR el bloque de constitucionalidad, la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos y administrados de Andalucía.
Para hacerlo posible, tienen que revertir la Ley de Reordenación del Sector Público –modifica la LAJA-, RESTABLECIENDO LOS CONTROLES, QUE EL PSOE DE ANDALUCIA SE OCUPO PREVIAMENTE DE ELIMINAR, y devolver a las Consejerías la gestión ordinaria de la actividad pública que implica el ejercicio de potestades públicas, UNICA FORMA REAL DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS ADMINISTRADOS, ASEGURANDO QUE ESTAS SEAN EJERCIDAS POR FUNCIONARIOS.
B. OPORTUNIDAD.
Pregunta sin respuesta: ¿El modelo a seguir por el nuevo gobierno andaluz, es el de IDEA, la caja pagadora de los ERES?
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