El objetivo: ¿Todos "pa dentro" al empleo público por la puerta de atrás y en fraude constitucional?
Unos 40 trabajadores nombrados por los gobiernos socialistas como personal de confianza en la Junta de Andalucía están planteando una demanda colectiva para que se les reconozca como personal laboral de la Administración y no cesen el próximo martes, fecha prevista de constitución del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Estos cargos de confianza han contactado con el despacho de Cuatrecasas en Sevilla, que les ha trasladado su confianza en ganar la demanda para demostrar que sus funciones no tenían un carácter político, sino técnico. Con ese objetivo les han recomendado que aporten correos electrónicos y mensajes enviados por sus jefes, miembros del Gobierno en funciones, que demuestren que ellos sólo ejecutaban órdenes de carácter técnico.
¿La Junta tiene antecedentes de perder los juicios? Yo pregunto ¿lo tendría previamente pactado? ¿Que es esto de estar de acuerdo con una contratación prevista legalmente, y cuando toca cumplir el contrato y cesar se plantean ir a los tribunales? ¿Está previamente pactado o preparado por los junteros....? ¿presentar correos como prueba....?
Cargos de confianza del PSOE
plantean una demanda colectiva para quedarse en la Junta
Unos 40 trabajadores nombrados por los
gobiernos socialistas como personal de confianza en la Junta de Andalucía están
planteando una demanda colectiva para que se les reconozca como personal laboral
de la Administración y no cesen el próximo martes, fecha prevista de
constitución del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Estos cargos de
confianza han contactado con el despacho de Cuatrecasas en
Sevilla, que les ha trasladado su confianza en ganar la demanda para demostrar
que sus funciones no tenían un carácter político, sino técnico. Con ese
objetivo les han recomendado que aporten correos electrónicos y mensajes
enviados por sus jefes, miembros del Gobierno en funciones, que demuestren que
ellos sólo ejecutaban órdenes de carácter técnico.
Los trabajadores, muchos de ellos periodistas
de la Oficina del Portavoz del Gobierno, y en la mayoría de los casos con
décadas en la Administración, defienden que han desarrollado funciones de
técnicos durante más de dos legislaturas, por lo que sus nombramientos como
eventuales de confianza son un fraude de ley, ya que debían haber sido
contratados como personal laboral fijo.
La diferencia entre ambas categorías es que el
personal de confianza cesa cuando lo hace el Gobierno que les ha nombrado sin
ninguna indemnización. En el caso del personal laboral fijo, si son despedidos
sí que tienen derecho a esa reparación económica junto al paro. Es decir, si
esos trabajadores consiguen que los tribunales les mantengan en sus puestos
tendrán dos opciones: continuar en la Administración, como ha ocurrido en
antecedentes anteriores que han ido engrosando así la administración
paralela de la Junta durante décadas, o ser despedidos con el consiguiente
coste en indemnizaciones para las arcas públicas.
Fuentes del Gobierno andaluz explican que
entre esos cargos de confianza se encuentran documentalistas, auxiliares
administrativos, secretarias y hasta los cocineros del Palacio de San Telmo,
sede de la Presidencia de la Junta. En esos casos, serán los jueces los que
diluciden si una persona realizaba una función técnica, por ejemplo, en una
cocina o en un gabinete de prensa, como plantea la demanda, o si funcionaban
como asesores de los políticos, por lo que se considerarían personal eventual
de confianza.
En este sentido, hay antecedentes de personal
laboral que se ha mantenido en la Junta por sentencias judiciales durante los
últimos años. En su mayoría, y a diferencia con el personal de confianza, se trataba
de trabajadores contratados por obras y servicios. Por ejemplo, la plantilla
del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) ha experimentado un incremento de más del 60%
pasando de los 2.153 trabajadores en 2010 a 3.444 en 2016 incorporando a
los trabajadores despedidos que han ganado sus casos en los tribunales
provenientes de programas de empleo temporales como los consorcios escuela, los
agentes locales de promoción de empleo (ALPE) y los ex asesores laborales del
plan Memta.
El Gobierno de José Antonio Griñán disolvió
los 95 consorcios de empleo conjuntos con ayuntamientos y diputaciones, y
financiados por el Estado, que se denominaban Unidades Territoriales de Empleo
y Desarrollo Local (UTEDLT) y el 30 de septiembre de 2012 despidió a los casi
800 agentes locales de empleo (ALPE) que trabajaban en ellos. Esos trabajadores
consiguieron que los tribunales decretasen un “fraude de ley” y condenara a la
Administración a readmitirlos y a pagar con intereses de demora los
salarios de tramitación. Según expuso en el Parlamento el entonces consejero de
Empleo, José Sánchez Maldonado, el pulso judicial costaba unos 70.000 euros al
día y superaba los 75 millones de euros en 2015.
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