La maraña clientelar andaluza
No se ha destacado lo suficiente el hartazgo de los
andaluces con el régimen que han acabado conformando casi 40 años
ininterrumpidos de gobierno socialista, toda una anomalía en un sistema
democrático. El hecho de que, pese a sufrir un durísimo castigo en las urnas el
pasado domingo, el PSOE volviera a ser la fuerza más votada, lleva a algunos a
intentar enmascarar ese hastío. Pero es que este partido, como le ocurre
también a las fuerzas nacionalistas que gobiernan prácticamente desde la
Transición, ha tejido una red clientelar y una administración paralela monumentales
que hacían cada vez más difícil su desalojo del poder por tantos intereses
creados en torno a unas siglas.
Como hoy publicamos, esta Comunidad tiene uno de los sectores públicos más abultados de toda España y, al mismo tiempo, es uno de
los más deficitarios. Sólo en el último año examinado por el Tribunal de
Cuentas, el 2015, se perdieron 349 millones de euros, a pesar de la inyección
récord de 2.512 millones en transferencias y subvenciones públicas. La Junta ha
actuado como auténtica agencia de colocación durante décadas, con constantes
acusaciones de nepotismo y enchufismo, y sin atender a criterios de eficiencia
y solvencia. La colocación de afines es a todas luces un escándalo que no
dejaba de aumentar legislatura tras legislatura, hasta provocar el fuerte
malestar que se ha reflejado en estos comicios autonómicos. Hay casos tan
flagrantes como el hecho de que Rafael Escuredo, primer responsable de la
Junta, a pesar de no cobrar un sueldo como ex presidente por la modificación de
una ley que introdujo Griñán a modo propagandístico, percibe 5.400 euros
mensuales como asesor de un consejo consultivo. Y así tantos y tantos casos.
La administración paralela tiene 24.000 empleados, un auténtico dislate. Y aparte de los 508 altos cargos, hay más de 3.000 trabajadores en puestos de libre designación. Es urgente que el próximo Gobierno andaluz acometa una profunda regeneración y racionalización de la Administración, y que acabe con tanta red clientelar que ya clamaba al cielo.
El ocaso de 36 años del PSOE en la Junta: 3.000 cargos 'a dedo', en vilo
La Ley del Enchufismo,
Todo parte de
una Administración con parcelas fortificadas, especialmente desde la conocida
como Ley del enchufismo, de 2011. Entonces, el temor de los socialistas a
perder el poder en las elecciones autonómicas del año 2012 -las primeras que
ganó en Andalucía el Partido Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando
la posibilidad de que gobernara Javier Arenas- derivó en la polémica
reordenación del sector público andaluz, primero como 'decretazo' en julio de
2010 y después como ley en febrero de 2011.
Tanto rechazo generó la reforma que la Ley 1/2011 de
Reordenación del Sector Público es más conocida como 'Ley del enchufismo', ya
que supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000
empleados del entramado de empresas públicas. Entonces, tras treinta años
gobernando en Andalucía y ante las encuestas que vaticinaban la alternancia, el
PSOE quiso dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo empleado
público por la puerta de atrás al personal de los entes, también a los
enchufados.
Buena parte de los funcionarios se levantaron en
contra de esta reforma, protagonizando manifestaciones históricas, como la que
recorrió el centro de Sevilla el 13 de noviembre de 2010, con más de 30.000
personas pidendo la derogación del 'decretazo'. El ex presidente de la Junta,
Manuel Chaves en aquella fecha vicepresidente tercero del Gobierno de Zapatero,
y el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recibieron la
primera pitada de los funcionarios en un acto en la Plaza de España el 17 de
octubre de 2010. Más tarde, el entonces presidente e impulsor de la
reordenación del sector público, José Antonio Griñán, los consejeros, altos
cargos y hasta ministros socialistas fueron abucheados por los empleados públicos
en sus visitas por las ocho provincias.
"Pumba, pumba, pumba, el cortijo se
derrumba" o "Griñán, cariño, colócame a mi niño" fueron los
cánticos más repetidos durante el año largo de protesta de los empleados
públicos, que se lanzaron a la calle a criticar el despropósito que suponía que
quedaran integrados en la Administración andaluza todos aquellos que habían
sido colocados a dedo y sin superar ningún proceso de selección en entidades
como la Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la misma que
ahora está investigando una juez de Sevilla por el desvío de fondos para cursos
a juergas en clubes de alterne.
El
sector público andaluz: 349
millones de pérdidas y récord de subvenciones
Esta fundación de la Junta, creada en el año 2003,
durante la etapa como consejero de Empleo del juzgado por los ERE José Antonio Viera,
pasó de tener una plantilla de 120 trabajadores a 1.700. Durante los ocho años
que mantuvo la actividad, gestionó más de 300 millones de euros. En aplicación
de la Ley de Reordenación del Sector Público, el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) absorbió a todo el personal de la Faffe, entre los que había numerosos ex
alcaldes, ex concejales y familiares de destacados socialistas.
La Faffe encaja a la perfección con uno de los lemas
utilizados por los funcionarios para combatir la ley del enchufismo: "La Administración
partidista y clientelar es otra forma más de corrupción", denunciaron
entonces los empleados públicos, anticipándose a todo lo que se ha sabido
después de esta fundación y de su papel en el presunto fraude de los cursos de
formación y en el escándalo de las tarjetas 'black' que se usaron en los
prostíbulos. "Por la transparencia y el control del dinero público de
todos los ciudadanos; no cabe la opacidad", clamaban los funcionarios, que
salieron a la calle a decir "basta ya al nepotismo, a la corrupción y al
despilfarro".
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/11/13/andalucia/1289655526_extras_ladillos_1_0.jpg)
La Junta de Andalucía, cargos por 25 millones
El ocaso de 36 años del PSOE
en la Junta: 3.000 cargos 'a dedo', en vilo
- Medio millar de altos cargos y asesores y otros 2.300 cargos 'a dedo', pendientes del final de época en Andalucía.
- La 'Administración paralela', con 24.000 trabajadores y muy deficitaria, legado envenenado de los 36 años de socialismo.
¿Cuántas personas saldrán de la Junta de
Andalucía si finalmente el PSOE es desalojado del Palacio de San
Telmo, sede de la Presidencia, tras gobernar la comunidad durante casi cuatro
décadas? ¿Cómo afectará a los 24.000 trabajadores de la tupida
red de empresas públicas, consorcios y fundaciones que constituyen la conocida
como 'Administración paralela'? ¿Cuánta gente perderá privilegios en
forma de pluses o cargos directivos?
EL MUNDO ha recopilado datos en diversas
fuentes para determinar cómo puede afectar el resultado de las elecciones del pasado
2-D a una administración gigantesca que tiene en nómina a unos 270.000
trabajadores. El batacazo de Susana
Díaz, que ha perdido 14 diputados, y la irrupción de Vox en
el Parlamento andaluz podrían hacer posible la alternancia en Andalucía, la
única comunidad en la que siempre ha gobernado el mismo partido, el PSOE. Los
59 escaños (cuatro por encima de la mayoría absoluta) que suman el PP, Ciudadanos y
Vox pueden cerrar el paso a un gobierno socialista.
Para empezar, los 24.000 trabajadores de la 'administración paralela' de
la Junta no irán a la calle de forma automática si Susana Díaz deja de ser
presidenta. Plantear esta hipótesis sería como decir que la llegada de Pedro
Sánchez a la Presidencia del Gobierno, tras la moción de
censura contra Mariano Rajoy, implicaba que echaría a la
calle a todos los empleados de RTVE. Ni fue así en el Gobierno central ni será
así tampoco en la Junta. Otra cosa es que el nuevo gobierno que se forme en
Andalucía tras el 2-D pretenda cerrar empresas públicas o despedir a
trabajadores. Pero ese es otro debate.
Quienes sí irán a la calle cuando Susana
Díaz abandone la Presidencia del Gobierno andaluz son las 508 personas que actualmente son altos cargos y también el personal eventual y de asesoramiento que los
acompaña. Altos cargos son 271, según el último listado colgado por la
Administración andaluza en su Portal de Transparencia. En esa lista están la
presidenta de la Junta, sus 13 consejeros, viceconsejeros, delegados provinciales,
secretarios generales y otros cargos, además de los directores, gerentes,
presidentes y secretarios generales de todo tipo de consorcios, patronatos y
agencias que constituyen la 'Administración paralela'.
El Portal de la Transparencia también ofrece
el listado de los 238 puestos de "personal eventual y de
asesoramiento" que hay en cada consejería, un dato que
durante años la Junta se ha resistido a ofrecer. Destaca la Consejería de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática que dirige Manuel Jiménez Barrios, donde se concentra mayor número
de trabajadores de este tipo, con 113 plazas ocupadas.
El personal eventual cuenta con un
"nombramiento y cese discrecional por la autoridad que los nombró"
y cesa también de "forma automática cuando se
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su
funciones". El Estatuto Básico del Empleado Público establece que este
personal, "en virtud de su nombramiento y con carácter no
permanente", "sólo realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial".
Puestos 'a dedo'
La onda expansiva del desalojo del PSOE
de la Junta podría afectar a otros casi 3.000 trabajadores más
que actualmente y por decisión del político de turno están en puestos de libre designación, en cargos directivos en la sanidad
pública o son profesores con destino 'a dedo' en funciones de administrativos o
asesores, según la información facilitada a este diario por varios sindicatos
consultados. Estos empleados de la Junta no van a perder su empleo porque son
funcionarios con plaza fija y serán reubicados en otros destinos, pero sí
podrían ver mermados sus ingresos si descienden en el escalafón administrativo.
Las fuentes del Sindicato Andaluz de
Funcionarios (SAF) de la Junta indicaron que sólo en la Administración General
andaluza hay unos 2.300 puestos de libre
designación o 'a dedo'. Éstos no cesan
automáticamente -los asesores sí- cuando lo haga el político que los designó.
Estos funcionarios cobran pluses y perciben un salario mayor que el de su
puesto base. La responsabilidad también es mayor.
Entre los casi 3.000 trabajadores que
podrían verse afectados por un cambio de gobierno están también los 344 puestos directivos que hay en los hospitales públicos. Pero ellos cuentan con plaza fija
a la que volver si pierden estos puestos de responsabilidad.
"Oficialmente, los gerentes de los hospitales no son cargos políticos,
pero es cierto que la vinculación con la Consejería de Salud es muy estrecha",
señalaron las fuentes sindicales.
En educación, tal y como informó este diario, unos 300 profesores andaluces están destinados
exclusivamente a tareas administrativas y de asesoramiento en las oficinas que
la Consejería de Educación tiene tanto en los servicios centrales de
Torretriana (Sevilla) como en las delegaciones provinciales. Son docentes
designados 'a dedo' por delegados y directores generales para ocupar esos
puestos, que se cubren sin que medie ningún tipo de proceso que garantice la
igualdad de oportunidades y la transparencia. Con un cambio de gobierno, estos
profesores podrían cambiar de puesto y regresar a las aulas, pero nunca irían a la calle porque son funcionarios con
plaza fija.
En la lista de 271 altos cargos citada
anteriormente solamente aparece el máximo responsable de cada empresa pública,
consorcio o fundación. ¿Qué ocurre con el resto de directivos? ¿Podrían ser
despedidos? Las fuentes dijeron que esa es la gran incógnita porque incluso
puede haber directivos con contratos blindados.
Si el nuevo gobierno quiere prescindir de ellos tendrían que indemnizarlos con
cantidades más altas que las habituales.
La Ley del Enchufismo.
Todo
parte de una Administración con parcelas fortificadas, especialmente desde la
conocida como Ley del enchufismo, de 2011.
Entonces, el temor de los socialistas a perder el poder en las elecciones
autonómicas del año 2012 -las primeras que ganó en Andalucía el Partido
Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando la posibilidad de que
gobernara Javier Arenas- derivó en la
polémica reordenación del sector público andaluz, primero como 'decretazo' en
julio de 2010 y después como ley en febrero de 2011.
Tanto rechazo generó la reforma que la
Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público es más conocida como 'Ley del
enchufismo', ya que supuso la integración en la Administración autonómica de
más de 20.000 empleados del entramado de empresas públicas.
Entonces, tras treinta años gobernando en Andalucía y ante las encuestas que
vaticinaban la alternancia, el PSOE quiso dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo
empleado público por la puerta de atrás al personal de los entes, también a los
enchufados.
Buena parte de los funcionarios se
levantaron en contra de esta reforma, protagonizando manifestaciones
históricas, como la que recorrió el centro de Sevilla el 13 de noviembre de
2010, con más de 30.000 personas pidendo la derogación del 'decretazo'. El ex
presidente de la Junta, Manuel
Chaves en aquella fecha vicepresidente tercero del Gobierno de
Zapatero, y el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín,
recibieron la primera pitada de los funcionarios en un acto en la Plaza de
España el 17 de octubre de 2010. Más tarde, el entonces presidente e impulsor
de la reordenación del sector público, José Antonio Griñán, los consejeros, altos
cargos y hasta ministros socialistas fueron abucheados por los empleados
públicos en sus visitas por las ocho provincias.
"Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba" o "Griñán, cariño,
colócame a mi niño" fueron los cánticos más repetidos durante el año largo
de protesta de los empleados públicos, que se lanzaron a la calle a criticar el
despropósito que suponía que quedaran integrados en la Administración andaluza
todos aquellos que habían sido colocados a dedo y sin superar ningún proceso de
selección en entidades como la Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la misma que ahora está investigando
una juez de Sevilla por el desvío de fondos para cursos a juergas en clubes de alterne.
Esta fundación de la Junta, creada en el
año 2003, durante la etapa como consejero de Empleo del juzgado por los
ERE José Antonio Viera, pasó de tener una plantilla de 120
trabajadores a 1.700. Durante los ocho años que mantuvo la actividad, gestionó
más de 300 millones de euros. En aplicación de la Ley de Reordenación del
Sector Público, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) absorbió a todo el personal
de la Faffe, entre los que había numerosos ex alcaldes, ex concejales y
familiares de destacados socialistas.
La Faffe encaja a la perfección con uno
de los lemas utilizados por los funcionarios para combatir la ley del
enchufimo: "La Administración partidista y
clientelar es otra forma más de corrupción",
denunciaron entonces los empleados públicos, anticipándose a todo lo que se ha
sabido después de esta fundación y de su papel en el presunto fraude de los
cursos de formación y en el escándalo de las tarjetas 'black' que se usaron en
los prostíbulos. "Por la transparencia y el control del dinero público de
todos los ciudadanos; no cabe la opacidad", clamaban los funcionarios, que
salieron a la calle a decir "basta ya al nepotismo, a la corrupción y al
despilfarro".
El sector público andaluz: 349 millones de
pérdidas y récord de subvenciones
Los entes públicos
empresariales andaluces son de los más deficitarios del país. Un informe
publicado esta misma semana por el Tribunal de Cuentas advierte de que el
conjunto de 44 sociedades mercantiles participadas por la Junta de Andalucía pierden
cada año cientos de millones de euros y son las que más transferencias y
subvenciones directas reciben por parte de la Administración.
En el año 2015, último
fiscalizado por el tribunal, los números rojos firmados por las entidades
públicas andaluzas ascendieron a 349 millones de euros, a pesar de absorber en
su balance 2.512 millones de euros en trasferencias y subvenciones. Ninguna
otra de las regiones analizadas alcanza una cifra similar, ya que Andalucía es
seguida muy de lejos por Cataluña (1.567 millones de euros) y Aragón (762
millones).
El Tribunal de Cuentas
aprovecha para llamar la atención sobre los "relevantes resultados
negativos" del sector público andaluz y de otras autonomías como Murcia y Madrid, aunque
en estos dos casos el volumen de subvenciones cuantificadas en el informe es
mucho menor al situarse en 54 y 61 millones, respectivamente.
"La financiación del sector
público empresarial sigue procediendo, en un importante porcentaje, de las
subvenciones de explotación y de capital que perciben de la Comunidad Autónoma
respectiva y, en menor medida, de otras Administraciones (estatal y/o europea)
y de los ingresos por la realización de trabajos, en su mayoría por encargo de
las propias administraciones autonómicas", destaca el supervisor.
La deficitaria situación del
sector público en Andalucía se acompaña de una deuda acumulada de 4.772 millones
de euros, de la cual 1.259 millones están en manos de distintas entidades de
crédito y el resto se corresponde a pasivos comerciales y con la
Administración. Sólo Cataluña y Valencia superan estos niveles de
endeudamiento, según el Tribunal de Cuentas.
La Junta de Andalucía dotó el año
pasado transferencias de 3.057 millones de euros para financiar la explotación
de su red de empresas públicas. Alrededor de una tercera parte de estos fondos
fue directa a cubrir gastos de Sanidad y Dependencia mediante transferencias a
agencias públicas y a las sociedades gestoras de los distintos centros
hospitalarios de la región. En la práctica se crea una administración paralela.
No obstante, hay otras
partidas millonarias para financiar entes como la radio televisión
pública, que recibe 140 millones al año, sólo 20 millones menos que
la cantidad transferencia a la Agencia de Obra Pública para el fomento de
las infraestructuras y tres veces más que la Agencia dirigida a impulsar el
emprendimiento. Canal Sur, con sus 1.400 trabajadores y en una
profunda crisis de audiencia, amenazada de cierre por
Vox (no lo permite el Estatuto) y abocada a un reestructuración
si el PP accede
al gobierno, como han avanzado esta
semana.
El sector público andaluz está
actualmente compuesto por un total de 301 entes, 30 más que hace una década,
según el registro de control que elabora el Ministerio de Hacienda. No obstante, muchas de
estos están inmersos en procesos de disolución y no tienen actividad. La Junta
asegura en sus informes regionales que tiene operativas un total de 60
entidades -entre agencias públicas empresariales, consorcios, fundaciones y
sociedades mercantiles- que emplean a 23.899 personas, lo que deja un dato
relevante: sólo el gasto en personal de esta red -969 millones de euros- es un
68% mayor a su cifra de negocio de 577 millones.
La Junta de Andalucía, cargos
por 25 millones
Elecciones andaluzas
Rafael Escuredo es uno de los
antecesores de Susana Díaz y el primer presidente
autonómico andaluz. No tiene asignación de la Junta como ex presidente debido a
la modificación de la ley que hizo otro ex presidente, José Antonio Griñán, en 2011. Pero desde ese
mismo año, Escuredo es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía -con
dedicación exclusiva desde 2014-, un puesto por el que cobra 65.184 euros al
año, unos 5.400 al mes. Su cargo es uno de los muchos amenazados por el cambio
de color en el Gobierno en la comunidad tras 36 años del PSOE. Escuredo es uno de los miembros de ese
millar de altos cargos y asesores que le cuestan a la Junta 24,8 millones en
sueldos, sin contar dietas y complementos.
Son datos incompletos. Los listados de
la web del Gobierno andaluz sólo incluyen al personal eventual de las
consejerías y de cinco organismos: el Consejo Consultivo, el Consejo de Transparencia, el Consejo Audiovisual y los Institutos de Juventud y de la Mujer. Pero los entes
públicos incluyen, además, otros consejos, decenas de agencias, diversos
consorcios, fundaciones y sociedades de las que falta información.
Los sueldos de los altos cargos -10 están
ocupados por una persona con otro cargo de la que consta un único sueldo-
oscilan entre los 40.000 euros y algo más de 60.000, y suponen 14,8 millones
anuales para la Junta. María del Carmen Luque es
el alto cargo con menor retribución: 41.057 euros como gerente de la Fundación
Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de
Córdoba. Y sólo Juan Bautista Cano, nombrado
presidente del Consejo Consultivo por Manuel
Chaves en 2002, iguala el sueldo de la presidente, Susana Díaz
(66.230 euros).
Dejando a un lado las consejerías, que
aglutinan la mayor parte de altos cargos y eventuales, los consejos Consultivo
y Audiovisual son los que más dinero cuestan a la Junta en sueldos de personal
de confianza. Los miembros de los distintos consejos están entre los altos
cargos mejor retribuidos (62.000 euros de media). Los sueldos de los 21 altos
cargos en los cinco consejos públicos andaluces -además del Consultivo, el
Escolar, el de Relaciones Laborales, el Audiovisual y el de Transparencia y
Protección de Datos- cuestan 1,3 millones de euros. Casi el doble que las
fundaciones, donde se incluyen algunas como la mencionada San Juan de Dios de
Lucena y otras como la Real Escuela de Arte Ecuestre.
O, hasta 2011, la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe), que acabó integrada en el Servicio Andaluz de
Empleo.
En el caso de los eventuales, los
sueldos van desde los 21.863 euros de un auxiliar técnico a los 56.894 de un
asesor ejecutivo. Casi la mitad -113 de los 239- están en la Consejería de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
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